LA MONTAÑA SE LEVANTA

2008-02-02T18:43:00.000-06:00

AVISO IMPORTANTE

2008-01-27T16:19:00.000-06:00

AMIGOS Y AMIGAS:

POR MOTIVOS DE TIEMPO ESTE BLOG SE VOLVERA ACTUALIZAR A PARTIR DEL 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR LO CUAL LOS INVITAMOS A VISITAR NUESTRA PAGINA WEB QUE SE ESTARA ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE:

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POR SU ATENCION Y COMPRESION MUCHAS GRACIAS.

¡PATRIA ES HUMANIDAD!

2008-01-16T23:01:00.001-06:00

CARTA DE UN GUERRILLERO EN PRISIÓN

Señores ABP:

Compatriotas, ante todo mi saludo bolivariano a ustedes y sus lectores.

De alguna manera los presos de diversas celdas, hemos tenido acceso a algunas noticias relacionadas con la liberación unilateral de Clara Rojas y Consuelo González decidida por nuestra organización. Hemos percibido el despliegue noticioso, sobre todo el que hacen los medios de la oligarquía colombiana. Mi estancia en la cárcel no tiene mucho tiempo y por eso he conocido también la manera diferente, sin sesgo, como la de los medios venezolanos y la ABP se refieren al tema del conflicto colombiano y especialmente al respecto del intercambio humanitario con el contraste en mi mente, aclarando que la derecha venezolana a través de sus medios maneja los mismos argumentos que la derecha colombiana. Quería hacer algunas consideraciones y preguntas que podrían ayudar a dar un manejo más justo de la comunicación, sobre todo en el lenguaje de los medios más sensatos.

1. Nosotros también estamos prisioneros; muchos hemos llegado aquí luego de capturas que violan los procedimientos judiciales del mismo Estado burgués (se podría decir que fuimos secuestrados ¿o no?)

2. Una cantidad enorme, para mí indefinible, de presos en las cárceles de Colombia son víctimas de la mal llamada seguridad democrática, gente que fue capturada en las tristemente celebres redadas masivas y que hoy padecen el peso del venal y corrompido sistema penal acusatorio. Muchos dirigentes populares en nuestras filas ahora son acusados de ser guerrilleros y terroristas.

3. ¿Quien puede hablar por los prisioneros, o secuestrados que tienen en sus cárceles pestilentes, hacinadas, y represivas el Estado colombiano?

4. ¿Por qué los que están en las manos de las FARC son secuestrados y no prisioneros? ¿Nosotros que somos?

5. ¿Por qué nosotros somos terroristas y se nos quita el carácter político y solo se nos deja en algunos casos la opción de salir si acudimos a la abominable traición, a la delación…a esa farsa que llaman reinserción…o al destierro en un remoto país de ultramar?

6. Nosotros debemos soportar que nuestras familias no puedan reivindicarnos, levantar sus voces por nuestra libertad como si pueden los familiares de quienes están en manos de nuestra organización. Entonces, quienes piden gestos de paz a la guerrilla, deberían levantar la voz por nuestra liberación tan en alto como se levanta a favor de aquellos que están presos en las montañas. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre Mendieta y demás militares presos en la selva con nosotros que estamos sin el aire de la montaña? ¿Qué diferencia hay entre la respetable Ingrid y nuestra querida guerrillera Sonia o una de nuestras dirigentes del partido privadas de la libertad?

7. No me alargo más, se que esencialmente la diferencia que marca el carácter de unos y otros prisioneros es su carácter de clase. Se que la oligarquía y su ejército, apoyados por el imperio están de un lado y nosotros con nuestro sueño bolivariano estamos en el lado opuesto. Pero quienes pretendan neutralidad o no tomar partido…o simplemente informar con equilibrio o algo mucho mejor…aportarle a la paz, hablen con equilibrio y convicción de la existencia de una guerra, de la perversidad del terrorismo de Estado que ha obligado a la resistencia armada…de la necesidad que también nosotros salgamos de las cárceles y los nuestros que han sido extraditados de manera infame regresen. Abramos caminos de paz con sensatez, con sensatez.

Fraternalmente,

Miguel.

Psta: excúsenme no identificarme con mi nombre de bautizo, pero creo que tengo el derecho de no hacer más dura la sobre vivencia de mi familia y mi estancia en esta prisión.

2008-01-16T23:00:00.001-06:00

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

Aclaremos, señores del gobierno ilegítimo de Calderón, porque parece que no entienden o no quieren entender a pesar de las evidencias que contradicen cuanto declaran:

Nuestra campaña de hostigamiento iniciada el 5 de julio del año pasado, no es contra el pueblo de México –como dolosamente manifiesta el Sr. Francisco Ramírez Acuña a través de la Dirección General de comunicación Social, el día 7 de diciembre de 2007 en su Boletín No. 331-07/12/2007, está dirigida contra su gobierno para efectivamente 1) denunciar la desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos por sus agentes federales y por extensión de José Francisco Paredes Ruiz; 2) exigir su presentación con vida y en libertad; 3) para que cese la impunidad con la que su gobierno haciendo “uso legítimo de la fuerza” viola constantemente los derechos humanos de luchadores sociales; y 4) para que por medio de una Ley de amnistía se liberen a todas y todos los presos políticos y de conciencia del país.

Felipe Calderón Hinojosa está desarrollando la guerra sucia en contra del pueblo organizado de México, (por si no le habían informado) desde el momento en que cerró la posibilidad de que Luis Echeverría Alvarez fuera juzgado por su responsabilidad y autoría de los crímenes cometidos por el ejército en contra del movimiento estudiantil de 1968, el halconazo contra jóvenes estudiantes el 10 de junio de 1971 y la guerra sucia en contra de guerrilleros durante su sexenio; desde el momento en que dio libertad a Arturo Acosta Chaparro, asesino señalado por familiares de sus víctimas y autor de cientos de desapariciones forzadas en el estado de Guerrero en contra de guerrilleros del Partido de los Pobres y sus familiares. Siendo así, todos los gobiernos hasta el actual son cómplices del genocida de Echeverría, solapándole la impunidad.

La guerra sucia no es un eufemismo, constituye un componente activo de la Guerra de Baja Intensidad que su gobierno ha venido desarrollando, desde el momento en que cobija con la impunidad a los gobernadores del estado de México, Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca y en contubernio con la vergonzante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde que ésta no sienta jurisprudencia y no combate frontal y decididamente la violación a los derechos humanos de una periodista, escritora y defensora de los derechos humanos y a la pederastia, permitiendo el contubernio entre “autoridades”, funcionarios y empresarios corruptos y degenerados que degradan la vida de nuestro pueblo y sobre todo se ceban en la inocencia de nuestras niñas y niños, destruyendo su futuro; desde que se tardó en “analizar y estudiar” si ampliaba la investigación de la brutal represión en Oaxaca.

Basta con una sola violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano, en cualquier rincón de la patria, basta con una sola desaparición forzada para que “su” gobierno quede consignado en la historia como un gobierno que no respeta los Derechos Humanos de su pueblo, ni su voluntad, ni la democracia, ni la justicia, o ¿Cuántas violaciones a los Derechos Humanos y de qué magnitud habrían que acumularse para ser consideradas como tales y la SCJN las considere graves?

¿Cómo habría que llamar a quienes les son violados sus derechos humanos?, ¿No es Lydia Cacho Ribeiro una víctima de la injusticia propiciada por la misma SCJN?, ¿No son víctimas Flavio Sosa Villavicencio de la APPO y sus hermanos, ni David Vega Zamarripa e Hilario Vega Zamarrita, dirigentes de la sección 49 de la refinería de Cadereyta, desaparecidos el 6 y 7 de Mayo; ni José Francisco Paredes Ruiz, ex preso político que perteneció al Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) desaparecido el 26 de septiembre en Morelia, Mich.; ni quienes fueron detenidos con “rudeza innecesaria” por haber pertenecido al PROCUP-PDLP? Todas las mencionadas violaciones a los Derechos Humanos han ocurrido en el incipiente sexenio del Sr. Felipe Calderón Hinojosa para no mencionar las ocurridas con Vicente Fox y nos “cuadre el argumento”, constituyen parte de la instrumentación de la guerra sucia y no es sólo contra nuestro partido, esencialmente es contra todo el pueblo organizado.

¿Llaman “recuperar el estado de derecho” a la salida del ejército de sus cuarteles para realizar una actividad no indicada por nuestra Carta Magna?, ¿”recuperar el estado de derecho” a que el ejército continúe entrenando y arme a grupos paramilitares sobre todo en el estado de Chiapas? ¿No está militarizado Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Veracruz por nombrar sólo unos estados?

¿No es una política criminal deliberada del gobierno federal la reforma al sistema judicial entregada en marzo a la Cámara legislativa por Felipe Calderón?, ¿Quieren decir que lo que suceda como resultado de las funciones que han obligado al ejército a realizar seguirán siendo tipificados como “incidentes” y quien seguirá sufriendo sus aberrantes acciones es nuestro pueblo como sucede hoy con el asesinato de un joven en un reten militar en Michoacán?

La reforma judicial que FCH propuso ha sido impugnada por renombrados defensores de los Derechos Humanos, respetables juristas, prestigiadas Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no sólo por nuestro PDPR-EPR y ha sido desenmascarada como un grave retroceso en el respeto a los Derechos Humanos. ¿No han leído los informes de AI, la CIDH, la CEJIL todavía?, ¿No han analizado sesudamente y entre líneas los periódicos nacionales últimamente?

“Por desgracia en México”... quienes no tienen “una cultura de legalidad más arraigada” son las instituciones como la AFI, la PFP, la SIEDO, la SSP o la PGR, SEDENA, la SRA, la Secretaría del Medio Ambiente quienes amparadas por las leyes –faltaba más- violentan su tan cacareado estado de derecho.

El estado de derecho actual, es un estado de derecho que preserva los intereses del capital, veamos: ¿Cuántos logros alcanzados en el pasado no han sido anulados por las actuales reformas a la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE?, sólo por nombrar las más representativas. ¿A quiénes benefician esas reformas?, todo acto de represión se presenta como un deber de Estado.

La Ley contra la delincuencia organizada del actual estado de derecho, es una ley que incluye la protesta social en la categoría de delincuencia organizada, como consecuencia los luchadores sociales son tratados como delincuentes del crimen organizado, porque los delitos que se les imputan son delitos del fuero común tratando de desvirtuar su participación en la protesta social, y el Estado usa la violencia legitimizado por esta ley, -nada de represión- no sólo en contra de ellos sino en contra de su familia y amigos, su “entorno” como se dice en los manuales de la GBI. Luego toda protesta social vista desde su estado de derecho viola las leyes a menos que se conduzcan por el estrecho margen de la movilización pacífica y la resistencia pasiva que nos ha llevado a la actual situación.

No habría criminalización de la protesta social si el Estado, el gobierno de FCH en el “uso legítimo de la fuerza” reformara las leyes en función de los intereses del pueblo de México y no de los intereses de la oligarquía nacional y extranjera.

Su propuesta de reforma judicial lo único que intenta es legalizar todas las violaciones que se continúan cometiendo, sobre todo en contra de los luchadores sociales, al criminalizar la protesta social anula de facto los derechos plasmados en nuestra Constitución al intentar legitimar acciones policíaco-militares que violan flagrantemente los derechos constitucionales.

Insistiremos las veces que sea necesario para señalar que nosotros no somos parte de la delincuencia organizada, somos revolucionarios, luchadores sociales que ante la actitud irracional de este gobierno que continuamente está violando nuestros derechos nos da el legítimo derecho de las acciones de autodefensa. Es del conocimiento de nuestro pueblo y de pueblos hermanos que somos una fuerza insurgente beligerante y como tal nos acogemos a los Tratados de Ginebra. Quienes en la Cámara de Diputados y Senadores del partido que sean que aprueben la reforma judicial propuesta por Calderón que criminaliza la protesta, la lucha social y los actos de autodefensa deben asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de sus actos. En lugar de aprobar aberraciones deberían de promulgar inmediatamente la amnistía general para la libertad de todas y todos los presos políticos del país.

Decir que en el gobierno de FCH “no se persigue ni se perseguirá a ningún activista social por serlo”, es una falacia, tanto es que existen cientos de presos políticos, y hasta esta fecha la desaparición de más de 28 ciudadanos en el estado de Guerrero, la de Francisco Paredes Ruiz y la de los hermanos Vega Zamarripa además de la de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, siendo éstas últimas las que dieron lugar a nuestra Campaña de hostigamiento como una acción de autodefensa para tratar de evitar que se reedite la guerra sucia de los setenta y para intentar que no haya más impunidad.

Los actos represivos de este gobierno sobran y los más recientes son: el arresto de más de 20 simpatizantes de la APPO en la conmemoración de una año en “la victoria de todos los santos” cuando replegaron a la PFP; la detención de Juan Murguía Franco dirigente del Barzón Auténtico de Sonora y Alfonso Chaparro, dirigente de choferes de Hermosillo; el desalojo violento de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por demandar 75 plazas y la permanencia de la licenciatura en educación básica; la incursión militar en el municipio de Metlatonoc en el pueblo de Juanacatlán, en la montaña alta, Gro. En la que detuvieron a dos pastores e intentaron catear las casas; el permanente acoso paramilitar a las bases zapatistas; la agresión hacia Mariana Villa Real, colaboradora en las áreas del jurídico y educación del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila; las agresiones contra el obispo de Saltillo, Raúl Vera, y la reciente incursión policíaca- militar contra los huelguistas de Cananea, bajo el auspicio de la corrupta Junta de Conciliación y Arbitraje.

La condena que recibieron Ignacio del Valle y sus compañeros de 67 años de cárcel –mucho mayores que se las de delincuentes del crimen organizado- es también un elemento de la GBI ya que castiga sin piedad la organización y protesta social para sentar un precedente e intentar paralizar la protesta popular.
La detención-desaparición, la tortura y las violaciones ejercidas en contra de las personas detenidas en Oaxaca, así como su envío a prisiones tan alejadas de su ciudad de origen es un elemento más de la guerra sucia, así como la ya mencionada reforma judicial que de ser aprobada viene a legalizar los abusos que durante este gobierno se les ha dado continuidad. ¿Cuál invento?, sólo hemos estado describiendo una realidad represiva que afecta no sólo a nuestro partido, sino a organizaciones sindicales, obreras, campesinas, indígenas, populares en general a todo ciudadano que se atreve a organizarse y protestar.

Guerra sucia también es la censura de la que está siendo objeto la periodista Carmen Aristegui a quien saludamos solidariamente a quien le decimos que ya tampoco escuchamos la W.

Señores del gobierno de Felipe Calderón, tenemos la certidumbre de que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por agentes federales, si supiéramos los nombres de quiénes realizaron esta acción y supiéramos exactamente dónde los tienen, ustedes ya no estarían en el gobierno y si responsabilizamos tanto a funcionaros federales como estatales de Oaxaca, como Ulises Ruiz Ortiz –exageradamente protegido por Felipe Calderón Hinojosa quienes a pesar de sus diferencias se unen en cuanto se trata de salvaguardar sus intereses políticos y económicos en santa cruzada para reprimir al pueblo- es porque son parte del Estado mexicano, responsables de la política que desarrollan y responsables de las actividades de sus fuerzas militares y policíacas. No es necesario que se manchen las manos ni que den una orden expresa, las violaciones a los Derechos Humanos del pueblo mexicano obedecen a una estrategia que se supone es dictada por Felipe Calderón Hinojosa o en su defecto por los poderes fácticos que existen por encima de él.

Por lo que preguntamos: ¿Quién gobierna en México?, ¿El gobierno legalmente constituido pero no legítimo o los poderes fácticos que impusieron a Felipe Calderón Hinojosa? Porque si FCH es presidente de la República “haiga sido como haiga sido” le falta tomar realmente dediciones a favor del pueblo, “haiga sido como haiga sido”, debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, “haiga sido como haiga sido”.

¿Cómo confiar en un Francisco Javier Ramírez Acuña? cuando se ampara en el Estado de Derecho para decir que “...Esa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización.” Cuando siendo gobernador de Jalisco, ordenó la represión, tortura, vejación y violación contra los jóvenes altermundistas extranjeros diciendo que eran chilangos los que habían “alterado el orden”, así como también, a periodistas nacionales y extranjeros demostrando de esta manera su inclinación a la violación de los Derechos Humanos.

No le importó que fueran jóvenes, no le importó si eran hombres o mujeres, tampoco le importó que fueran inocentes completamente ajenos a la protesta que se estaba dando, sólo prevaleció su compromiso con su supuesto estado de derecho. ¿Quién no nos dice que hoy sea cómplice de la detención-desaparición de nuestros compañeros y trate de curarse en salud?, como lo hacen el PAN y el PRI al negar la existencia de presos políticos y de conciencia en nuestro país, luego ¿Qué posibilidad real existe de que diputados y senadores del PAN y PRI aprueben una Ley de Amnistía General, como es la exigencia popular? Señores, sean consecuentes con su actitud y digan claramente a que intereses están defendiendo y por lo tanto representan.

Cada Ley que aprueba o no el Poder legislativo tiene una incidencia concreta en nuestro pueblo, numéricamente la mayoría la hacen el PRI y el PAN luego, ¿Aprobarían una Ley de Amnistía General cuando ni siquiera –según su Boletín- existen?

No vale que FRA niegue que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos por agentes de la AFI y decir que nosotros mismos no sabemos qué pasó con ellos, tratando de contrainformar a la opinión pública, eso no es más que la aplicación -precisamente- de la guerra sucia, como parte de la instrumentación de la guerra de baja intensidad para tratar de eludir su responsabilidad en este crimen de lesa humanidad.

Que haya respondido como lo hizo, aprovechando la cobertura de los medios a la publicación de un “último comunicado” nuestro, lo retrata de cuerpo entero al considerar que ya no iba a haber respuesta de nuestra parte, ordenando una campaña mediática para que su supuesta verdad quedara como la última impresión pública.

En primer lugar nuestra demanda que es la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros no está siendo atendida, están tratando de darle curso dentro de su estado de derecho para responsabilizar a quién sabe quién, ya que ustedes sí saben dónde están nuestros compañeros y quienes los detuvieron, o ¿es que no acudieron a la PGJ del Estado de Oaxaca e interrogado a los funcionarios en turno a partir del 25 de mayo, en donde encontrarían a más de un testigo?

En segundo, la guerra sucia sí existe, los hechos que hoy señalamos insistentemente para que no lo omitan o lo olviden, son:

Dos de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos-desparecidos por sus agentes federales el 25 de mayo, lo que dio lugar a nuestra Campaña de Hostigamiento; en esas mismas fechas también fueron detenidos-desaparecidos Gilberto Romero Vázquez, Baltasar López Pita y Rafael Ramírez Bautista en el estado de Guerrero y Roberto Paredes Nieto del Estado de México; después de participar el 23 de septiembre en la conmemoración del Asalto al Cuartel Madera, el 26 de septiembre desaparecieron a otro luchador social Francisco Paredes Ruiz y posteriormente desaparecieron a David e Hilario Vega Zamarripa, luchadores sociales también; los más de 28 desaparecidos en el estado de Guerrero que no es sólo responsabilidad estatal, por lo que ustedes iniciaron una ofensiva contra los luchadores sociales sin imaginarse que en esta ocasión sí tendrían una respuesta de autodefensa de nuestra parte.

Tercero, qué autoridad moral tiene el gobierno federal de decir que nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario debiera suspender su campaña de hostigamiento si su pecado es haberse impuesto mediante un fraude de origen para continuar gobernando con la política neoliberal en contra del pueblo mexicano a través del autoritarismo y la militarización del país, producto de una tendencia fascista.

Si es real que “... El Gobierno Federal tiene un compromiso con la sociedad de otorgar seguridad a todos los mexicanos y de darle plena vigencia al Estado de Derecho.”

¡Que empiece ya!

Primero, que presente a nuestros dos compañeros detenidos-desaparecidos así como a todos los luchadores sociales que también están detenidos desparecidos.

Segundo, ponga en libertad a todas las presas y presos políticos y de conciencia del país cuya existencia niegan en su definición aún a contrapelo de los informes de Organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos y organizaciones populares. Presos políticos que no deberían de estar en penales de exterminio de máxima seguridad, sería bueno que pasaran a otro tipo de cárceles donde tuvieran la oportunidad de seguir desarrollando sus virtudes creativas, como un paso previo a la ley de amnistía general en un gesto de capacidad política del actual gobierno.

Tercero, que cumpla con las demandas expuestas en el comunicado de nuestro partido emitido el 18 de septiembre de 2007 y ratificadas en el comunicado del 2 de octubre de 2007.

Para terminar comunicamos a nuestro pueblo que al accionar en cualquier lugar de la República mexicana, momentos antes el gobierno sabrá de nuestra acción para evitar pérdidas humanas ya que si las existieran serían responsabilidad del gobierno.

Recuerden para que tengan en cuenta la moral del revolucionario, aunque sus supuestos principios no lo conciban, es la prudencia y la cordura. Pero que también éstas tienen límites las cuales al no presentar a nuestros compañeros son ustedes los que nos obligan a realizar más acciones de autodefensa. Reiteramos ¿Hasta cuándo tenemos que esperar o soportar…? porque entre nuestro pueblo, militantes y combatientes ya existe una firme determinación de no esperar más tiempo con tanta impunidad, ¿Cómo se atreven con tanto cinismo afirmar que nuestro PDPR-EPR se quede con las manos cruzadas mientras nuestros compañeros siguen siendo torturados y no son presentados, y hasta estos días se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad con la desaparición actual del dirigente indígena Lauro Juárez en el estado de Oaxaca?, es a usted Sr. FRA y su gobierno a quienes no les “cuadran” los hechos.

Hoy apoyamos decididamente y de una manera enérgica a nuestro pueblo que se atreva a rechazar ese acto criminal contra el campo mexicano por medio del TLCAN, y este pueblo sabrá responder y necesita responder a los actos violentos de este gobierno de acuerdo a su capacidad y creatividad ante la embestida gubernamental. ¡A luchar por todos los medios por la cancelación del TLCAN!, es el momento de la unidad y de impulsar todas las formas de lucha sin importar nuestra propia vida al enfrentar estos hechos perversos y antipopulares.

Aprovechamos, con motivo de un nuevo año para enviar un caluroso abrazo fraterno a todos nuestros camaradas militantes y combatientes que cada día hacen un esfuerzo ya sea en las montañas o en las ciudades dando continuidad a su preparación político militar para responder adecuadamente ante cualquier represión.

Donde quiera que se encuentren Edmundo y Gabriel tengan la convicción que no descansaremos hasta tenerlos de regreso y seguiremos luchando porque jamás exista una desaparición forzada.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 44
República Mexicana, a 15 de enero de 2008.

2008-01-16T22:58:00.001-06:00

Desplazados por el hambre

Me’phaa, nu’saavi y nahuas abandonan por decenas de miles La Montaña de Guerrero. Andrajosas, familias enteras cargan con su patrimonio –sacos de maíz, petates y bolsas de harapos– y dejan cientos de pueblos desolados. Es el inicio de un humillante viaje de más de 2 mil kilómetros que los llevará, como peones acasillados, a las plantaciones de empresas trasnacionales. Su destino son campos de concentración, capataces, guardias blancas y tiendas de raya

Zósimo Camacho / Julio César Hernández, fotos / enviados

La Angostura, Sinaloa. Estela Santiago, de siete años, se desencaja pequeñas espinas. Observa los puntos rojos de sus manos y continúa, descalza, arrastrando un bote entre los surcos de este “campo 3” de la empresa Agrícola Exportadora de Vegetales. Vino con su familia y con todo su pueblo a contratarse como cortadora de pepino por una jornada de seis de la mañana a 5:30 de la tarde. Sale de su galera cuando aún el sol no se ha levantado por el horizonte y regresa cuando la luz se ha disipado por completo.

“¡Catorce!” –número que le asignaron en la cuadrilla–, grita cada que llega a la tina donde vacía el bote de 15 kilos de pepinos. Al final del día, la apuntadora consignará el número de botes llenados, acarreados y vaciados por Estela durante la jornada: 58.

Iván, de 10 años, se ríe de ella: él logró hacer 72. Los niños –la mayoría de los jornaleros– se agolpan alrededor de la apuntadora para que les diga sus marcas. Compiten entre ellos, como un juego, por ver quién logra el mayor número de puntos.

Es el primer día de trabajo de un grupo de me’phaa que llegó de La Montaña de Guerrero, luego de un éxodo iniciado cinco días antes que dejó escuela sin niños, casas sin personas, iglesia sin feligreses.

De acuerdo con cifras del Programa de Atención al Jornalero, de la Secretaría de Desarrollo Social, abandonaron La Montaña de Guerrero 15 mil personas. Sin embrago, cifras del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, señalan que son arriba de 20 mil las que dejaron la zona.

Montaña de Guerrero

Hombres, mujeres con infantes a la espalda, niños, viejos, salen de sus casas con bolsas de plástico repletas de ropa. Antes de que amanezca comienzan a trasladar su “equipaje”. Amontonan sus pertenencias en la única calle por la que puede ingresar una camioneta con redilas a este barrio de Guadalupe, Santa María Tonayac, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Petates, costales de maíz, cobijas, garrafones, sillas, bolsas con tortillas de maíz tostadas, refrescos, cervezas y algunas frutas son casi todo el patrimonio de las familias. Con todo se van. Dejan cuartos de adobe vacíos y corrales con algún animal que será “cuidado” por los que se quedan: el comisario, el suplente, los dos capitanes, las mujeres de cada uno de ellos y cuatro niños.

No hay despedidas efusivas. Antes de trepar a la camioneta, quienes se van y quienes aún se quedan se miran a los ojos por algunos segundos. No hay palabras ni gestos. Los rostros, duros, inexpresivos.

La última cuadrilla, la que encabeza Enrique Mauricio, comienza a salir de la comunidad la madrugada del 16 de diciembre de 2007. En dos viajes de dos Nissan, se trasladan 45 mayores de 14 años, 13 infantes “de pecho a cinco años”, y 15 de seis a 13 años. A las 10 de la mañana sale la última camioneta. Nadie los despide. Ellos tampoco vuelven la mirada atrás. Presuroso, el vehículo se pierde, a lo lejos, en una curva de la vereda. La nube de polvo se desvanece. En el pueblo, sólo el viento.

Estela, de ocho años, e Iván, de 10, se aferran a los tubulares. Sus madres –con hijos amarrados a la espalda– les ordenan que no jueguen y se sostengan con fuerza. La camioneta baja dando tumbos por un camino terregoso de más de 10 kilómetros hasta encontrarse con la carretera Tlapa-Metlatónoc, aún sin concluir. Veinte kilómetros los separan de la ciudad montañera, donde ya los esperan los otros miembros de la cuadrilla y en la que se encontrarán con el enganchador o contratista.

En la plaza del pueblo sólo quedaron los rastros de la última fiesta que celebraron juntos los 500 habitantes de la comunidad: la de la virgen de Guadalupe. Frente a la iglesia y la comisaría quedaron restos de un pequeño castillo pirotécnico, cenizas, basura de cuetes quemados y latas de cerveza pisoteadas. En cualquier dirección, el horizonte es el mismo: la cadena montañosa de color café; trabazón de cerros adustos y trágicos en los que crecen esporádicamente matorrales espinosos y árboles enanos.

—El pueblo emigra porque aquí no hay nada qué hacer –dice de manera entrecortada el comisario Andrés Martínez Villegas.

—Sí semos campesinos. Sembramos maíz, frijol y calabaza; pero la cosecha que sacamos en octubre ya se nos acaba. Si nos quedamos, de dónde vamos a sacar la lana pa’ vivir. No nos podemos quedar. Si nos enfermamos qué hacemos. No tenemos pa’ pagar dotor y aquí no hay. Dios no nos va a avisar cuándo vamos a enfermar.

El barrio emigra en grupos o cuadrillas, quienes nombran a un mayordomo para que los represente. El último grupo que partiría está encabezado por Enrique Mauricio Guzmán: de 54 años, es orador en me’phaa y entre los suyos, pero parco y desconfiado con los mestizos, a quienes les habla con sentencias entrecortadas y responde con monosílabos.

Como el de todos, su talante es desarrapado, y su semblante, desaliñado. No baja la cabeza aunque, a regañadientes, acepte –no tiene otra opción– las condiciones del contratista o enganchador, los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los choferes, los encargados de proporcionar alimentos durante el traslado, la trabajadora social, el administrador, el capataz, la tienda de raya.

Los montañeros emigran pensando en su colectividad, su pueblo. Antes que pensar en mejorar la situación de su núcleo familiar o de cada uno de ellos, piensan en lo que necesita la comunidad. Semanas previas a la partida “hacen reuniones” para decidir para qué deben “hacer cooperaciones”.

—Aquí no tenemos agua –había explicado Enrique antes de salir–. Hay que ir por ella hasta Lindavista (aproximadamente a 3 kilómetros). Apenas nos cooperamos para hacer un tanque. Ya habíamos hecho uno, pero se rajó y se sale el agua. Ahora volvimos a cooperar para hacer otro y ya lo tenemos; pero no alcanzó la lana para comprar tubos y bomba. Nomás nos alcanzó para comprar manguera, pero ésa se troza donde hay pedregal y no alcanza a llegar hasta acá el agua. Ahora que salimos vamos a juntar la lana a ver si alcanza. El otro año, con la cooperación, hicimos aula para escuela.

—Quién hace la cooperación.

—Nosotros mismos: el pueblo.

—¿El gobierno no los ha ayudado?

—¡No, qué va a ayudar! Sí queremos un gobierno que apoye, pero luego no podemos esperar. Por qué cree que salimos. ¿Por puro gusto? ¿Nomás a sufrir donde nos tratan mal y nos dan de comer cosas que nos hacen mal a la panza? ¿Y a tomar agua sucia? No, si aquí hubiera apoyo para sacar producto, la gente no sale. Pero aquí no tenemos qué comer. Nomás engañan: cuando el gobierno anda de candidato, todo va a hacer. Y ya que está arriba, no nos dejan ni llegar a la puerta.

Enrique Mauricio agrega que también se cooperan, cada año, para festejar a la virgen de Guadalupe. “Compramos velas, flores, castillos y todo lo que necesita uno para ponerle al santito”.

Apenas dos días antes el viento llevaba por las calles el bullicio de los dos salones de clase. Edith Pacheco Salazar, de 27 años, y Verónica Muñoz Ramírez, de 25, son maestras del grupo de primero a segundo grado de primaria y de tercero a quinto, respectivamente. No hablan la lengua de los niños y se auxilian de algunos de ellos para que traduzcan las clases a sus compañeros.

En las vísperas de que casi todas las familias partieran, reconocen que la escuela se quedará sin alumnos.

—Todos van a emigrar y se van a llevar a sus hijos –dice Edith–. Nos vamos a quedar con uno o dos niños por grupo. No más. Y así vamos a seguir trabajando hasta el retorno de todos los demás.

Con el contratista

Santos Mauricio –me’phaa que, a decir de los indígenas, “se pasó del lado de los patrones”– se pasea, permanentemente sofocado y sudoroso, por el río Jale de la cabecera de Tlapa de Comonfort. Gordo, moreno, de 1.65 metros de altura, calza botas de piel de avestruz, viste camisas desabotonadas y constantemente se lleva una mano a la cabeza para acomodarse su sombrero tejano de fieltro. Es el representante de la empresa Agrícola Exportadora de Vegetales. Cada cuadrilla que lleve a Sinaloa le hará ganar semanalmente 2 mil pesos. “Y sin hacer nada”, según sus propias palabras.

En uno de los puestos de comida que bordean el cauce, Santos le fija a Enrique las condiciones de la empresa y lo que “ofrece”: 135 pesos por jornada de ocho horas; galeras con luz eléctrica y baños; además, el pago del transporte en el que llegaron de su comunidad (450 pesos por viaje) y el costo del traslado en autobús de Tlapa a La Angostura, Sinaloa, donde se encuentran los campos de la agrícola, a 20 kilómetros de Guamúchil.

Santos asegura que el viaje le cuesta a la empresa 22 mil pesos. Adicionalmente, se compromete al pago de las comidas durante el trayecto; para ello, dice, la empresa dispone de 2 mil 400 pesos. No hay contrato escrito. Todo es de palabra.

Mientras, infantes juegan junto a los hilos de aguas negras del río y, a veces, con ellos; las jóvenes madres amamantan a sus bebés sentadas en la tierra y junto a pilas de desechos; los hombres vigilan sus bolsas, cajas, sillas y petates enrollados esparcidos en el suelo. Escuchan, a alto volumen, la selección de un puesto de discos compactos: chilenas y kimituvis en lengua nu’saavi.

Además de la cuadrilla del barrio de Guadalupe, otros tres grupos me’phaa aguardan en el Jale. Quienes mayoritariamente emigran son niños. Alrededor de cada pareja de adultos, se observan entre tres y cinco menores de 10 años.

Luego de un día de espera bajo el sol, la cuadrilla se traslada a la Unidad de Servicios Integrales (USI), a cargo del Programa Regional de Atención a Jornaleros Agrícolas, dependiente de la delegación estatal de la Sedesol.

Una muchedumbre con bultos camina atropelladamente en la USI. Ahí las familias se registran a cambio de una despensa con un valor de 200 pesos. El módulo cuenta con comedor, sanitarios, dormitorios, regaderas y consultorio médico. El doctor no se encuentra porque, se explica, “enfermó”.

En todo el proceso de “contratación” es la única presencia gubernamental. Y la participación de la Sedesol se reduce a registrar el número de personas que emigran, aunque los datos tampoco son precisos porque hay quienes no pasan a registrarse a la USI. Los jornaleros enfrentan, solos, a los patrones.

Además de la entrega de despensas, Daniel Catalán Estrada, representante regional del programa, se encarga personalmente de registrar a los emigrantes en la lista de un seguro en caso de fallecimiento. A cambio de cinco pesos, que se depositan en el Fondo de Previsión Social administrado por la Sedesol, los familiares se hacen acreedores a 10 mil pesos en caso de muerte del trabajador.

El funcionario señala que, de septiembre y hasta la mitad de diciembre, han salido aproximadamente 2 mil 100 familias de La Montaña y han consumido la totalidad de despensas previstas para 2007.

—Van a quedar fuera unas 500 familias más –reconoce.

Catalán Estrada admite que a las autoridades de los tres niveles de gobierno les “falta voluntad” mejorar las condiciones de los jornaleros en el proceso de migración.

“Recientemente se acordó que el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecería aquí un módulo para revisar todas las condiciones tanto para jornaleros, contratistas y enganchadores. Hay que saber, por ejemplo, si el contratista está reconocido o no por la empresa; cómo promete llevar al jornalero; verificar si hay contrato o no. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió a corroborar en qué condiciones están los autobuses; y la Policía Federal Preventiva, que en el trayecto los jornaleros no tengan ningún problema.”

Catalán se refiere a los acuerdos alcanzados el 29 de noviembre de 2007 en la “Reunión de trabajo para tender asuntos relacionados con la problemática de los jornaleros agrícolas”, en la que participaron, por la federación, funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social; además, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios y la Policía Federal Preventiva. Y, por el estado, entre otras dependencias, la Secretaría de Asuntos Indígenas. Nada se cumplió.

Las familias de la cuadrilla de Barrio de Guadalupe no recibieron despensa de parte de la Sedesol. El autobús no llegó y debieron extender sus petates en los pasillos y comedor de la USI. Decidieron no utilizar los dormitorios y pernoctaron envueltos en cobijas.

Morir en La Montaña o en el surco

Desganado, el grupo de desnutridos que encabeza Enrique Mauricio aborda el autobús que envió Agrícola Exportadora de Vegetales, propiedad de Porfirio Gerardo Ríos y su hijo Gerardo. Han esperado el transporte, todo el día 16, tumbados junto a los lavaderos de la USI. Con fastidio, suben lentamente sus pertenencias.

La mayoría de los niños han enfermado del estómago; pero entre todos, destaca Maricela, de tres años de edad y con desnutrición severa. La infante padece de vómito, flemas y fiebre. Su madre sostiene su cuerpo desguanzado y, casi a hurtadillas, se asoma a su rostro amarillo, cadavérico y ojeroso.

—La niña no se puede ir. Lo que necesita es estar internada –dicen en la USI.

Los padres se niegan a dejarla. No tienen con quién. Y tampoco pueden quedarse. Se busca la intervención del mayordomo.

—Enrique, ésa niña no se puede ir. Se les puede morir en el camino.

—Que vaya. De por sí, si se queda aquí, se va a morir de hambre.

El viaje

Los niños, desganados, se asoman por las ventanillas mientras sale de Tlapa el autobús, un humeante y viejo Dina, modelo 1973, con placas 814RBI, de carrocería parchada y llantas gastadas. Sólo le funciona un faro y es de luz alta.

Los choferes Jorge Castelán y Luis Arturo Montenegro “regañan” a los indios por “viajar hasta con la gallina”. A lo largo del viaje, cuando les soliciten detener el autobús para ir al baño, los bajarán en llanos, a veces yermos. Hombres, mujeres y niños harapientos, descalzos, correrán buscando matorrales. Y cuando el autobús pase por una gasolinera, los empleados, presurosos, cerrarán las puertas de los baños.

Al interior del autobús, cada par de asientos está reservado para una familia. Los padres acomodarán entre ellos a dos o tres hijos; los demás viajarán tirados en el pasillo, entre costales de maíz, botes y cajas. Algunos adultos también tendrán que ir de pie: han preferido colocar sus pertenencias en las butacas.

—Así como ves este autobús, está rebueno –dice Luis Arturo Montenegro mientras se ataja el sol con una mano, a falta de visera–. Tiene televisión; ¡pero para éstos, no!

Mientras lava el parabrisas, apenas disimuladamente avienta chorros de agua contra “esa gente”.

El autobús, siempre por carretera libre, se enfilará hacia Puebla y, luego hacia Cuautla, Morelos. En Juquilita los choferes anuncian que van a cenar. Después de cinco horas de viaje, los jornaleros bajan del autobús. No compran nada: ya no tienen dinero. Las madres, pálidas, ofrecen sus pechos a los infantes.

Antes de ingresar a la ciudad de México, el autobús se detiene por una hora y media. Jorge Castelán espera que sea de madrugada antes de ingresar al Distrito Federal, “porque si no, las patrullas nos ponen una chinga”.

Durante las primeras horas del 17, los jornaleros rodearán la capital del país. Casi clandestinos salen de la ciudad y les amanece en Querétaro.

Antes de las 10 de la mañana llegan al restaurante El Sabino, en Pénjamo, Guanajuato. El lugar, modesto, sirve frijoles con trozos de carne, chiles y tortillas. Para los choferes, carne asada. El costo del desayuno, costeado por la agrícola fue, supuestamente, de mil 200 pesos. Mientras esperan la reanudación del viaje, las mujeres cambian pañales a sus hijos y limpian de pulgas y piojos a sus infantes.

La siguiente comida será hasta las 9:30 de la noche, en el restaurante El Ceboruco a las afueras de Ixtlán del Río, Nayarit, luego de haber dejado Guadalajara y los cerros verdes de agaves. En el local, sucio, maloliente, con baños nauseabundos, demorarán la atención por más de dos horas, pues privilegian a los que pagan en efectivo que a los jornaleros. La segunda y última comida prometida por la empresa, supuestamente, también tuvo un valor de mil 200 pesos.

Luego de más de mil 400 kilómetros recorridos, los jornaleros llegan a Sinaloa. La primera medida de las autoridades es someterlos a una “revisión fitosanitaria” y, alrededor de las tres de la mañana del día 18, son bajados del autobús. “No pueden pasar fruta”, les dicen y tienen que dejar mandarinas, naranjas y plátanos. “Son las disposiciones que tenemos en el estado”, señalan con parquedad ante los reclamos.

Amanece en Mazatlán. Niños vomitan en bolsas de plástico que son lanzadas por las ventanillas del autobús. Los choferes advierten que no habrá más pausas “ni para ir al baño” hasta la llegada a las galeras.

Noventa kilómetros después de Culiacán y 20 antes de Guamúchil, el autobús entra a un camino terregoso. Ha llegado a los campos de Agrícola Exportadora de Vegetales. Luego de 44 horas de traslado y más de 2 mil kilómetros recorridos, los me’phaa de La Montaña de Guerrero llegan a su lugar de trabajo.

Las galeras

El alambrado que bordea las galeras es usado como tendederos de ropa de las cuadrillas que previamente han llegado. La nave se compone de 144 cuartos de tres por cuatro metros divididos por láminas galvanizadas. Como en su comunidad de La Montaña, el piso del que será su hogar durante los próximos cuatro meses tiene piso de tierra y no hay agua potable. Reciben sus cuartos sucios y deben contener el aliento mientras los asean. “Gozan”, como dice el administrador, de una conexión eléctrica y una bombilla.

Se encuentran con que “por detalles”, según el administrador de la empresa, Óscar Carrillo, los trabajadores no ganarán los 135 pesos prometidos por una jornada de ocho horas, sino 90 pesos. Si insisten en ganar los 135, deberán laborar 10 horas y media. La hora de comida se ha transformado en media hora y sólo comen dos veces al día. Ellos costean todo y deben comprarlo en la tienda, donde aproximadamente les cuesta 30 por ciento más caro que en cualquier otro lugar.

Si los jornaleros no están de acuerdo, antes de irse deberán pagar a la empresa “lo que ya le deben: los gastos del traslado”. Pero si se endeudan en la tienda, la única del campo, tendrán que saldar también la cuenta con “los abarrotes”.

Las denuncias se multiplican: mazatecos, triquis, mazahuas, nu’saavi, me’phaa y mestizos de Guerrero, Oaxaca y Morelos dicen que las 450 personas que, hasta el momento, son concentradas ahí no tienen agua potable. Se bañan en el agua estancada de una zanja y beben sólo la que pueden comprar en la “tienda de raya”, como le llaman. Todos coinciden en que se les dijo que ganarían 135 pesos por una jornada de ocho horas; pero que al llegar se encontraron con que les pagan sólo 90.

—Se les mencionó que no es exactamente 135 pesos; pero esos son detalles –dice, molesto, Óscar Carrillo–. Se dicen engañados, pero son argumentos de la gente para tratar de sacar cosas.

Aunque no firman contrato, asegura que en esta empresa tienen garantizados todos los derechos que la ley señala.

—Tienen las condiciones de trabajo normal y las condiciones de vivienda, que consideramos que no son de las mejores, pero están en lo normal. Ellos tratan de confundir, de engañar, sacarle jugo a esta situación –dice sin poder contener las muecas de desprecio. Enseguida, agrega:

“Si ellos se fugan de un lugar y se van a otro, no hay problema. Eso lo podemos coordinar nosotros con el otro patrón. Ésas son las reglas.”

—¿Tienen algún mecanismo para que no se “fuguen”, como dice usted?

—Por más cercado que tengas aquí, se te pueden fugar. Pero esto es nada más a raíz de gente que anda incomodando a la gente.

—Las personas señalan que la tienda es muy cara.

—Estamos supervisando la tienda para que no se abuse de esa gente.

—De quién es la tienda.

—Eh… De un hermano… de un compadre –dice con el rostro tenso–. Pero muy independientemente de que sea de ellos, no estamos para tolerar eso.

—Le llaman tienda de raya.

—Nada qué ver. Aquí la gente tiene la libertad de comprar donde le convenga.

—Pero es la única.

—No, enseguida hay tres más para allá. Aquí, a 15 o 20 kilómetros están los supermercados grandes. Y la tienda les está dando un servicio de crédito.

—Ha de haber varios endeudados…

—Es muy posible. Desgraciadamente siempre pasa.

—¿Cuentan con seguridad privada?

—Se anda en trámites para meter seguridad privada para darle tranquilidad a la gente. Aquí luego se rompe la tranquilidad por ellos mismos, por costumbres de sus pueblos, es por costumbres de ellos.

Los me’phaa provenientes de los pueblos de Juquila y Aguadulce, también de La Montaña de Guerrero, no estuvieron de acuerdo con ganar 90 pesos diarios y se van del lugar. Sus comunidades juntaron 17 mil pesos para que los dejaran salir. El resto lo pagaron con trabajo que la agrícola no les retribuyó.

El sol se ha ido. Enrique y su cuadrilla aguardan fuera de las galeras. Esperan que el olor nauseabundo se disipe.

—Allá en el pueblo no hay agua. Y aquí es igual. Nos tenemos que bañar en un caño. ¿Y ya viste cómo está el cuarto? A poco es cuarto de Sinaloa. Ni mi cuarto de La Montaña está así. Y luego nos engañan. ¿No que iban a pagar 135? Y nos tratan así, nomás porque semos indígenas –concluye, abatido, a más de 2 mil kilómetros de su casa y luego de 44 horas de camino–.

2008-01-16T22:57:00.001-06:00

México, espejo del narcotráfico colombiano

La víspera en que México emprenda la Iniciativa Mérida, en Colombia se cuestiona el éxito de la estrategia que hace siete años lanzó ese país con apoyo de Estados Unidos en pos de un objetivo similar: aniquilar al narcotráfico

Nydia Egremy / enviada

Santa Fe de Bogotá, Colombia. Apenas transcurren 12 minutos desde que el helicóptero Bell 212 despegó de la base de la Policía Antinarcóticos de Santa Marta, cuando se avista un cultivo de coca. Con sorpresa, los uniformados que operan las ametralladoras situadas al costado de la nave sacan sus geoposicionadores satelitales para ubicar las coordenadas del hallazgo que, se informa, sería destruido más tarde.

Se trata de un viaje de rutina destinado a exhibir el combate al narcotráfico, en el marco del Plan Colombia, que desde hace ocho años libra el gobierno de este país con ayuda económica y asesoría militar estadunidense. Pese a la polémica que suscita esa estrategia entre ciudadanos y analistas colombianos, México y Estados Unidos emprenderán una estrategia con idéntico sentido: la Iniciativa Mérida.

Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Colombia –en donde participan cinco designados del presidente de la República, entre ellos monseñor Nel Beltrán y representantes de víctimas de paramilitares–, dibuja el escenario a futuro en nuestro país de persistir el fortalecimiento del narcotráfico. Revela que en la reunión que sostuvo hace unas semanas con Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de México, éste le dijo: “Colombia está saliendo y México está entrando”.

Pizarro reconoce que las palabras del procurador mexicano lo impresionaron. “Me impactó mucho la frase del procurador: esa sensación de que México está entrando de lleno a lo que los colombianos sufrimos. También hablamos sobre el tema de la colombianización de México, que se usa en los casos de Brasil o Guatemala y se ha convertido en una categoría de análisis”.

Esa colombianización alude a la historia reciente del país suramericano: violencia incontrolable, debilitamiento institucional en donde el Estado no garantizaba la seguridad de sus ciudadanos. Así lo describe Rodrigo Lara Restrepo, fiscal anticorrupción colombiano, entrevistado en su oficina frente al Palacio de Nariño, sede de la presidencia de la república. “No podemos olvidar que Colombia viene de una situación en la que apenas hace cinco años más de 200 municipios carecían de la presencia de la fuerza pública”.

Para el funcionario, el proceso de desmantelamiento de los cárteles colombianos del narcotráfico ha sido exitoso. “Hoy, esos grandes cárteles fueron sustituidos por los cárteles mexicanos; Colombia se ha convertido en punto de procesamiento y despacho de la droga, mientras que antes era el gran productor”.

Lara Restrepo ve un buen entendimiento entre los gobiernos de Colombia y México, aunque advierte: “Mientras los países centroamericanos, México y Colombia no entiendan que éste es un problema global, donde sus países son simples pasos o etapas dentro de un comercio global e integrado, no seremos eficaces contra el narco. Toda la iniciativa y colaboración en inteligencia y en sumar esfuerzos es absolutamente necesaria”.

El zar anticorrupción colombiano considera que “la violencia que vimos en nuestro país en los años 80 se ha empezado a vivir con fuerza en México”. También reconoce que en materia de combate a la corrupción no existe ninguna cooperación con el gobierno mexicano, aunque se trabaja en el marco de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuyo universo no es cuantificable.

“Hoy en día, estos recursos se han desplazado en gran parte de Colombia por la globalización financiera y por la situación de represión que hay en este país contra ese delito. Ahora los recursos del narco colombiano se lavan en muchísimos países de América en donde el fenómeno es más reciente y no tienen una legislación tan estricta como la nuestra.”

Para evitar la corrupción en la fuerza pública, en los últimos cinco años se fortaleció la inteligencia interna, asegura Rodrigo Lara, y describe que así se logró develar varios escándalos de corrupción en organismos públicos, “tanto en la seguridad interna como en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y en las fuerzas militares y la policía. No se trata de esperar a que los descubra la Justicia o los medios. El estado es el juez de sus actos”, sentencia.

El frente Santa Marta

La lucha contra las drogas tiene una vigorosa expresión en Santa Marta, al norte de Colombia –donde se levanta la Sierra Nevada–. Ahí, en la década de 1970, comenzó a sembrarse la marihuana y más tarde ese cultivo fue desplazado por la coca. Fue entonces cuando se fumigaron los plantíos desde helicópteros y avionetas con el defoliador químico paraquat (más tarde sustituido por el glifosfato). A partir de ello, el hangar de Santa Marta se remodeló para dotarlo de una logística más eficaz para detectar y destruir los cultivos ilícitos y de más helicópteros, entre ellos los famosos Blackhawk.

Sin embargo, las cifras revelan que la producción de cocaína no cede en este país. Antes de que entrara en vigor el Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado –nombre oficial del Plan Colombia (octubre de 1999)–, la superficie de cultivos ilícitos se cifraba en 170 mil millones de hectáreas. A pesar de que el Comando Norte de Santa Marta mantiene cuatro actividades antinarcóticos: la Operación Urraca, la Operación Jordán, la Operación Bacar y la Operación Soberanía VIII, los analistas indican que la producción de coca persiste.

Después de siete años y una inversión estadunidense superior a 7 mil millones de dólares, el flujo de drogas desde Colombia hacia la superpotencia mundial “no ha tenido mayores alteraciones”, como citó Bruce Bagley, un experto en Colombia de la Universidad de Miami, al reportero de Newsweek Joseph Contreras en agosto de 2005.

Este escenario resulta aleccionador para los gobiernos de México y Estados Unidos, que emprenderán conjuntamente la Iniciativa Mérida para, oficialmente, combatir al narcotráfico y sus efectos. Al respecto, Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR, reitera que en Colombia se siguen produciendo entre 800 y 900 toneladas de cocaína: la misma cantidad que hace 10 o 15 años.

Además, Pizarro subraya que ese volumen se produce “ya no en 170 mil hectáreas, sino en apenas 85 mil y con plantas de gran productividad por innovaciones tecnológicas que dan el doble de cocaína; adicionalmente, de dos cortes que antes daban, hoy producen cuatro y en plantas más frondosas”. Esa mutación hizo más difícil la erradicación y, además, hoy se cultivan en apenas media o una hectárea en zonas muy alejadas de los centros urbanos.

Al respecto, el investigador Ricardo Vargas, de Acción Andina, una agrupación que estudia la problemática de la producción de coca en los países de América del sur, explica que “el Plan Colombia combinó una estrategia antidrogas que se enfocó en los cultivos ilícitos y ya en la práctica terminó siendo un programa antinsurgente”.

Advierte Vargas que, ante las críticas de algunos sectores en Estados Unidos por el fracaso de la guerra antinarcóticos en Colombia, hoy se enfatiza en el desarrollo local y regional para evitar que prospere el narcotráfico. “Por esa razón, el gobierno colombiano se anticipó con la estrategia que hoy es la Fase II del Plan Colombia, que introdujo el tema del desarrollo económico en algunas zonas como parte de la seguridad interior”.

El académico colombiano señala que, pese al Plan Colombia, se incrementó el nexo entre el narcotráfico y las fuerzas armadas. “Prácticamente, las fuerzas armadas pasaron a ser parte de la estructura de seguridad de algunos jefes del narcotráfico, tal fue el caso de Diego Montoya y las denuncias que hizo un líder paramilitar HH (del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia)”. El investigador alude a la abreviatura del nombre de una naciente estructura delictiva.

Tierra arrasada

Además, la crítica a la erradicación de los cultivos ilegales en Colombia se centra en el uso de químicos que devastó los cultivos para alimento de los campesinos. Así lo explica el abogado colombiano Eduardo Carreño, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien enfatiza que las fumigaciones aéreas con glifosfato “destruyeron los cultivos de Pan Coger (denominación de todos los alimentos de origen vegetal), que son legales y se producen en las mismas zonas donde existen cultivos de coca”.

Este defensor explica que “el carácter militar de los operativos en las zonas productoras expulsa a los campesinos de sus tierras para entregárselas a las trasnacionales totalmente militarizadas y paramilitarizadas”. Ese proceso, asegura, lleva a un contrasentido, pues al fumigar los cultivos alternativos al mismo tiempo que los ilícitos, “los campesinos pierden sus bienes y luego sus tierras ya hipotecadas para cultivar el Pan Coger”.

Simultáneamente, los analistas hablan del “efecto globo” que sigue a la aspersión con químicos. Es decir, cuando el gobierno opera en una zona, los narcotraficantes trasladan su centro de operaciones a otro espacio y con eso trasladan su problemática de violencia e ilegalidad. Así ocurrió, por ejemplo, en Nariño y el Putumayo, al sur del país colindante con la amazonia.

A su vez, el gobierno colombiano sostiene que su programa para la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos es un éxito. A cargo de Victoria Eugenia Restrepo, se organizan grupos móviles de erradicación y familias guardabosques en lo que eran zonas productoras de coca. Ahí, una treintena de erradicadores quita de raíz la planta –que en 24 horas se deshidrata–, en lugar de recurrir a la aspersión”.

Ese plan tiene un presupuesto cercano a los 170 millones de dólares, con participación de la agencia de asistencia económica y humanitaria estadunidense. Ahora, señala Eugenia Restrepo, esas comunidades producen los “productos de paz” como: café orgánico, chocolate, artesanías.

En la finca de San Rafael, cercana a Santa Marta, se observa el trabajo de las familias guardabosques. Antes de acogerse al programa de erradicación manual de coca, la mayoría de los campesinos producía esa planta; ahora, se les dotó de tierras, recibieron asesoría técnica y charlas para transformar su modo de producción.

Richard Velásquez es un hombre que hasta principios de 2000 vivía de sembrar coca para los narcotraficantes locales y hoy es líder de la cooperativa de guardabosques, que atiende 20 posadas ecológicas para el turismo nacional e internacional. Ahí las mujeres cultivan flores y los hombres explotan comercialmente la pesca. “Nunca tuve tierra”, asegura Richard y sus compañeros le hacen eco: “Antes no confiábamos en nadie, hoy queremos seguir con esto y nunca más bajar la cara”, dice Rosa, que exhibe en sus morenas manos y con orgullo sus aves del paraíso, esas exóticas y hermosas flores de la Guajira.

Invisibles

Ni en las calles de Santa Marta, al norte del país, ni en Medellín o en Bogotá son visibles los asesores militares estadunidenses que participan en la cooperación antinarcóticos con el gobierno colombiano.

“Ellos están en los cuarteles”, afirman algunos; aunque para Eduardo Carreño dejar en blanco la presencia de 800 militares en servicio activo y de 600 contratistas civiles, “es supremamente grave; sabemos que están en Colombia pero no entran como cualquier persona por el ministerio de Relaciones Exteriores o por Extranjería en el aeropuerto de El Dorado, sino que entran directamente por las bases militares y por esto no se tiene ningún control y no se sabe qué hacen”.

El abogado, también integrante del movimiento Víctimas de Crímenes de Estado, dice que, salvo algunos casos excepcionales, se localiza a los asesores militares estadunidenses en aeropuertos.

Sin embargo, las secuelas de su presencia son evidentes: “Ellos tienen el control militar de los satélites, de los aviones radares, de los radares en tierra y dirigen los operativos de carácter militar en lo que se conoce ahora como el Mando Unificado”. Carreño dice que controlan el espectro electromagnético, el espacio aéreo y el espacio terrestre, y dentro coordinan como mando único la totalidad de la fuerza pública: policía, ejército, fuerza aérea y armada nacional.

Ese panorama –agrega– confirma una pérdida de la soberanía nacional pues se ratifican dos instrumentos de carácter jurídico: la imposibilidad para que en Colombia se investiguen y juzguen crímenes de lesa humanidad o de guerra, y la imposibilidad de que Colombia denuncie ante instancias como la Corte Penal Internacional los crímenes cometidos por miembros de la fuerza invasora.

En contraste, los miembros del ejército y de la Policía Nacional son omnipresentes en calles, caminos vecinales, aeropuertos, dependencias públicas, cercanías de centros comerciales y escuelas en poblados y ciudades. Ese despliegue significa, para unos, garantía de mayor seguridad pública y la disminución de los altos índices de violencia que hasta recientemente hacían de Colombia un país con déficit en la confianza internacional. Para otros, el control militar de la sociedad, fundamentalmente en las zonas rurales.

Los militares instalados en los puestos de seguridad (retenes) a lo largo de las carreteras colombianas (la mayoría concesionadas a particulares), escrutan con rigor el interior de los vehículos para permitir o vetar el paso.

A la salida y entrada de los caminos y de esos puestos se exhiben carteles con la imagen de cuatro uniformados haciendo el saludo militar en las que se lee: “Ejército Nacional Segunda Brigada. Cualquier información llamar al: 314 563 7187. Base Militar Tucurinca”.

No lejos, una manta blanca reza: “Viaje seguro, su ejército está en la vía. Cualquier información llame a la línea gratuita: 146-147. Dios concede la victoria a la constancia”. La última frase está escrita en letras amarillas al centro del letrero.

2008-01-16T22:56:00.001-06:00

Más caos y desesperanza en el campo

Trasnacionales como Maseca, Cargill, Archer Daniels-Midland y Wall Mart, entre otras, obtienen mayor control del mercado alimentario del país desde el 1 de enero de 2008, advierten especialistas

Erika Ramírez

La liberación arancelaria en la importación de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, concluida el 1 de enero de 2008, profundizará la crisis agroeconómica de México que inició hace 14 años con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Argelia Salinas Ontiveros, adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que el panorama es “desventajoso” para los productores mexicanos ante Estados Unidos y Canadá. Y esto, destaca, traerá “importantes repercusiones sociales y políticas”.

La investigadora indica que el “subsidio asistencialista” que reciben los campesinos nacionales es uno de los principales obstáculos para competir con los socios comerciales.

Y es que en Estados Unidos, a partir de 2002, cuando se promulgó la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002-2011, se financia con 50 mil dólares anuales, aproximadamente, a cada uno de los agricultores de aquel país. Mientras, en México apenas se invierten 18 mil dólares anuales por productor, según cifras del Banco Mundial publicadas en el World Development Indicador 2003, luego de que entrara en vigor la legislación también conocida como Farm Hill.

Bajo el esquema estadunidense se ha entregado apoyo directo a los productores de granos básicos, precios de garantía para todos los productos, procurado la conservación de tierras y entregado recursos para la recuperación de suelos. En ello, según indica la propia ley, se invertirán 188 mil millones de dólares en 10 años.

Salinas Ontiveros advierte que, contrario a ello, en México sólo las trasnacionales como Maseca, Cargill, Archer Daniels-Midland y Wall Mart, entre otras, tienen “mayores recursos financieros, tecnológicos y de mercado. Los pequeños y medianos productores quedan desprotegidos ante la liberación arancelaria, pues no tienen capacidad para competir con Estados Unidos”.

La especialista lamenta que “el Estado mexicano ha reducido sustancialmente el apoyo real a los productores, pues no cuentan con apoyos para la compra de semillas o fertilizantes, y a ello se suma que los precios en los servicios de comercialización y almacenaje son elevados”.

Por ello, urge a que el Ejecutivo instrumente políticas reguladoras para evitar la devastación del campo, ya que “el neoliberalismo es una doctrina que los países capitalistas avanzados intentan aplicar plenamente en otros países, pero cuidando sus propios mercados”.

La caída de los precios

Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), coincide con la investigadora, y agrega que las trasnacionales Cargill, Maseca y Bachoco ya se preparan para acaparar y castigar al mercado nacional.

El dirigente de la ANEC explica que, semanas antes de que se eliminaran todos los aranceles, estas empresas no habían querido comprar y 5 millones de toneladas de maíz blanco se encontraban sin comercializar en Sinaloa. “Esperaban la apertura total para poder importar maíz a menor precio”.

Cargill, Maseca y Bachoco rechazaron suscribir compras anticipadas de maíz blanco en el esquema promovido por Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), que estimaba colocar al 30 de Noviembre pasado 3.5 millones de toneladas con los compradores.

El programa de Aserca tuvo como plazo para el registro de contratos el 30 de noviembre, pero fracasó. De los 3.5 millones de toneladas programados, sólo lograron comercializarse 250 mil toneladas para compradores pecuarios y Diconsa.

Suárez Carrera asegura que con estas acciones “estamos viendo el poder de las grandes empresas, y que el gobierno mexicano no puede más que suplicarle, para que participen en las compras de maíz nacional, darles beneficios fiscales o subsidios a través de Aserca.

“El próximo año, definitivamente, no habrá certidumbre en la comercialización. Vamos a ver el derrumbe de los precios para el productor e incremento al consumidor. Pasividad del gobierno, complicidad e inoperancia”, dice.

A finales de 2006, Aserca entregó 14 millones de pesos en subsidios a Cargill, para la comercialización del grano, previa crisis en el precio del maíz. El monto asignado fue el mayor entregado por concepto de exportación a países africanos (Contralínea 81).

El flete que Cargill transportaría a Mozambique fue de 30 mil 522 toneladas de maíz blanco; mientras, Comercializadora Profesional Mexicana, SA de CV, recibió 7 millones 390 mil 639 pesos para la transportación de 19 mil 974 toneladas del grano, y a la Gradesa, SA de CV, le otorgaron 5 millones 228 mil 843 pesos para el traslado de 14 mil 132 toneladas.

Escasez de frijol

Otro de los productos que estará a expensas de los movimientos del mercado internacional es el frijol, segundo de importancia en la canasta básica de los mexicanos, que hasta hace dos años registraba pérdidas fiscales por 161 millones de dólares, luego de que las autoridades mexicanas omitieran el cobro arancelario a las importaciones de Estados Unidos y Canadá, revela un estudio de la Universidad Autónoma Chapingo (Contralínea 77).

En su tesis doctoral Competitividad del frijol en México, la investigadora Alma Ayala Garay asegura que las pérdidas son consecuencia de un “descuido” de las autoridades mexicanas, quienes no protegen los intereses de los campesinos del país.

Ayala Garay dice que el país ha perdido autosuficiencia en la obtención del cultivo y expone que en la década de 1960 México no tenía necesidad de importar el producto sino, por el contrario, en 1966 alcanzó a exportar 102 mil toneladas y todavía en 1978 fueron 130 mil toneladas.

No obstante, “a partir de 1980 México se convirtió en importador de este producto y actualmente es el sexto país comprador en el mercado internacional, y Estados Unidos es su principal abastecedor”.

Ante la crisis que ha lastimado a este sector, Víctor Suárez Carrera presume que los productores del grano pretenderán exportar a países como Venezuela, en donde podrán colocar su cosecha a mejor precio. “Esto provocará mayor escasez de frijol y, en consecuencia, especulación y elevación de precios. Vamos a tener desorden, desequilibrio e incertidumbre que va a perjudicar al consumidor y al productor”.

Amenaza contra lecheros

Ante la inminente liberación arancelaria, el Frente Nacional de Productores Lecheros (FNPL) advierte que, junto con otras organizaciones campesinas, continuarán el cierre de la frontera con Estados Unidos.

Álvaro González Muñoz, dirigente del FNPL, asegura que en los 13 años que lleva de aplicarse el TLCAN, 200 mil ganaderos han dejado de comercializar leche fresca, porque no hay mercado. “Para los productores de leche, ya no es un riesgo”, considera.

“La apertura comercial llegó con prácticas de devastación que el gobierno ha permitido a unos cuantos industriales. Hace 10 años, en México se estaban importando 150 mil toneladas de leche en polvo anualmente y 10 mil toneladas de preparaciones alimenticias (leche en polvo combinada con suero).”

Con la aprobación de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, vigente a partir del 18 de junio de 2007, en la que no se contempla la figura de preparaciones alimenticias, la combinación de leche con suero aumenta en su importación a 180 mil toneladas sin pagar arancel, lo que permite a los grandes empresarios incrementar su mercado.

Esta práctica, dice el dirigente del FNPL, “la utilizaron muchísimo los industriales para meter leche al país, obviamente en detrimento de ganaderos nacionales. De continuar con más acciones como ésta, advierte, vamos a desaparecer los 150 mil pequeños y medianos productores”.

Argelia Salinas Ontiveros, académica de la UNAM, concluye que el TLCAN no es sólo una cuestión comercial.

—No se trata solamente de dar salida a los excedentes de los productos agropecuarios. En un plano estratégico, aquél que provea de alimentos al resto del mundo poseerá la más afinada arma para influir en sus políticas internas.

2008-01-16T22:54:00.002-06:00

Más garrote para los damnificados

Ahora las víctimas fueron ciudadanos de las rancherías Ixtacomitán, Boquerón y de la colonia Carlos A. Madrazo, que realizaron un bloqueo a la altura del puente de acceso a su comunidad
Al igual que otros damnificados, demandaban el pago de los 10 mil pesos para reponer los enseres domésticos y la realización del censo de las viviendas afectadas por la inundación
Se comienza a hacer tradicional la forma granierista de atender a los damnificados con represión y garrotiza
En espera de la llegada de antimotines, finge Aquiles Domínguez diálogo con damnificados

Mujeres de Ixtacomitán encabezaron, principalmente, el bloqueo de la carretera de acceso a la zona, en demanda del vale de apoyo para la compra de enseres domésticos. En respuesta recibieron una garrotiza por parte del gobierno de Granier (Foto: Tomás Rivas)

OMAR POLICRONIADES

Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reprimieron ayer violentamente a los habitantes de la ranchería Ixtacomitán, Boquerón y de la colonia Carlos A. Ma-drazo, que realizaron un bloqueo a la altura del puente de acceso a su comunidad, en demanda del pago de los 10 mil pesos para reponer los enseres domésticos y la realización del censo de las viviendas afectadas por la inundación.

Los agentes estatales, arremetieron por igual contra hombres y mujeres, a golpe de tolete, patadas y empujones, para liberar el tráfico vehicular hacia la avenida Méndez y Periférico, que fue afectado casi cuatro horas por la manifestación.

Desde temprana hora, alrededor de mil habitantes de Ixtacomitán, Boquerón y la colonia Carlos A. Madrazo, se empezaron a concentrar en el puente conocido como El Carcámo, que comunica a sus localidades con la ciudad.

La inconformidad estalló porque ayer concluyó la realización del censo, de las viviendas afectadas con la inundación que levantó el Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) y la Sedesol y según los protestantes, miles de familias fueron excluidas, al igual de que la entrega de los 10 mil pesos para reponer los enseres domésticos.

Exigieron al gobernador Andrés Granier y a las autoridades federales, ser incluidos en la entrega de apoyos, pues el agua, afirmaron, llegó hasta los dos metros de altura en sus viviendas y perdieron todo.

El primer bloqueo del tráfico vehicular hacia la avenida Méndez y Periférico, se hizo a la altura del puente y posteriormente, en la vía de acceso de la ranchería Curahueso, por donde los automovilistas estaban saliendo, con lo que prácticamente impidieron la salida y entrada de cualquier vehículo de sus comunidades.

El subsecretario de Gobierno, Aquiles Domínguez Cerino, se presentó en el lugar para negociar con los inconformes, sin embargo, finalmente ordenó la intervención de los elementos de la SSP, que reprimieron violentamente a los manifestantes, que en su mayoría eran mujeres.

Los pobladores de la ranchería Boquerón, primera sección, también realizaron otro bloqueo a la altura de la escuela primaria de la comunidad, en demanda de mobiliario para la escuela.

2008-01-16T22:54:00.001-06:00

Que saque Granier las manos de Comalcalco: Javier May

“No es un asunto con Javier May, sino con el movimiento democrático”, puntualiza el edil comalcalquense
Señala como responsable a Humberto Mayans y precisa que asesores de Aquiles Domínguez “aconsejan” a los regidores en rebeldía

Javier May Rodríguez, exigió al gobierno de Andrés Granier Melo que saque las manos del municipio y que mida bien el problema político que puede generar esa abierta injerencia. (Foto: Tomás Rivas)

Redacción.- Ante la evidente intromisión en la vida pública de Comal-calco, el alcalde Javier May Rodrí-guez, exigió al gobierno de Andrés Granier Melo que saque las manos del municipio y que mida bien el problema político que puede generar esa abierta injerencia.

Le advirtió que no está solo en el conflicto artificial que está generando el gobierno estatal al azuzar a regidores que se dicen del PRD para destituirlo del cargo.

En una entrevista radiofónica, el edil de extracción perredista, aseveró:

“No es un asunto con Javier May, sino con el movimiento democrático. Ellos piensan que si me destituyen no va a pasar nada, pero sí va a pasar, porque no estoy solo en esta lucha, que le midan bien.”

Si eso intentan, si eso es lo que quieren hacer, sostuvo, yo creo que va a haber ingobernabilidad en el estado, e insistió en que el gobierno granierista está midiendo mal, pero “yo sí les digo que saquen las manos” de este asunto.

Aseguró que detrás de la rebelión de los regidores del PRI y los del PRD se encuentra la Secretaría de Gobierno que encabeza Humberto Mayans Canabal.

Tan es así que asesores del subsecretario de Gobierno, Aquiles Domínguez Cerino, son quienes asesoran a los regidores en rebeldía.

“Los regidores no actúan solos, atrás de ellos está la mano del gobierno del estado que pretende desestabilizar al ayuntamiento de Comal-calco”, remarcó May Rodríguez.

En la entrevista con Juan Ur-cola, titular del programa noticioso de Conexión, el alcalde de Comal-calco denunció que el dirigente del PRI en ese municipio, Jesús Alamilla, estuvo azuzando a los regidores el viernes pasado para generar un escándalo y culpar de ello al ayuntamiento, pero no les funcionó.

Dijo que por más que han convocado a la movilización no han podido obtener el respaldo de la ciudadanía, que sabe que se trata de un asunto político.

La gente no se ha enganchado, sabe que las obras ahí están, que los programas son reales, que sí tenemos contacto con la gente, y que estamos gobernando de una manera diferente, señaló.

En esta lucha, advirtió, no estamos solos, tenemos el respaldo de diputados federales y locales, de senadores y de la dirigencia estatal y nacional, de modo que no se trata de un problema con Javier May, sino con el movimiento democrático.

Aseguró que el gobierno estatal está abriendo muchos frentes y lo único que está propiciando con ello es generar más problemas.

Hablan de unidad, de conciliación, pero es simple discurso, en la práctica “es otro boleto, ya vimos lo que pasó con el colaborador del diputado federal Francisco Sánchez Ramos, ese es el mensaje de unidad: acallar a los opositores, de los que no comparten sus ideas y no doblan la cabeza”.

May Rodríguez dijo que tiene elementos para asegurar que todo ha sido orquestado por la Secretaría de Gobierno en el caso del conflicto que se vive en su municipio, porque al gobierno le molesta que esté gobernando con honestidad y transparencia, algo que ellos no pueden hacer.

2008-01-16T22:53:00.000-06:00

Presenta Francisco Sánchez denuncia formal ante la PGR

Es por la posible comisión del delito de amenazas en su contra, así como por el asesinato de su chofer, David Isidro Madrigal
En el cuerpo de la denuncia señala a Andrés Rafael Granier Melo y a su secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, así como a Juan Antonio Contreras Pérez e Irving de Jesús Jiménez Sánchez,

Francisco Sánchez Ramos, denunció ante la Procuraduría General de la República a Andrés Rafael Granier Melo y a su secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, así como a Juan Antonio Contreras Pérez e Irving de Jesús Jiménez Sánchez, por amenazas de muerte el pasado viernes 11 del presente mes y por el deceso de su chofer y militante del PRD, David Isidro Madrigal.

REDACCIÓN

El diputado federal del PRD Francisco Sánchez Ramos, denunció ante la Procuraduría General de la República a Andrés Rafael Granier Melo y a su secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, así como a Juan Antonio Contreras Pérez e Irving de Jesús Jiménez Sánchez, por amenazas de muerte el pasado viernes 11 del presente mes y por el deceso de su chofer y militante del PRD, David Isidro Madrigal.

Como es del dominio público, los hechos sucedieron el viernes 11 de enero, donde el diputado convocó a una reunión a militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, la cual se llevó a cabo en el domicilio del legislador, ubicado en calle Jacinto López número 21, colonia centro de la Ciudad de Huimanguillo.

Donde el ciudadano Juan Antonio Contreras Pérez quien trabaja como elemento de la policía estatal del gobierno del estado, en estado de ebriedad, con una arma mano amenazó al legislador “le voy a romper la madre de un tiro, ya que son las instrucciones que traigo”.

Antes estos hechos el Sánchez Ramos denunció ante la PGR hechos posiblemente constitutivos de delito, en contra de quien o quienes resulten responsables y demando dictar todas las medidas cautelares y las providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a su familia.

Exigió ejercitar acción penal consignando el expediente ante las autoridades jurisdiccionales competentes, solicitando la aplicación de las sanciones penales correspondientes a los responsables

2008-01-11T21:41:00.000-06:00

Preocupa impacto de incrementos en la economía familiar: Ebrard

Lanzan plan emergente contra la carrera alcista

Mantener en 2 pesos tarifa del boleto del Metro, una de las medidas

Se distribuirán 550 mil despensas entre la población de ingresos bajos

Ángel Bolaños Sánchez

Ampliar la imagen El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, presentó ayer el Programa Emergente de Apoyo a la Economia Familiar, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento Foto: Cristina Rodríguez

Ampliar la imagen El diputado local Agustín Guerrero; Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo, y Ricardo Ruiz Suárez, presidente del PRD-DF, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que dieron a conocer que, junto a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, proporcionarán asesoría jurídica contra los aumentos a las gasolinas y la tarifa eléctrica, que ya desataron una escalada Foto: Yazmín Ortega Cortés

En apoyo a la economía familiar de los capitalinos y ante los efectos de las políticas federales que están provocando un mayor deterioro en la calidad de vida de la población, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, reafirmó que la tarifa del Metro se mantendrá en 2 pesos durante 2008 y como una acción emergente se distribuirán 550 mil despensas entre las familias de menores ingresos.

El mandatario dijo que una de las principales preocupaciones de su gobierno es el impacto en la economía popular de la tendencia generalizada de incrementos en los precios de los productos de la canasta básica, acelerada por la decisión de las autoridades federales de aumentar tarifas y costos de los energéticos como la electricidad y las gasolinas.

Durante la presentación del Programa Emergente de Apoyo a la Economía Familiar, el gobernante capitalino dijo que la decisión de mantener la tarifa del Metro significa una inversión, “hay quién le llama subsidio, nosotros le llamamos inversión”, de alrededor de mil 800 millones de pesos.

El Metro, apuntó, es uno de los rubros de inversión social más importantes de este año, junto con programas como el Seguro de desempleo, Pensión alimentaria a personas adultas mayores, Prepa sí, Niños y niñas talento, Hijos de madres jefas de familias, entre otros, así como las acciones de vivienda y salud.

“Todas estas medidas –apuntó– contribuyen a proteger la economía familiar, tienen esa lógica porque nosotros pensamos que los gobiernos deben tener un compromiso muy claro en sus decisiones, en sus políticas y en sus inversiones, con el principio de equidad social deben proteger a la mayoría de la población y hoy, lo que estamos viendo, desgraciadamente es todo lo contrario, estamos viendo políticas que están provocando un deterioro en la calidad de vida de la mayoría de la población”.

El secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, explicó que la despensa comenzará a entregarse a partir del mes de febrero y contendrá azúcar, arroz, frijol, lenteja, avena, fécula de maíz, pasta para sopa, una lata de atún y un jabón de tocador.

El funcionario expuso que el costo de la canasta básica aumentó de 818 pesos en diciembre de 2006, a mil 103 pesos en diciembre de 2007; a partir del 6 de enero entró en vigor el llamado gasolinazo, que significa incrementos de 33 y 44 centavos al litro de las gasolinas Magna y Premium, respectivamente, y 30 centavos al diesel, en tanto que en lo que va de este año, el precio del pollo se incrementó 20 por ciento, el huevo 19 por ciento, el azúcar 16 por ciento, el aceite 19 por ciento, mientras que el jitomate y el limón duplicaron su precio y a esto se agrega la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLC, “la situación se torna especialmente delicada para la gente”.

“Esos aumentos –añadió– son resultado de una política inhumana y cruel del gobierno federal, del gasolinazo de Felipe Calderón y de las políticas de apertura comercial indiscriminada de los gobiernos neoliberales”.

El funcionario señaló que este programa es complementario del seguro de desempleo, la entrega de uniformes escolares gratuitos a estudiantes de secundaria y dos vales de despensa por 100 pesos para 550 mil familias beneficiarias del programa de leche Liconsa.

Para la entrega de las despensas, señaló que se levantará un censo a partir de los padrones de beneficiarios de otros programas de la dependencia a fin de garantizar que no existan irregularidades en la distribución y lleguen a las familias ubicadas en el nivel de muy alta marginación.

2008-01-11T21:40:00.002-06:00

Se ejercerá un presupuesto de $490 millones sólo para el pago, asegura Mirón

Atenderá seguro de desempleo 60 mil personas este año, prevé la STFE

Ahora podrán solicitarlo quienes hayan perdido su trabajo desde enero de 2006, informa

Ángel Bolaños y Laura Gómez

Ampliar la imagen Según la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la ciudad de México requiere la creación de 10 mil empleos mensuales para cubrir la demanda actual. La imagen, en la Feria del Empleo de la UNAM, en septiembre pasado Foto: Marco Peláez

El titular de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal (STFE), Benito Mirón Lince, informó que para este año se ejercerá un presupuesto de 490 millones de pesos para el pago del seguro de desempleo –independientemente de los costos operativos del programa–, con lo que se calcula serán beneficiadas alrededor de 60 mil personas y se abrieron dos nuevos módulos de atención, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal.

En entrevista, el funcionario capitalino dijo además que este año se prevé la creación de entre 150 mil a 180 mil puestos de trabajo y si bien la ciudad de México es la entidad que más empleos genera –en 2007 cerró con 143 mil–, es también la que más resiente el problema de los despidos, de allí que su tasa de desempleo sea alta, 6.5 por ciento según las cifras oficiales, aunque advirtió que no coinciden mucho los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al respecto.

Explicó que en el Distrito Federal se requieren cada año alrededor de 120 mil empleos, es decir un promedio de 10 mil mensuales, y advirtió que las llamadas reformas estructurales, aunadas a los incrementos en los precios de los energéticos, ofrecen un panorama difícil, no sólo para las empresas y los trabajadores, sino en general para todos los sectores productivos.

Además, agregó, habrá que estar muy pendientes de la reforma laboral, que viene por una flexibilización absoluta de las relaciones laborales, lo que comparó con abrir el trabajo al libre mercado como si fuera cualquier otra mercancía, “o sea, te necesito, te compro; no te necesito, estás fuera”, por lo que anticipó que desde la ciudad de México se dará la lucha en contra de ella.

Flexibilizan requisitos

Por lo que hace a la operación del seguro de desempleo, el funcionario reiteró que ante la negativa de las instituciones de seguridad social de entregar la carta de baja a los solicitantes para acceder al programa, se flexibilizaron los requisitos y se amplió el beneficio a quienes perdieron su empleo desde enero de 2006 y no en diciembre de ese año.

Mencionó que de octubre a diciembre se otorgaron 12 mil apoyos de mil 500 pesos, sólo una cuarta parte de los solicitantes, debido a que el resto no cumplió con los requisitos, con lo cual “nos quedamos por debajo de la meta en unos tres mil, pero este año estimamos llegar a 60 mil, para lo cual contamos con una bolsa de 490 millones de pesos y con la posibilidad de atender a un mayor número”.

La intención es que mediante los diversos programas económicos y de acercamiento con las empresas se logre la incorporación de esta población, antes de los seis meses previstos de apoyo, y beneficiar una cantidad adicional de solicitantes, quienes tendrán la posibilidad de presentar algún documento de la empresa radicada en la ciudad, donde se dio de baja, en caso de no obtener la carta del IMSS o el ISSSTE.

Pese a la solicitud por escrito a ambas instituciones para otorgar facilidades en la entrega de ese documento, no hubo respuesta satisfactoria, lo que impidió que algunos interesados concluyeran su registro al programa de quienes permanecen en las filas del desempleo que conforman unas 260 mil personas, 6.5 por ciento de la población económicamente activa.

Esto según datos del INEGI, aunque recordó que debe considerarse a la población flotante de los municipios conurbados que viene en busca de empleo a la entidad y son considerados en esta estadística, la cual no refleja exactamente la realidad y no considera los avances logrados en el “combate” a dicho problema mediante la creación de casi 150 mil empleos en 2007.

2008-01-11T21:40:00.001-06:00

El gobernador panista intenta minimizar la presunta responsabilidad de su colaborador

El procurador de Jalisco estuvo en bacanal con menores de edad

Alega que el funcionario pudo no haberse enterado de que se estaba cometiendo una violación

Sostiene que hay gente interesada en que crezca el escándalo, “pero no hay nada diferente”

Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)

Ampliar la imagen El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, reconoció que el procurador del estado, Tomás Coronado Olmos (en segundo plano), estuvo en una fiesta en la que se habrían cometido abusos sexuales contra menores de edad; sin embargo, insistió en defender a su colaborador Foto: Arturo Campos Cedillo

Guadalajara, Jal., 10 de enero. El gobernador Emilio González Márquez finalmente reconoció que el procurador general de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, estuvo en una fiesta donde, según se denuncio penalmente, hubo prácticas sexuales con menores de edad, una de las cuales fue presuntamente violada por el ex funcionario municipal tapatío Martín Aguirre Aguirre, hoy prófugo.

“Lo que hay detrás de esto es gente interesada en que el tema crezca. Esta creciendo, está bien, están logrando el objetivo, pero no hay nada diferente”, dijo González Márquez, quien puso en duda que las personas que estuvieron presentes en la fiesta donde ocurrió la presunta violación se enteraron de ésta y si las menores que participaron en esas reuniones fueron “ostensiblemente presentadas como menores (…) No sabemos si se enteró (de la violación) porque la respuesta que él da es que no se enteró.

“Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito sin que nosotros nos enteremos, y no nos hace cómplices ni responsables si en estos alrededores se comete algún ilícito por el hecho de estar aquí y no enterarnos. Esa es la pregunta: ¿participó? La respuesta de todo mundo es: no, no participó”, dijo.

En agosto pasado se supo que el procurador Coronado Olmos fue señalado por una menor de edad y su madre como uno de los asistentes a una reunión en la cual la joven fue presuntamente violada por Martín Aguirre Aguirre, entonces funcionario de alumbrado público del ayuntamiento panista de Guadalajara, contra quien se giró una orden de aprehensión cuando ya había huido.

La implicación del procurador se conoció de manera fortuita. El fiscal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Marco Antonio Chávez Villegas (adscrito a la Subprocuraduría C), interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la que aseguró que fue golpeado y retenido por escoltas del subprocurador estatal, Jorge David Delgadillo Báez, luego que dio entrada a la denuncia de la madre de la adolescente de 16 años supuestamente violada, en la cual ésta señalaba que Coronado Olmos había acudido a esa fiesta, realizada en una granja ubicada en la periferia de Guadalajara.

Fue la primera de varias quejas de hostigamiento. La siguiente fue la del entonces subprocurador C, Víctor Manuel Landeros Arvizu, a quien Coronado Olmos acusó de orquestar una “infamia” en su contra. El 20 de diciembre pasado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reveló que Landeros Arvizu presentó una queja porque “tiene un temor muy grande” por su seguridad y la de su familia, luego de haber recibido diversas amenazas. Luego de que el procurador acusó a Landeros Arvizu, éste salió de la PGJE en noviembre porque ya no le renovaron su contrato.

Ya fuera de la Procuraduría, Landeros Arviz le tomó la palabra al gobernador Emilio González Márquez, quien declaró que si alguien presentaba una denuncia directa en contra del procurador se crearía una fiscalía especial, para la cual propuso a Guadalupe Morfín Otero. El ex funcionario presentó la denuncia contra Coronado Olmos y dijo que estuvo en la bacanal.

En respuesta, la PGJE presentó una querella contra Landeros Arvizu, a quien acusó de falsear información y obtuvo una orden de aprehensión, de la que se ha librado el ex subprocurador gracias a un amparo.

Aunque se han acumulado acusaciones y quejas por supuesto hostigamiento contra quienes han insistido en la presencia del procurador en esa reunión, ni el gobernador ni el presidente de la CEDHJ han querido manifestarse en favor de la salida de Coronado Olmos mientras se investiga el caso, como han sugerido otros actores políticos y sociales. En octubre el Congreso rechazó un pronunciamiento para separar del cargo al procurador. Sólo algunos diputados han expresado sus dudas.

El mandatario y los involucrados en este caso forman parte de un grupo formado hace algunos años. En el trienio 2004-2006, cuando el hoy gobernador era alcalde de Guadalajara, Tomás Coronado Olmos fungía como secretario general del ayuntamiento y Martín Aguirre Aguirre, el presunto violador, era abogado en la secretaría general.

Debido al estancamiento de las investigaciones, la organización no gubernamental Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Las agraviadas no han querido ponerse bajo la tutela de la procuraduría estatal por temor a represalias.

El Cepad también solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya oficina central en Washington, DC, pidió al Estado mexicano un informe detallado sobre el caso. Más aún, el Cepad presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el organismo regresó el caso a la CEDHJ.

Este jueves el presidente de la CEDHJ dijo que el expediente completo de la queja se enviará a la cancillería para que sea remitido a la CIDH.

2008-01-11T21:38:00.001-06:00

Rehenes en Colombia

Más de 20 días duró el camino hacia la libertad de Clara Rojas y Consuelo González

Bombardeos casi frustran la entrega, relatan las liberadas de las FARC

Ambas piden al presidente Hugo Chávez continuar las gestiones para lograr la entrega de todos los cautivos

Fueron escoltadas por unos 20 guerrilleros

La senadora Piedad Córdoba las recibe en un paraje de la selva colombiana; “me sorprendió verlas en tan buen estado”, dice a La Jornada

Jorge Enrique Botero (Enviado)

Ampliar la imagen La ex senadora Consuelo González (extremo izquierdo), abraza a la legisladora colombiana Piedad Córdoba, mientras en el extremo derecho, Clara Rojas conversa con un hombre no identificado en el sitio donde ocurrió la liberación, un paraje del sureste de Colombia. La imagen fue tomada por la oficina de prensa del palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano Foto: Ap

Caracas, 10 de enero. El camino hacia la libertad de Clara Rojas y Consuelo González duró más de 20 días y estuvo sembrado de peligros que por poco impiden el rencuentro con sus familiares, dijo hoy la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien recibió a las dos mujeres en un remoto paraje del suroriente de Colombia.

En declaraciones a La Jornada, la legisladora dijo que se sorprendió cuando las vió en tan buen estado de salud y admitió que en un principio no las reconoció. “Yo me imaginaba que recibiríamos a dos personas en lamentables estado y cuando las vi desde la ventanilla del helicóptero no podía creer que fueran ellas”, relató.

Tras los abrazos, los saludos y las despedidas, Córdoba hizo con ellas el trayecto desde el lugar de entrega hasta la localidad venezolana de Santo Domingo, y desde allí hasta Caracas, tiempo durante el cual ellas le narraron la odisea de sus últimos días en cautiverio. Según la senadora colombiana, el viaje de las dos mujeres con el pequeño grupo de unos 20 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que las conducían a su libertad demoró unas tres semanas y se hizo en medio de sucesivos peligros, el mayor de ellos los bombardeos que realizaba la aviación del ejército colombiano sobre el área.

“Su relato me estremeció, pero también me dejó percibir a dos personas totalmente lúcidas, en buen estado de salud que eran capaces hasta de hacer bromas”, dijo Piedad Córdoba. De acuerdo con la senadora, las dos mujeres liberadas hoy pasaron angustiosos momentos cuando sintieron que los bombardeos y las operaciones militares en el área podían frustrar su regreso a la libertad.

Córdoba también reveló que las dos mujeres liberadas trajeron cartas de un grupo de secuestrados con los que compartían cautiverio en la profundidad de la selva amazónica. Entre ellos, dijo, se encuentran el senador Jorge Eduardo Gechem, la diputada Gloria Polanco, el legislador Orlando Beltrán y el ex gobernador del departamento del Meta, Alan Jara. También mencionó al coronel de la policía Luis Mendieta, quien este año cumple 10 años en poder de las Farc.

Tras viajar en helicópteros y aviones del gobierno venezolano, Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo arribaron hacia las cuatro de la tarde al Palacio de Miraflores, donde fueron recibidas por el presidente venezolano, Hugo Chávez. Tras un breve y solemne acto en el patio de armas de la sede de gobierno, el mandatario se reunió con las recién liberadas y sus familiares. Un par de horas antes, los familiares se habían fundido en largos abrazos con Clara y Consuelo a su llegada al aeropuerto Simón Bolívar.

Según Córdoba, tanto Clara Rojas como Consuelo González de Perdomo le pidieron al presidente Chávez que continuara sus gestiones para la liberación de los demás cautivos. Perdomo le comunicó al presidente que las personas que habían quedado en la selva privadas de su libertad le pedían que no desmayara en sus esfuerzos ante las FARC y el gobierno colombiano.

En declaraciones a la radio colombiana minutos después de llegar a Caracas, Clara Rojas, quien tuvo un hijo en cautiverio, fruto de una relación con un guerrillero, narró que el parto se había complicado hasta el punto de poner en riesgo la vida del niño, ante lo cual los enfermeros de la guerrilla optaron por hacerle una cesárea en condiciones extremas. Relató que pasó 40 días en recuperación, durante los cuales una guerrillera hizo las veces de niñera.

Al caer la tarde, las liberadas y sus familiares se refugiaron en las habitaciones de un céntrico hotel de Caracas y anunciaron que mañana atenderán a la prensa.

El gobierno colombiano y la insurgencia han mantenido un largo pulso para la realización de un acuerdo que permita intercambiar guerrilleros presos en las cárceles del Estado por políticos y militares cautivos en la selva.

2008-01-11T21:37:00.000-06:00

Rehenes en Colombia

Se abre una ventana para la liberación de todos los plagiados: Iglesia católica

Agradece el presidente Álvaro Uribe gestión de su homólogo venezolano Hugo Chávez

Exige el gobernante colombiano a rebeldes se desmovilicen para entablar un proceso de paz

Destaca la participación de Cuba “en el operativo final de recuperación de los secuestrados”

Reuters, Afp y Dpa

Ampliar la imagen Clara Rojas recibe en Caracas el saludo de su madre Foto: Ap

Ampliar la imagen Yolanda Pulecio, mamá de la cautiva ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, con la foto de su hija como telón de fondo, participa en Bogotá en la celebración de la liberación de Rojas y Consuelo González Foto: Ap

Bogotá, 10 de enero. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, agradeció hoy la gestión de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, quien consiguió la liberación de dos dirigentes políticas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que pidió su desmovilización para entablar un proceso de paz con plenas garantías democráticas.

“Debo reconocer que ha sido eficaz el proceso adelantado por el presidente Chávez, quien ha logrado la liberación unilateral e incondicional de nuestras compatriotas”, dijo Uribe en una alocución radiotelevisada al país desde su finca El Ubérrimo, en el caribeño departamento de Córdoba, donde está de vacaciones.

El mandatario colombiano celebró la liberación de Consuelo González y Clara Rojas, con quienes conversó telefónicamente y les expresó su felicidad porque están de regreso en sus hogares. Pero subrayó que la guerrilla todavía tiene cautivas a unas 750 personas en total, incluyendo a 44 con fines políticos.

“Quiero felicitarlas por su entereza, por gran capacidad de control, por la manera tranquila como han respondido a esta experiencia tan difícil. En la conversación con la doctora Clara Rojas, (ésta) me preguntó por el niño Emmanuel (su hijo), con la angustia de (una) mamá, con el afán de (una) mamá”, afirmó Uribe .

El mandatario colombiano anunció que el gobierno entregará rápidamente a Rojas a su hijo Emmanuel, quien nació en el cautiverio fruto de una relación consentida con un guerrillero y quien está bajo protección del gobierno desde 2005.

El jefe de Estado nombró uno por uno a los militares y líderes políticos, entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres estadunidenses, que aún permanecen en manos de las FARC, muchos de ellos con 10 años en cautiverio.

“Muchas gracias presidente Chávez, gracias a los colaboradores del presidente Chávez, gracias a la honorable senadora (colombiana) Piedad Córdoba y al gobierno de Cuba, que participó en el operativo final de recuperación de los secuestrados”, así como a la Cruz Roja Internacional y a la comunidad internacional, precisó, y destacó que el gobierno cubano ha ayudado de “manera discreta” en los esfuerzos de paz.

Tras destacar “la felicidad por la liberación de las dos compatriotas secuestradas”, Uribe resaltó el profesionalismo de sus fuerzas militares que acataron y respetaron una orden para suspender operaciones por 12 horas y facilitar la liberación.

“Los soldados de Colombia estaban a dos kilómetros del sitio en donde se produjo la liberación de los secuestrados; cumplieron con honor la palabra que habían empeñado a las instituciones de la república, de dar las garantías para la liberación de nuestras dos compatriotas secuestradas”.

Respecto de las FARC, pidió su desmovilización como lo prometieron en el pasado, cuando pusieron como condición que el Estado acabara con los escuadrones paramilitares de ultraderecha y garantías para hacer política en la oposición.

“Nuestro gobierno está listo para la paz con la misma devoción con que hemos conducido la seguridad; invito a las FARC a considerar una negociación sencilla, ágil, de buena fe, en la cual serían rodeadas de garantías democráticas”, concluyó.

Previamente habían expresado su satisfacción el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, y el vicepresidente Francisco Santos. El ministro Holguín dijo que el gobierno seguía esperando la liberación de los demás rehenes, y Santos se declaró feliz por la liberación, pero pidió que este momento de alegría no haga perder la perspectiva sobre los demás cautivos.

También hubo muestras de satisfacción por parte de los ex presidentes Andrés Pastrana y Ernesto Samper, quienes pidieron un acuerdo con las FARC. Incluso Samper instó a Uribe a permitir de nuevo la mediación del presidente Chávez.

Para la Iglesia católica colombiana, la liberación de Clara Rojas y Consuelo González “abre una ventana que nos permite soñar con la liberación de todos los secuestrados en 2008”, a decir del secretario del Episcopado, Fabián Marulanda.

La familia de Ingrid Betancourt y los comités en su apoyo en París también saludaron la liberación, y agradecieron a los presidentes Uribe y Chávez especialmente, e incluso a las propias FARC por haber cumplido su compromiso.

Finalmente, reclamaron que con base en los resultados Colombia y las FARC acepten el diálogo para concretar la liberación del resto de los rehenes, y abogaron por la reposición del presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba en la mediación con los insurgentes.

2008-01-11T21:36:00.000-06:00

Rehenes en Colombia

Clara Rojas y Consuelo González presentaron pruebas de vida de varios secuestrados

“Con más ímpetu vamos a seguir pugnando por las liberaciones”: Chávez

Calcula el gobierno que las FARC tienen a 745 cautivos, 45 de ellos políticos y militares

Pablo Moncayo, plagiado en 1997, entre los que lleva más tiempo en manos de los rebeldes

Reuters, Afp y Dpa

Ampliar la imagen Familiares y amigos de secuestrados por las FARC se manifestaron ayer en Bogotá para pedir la entrega del resto de los cautivos Foto: Ap

Caracas, 10 de enero. Poco después de que anunció aquí el operativo para liberar a las políticas colombianas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, el presidente venezolano, Hugo Chávez, declaró que “vamos a seguir y ahora con más ímpetu, porque algunos jugaron al fracaso. Pero se demuestra que es posible la liberación. No podemos condenar a esas personas a que se pudran en la selva”.

Más tarde, cuando González y Rojas llegaron a la localidad de Santo Domingo, en territorio venezolano, Chávez declaró a Telesur que enviaba un saludo al líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Manuel Marulanda (Tirofijo), y a su par colombiano, Álvaro Uribe, con quien tuvo un intercambio de acusaciones en diciembre luego que el colombiano decidió prescindir de las gestiones de mediación iniciadas en agosto pasado.

En esa misma transmisión, el presidente ofreció a su par colombiano su auxilio, una vez más. “Uribe dijo: Chávez es una de las pocas personas en este mundo a la que las FARC le entregarían los rehenes”, recordó el venezolano, para luego rematar: “Pues úseme”.

Se estima que unas tres mil 100 personas perdieron su libertad en la última década, no sólo por acciones de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino también por paramilitares y grupos delictivos.

Un ambiente tenso y de intensa movilización de medios de información se produjo desde la madrugada de este jueves cuando se esperaba que dos helicópteros se internaran en la selva colombiana para recoger a las dos políticas. Las coordenadas recibidas por Chávez, en la víspera estaban marcadas sobre el departamento de Guaviare, una región del sur de Colombia que es frecuente escenario de combates entre soldados y guerrilleros, donde las principales rutas de transporte son fluviales y la vegetación y la lluvia son abundantes todo el año.

“No puede bajar la guardia, presidente. Los que quedaron (secuestrados en la selva) me mandan a decir eso, ese mensaje. Mil gracias presidente, nos está ayudando a volver a vivir”, dijo González al mandatario venezolano en una conversación telefónica difundida por la cadena Telesur, cuando todavía se encontraban en Guaviare, segundos después de despedirse emotivamente del comando guerrillero que las escoltó hasta el sitio de las coordendas.

Según un recuento de la Fundación País Libre, de 1996 a 2007 fueron privados de su libertad 23 mil 401 individuos, casi todos colombianos, pero también algunos extranjeros, entre los cuales ha habido 15 mexicanos (el último de ellos en 2003).

Antes de la liberación de González y Rojas, el gobierno calculaba que había 745 personas en poder de las FARC, 45 de los cuales son políticos y militares, canjeables por medio millar de guerrilleros presos.

Estadunidenses entre los canjeables

En ese grupo de canjeables hay también tres estadunidenses, Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes –contratistas de una empresa de servicios de seguridad, capturados en Caquetá, en febrero de 2003–, por quienes las FARC piden a cambio la liberación de guerrilleros encarcelados en Estados Unidos con cargos de narcotráfico.

En manos de la segunda fuerza guerrillera colombiana, el ELN, hay entre 300 y 500 personas, según las cifras del gobierno.

González era diputada por Guaviare en la Cámara baja de Colombia cuando fue secuestrada el 10 de septiembre de 2001, plagio que pasó inadvertido para los medios al registrarse al día siguiente los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos.

Rojas era candidata a la vicepresidencia por un pequeño partido político, Verde Oxígeno, al lado de Ingrid Betancourt, aspirante presidencial. En un principio, las FARC ofrecieron su libertad a Rojas, pero ésta prefirió, en un acto de solidaridad, permanecer junto a Betancourt.

Betancourt y la ex diputada Gloria Polanco, que representaba al sureño departamento de Huila, son las dos mujeres que quedan en el grupo de canjeables.

Pese a las expectativas de que pronto más rehenes sean liberados por las FARC, la senadora Piedad Córdoba no mencionó hoy a Polanco en el grupo de personas de quienes los guerrilleros enviaron pruebas de vida durante el operativo de entrega de González y Rojas, en Guaviare.

“Son cartas y fotos muy bien selladas de Jorge Gechem Turbay, Gloria Leiva, Orlando Beltrán, Alan Jara, el coronel Mendieta y algunos otros que tienen que ver con agentes y soldados”, dijo Córdoba, quien junto a Chávez fungió como facilitadora de las gestiones de liberación de rehenes, entre agosto y noviembre.

Gechem fue secuestrado el 20 de febrero de 2002. El hecho llevó al entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) a romper el proceso de paz que había iniciado con las FARC el 7 de enero de 1999.

Otros de los mencionados por la senadora Córdoba es el ex gobernador del sureño departamento de Meta, Alan Jara, quien fue privado de su libertad en 2001. También está en cautiverio el ex congresista Óscar Lizcano.

Los rehenes que más tiempo llevan en manos de las FARC son Pablo Emilio Moncayo, un oficial de policía –cuyo padre, el profesor Gustavo Moncayo, comenzó en noviembre pasado una caminata de Bogotá a Caracas en demanda de la liberación de los cautivos– y el militar José Libio Martínez, quienes fueron secuestrados en un ataque perpetrado por las FARC el 21 de diciembre de 1997 contra una instalación de comunicaciones, en el sur del país.

Con el proceso de negociación emprendido por Pastrana, el mandatario permitió a las FARC el control de la una zona de sabanas y selvas con una extensión de 42 mil kilómetros cuadrados.

Desde que asumió el poder en 2002, Uribe y las FARC han intercambiado propuestas de negociación de “canjes” o “intercambios humanitarios”, pero el punto de quiebre de las iniciativas vino cuando el mandatario argumentó que su mandato constitucional le impide “despejar” de militares y policías una zona del sur de Colombia, donde eventualmente se realizaría la negociación.

En 2005 Uribe aceptó un ofrecimiento de España, Francia y Suiza para negociar un intercambio humanitario, pero las FARC rechazaron la propuesta e insistieron en el despeje.

No obstante las desavenencias, algunos hechos abrieron en el último año la expectativa de un acuerdo humanitario mayor.

En junio pasado, a petición del presidente Nicolas Sarkozy, el mandatario colombiano autorizó por “razones de Estado” la excarcelación del llamado “canciller” de las FARC, Rodrigo Granda. Apenas seis meses antes, el 31 de diciembre de 2006, después de siete años de secuestro, había logrado fugarse Fernando Araújo, ex ministro de Desarrollo en un gobierno anterior al de Uribe. En febrero de 2007, el presidente le designó ministro de Relaciones Exteriores.

El más significativo esfuerzo de negociación de un acuerdo humanitario comenzó en agosto pasado cuando Uribe pidió a Chávez que sirviera de mediador.

2008-01-06T11:02:00.001-06:00

La cancelación de su noticiario en la W es una verdadera censura, dice el ex senador

Pesaron más grupos fácticos y poder del dinero en el caso Aristegui: Corral

Los españoles resultaron “tan miserables” como el peor de los empresarios mexicanos

Emir Olivares Alonso

La cancelación del noticiario de Carmen Aristegui en W Radio es una verdadera censura que restringe de manera ilegítima la libertad de expresión, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral Jurado.

En entrevista, el ex senador –quien impulsó la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa– señaló que el informativo de la periodista era un referente en el que se analizaban hechos y temas ignorados por otros espacios, por lo que los grupos fácticos y el poder del dinero pesaron más que el respeto al auditorio y a la libertad de expresión.

“Los españoles (de Grupo Prisa) resultaron tan miserables y cobardes como el peor de los empresarios mexicanos, y sacrificaron a Aristegui porque con su contenido editorial incomodaba al poder fáctico. Eso confirma el carácter autoritario de la estructura mediática en el país y el mundo, a la que no le interesan ni los comunicadores ni sus auditorios”.

La negativa de Prisa y Televisa a renovar el contrato a la conductora para que continuara su informativo por las frecuencias de Radiópolis es muestra clara de que se trata de silenciar una voz con gran incidencia en la opinión pública; porque toda cancelación o limitación de un espacio de información plural es una restricción ilegítima a la libertad de expresión, advirtió el ex senador.

Consideró que ambas empresas pusieron su alianza e intereses comerciales y de negocios por encima de su audiencia y de valores como la libertad de expresión. “Prisa decepciona con esa decisión”.

Subrayó que la “incompatibilidad” que argumentaron los directivos de la radiodifusora entre sus criterios editoriales y los de la periodista “es el modelo mediático que ha impuesto el poder del dinero en los medios electrónicos”. Por ello–dijo–, la pérdida de ese espacio informativo es lamentable. Asimismo, exhortó a la conductora a hacer públicos los cambios que la empresa la pedía, “porque ahí está el meollo”.

“No se trata de cualquier medio informativo, sino de uno que se caracterizó por la pluralidad, por garantizar el derecho de réplica, que siempre buscó el equilibrio y dar voz a los que no la tienen en otros espacios. A Aristegui le están cobrando haber dado espacio a quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa; haber difundido la reforma electoral, que quitó el negocio multimillonario a la televisión sobre los partidos; la presencia de los coordinadores parlamentarios en su programa para explicar los contenidos de estas modificaciones para combatir la embustera operación antirreforma operada por el duopolio televisivo; le están cobrando un espíritu crítico y su actitud libertaria”.

El presidente de la Amedi aseveró que la concentración de muchos medios en pocas manos es lo que genera el preocupante avance de los intereses de los poderes fácticos en el sector, lo cual “es una barrera” para el avance de la democracia en el país.

Agregó que esta problemática puede contrarrestarse mediante una reforma que amplíe la oferta de medios y dé oportunidad a los periodistas de ser dueños de empresas de comunicación. “La cancelación del programa de Aristegui ratifica la necesidad de que México cuente con una legislación moderna en la materia, en la que exista un nuevo sistema de asignación de frecuencias, criterios y límites a la propiedad cruzada, donde se fortalezca el sistema de medios para que haya posibilidad de contar con ellos”, insistió.

2008-01-06T11:00:00.000-06:00

Con el alza de precios demuestra que gobierna de manera inmoral: López Obrador
“El gasolinazo, regalo de reyes de Calderón”

Por ningún lado se ve que vaya a crear empleos para elevar índices de bienestar, afirma

Alma E. Muñoz (Enviada)

Ampliar la imagen Andrés Manuel López Obrador, durante su recorrido por Huautla, Hidalgo Andrés Manuel López Obrador, durante su recorrido por Huautla, Hidalgo Foto: La Jornada

Yahualica, Hgo., 5 de enero. Con el aumento al precio de la gasolina y el diesel, Felipe Calderón demuestra que gobierna de manera “inmoral” e “injusta”, advirtió Andrés Manuel López Obrador, y condenó que ese sea el “regalo de reyes del pelele para los mexicanos”.

En el tercer día de su gira por ayuntamientos de Hidalgo, una de las entidades de la República con mayores índices de pobreza y marginación, el ex candidato presidencial acusó al panista de ser un “mentiroso”, porque se ha dedicado a incrementar los precios de productos básicos, y por “ningún lado” se ve que vaya a crear empleos para elevar los índices de bienestar en el país.

Cuestionó que “el gobierno espurio” prefiera que el presupuesto nacional quede en unas cuantas manos, para mantener los privilegios de la alta burocracia, pese a los altos índices de pobreza que hay en todas las regiones del país. “Cada tres, cada seis años, hay nuevas camadas de ricos. Mucho dinero se utiliza para mantener a una burocracia que cada día exige más privilegios”, señaló.

“¡Cómo va a ser posible que habiendo tanta necesidad, tanta pobreza, se den estas injusticias!”, y ahora, “de manera inhumana, injusta, inmoral, aumenten la gasolina y el diesel” para recaudar 8 mil millones de pesos, pese “al daño que van a causar a la economía popular”.

Ese dinero, indicó, se puede conseguir con la desaparición de partidas, como el servicio médico para los altos funcionarios públicos, que implicaría un ahorro de 5 mil millones de pesos, y el retiro de las pensiones millonarias para los ex presidentes de la República.

Felipe Calderón, insistió el dirigente, lleva ya un año “usurpando el gobierno y ¿qué es lo que ha hecho? ¡Nada!, sólo perjudicar más a los mexicanos”.

Aparte del aumento a los precios de productos de la canasta básica, de más impuestos y de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lamentó que los índices de inseguridad a escala nacional se elevaron, ya que en 2007 ocurrieron más de tres mil “ajusticiamientos”.

López Obrador, durante su visita por la huasteca hidalguense, donde encontró a gente, como en Xochiatipan, que como apoyo pide alimentos, y al paso de las caravanas se alcanza a escuchar “tenemos hambre”, pidió que no se acepte como destino la pobreza y la marginación prevaleciente en México.

Insistió que la actual política económica no funciona y “allí están los resultados: no ha habido crecimiento de la economía en los últimos 25 años”.

El ex candidato presidencial se comprometió a “traer a mecate corto a Calderón; que no crea que va a hacer y deshacer lo que quiera en el país”.

Insistió que se requiere luchar por la transformación y porque el gobierno de México sea del pueblo y no de una “mafia”. También manifestó que es importante conseguir una distribución justa de la riqueza, porque los dos billones 600 mil millones de pesos del presupuesto nacional –lo destinado para el presente ejercicio– se manejen con justicia.

“Con eso mejoraríamos sensiblemente la situación económica y social, y no que ese dinero vaya a parar a unas cuantas manos” y se destinen, por ejemplo, 50 mil millones de pesos para el rescate de banqueros.

López Obrador reiteró su invitación para asistir el 18 de marzo al Zócalo capitalino para definir la estrategia de defensa del petróleo e impedir que este recurso sea entregado a los extranjeros, como ambicionan, dijo, los tecnócratas.

“Ellos quisieran que fracasara todo lo que tiene que ver con el petróleo y justificar la entrega de la empresa al extranjero. Tienen cinco años apostando al fracaso de la industria, pero no lo han logrado, ni los vamos a dejar… No va a faltar líder, vamos a seguir adelante, no nos vamos a rendir”, aseguró.

2008-01-06T10:59:00.002-06:00

Prevén aumento de 30% en el costo de la tortilla

Ángeles Mariscal y René Ramón (Corresponsales)

Productores mexicanos de la masa y la tortilla previeron una guerra desigual con sus competidores internacionales, y previeron un aumento de entre 20 y 30 por ciento en el precio del producto, que en algunas entidades, entre ellas Chiapas, ya se vende a nueve pesos el kilogramo.

Mario Coutiño Fonseca, presidente del Consejo Consultivo de la Industria de Masa y la Tortilla en Chiapas, dijo que aun cuando el precio del gas tuvo un incremento de dos centavos esta semana, el sector que dirige determinó esperar hasta febrero para ver el comportamiento en los precios de la materia prima con el propósito de decidir si incrementan los costos de su producto al público.

El industrial explicó que buscan llegar a algún acuerdo con el gobierno estatal para crear un subsidio que les permita otorgar un precio preferencial en favor de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Coutiño Fonseca expuso que, de acuerdo con el reajuste de tarifas, lo más probable es que a partir de febrero el precio por cada kilogramo se expenda a 10 pesos.

Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, indicó que con la apertura al libre mercado de granos que entró en vigor a partir del primer día de enero, también ingresará maquinaria y otros enseres que afectarán de manera directa a los vendedores de tortilla.

Entrevistado en Nezahualcóyotl, estado de México, Mejía Morales advirtió que se vaticina una guerra comercial desigual entre los productores mexicanos y los estadunidenses y canadienses, principalmente porque habrá apertura para la manufactura de estos últimos.

“No sólo es el arribo de maíz transgénico de diversas variedades, incluso forrajero –que se utiliza para alimentar animales–, sino que el acuerdo también contempla la incorporación de tecnología”, aseveró.

Competencia desleal

Calculó que esta competencia desigual para los empresarios mexicanos es similar a una nueva conquista sociocultural, económica y tecnológica, porque los empresarios extranjeros ingresarán equipos de punta, que producen tortillas de cierto diámetro, número determinado y empaquetadas.

Mejía Morales explicó que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “ingresa toda la cadena productiva maíz-tortilla de otro país, entra a competir con el hilo frágil, precario en lo industrial que sostiene al productor mexicano”.

Informó que desde hace cinco meses los industriales de la masa y la tortilla dialogaron con autoridades del gobierno federal, con quienes discutieron el tema de las repercusiones que conllevaría el TLCAN y no hubo respuesta.

Ahora, lamentó, no sólo es el incremento a las gasolinas, la luz y el gas, sino además se tendrá la carga del tratado internacional. Lorenzo Mejía, previó que en los próximos días se incrementará el precio del kilo de la tortilla entre 20 y 30 por ciento. El costo oficial actual por kilogramo es de 8.50 pesos.

2008-01-06T10:59:00.001-06:00

El incremento será mayor, tan sólo en este año, al 5.5% anunciado por Hacienda

A partir de hoy, aumentos a gasolinas, diesel y electricidad

El alza se da no obstante que el país captó 11 mil mdd de ingresos petroleros extraordinarios

Sale de México 43% de los recursos de Pemex; se destinan a la importarción de gasolinas

Juan Antonio Zúñiga y Susana González G.

Ampliar la imagen Una gasolinera en la ciudad de México. A partir de este domingo y hasta mediados de 2009, los precios de las gasolinas aumentarán mes tras mes, además de los incrementos que se aplican de acuerdo con el índice de inflación también mensualmente Foto: José Carlo González

Hoy entra en vigor el aumento escalonado de 5.5 por ciento al precio de las gasolinas y el diesel promovido por el Ejecutivo federal y aprobado por legisladores de PAN y PRI desde septiembre pasado, el cual se suma al ajuste mensual que por la inflación se aplica a estos energéticos.

Este incremento, que se aplicará durante año y medio, es independiente al ajuste que cada mes se lleva a cabo por la inflación y se impone a la población en el marco de una perspectiva de bajo crecimiento económico, estancamiento en el flujo de remesas y una alza generalizada de precios a los productos de consumo básico que inició hace tres meses, desde el anuncio del llamado gasolinazo que hoy arranca oficialmente.

Fue precedido, además, de una semana en la que diversas informaciones confirmaron la inminencia de un periodo recesivo en la economía de Estados Unidos y de una caída generalizada en los principales mercados bursátiles del mundo, entre los que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sobresalió con un descenso acumulado de 4.65 por ciento en tan sólo tres días.

Desde este domingo, los consumidores pagarán 2 centavos más por cada litro de gasolina Magna, 2.44 centavos más si compran Premium UBA y 1.66 centavos en el caso del diesel. La intención del gobierno es que con estos incrementos mensuales se llegue, al final de 18 meses, a un aumento general de 5.5 por ciento en el precio de estos combustibles, lo que implica un alza de 36 centavos por litro de Magna, 43.92 para la Premium y de 29.88 centavos en el diesel.

La paradoja es que los aumentos se producen cuando tan sólo el año pasado México obtuvo más de 11 mil millones de dólares en ingresos extraordinarios por el alto precio internacional que ha mantenido el petróleo, según el Grupo Financiero Invex.

Tendencia alcista que se mantendrá en los precios del petróleo durante el primer trimestre del año, según pronosticó Chakib Jelil, presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), quien consideró que si la recesión de la economía de Estados Unidos se confirma, los socios de esa organización no aumentarán su oferta.

Pero en contraste con esos ingresos extraordinarios, los más recientes resultados operativos dados a conocer por Petróleos Mexicanos (Pemex) indican que de las divisas obtenidas entre enero y noviembre de 2007 por la exportación de petróleo crudo, el 43 por ciento salió nuevamente del país como pago a las importaciones de gasolinas para cubrir la falta de capacidad de refinación de estos combustibles en México.

Impuesto sobre impuesto

Hasta el 3 de enero pasado, el barril de crudo alcanzó los 100.09 dólares en Nueva York antes de replegarse al cierre de 99.18 dólares. Jelil estimó que el mercado petrolero está actualmente “suficientemente aprovisionado”, pero no excluyó un aumento de la producción durante su próxima reunión en febrero.

Mario Di Costanzo, encargado de la hacienda pública del equipo que acompaña a Andrés Manuel López Obrador, explicó que las alzas en las gasolinas y el diesel será mayor al 5.5 por ciento anunciado por las autoridades, debido a que se mantendrá sin variación el ajuste inflacionario que ya se venía aplicando cada mes.

De esta manera, calculó que tan sólo en 2008 el incremento será de 6.8 por ciento en el precio de la gasolina Magna, por la cual se pagarán 7.51 pesos al finalizar este año, es decir 48 centavos más respecto al precio que tuvo hasta el 5 de enero. La Premium alcanzará un precio de 9.33 pesos en diciembre, lo que implica un incremento de 6.2 por ciento, mientras que el diesel costará casi 6.40 pesos ya que el alza acumulada será de 7.46 por ciento. Esto en el caso de que la inflación general de la economía sea de 4 por ciento.

Se trata, dijo Di Costanzo, de una especie de “anatocismo energético”, es decir de un impuesto sobre otro impuesto, con impactos sobre toda la economía.

Las gasolinas no serán el único energético que registrará incrementos. Según acuerdo de la Secretaría de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se autorizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC) “el ajuste” a las tarifas para suministro y venta de energía para bombeo y riego agrícola con cargo único, así que la cuota mensual será de 40 centavos por cada kilowatt-hora consumido.

Las remesas, en su límite

La perspectiva económica de México se complica aún más porque los ingresos de divisas por remesas, que mantuvieron un sostenido aumento en los pasados seis años, prácticamente se estancaron en 2007.

Según el informe sobre Tendencias de las Remesas en 2007, elaborado por el Banco Mundial (BM), el flujo de divisas enviado al país por los migrantes mexicanos en Estados Unidos será igual al obtenido en 2006. Mientras, el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) reportó que el porcentaje de migrantes que envía dólares con regularidad a México cayó de 71 a 67 por ciento, debido al endurecimiento de las medidas para disminuir la migración ilegal a Estados Unidos.

Aún con este contexto, la meta oficial de inflación para este año se mantuvo en 3 por ciento.

2008-01-06T10:56:00.001-06:00

“¡No al aumento a la gasolina!”, y “Únete a la lucha armada”, entre las pintas que dejaron

Grupo armado quema 3 excavadoras usadas para construir vía en Guerrero

Decenas de policías estatales y municipales instalan cerco de seguridad en Tezahuapa

La obra carretera servirá para comunicar la zona centro con la región de la Montaña

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)

Ampliar la imagen Una de las máquinas incendiadas por un grupo armado en la comunidad de Atliaca, municipio de Apango, a 30 kilómetros de Chilpancingo Foto: Lenin Ocampo

Chilpancingo, Gro., 5 de enero. Un comando integrado por unas 15 personas encapuchadas y armadas con rifles AK-47 (cuerno de chivo) incendió tres máquinas retroexcavadoras propiedad de la empresa Constructora Torreblanca, que edifica la carretera que unirá la zona centro con la región de la Montaña de Guerrero. La acción ocurrió la madrugada del jueves 3 de enero, pero hoy fue dada a conocer.

Hasta el lugar de los hechos, el punto conocido como Tezahuapa, ubicado en la carretera que comunica el municipio de Tixtla con Mártir de Cuilapan (Apango), a 15 kilómetros de Chilpancingo, llegó un centenar de policías estatales y municipales que instaló un cerco de seguridad hasta pasadas las seis de la madrugada.

“¡No al aumento a la gasolina!” y “Únete a la lucha armada”, son algunas de las pin- tas que realizó el grupo armado aún no identificado, mismas que fueron borradas por órdenes de los responsables de la empresa.

Entrevistado este día, el velador de la compañía, que solicitó el anonimato, señaló: “Junto con otros seis compañeros estábamos durmiendo cuando escuchamos una fuerte explosión, parecía como si fuera dinamita o como una bomba molotov”, dijo.

Añadió: “vimos cómo tres máquinas, dos retroexcavadoras y una llamada vibro eran incendiadas, pero no quisimos salir por temor a que nos hicieran algo; al cabo de media hora, y cuando ya no escuchamos los gritos de las personas que quemaron la maquinaria, intentamos apagarlas con agua, pero ya era demasiado tarde: quedaron inservibles”. aseguró, tras confirmar que las llamas alcanzaron seis metros de altura.

Mencionó que ese día por la tarde el ingeniero responsable de la obra preguntó a los trabajadores si alguno tenía problemas personales con alguna gente; “le dijimos que no porque la mayoría de los que trabajamos en la obra no somos de esta zona”.

Señaló que ayer viernes “llegó gente, creo que los mandó el gobierno desde Chilpancingo, vinieron a investigar y nos preguntaron lo que habíamos visto, pero les dijimos que nada porque no quisimos salir por temor a que algo nos pasara”.

Erit Montúfar Mendoza, director de la policía investigadora ministerial, negó que elementos de ésta o cualquier corporación policiaca del estado hayan participado en algún operativo el 3 de enero; “al menos yo no tengo conocimiento del hecho”, dijo entrevistado vía telefónica.

No obstante, trascendió que media hora después de que se escucharon las explosiones y se observaron las llamas y el humo desde las partes aledañas a la ciudad de Tixtla, arribaron una docena de integrantes de la comandancia de la policía preventiva municipal, ubicada a kilómetro y medio.

Después se sumaron decenas de efectivos de la policía estatal y de la preventiva municipal de Mártir de Cuilapan, quienes recorrieron montes y praderas con lámparas y perros amaestrados, pero no localizaron a nadie.

El tramo carretero que se construye es de alrededor de 10 kilómetros, viene desde el municipio de Eduardo Neri, pasa por Chilpancingo y llega hasta Tixtla. Servirá para comunicar la zona centro con la región de La Montaña.

Cabe señalar que en comunicados, tanto el Ejército Popular Revolucionario (EPR) el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente como las cinco organizaciones aglutinadas en torno a la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo han advertido que realizarán acciones armadas en la entidad. El EPR hizo su aparición en Tixtla el 28 de agosto de 1996

2008-01-06T10:29:00.001-06:00

Privatiza IFAI su centro de estudios

Creado para investigar temas de transparencia y difundir la labor del IFAI en el extranjero, el CETA es el primer centro de estudios de un ente público que se “privatiza”. De 2005 a la fecha, se invirtieron más de 4 millones de pesos en este proyecto y se le entregaron en comodato bienes muebles e inmuebles propiedad del instituto

Nancy Flores

Alonso Lujambio Irazábal

El Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información (CETA), en el que se invirtieron más de 4 millones de pesos, inicia su vida “autónoma”: el pasado 31 de diciembre se desincorporó del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que dirige Alonso Lujambio Irazábal.

La separación se justifica por su naturaleza jurídica. De acuerdo con el acta constitutiva 26074, registrada el 2 de mayo de 2006 ante el notario público Carlos Antonio Morales, se trata de una asociación civil, a pesar de que el instituto carece de facultades para crear este tipo de organismos.

Entre los firmantes de dicha acta sobresale el excomisionado del IFAI, José Octavio López Presa, quien renunció a su cargo en marzo de 2005, “por motivos de estricto carácter personal”, y fue sustituido por Alonso Lujambio. Un mes antes de su dimisión, su colega Juan Pablo Guerrero Amparán iniciaba cabildeos para crear el centro de estudios, entonces identificado como CIAI.

“Transmitir el proyecto de la constitución en México, bajo la coordinación del IFAI, de un centro internacional de acceso a la información, para conocer posibilidades de apoyo y viabilidad”, es el tercer objetivo que se lee en el reporte del viaje de trabajo a Washington, Estados Unidos, que Guerrero Amparán presentó en febrero de ese año.

Dinero de los marginados

En abril de 2005, el CETA fue aprobado por la Fundación William and Flora Hewlett, que donó 1 millón de dólares a la dependencia pública para el desarrollo del proyecto IFAI-Comunidades, destinado a promover el derecho a la información de los grupos marginados.

C.R. Hibbs, directora en México de esa fundación, explica que se trató de “una iniciativa del IFAI, cuando estábamos hablando del donativo Hewlett, del que sólo fue una pequeña parte. La idea era fortalecer a la institución y tener alcance en las poblaciones más pobres, y ellos tenían esa demanda internacional: querían crear el CETA para generar más conocimiento sobre el tema. Ellos llevaron ese proyecto a la mesa”.

Aunque Guerrero Amparán promovió desde febrero la creación del centro, contradice la versión de Hibss. “El CETA se desvincula del IFAI porque la intensión del donativo era crear un centro que atendiera las necesidades de los solicitantes de información. Se planteó que tuviera una vocación independiente. El financiador pensó que el IFAI, que entonces era una institución joven que apenas empezaba, podía ser el vehículo para la creación de un centro de la sociedad”.

El proyecto mismo revela que, para garantizar la viabilidad del centro con recursos públicos y privados, éste se integró al de IFAI-Comunidades. Además de realizar análisis académicos, su creación obedeció a tres objetivos: difundir la labor del instituto por medio de redes con organismos nacionales y extranjeros; establecer mecanismos que faciliten el acceso a la información, y mejorar el manejo de archivos gubernamentales.

No obstante, de abril de 2005 a la fecha su tarea se ciñó a la constitución legal, planeación estratégica y lanzamiento del propio centro; el diseño de los términos de referencia para el desarrollo de un centro de documentación; la elaboración de cinco investigaciones, y la realización de tres cursos de capacitación a empresarios internacionales, periodistas y funcionarios públicos. Ninguno de éstos fu destinado a los grupos marginados.

En el rubro de la investigación académica, la institución subcontrató –a través del CETA y sin licitaciones de por medio– a consultoras terceras para realizar los análisis. Hasta ahora, el IFAI es el primer ente público que “privatiza” su centro de estudios, al que le destinó miles de pesos y dio en comodato oficinas, computadoras, impresoras.

Ni el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales, de la Suprema Corte de Justicia; ni el Centro Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ni los centros de la Cámara de Diputados –de Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Sociales y de Opinión Pública, de Equidad de Género, de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, y Servicios de Investigación y Análisis– han sido desincorporados.

—No estoy seguro de que sea la primera vez que un ente público genera una asociación civil claramente orientada a la sociedad. La figura específica está en varias instancias federales, por ejemplo en el Centro de Investigación y Docencia Económica, AC. La diferencia es que no le va a costar al contribuyente. El CETA va a tener que vivir de sus medios, a diferencia de los centros (de la Cámara de Diputados, la Corte y la Comisión) –justifica el comisionado Guerrero Amparán.

Opacidad en manejo de recursos

Aun cuando el artículo tercero del acta constitutiva del CETA indica, en su numeral I, que “la asociación tiene por objeto asistir al IFAI, o a cualquier dependencia o entidad similar, en sus actividades de promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental”, desde el 1 de enero de este año no tendrá obligación alguna con la dependencia.

—El CETA termina sus proyectos con IFAI en diciembre. Aunque fue una iniciativa del instituto, ahora es autónomo –dice Issa Luna Pla, directora del centro desde febrero pasado–. Somos una asociación civil. Estamos constituidos formalmente y tenemos presupuesto aparte. Hasta diciembre, uno de nuestros clientes es el IFAI. Puede ser que después trabajemos proyectos en común.

La doctora en derecho e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM aclara: “La asociación no recibe dinero del IFAI. Nosotros fuimos pagados por las investigaciones”.

En siete meses, Luna Pla y su equipo de tres personas cobraron 700 mil 828 pesos, según información oficial. Aunque la doctora asegura que los ingresos percibidos se derivaron de la actividad académica, un informe proporcionado a Contralínea por el comisionado Guerrero, responsable del proyecto IFAI-CETA-Comunidades, revela gastos diversos.

Según el documento, de abril de 2005 a septiembre de 2007, el Instituto Federal de Acceso a la Información destinó al menos 4 millones 45 mil pesos al CETA: 3 millones 124 mil del donativo de la Fundación Hewlett y 920 mil 904 pesos del erario.

No obstante, estas cifras difieren de las obtenidas a través de la Ley de Transparencia. Según la respuesta a la solicitud 0673800111007, el IFAI habría aportado sólo 789 mil 807 pesos de su presupuesto, y la fundación, 2 millones 618 mil pesos. La diferencia entre ambos reportes asciende a 637 mil pesos.

Según Juan Pablo Guerrero, los recursos del erario se erogaron porque “el CETA es público. Nada más público que una organización con esas características, otra cosa es que no sea gubernamental y qué bueno, porque así se podrá crear conocimiento y se formarán recursos humanos al servicio público de la sociedad civil, no del gobierno. No es crear más burocracia ni generar una instancia supeditada a los intereses gubernamentales, como es a fin de cuentas el IFAI”.

Subcontrataciones

En ambas relatorías sobresalen pagos a empresas terceras que realizaron las investigaciones. La consultora Probabilística cobró 655 mil 155 pesos por el estudio Cultura de la transparencia en funcionarios públicos, en el marco del proyecto IFAI-Comunidades.

Si bien los informes indican que la erogación se hizo con recursos del donativo en tres entregas –la primera, en 2006, por 189 mil 750; la segunda, por 103 mil 40, y la tercera por 362 mil 365 pesos–, en su portal de transparencia, el IFAI reporta el gasto con cargo a su presupuesto, según el contrato C80/06.

Caso similar es el de la asociación civil Aequum-Centro de Estudios sobre Equidad y Desarrollo, a la que se le adjudicó directamente el contrato C45/06, firmado el 1 de junio de 2006 para la elaboración del Estudio sobre la evaluación del impacto económico de la ley de transparencia. El costo, cubierto por el erario, fue de 195 mil 500 pesos.

Dichos análisis –junto con los estudios ¿Cómo responden las instituciones a las resoluciones del IFAI?, Análisis exploratorio: hacia un informe e indicador de transparencia e Igualdad en la transparencia de ingresos tributarios– son atribuidos al Centro Internacional de Estudios de Transparencia.

Otro gasto que destaca es la contratación de Barrera, Siqueiros y Torres Landa. El informe indica que los 108 mil 404 pesos que costó la asesoría en materia jurídica para el proyecto IFAI-Comunidades fueron pagados con el dinero donado, mientras que el portal de transparencia no reporta esta contratación.

De acuerdo con la página de internet del CETA, cuyo costo de 16 mil pesos fue sufragado con recursos públicos, el despacho jurídico realizó “un estudio comparativo sobre las ventajas y desventajas de las diferentes opciones de figura jurídica del centro”, y determinó que éste “debería ser una asociación civil”.

El experto en derecho a la información y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, explica que la dependencia no está facultada para constituir asociaciones civiles.

—El IFAI no tiene atribuciones legales expresas para crear asociaciones. Si (los comisionados) dicen que para cumplir sus obligaciones tienen que crear asociaciones, ésa es una interpretación muy forzada, pues la Ley de Transparencia no lo establece expresamente.

El comisionado Guerrero Amparán justifica que “todo peso gastado por el IFAI en esta materia se relaciona directamente con las atribuciones legales de este instituto, en cuanto a creación de estudios, de redes sociales, de capacitación de grupos comunitarios y generación de conocimiento en la materia”.

Cita el artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia, fracciones 6, orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información; 13, difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la información, como también sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla, y 14, elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley.

Ernesto Villanueva concede que el CETA no es una creación del IFAI y que las aportaciones seguramente se hicieron bajo la figura de donativos. Aunque reconoce que hay un “acompañamiento político” en su fundación, dice que se trata de un organismo ciudadano de carácter privado.

Ni un solo peso de los 920 mil 904 que el IFAI invirtió en este proyecto se dio bajo la partida 7505, correspondiente a donativos con recursos públicos a instituciones sin fines de lucro, revelan los informes.

Más aún, en 2006 el CETA también generó gastos por los servicios de vigilancia, energía eléctrica, limpieza, internet, fotocopiado, mantenimiento integral, agua embotellada, papelería y telefonía convencional, que sumaron 191 mil pesos. Ésta última también registra erogaciones en 2007, por 5 mil 700 pesos.

—Su naturaleza es extraña, porque surge ahí adentro –reconoce su directora, Issa Luna Pla?–. Aunque inicia como un proyecto del Instituto y de la Fundación Hewlett, se consultaron a muchos expertos para saber qué podía hacer un centro de investigación que no hace el IFAI. Es un centro de pensamiento y de investigación que surge a raíz de la iniciativa de un ente público y una fundación privada.

Bienes en comodato

Datos proporcionados por Comunicación Social del propio instituto descubren que, en México, 20 asociaciones civiles estudian el tema de la transparencia y el acceso a la información.

—Por más que yo esté al frente, no puedo contestar –por qué el Instituto constituyó el CETA–, pues no estuve en ese periodo. Mi comisión es hacer de esto algo independiente. La vida del pasado del IFAI hay que preguntársela al IFAI. Hasta donde me han contado, fue porque se necesita investigación internacional; pero es el IFAI el que sabe, porque ellos tenían el interés con la Fundación Hewlett. A mí me cayó como organización, no como proyecto –explica Luna Pla.

Respecto a este punto, Juan Pablo Guerrero argumenta que “muchas son organizaciones con las que tenemos buenas relaciones, pero no hacen estudios específicamente en materia de transparencia”. El comisionado reconoce que con otras asociaciones el IFAI no mantiene buena relación, como el caso de Libertad de Información, de Ernesto Villanueva.

Dos meses después de su constitución legal, la dependencia pública cedió en comodato el primer piso de sus instalaciones, ubicadas en avenida México 151, colonia del Carmen, Coyoacán, Distrito Federal. También “prestó” el mobiliario.

Seis computadoras, dos de ellas portátiles; dos impresoras; un escáner; una máquina de escribir; seis escritorios; tres butacas; dos sillas secretariales; cuatro sillones semiejecutivos; tres mesas, y siete aparatos telefónicos se enlistan en el contrato de comodato, signado el 12 de julio de 2006 por Marta Vergara González de Cossío, entonces directora del CETA, y Joaquín Solis Arias, director general de Administración del instituto.

Los bienes muebles, con valor total de 231 mil 414 pesos, fueron devueltos al IFAI un año después. De acuerdo con el acta de finiquito del uso gratuito del espacio de oficina y el activo fijo instalado en el primer piso del IFAI, firmada por Issa Luna, el 31 de julio de 2007 se llevó a cabo la entrega recepción.

“Hay que estar atentos en estas administraciones donde hay recursos públicos y privados; porque, al final, mucha de la infraestructura que se utiliza para ejercer el proyecto es pública, son recursos públicos. El IFAI tiene una doble obligación de información y de rendición de cuentas, tanto a los donantes como a la ciudadanía en general”, dice Miguel Pulido, especialista en derecho a la información e investigador del Centro de Investigación y Análisis Fundar.

El comisionado Juan Pablo Guerrero reflexiona: “Si era realmente necesario, podremos decirlo cuando el CETA nos empiece a devolver los frutos de la inversión, que sobre todo ha hecho la Fundación Hewlett. Si había una necesidad de crearlo, creo que sí, el IFAI creyó que sí y la Fundación Hewlett también”.

El funcionario puntualiza que “las 20 organizaciones –que ya existían–, muchas de ellas anteriores al IFAI y con el mayor prestigio, no dieron respuesta a preguntas centrales”, como “¿si hay relación entre acceso a información y rendición de cuentas?”; “¿hay vinculación entre acceso a la información y combate a la corrupción?”. “Las pruebas empíricas, ¿las ha generado Fundar, Limac?”, cuestiona.

2008-01-06T10:27:00.002-06:00

En riesgo de desaparecer IFAI-Comunidades

El Instituto Federal de Acceso a la Información se apresta a concluir el único programa que lo vincula con las clases populares, IFAI-Comunidades. El proyecto, que inició en 2005 y con el que los grupos marginados pudieron acceder al derecho a la información, se cancela por falta de recursos

Yenise Tinoco

En agosto de 2005, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) inició el programa IFAI-Comunidades, financiado con un donativo de la Fundación William and Flora Hewlett, por 1 millón de dólares. Éste se creó para difundir el derecho a la información pública gubernamental en sectores de la población que no lo ejercen, especialmente los de bajos recursos. Ahora, el proyecto corre el riesgo de desaparecer, por “falta de presupuesto”.

Fuentes cercanas al programa, que solicitan mantenerse en el anonimato por temor a represalias, aseguran que cuatro de los cinco comisionados del IFAI –María Marván, Jacqueline Peschard, Alonso Gómez Robledo y Alonso Lujambio– rechazan destinar recursos a Comunidades. El comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, coordinador de éste, señala que tal aseveración es falsa: “El proyecto se ha desarrollado con la aprobación de todo el pleno”.

Respecto de este supuesto desdén, el presidente del instituto Alonso Lujambio “no tiene nada que decir”, según dice a Contralínea su vocero, Jaime Alcudia.

Juan Pablo Guerrero Amparán reconoce que IFAI-Comunidades sólo continuará si hay un nuevo donativo de Hewlett, no por financiamiento del propio instituto, como lo proponen los evaluadores externos Fabiola Zermeño y Moisés Domínguez, investigadores del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El también coordinador del proyecto explica que Comunidades fue diseñado para los grupos marginados y tiene por objetivo mejorar sus condiciones de vida. Agrega que aunque se pudo haber financiado con recursos propios del IFAI, el instituto recibe muy poco dinero del erario.

Para el ejercicio fiscal 2007, el instituto recibió 246 millones 500 mil pesos. Más de la mitad, 137 millones 400 mil pesos, se destina al rubro de “servicios personales” de los consejeros y empleados.

De acuerdo con información oficial, de 2005 a 2007, el IFAI destinó sólo 1 millón 231 mil 96 pesos al proyecto Comunidades. El resto provino de la fundación. Es decir, en dos años la dependencia gubernamental proporcionó al programa apenas 500 mil pesos más de lo que destina al sueldo de los cinco comisionados durante un mes: 714 mil 672 pesos.

Atención a grupos marginados

Mayli Sepúlveda, directora del proyecto, explica que en 2005 el instituto –a través del comisionado Guerrero Amparán– presentó una propuesta de trabajo a la Fundación Hewlett en México para llevar el conocimiento del derecho a la información a los grupos marginados.

Y es que el perfil de los ciudadanos que usan la Ley de Trasparencia está bien ubicado: “Gente de medios de comunicación, empresarios, académicos; quienes ya tienen interlocución con el gobierno y que incluso sin la norma pueden acceder a cierta información pública”, dice Sepúlveda.

En cambio, la mayoría de la población no tiene conocimiento de la ley ni sabe para qué le puede servir. “Algunos se enteran del derecho a través de las notas de prensa, pero para la gente de a pie eso no hace la diferencia en su vida cotidiana”.

IFAI-Comunidades se desarrolló en seis entidades federativas. Inició en Puebla en 2006. La primera etapa duró seis meses; después se extendió a Veracruz, Nuevo León, Jalisco, estado de México y Distrito Federal, lugares seleccionados porque ahí se concentra el mayor número de solicitudes. Además, porque existe un porcentaje importante de grupos marginados, con niveles bajos de ingreso y educación.

Maily Sepulveda explica que, para llevar a cabo el proyecto, se acercó a organizaciones que tuvieran experiencia en el trabajo comunitario, sin filiación partidaria y estuvieran en contacto con la población a la que se dirigía el programa.

“El proyecto descubrió que el derecho de acceso a la información, aislado de otros derechos, pierde su capacidad de operar con la gente más pobre.”

Política Pública

Pese a los resultados, en diciembre pasado concluyó el programa Comunidades. Sepúlveda señala que el IFAI debe hacer una valoración de sus prioridades, de lo que el proyecto le aportó, y evaluar si los grupos marginados son ciudadanos que deben ser atendidos de manera institucional.

Para continuar con el proyecto, el IFAI tendría que destinar una cantidad similar al donativo de la Fundación Hewlett, es decir, alrededor de 5 millones de pesos al año, lo que representaría 1.7 por ciento del total de su presupuesto.

Lo ideal, indica Sepúlveda, es que el proyecto no dependa de otro donativo sino que el instituto lo adopte como una línea estratégica. “Los empresarios no necesitan del IFAI para que los capaciten; ellos tienen equipos enormes que los pueden asesorar. Quienes no saben y necesitan el apoyo son los grupos marginados”.

Aunque el instituto cuenta con un área de asesoría y capacitación a la sociedad, ésta atiende a grupos con nivel de educación superior, a medios de comunicación y a empresarios, quienes por lo menos tienen la noción de qué es la Ley de Transparencia.

Juan Pablo Guerrero admite que el IFAI tiene dos tareas legales que cumplir: “La promoción de la cultura de la transparencia, para todo el mundo y no sólo para sectores específicos, y la atención a todos los solicitantes”.

Fabiola Zermeño y Moisés Domínguez, investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aseguran que el IFAI tiene que generar estrategias para promover la Ley de Transparencia a distintos perfiles de la población.

“Muchas de las comunidades incrementaron el poder para incidir en políticas públicas, en la distribución de recursos o para mejorar ciertas condiciones comunitarias de su población. La información es poder, y con este programa a los grupos marginados se les dio el poder de ser partícipes de sus derechos ante el gobierno”, dice Zermeño.

La decisión es del IFAI: Hewlett

C.R. Hibbs, directora de la Fundación Hewlett en México, explica que el donativo proviene del Programa de Impacto Global, que apoya a la gente que sobrevive con menos de dos dólares al día.

A través de IFAI-Comunidades, esta fundación pretende elaborar una estrategia para conocer el destino del dinero público que corresponde a la atención y servicios sociales. Ello incide en que los recursos lleguen efectivamente a la población que más lo necesita. La Ley de Transparencia es un vehículo para que los grupos marginados conozcan sus derechos y participen en su desarrollo, detalla.

Hibbs menciona que, tras los resultados positivos que arrojó IFAI-Comunidades, propondrá a su consejo en Los Ángeles, California, volver a patrocinar el proyecto, siempre que se encamine a llevar el derecho a más comunidades del país.

No obstante, indica que seguir o no con el programa y extender el uso del derecho a la información a los más desprotegidos es decisión del IFAI, no de la fundación.

Cambios de fondo

Los resultados del IFAI-Comunidades son “muy positivos”, dicen Fabiola Zermeño y Moisés Domínguez, encargados de evaluar externamente el proyecto. Los investigadores aseguran que aunque en las observaciones se plantean cambios de forma, lo sustancial es hacer reformas de fondo a la propia ley.

Para los académicos, con el proyecto Comunidades, sectores de la población empezaron a hacer uso del derecho a la información, a pesar de que la mayoría de personas marginadas no saben usar una computadora ni tienen acceso a internet; otros no saben leer ni escribir.

El proyecto demostró que es posible extender este derecho a las comunidades pobres, sostienen los especialistas; sin embargo, advierten que los mecanismos tienen que ser accesibles al conjunto de la ciudadanía.

Indican que el acceso a la información es selectivo y elitista: es fácil para cierto perfil de la sociedad, con poder adquisitivo para pagar las copias o con alto nivel de estudios, que conoce la burocracia y puede plantear las preguntas precisas que les lleven a obtener una buena respuesta.

Agregan que la estructura de gobierno no está preparada para afrontar todo lo que implica el derecho a la información. Los documentos no están ordenados ni disponibles. Las respuestas que proporcionan las unidades de enlace no son satisfactorias para los solicitantes en un 30 por ciento; además, existe una alta evasión en las respuestas.

Los investigadores consideran que las campañas del instituto para promover el derecho son limitadas e insuficientes, y están diseñadas para posicionar a una institución. Uno de cada dos mexicanos ha escuchado del IFAI, pero si este dato se compara con los que conocen la Ley de Trasparencia y en qué consiste, “salen reprobados”.

Hallazgos de grupos marginados

Habitantes de zonas marginadas, beneficiados por el programa IFAI-Comunidades, obtuvieron respuestas del gobierno sobre problemas inmediatos; otros, fueron acosados por sus solicitudes.

En Veracruz, la asociación Pobladores y los vecinos de dos colonias populares de Minatitlán solicitaron datos relacionados con los programas Hábitat y Oportunidades. En el primer caso encontraron listados incompletos de beneficiarios.

En el segundo, descubrieron que, en el listado de mujeres atendidas por la Secretaría de Salud a través del programa Oportunidades, se incluían 10 personas que nunca fueron atendidas y dos hombres, a pesar de que los estudios son especializados en mujeres.

Los vecinos también pidieron información acerca de un proyecto registrado como “concluido”, la Unidad de Enlace reportó que fue cancelado por el propio municipio.

En el estado de México, la organización Guardianes de los Volcanes trabajó con comunidades ubicadas en las faldas del volcán Popocatépetl. La información, obtenida a través de la Ley de Transparencia, les permitió detectar irregularidades en la construcción de unidades habitacionales: éstas no contaban con estudios de impacto ambiental, como lo marca la norma; mientras que otra más se construyó en un área natural protegida.

Guardianes de los Volcanes y los ciudadanos se percataron, además, de la existencia de tiraderos a cielo abierto; la construcción de una autopista que aislará a 30 poblados, cuya obra se realiza sin autorización ni manifestación de impacto ambiental; el proyecto de un bulevar para conectar un conjunto habitacional de 16 mil viviendas, que carece de los permisos correspondientes y por el que se ha estado presionando a los campesinos para que vendan sus terrenos.

Jóvenes del norte de la ciudad de México, coordinados por la organización Cauce Ciudadano, realizaron una investigación sobre el programa Escuela Segura. Descubrieron que dicho proyecto gubernamental no cuenta con reglas de operación: el documento de diagnóstico no reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Además, que no es posible acceder a información sobre la intervención de otras secretarías locales en dicho programa.

Un ejemplo fallido es el de Nuevo León. La asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos realizó talleres con personas recluidas en centros penitenciarios de la entidad. Los internos solicitaron conocer sus expedientes y los criterios sobre el otorgamiento del beneficio de libertad.

Las solicitudes fueron rechazadas por la autoridad federal, al aducir que éstas no se apegaron al marco de la Ley de Transparencia y que hay otros medios para acceder a dichos datos: un número telefónico gratuito, fuera de servicio, y un vínculo de internet deshabilitado por varios días.

En Jalisco, la radiodifusora comunitaria Ecos de Manantlán, auspiciada por la asociación civil del mismo nombre, pidió la nómina, copia de reuniones de cabildo, gastos de gasolina y cuenta pública en general de la presidencia municipal de Zapotitlán de Vadillo.

Operada por un grupo de jóvenes de la región que se dedica desde hace más de cuatro años a promover un mejor nivel de educación entre los ciudadanos, la organización obtuvo en lugar de respuestas, intimidaciones del alcalde Alfonso Arias Velasco y amenazas de cierre del medio de comunicación, según Juan Contreras, representante de la radiodifusora.

2008-01-06T10:27:00.001-06:00

Pierde transparencia el IFAI

Con la llegada de Alonso Lujambio a la presidencia del IFAI, el instituto inició una tendencia a confirmar la reserva o inexistencia de la información que los ciudadanos solicitan a las dependencias federales, revela estudio de la Limac. Además , el comisionado presidente se encarga mayoritariamente de los recursos de revisión que interesan a su amigo, el presidente Felipe Calderón

Yenise Tinoco

Desde que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) inició su “segunda época” –con uno de los amigos del presidente de la República al frente– se han incrementado las resoluciones a favor de la reserva e inexistencia de la información, revela el estudio La calidad jurídica de las resoluciones del IFAI, realizado por la asociación civil Libertad de Información-México (Limac).

El análisis, que será publicado en los próximos días, documenta que la mayoría de los casos que involucran a la Presidencia de México recaen en el comisionado presidente, Alonso Lujambio Irazábal, amigo de Felipe Calderón. El sentido de las resoluciones que presenta Lujambio, a favor de dependencias federales, evidencia la subordinación de éste al poder Ejecutivo, dice John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudioso del derecho a la información agrega que el IFAI se ha convertido en un tribunal administrativo y ha dejado de ser promotor de la Ley de Transparencia, como una vía para el combate a la corrupción.

Perla Gómez, coordinadora general de Limac, señala que “la tendencia” del instituto es “confirmar” la inexistencia y reserva de información. En la mayoría de los casos, sin que los comisionados apliquen su potestad investigativa.

El estudio La cultura de los servidores públicos alrededor de los temas de transparencia y acceso a la información, realizado por el Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información (CETA), revela las estrategias que las unidades de enlace de las dependencias usan para negar el acceso a la información.

El 43 por ciento reconoce que se ha declarado incompetente; el 39 por ciento ha pretextado que la información no está disponible en medio electrónico; el 32 por ciento ha recurrido a entregar la información con tecnicismos y el 30 por ciento ha admitido que, al menos una vez, ha declarado que la información es reservada o inexistente.

El análisis del CETA también recoge los “motivos” de las unidades de enlace para negar información: el 62 por ciento dice que el acceso a la información puede convertirse en un negocio; el 58 por ciento, que “se dan ventajas indebidas a algún solicitante”; el 48 por ciento, que la información “puede ser utilizada para atacar a su entidad” o generar mayores costos para su dependencia.

Miguel Pulido, coordinador del Colectivo por la Transparencia y Acceso a la Información del Centro de Investigación y Análisis Fundar, duda que el IFAI esté realizando acciones para elevar la calidad de sus resoluciones.

“La Ley de Transparencia adquirió un nivel de litigiosidad: en lugar de entregar la información, la mayoría de las dependencias dan alguna causal de reserva y la litigan; entonces se necesitan opiniones especializadas y no queda claro si las hay dentro del instituto”, dice.

Contralínea solicitó entrevista con el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio; sin embargo, Jaime Alcudia, director de Comunicación Social, informó que el funcionario “no tiene nada que decir al respecto”.

Imparcialidad, cuestionada

Alicia Athier, investigadora de Fundar, señala que las declaraciones de inexistencia se han incrementado en esta nueva etapa del IFAI, que inició con la designación de Lujambio como comisionado presidente. Agrega que “falta compromiso” por parte del instituto ante el principio de “máxima publicidad” que marca la norma.

“Cuando hay amistades con personajes políticos, es muy difícil marcar el límite de dónde hay conflicto de intereses y dónde no. Se tiene que ser más incisivo en el nombramiento de los comisionados, y en todo momento privilegiar la publicidad de la información, más allá de empatías.”

Perla Gómez Gallardo –de Limac, organismo que desde 2005 evalúa la calidad jurídica de las resoluciones del IFAI– explica al inicio de la investigación, todavía con María Marván al frente del instituto, los cinco comisionados tuvieron conocimiento de la metodología.

Según Gómez Gallardo, el estudio muestra una tendencia en la distribución de los recursos por comisionado. Los casos en contra de la Presidencia de la República son asignados, mayoritariamente, a Alonso Lujambio y a María Marván. Quien más resuelve de la Procuraduría General de la República (PGR) es Juan Pablo Guerrero.

“Cuando la distribución es aleatoria no se muestra una tendencia; en cambio aquí hay una tendencia que muestra que la Presidencia está en manos de Lujambio, y de Marván en ciertos casos”, dice.

Gómez Gallardo, también catedrática en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, indica que no sólo es importante conocer quién se queda con más recursos de revisión de una u otra dependencia sino cómo se están resolviendo: cada vez se valida más la “inexistencia de información”.

Además, “Lujambio resuelve más casos que incumben a la Presidencia, y él públicamente ha reconocido ser amigo cercano del titular del Ejecutivo. Esto va contra el código de buenas prácticas que él mismo propuso”.

Mouriño, “confidencial”

El 10 de julio de 2006, Lujambio fue nombrado comisionado presidente. Entonces aseguró que bajo su gestión no se permitirían retrocesos que afectaran la transparencia y el acceso a la información gubernamental, y que su conducta no respondería a intereses partidarios ni de gobierno.

Un año después, el comisionado confirmó como confidencial el dato de la nacionalidad de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de Presidencia.

Juan Pablo Guerrero, también comisionado, emitió un voto particular sobre dicho recurso: “El supuesto sobre el que se hace pública la nacionalidad del actual jefe de la Oficina de Presidencia de la República y su relación con el Reino de España es equivocado y omite lo que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y varias disposiciones legales sobre el particular.

“En esta resolución subyace el criterio de que la nacionalidad es un dato personal confidencial y sólo público en este caso por la graciosa concesión de Juan Camilo Mouriño Terrazo. Someter una información de naturaleza notoriamente pública al consentimiento de ese funcionario contraviene el derecho a la información.

“La información sobre la nacionalidad de quien hoy es asesor presidencial y fue diputado local y federal es un requisito legal ineludible sobre el que este instituto hizo caso omiso. A diferencia de mis colegas, considero que la información relacionada con la nacionalidad del mencionado servidor público es de naturaleza pública por mandato constitucional, por lo que la resolución debió revocar la respuesta de la Presidencia”.

Perla Gómez comenta que la nacionalidad de cualquier persona, al menos en México, no se puede considerar como confidencial. “Esto es público desde el registro civil: todos en este país podemos saber cuándo y dónde nació cualquier ciudadano”, dice.

Presidencia, “inexistente”

El 23 de enero de 2007, el ciudadano Ernesto Méndez solicitó a la Presidencia de la República el inventario o bitácora de bienes que Vicente Fox y Marta Sahagún sacaron de la residencia oficial de Los Pinos con motivo del cambio de gobierno. La dependencia declaró como “inexistente” la información: “Sólo sacaron bienes personales, de los cuales no se tiene relación”.

Alonso Lujambio, comisionado ponente del recurso de revisión, solicitó al pleno del IFAI confirmar la inexistencia. Juan Pablo Guerrero no estuvo de acuerdo; pues, dijo, se puede distinguir entre los bienes personales comprados con recursos públicos y los adquiridos con dinero propio del exmandatario, aunque ambos sean para cubrir necesidades de índole personal.

Ante la supuesta inexistencia de la información, el comisionado se mostró incrédulo. Argumentó que no era posible que el Estado Mayor Presidencial no tuviera una relación, al menos parcial, de lo que entra y sale de la residencia: “Cómo pudieron salir camiones de mudanza llenos y nadie sabe qué se fue en ellos”.

“Tenemos evidencias de que con cargo al erario el presidente y la primera dama compraron ropa legítimamente, de la partida presupuestal 3825, y eso sí esta inventariado. ¿Eso salió de la residencia o no?”, preguntó el comisionado.

Lujambio argumentó que él había estudiado contabilidad y sabía que los inventarios sólo se hacían de bienes no perecederos, “y la ropa es un temporal”. Agregó que la ropa no llega a ser activo de una empresa, pero sí genera gastos.

Sólo en los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, las erogaciones de la partida 3825, “investidura presidencial”, ascendieron a 2 millones 332 mil 912 pesos.

Pronósticos, “reservado”

El 5 de septiembre del año pasado, el pleno discutió el recurso 1880 contra Pronósticos para la Asistencia Pública, luego de que dicho organismo le negara al ciudadano Enrique Aguilar información referente a las ventas totales desglosadas por mes y tipo de sorteo, de enero de 2005 a abril de 2007.

La dependencia argumentó que los datos solicitados no pueden ser proporcionados, pues están amparados en el secreto comercial, y los reservó por 12 años.

En calidad de comisionado ponente, Lujambio Irazábal confirmó la respuesta. Aceptó los argumentos de Pronósticos: que el secreto comercial permitirá a la entidad una ventaja competitiva o económica frente a terceros, y que la competencia, al contar con los datos estratégicos, podría conocer el posicionamiento de los productos.

El organismo agregó en sus alegatos que actualmente el liderazgo de Pronósticos se ve amenazado por la incursión de la iniciativa privada en el segmento de los sorteos y lotería.

En el recurso se registró un voto disidente del comisionado Juan Pablo Guerrero: “Contrariamente a lo resuelto por la mayoría del pleno, lo solicitado es información obligatoriamente pública al tratarse de los ingresos de un organismo público descentralizado del gobierno federal. En este caso resulta imperativo que prevalezca el principio de máxima publicidad de la información en posesión del sujeto obligado”.

De acuerdo con el comisionado Guerrero, en la resolución no se formula una adecuada motivación para justificar la negativa al acceso, ya que no se probó que la información significara ventaja competitiva para el sujeto obligado.

2008-01-06T10:25:00.000-06:00

Dicta EU política militar a México

Durante el gobierno de Felipe Calderón se incrementa la presión de Estados Unidos para que el Ejército Mexicano “colabore” en la preservación de la “seguridad” y el combate al “terrorismo”. El protagonismo de las fuerzas armadas mexicanas en la “guerra” contra el narcotráfico podría tener como origen las políticas de seguridad hemisféricas dictadas por el Pentágono

Mauricio Laguna

El gobierno de Estados Unidos está alentando la intervención de fuerzas militares para desarrollar nuevas misiones internas –incluyendo funciones de corte policial antidrogas–, como parte de una reestructuración regional, revela un análisis de la organización civil Latin American Working Group (LAWG).

La estrategia descrita coincide con lo reportado en el Primer Informe de Gobierno de Felipe Calderón, que en materia de seguridad nacional destaca estadísticas de operativos y compra de armamento; “colaboración internacional” en materia de seguridad hemisférica; detenciones y extradiciones; decomiso de armas; incorporación de tropas en acciones de seguridad pública; operativos de vigilancia en zonas de desastre; ascensos y aumento salarial al personal militar, y destrucción de plantíos de enervantes.

Además, el gobierno de George Bush ha entregado equipo de alta tecnología para los cuerpos policiacos y pertrechos para las fuerzas armadas mexicanas, y ha presionado al gobierno calderonista para que se incrementen los operativos “contra el terrorismo”.

De acuerdo con el documento Tendencias de los Programas Militares estadounidenses para América Latina, hecho por LAWG y fechado en marzo de 2006, de 2004 a 2005 fueron entrenados mediante programas de capacitación militar 237 efectivos del Ejército Mexicano.

Basado en datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el estudio descubre que el Pentágono ha incrementado su gasto de capacitación para los militares mexicanos al pasar de 12 mil dólares en 2003, a 479 mil en 2004 y 450 mil en 2005.

No obstante, el organismo proyecta que para 2006 la cifra sería inferior a las registradas y quedaría en 375 mil dólares. Advierte que esta situación prevalecería en 2007 y que podría incrementarse durante el último año de gobierno del presidente estadunidense George Bush.

Los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) referentes a los cursos recibidos en el extranjero por oficiales mexicanos en 2003 y 2004, indican que en el periodo señalado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos –citados por LAWG– sólo 173 efectivos fueron capacitados en ese país. En 2004, 58 militares mexicanos recibieron diversos cursos en Estados Unidos, mientras que en 2003 la cifra fue de 115 elementos.

Entre 1995 y 2005 la Sedena envió al extranjero, principalmente hacia Estados Unidos, a 3 mil 147 elementos, según sus propias cifras consignadas en el informe “Cursos Realizados en el Extranjero”. La Defensa Nacional indica que 2005 es el año en el que menos militares han sido capacitados. Por el contrario, 1997 ha sido el año en el que se han enviado más efectivos: 614.

Cambios y ascensos

El Informe de Labores 2007 de la Secretaría de la Defensa Nacional –en el apartado sobre las acciones para preservar la seguridad nacional– señala que los operativos castrenses tuvieron como fin inhibir el “uso del territorio nacional” para el tráfico de drogas, sicotrópicos, precursores químicos y químicos esenciales.

El documento señala que la “efectividad de las operaciones”, desde el inicio del sexenio, se debe a que la Sedena otorga “más libertad de acción” a los comandantes de los mandos territoriales, para planear y conducir las operaciones de acuerdo con su problemática particular en sus respectivas jurisdicciones.

El reporte asegura que la medida ha mejorado el empleo de recursos, pues se ha evitado que las tareas se dupliquen o sobrepongan, además de que se ha logrado una mejor coordinación con autoridades de los tres órganos de gobierno para la intercepción de cargamentos y erradicación de plantíos ilícitos.

También explica que la reestructuración de mandos ha logrado que los elementos tengan más convivencia social y familiar, debido a que desempeñan sus operaciones en tiempos establecidos de manera previa, lo que permite “elevar la moral de las tropas y beneficia de manera considerable los resultados de las operaciones”.

Respecto de la reestructuración interna, indica que el pasado 19 de noviembre se realizó el mayor número de ascensos, 127, con grado inmediato a generales, coroneles y tenientes coroneles del Ejército y Fuerza Aérea de México, cifra récord durante un inicio de sexenio.

Además, dentro de la selección y promoción general correspondiente a 2007, ascendieron en las diferentes armas y servicios del Ejército y Fuerza Aérea 133 mayores; 168 capitanes primeros; 209 capitanes segundos; 288 tenientes, y 406 subtenientes.

En un recuento de operaciones de la misma dependencia se indica que, desde el inicio de la presente administración, la Sedena ha desplegado un promedio mensual de 47 mil 723 elementos, para actividades de combate al narcotráfico, con el fin de “minar la base económica de los narcotraficantes”.

Las acciones desarrolladas, según la propia Sedena, evitaron que las organizaciones criminales obtuvieran ganancias de más de 38 mil millones de pesos, al desarticular sus estructuras y evitar que comercializaran más de 756 millones de dosis de diferentes drogas.

La Secretaría destaca los “resultados” de las operaciones conjuntas impulsadas por el gobierno federal, como Michoacán I y II; Sierra Madre I y II; Nuevo León-Tamaulipas; Tijuana; Guerrero; Caribe 07, y Veracruz, éstas dos últimas en conjunción con la Armada de México.

El documento indica que, como parte de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos también desarrollaron las operaciones permanentes denominadas Jalisco y Oaxaca, en las cuales se desplegaron 42 mil 940 elementos militares, 2 mil 90 vehículos y 180 aeronaves.

Para las labores en contra del narcotráfico se tiene una red mensual promedio de 252 puestos de control (retenes), además se llevan a cabo acciones de vigilancia y patrullaje en los espacios terrestre, aéreo y anfibio de todo el territorio nacional.

La Fuerza de Tarea de Alto Impacto fue enviada a Nuevo León y Tamaulipas, así como una Fuerza de Tarea Conjunta, conformada por el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México, al área de la península de Yucatán.

En el documento también se encuentra un breve análisis signado por Felipe Calderón en noviembre de 2007. El presidente resalta la ausencia de posibilidades para que un civil pueda ser designado secretario de la Defensa Nacional en un futuro inmediato; pues, considera, “las acciones realizadas por la Fuerzas Armadas pueden politizarse o cuestionarse por parte de la oposición según la filiación partidista del titular del ramo”.

El documento de tres cuartillas también destaca que “existen pocos cuadros políticos (civiles) con conocimientos especializados referentes a defensa y seguridad nacional que puedan integrarse a una posible estructura unificada de defensa donde tengan cabida los civiles (…), ya que el descrédito de la clase política mexicana puede afectar la imagen institucional forjada por las fuerzas armadas”.

Sumas sin propuestas

Un recuento del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, indica que el total de las mil 333 corporaciones policiacas del país (fiscal, forestal, preventiva, estatales y municipal) agrupa más de 450 mil miembros. A éstos se suman los 240 mil miembros de las fuerzas armadas. Así, alrededor de 690 mil efectivos integran el aparato del Estado en términos de control interno.

Julio Guerrero Huerta, especialista en seguridad nacional, detalla que la militarización “es regional”, porque la cobertura geográfica comprende aquellos estados con alta tensión política, como Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Morelos y Chiapas, donde además hay una presencia guerrillera o de narcotráfico evidente.

Destaca que coinciden el narcotráfico, la pobreza y la guerrilla en más de uno de estos estados; es decir, también está la presencia de las fuerzas armadas en los municipios con mayor pobreza.

Militarización de las policías

José Luis Piñeyro, sociólogo y especialista en seguridad nacional, explica que desde 1999 se realizó una transferencia masiva de tropas y oficiales medios a la Policía Federal Preventiva. Actualmente se calcula que hay más de 20 mil policías militares en los organismos de seguridad pública.

Considera que en el país se desarrolla una militarización parcial, que ha implicado un aumento del presupuesto militar y de efectivos militares. El presupuesto de la Sedena para 2007 es de 32 mil 296 millones 500 mil pesos, cantidad superior a la de entidades de salud o de educación en un país con una población de 104 millones de habitantes.

El doctor en sociología e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana dice que el militarismo se ha establecido en países desarrollados que poseen tres características básicas: un complejo científico tecnológico especializado; una amplia industria militar considerable, y rubros presupuestales altos para mantener las dos anteriores.

Expone que en México no existe una industria militar: “No tenemos una comunidad científica tecnológica que pueda asemejarse a la de Estados Unidos, y tampoco hay rubros presupuestales; sin embargo, puede darse una militarización económica no de tipo clásico”.

Detalla que en este caso, como ha sucedido en algunos países de América Latina, hay un aumento desproporcionado del presupuesto militar para compras excesivas de armamento, además de la incorporación masiva de efectivos militares en todos los puestos del gobierno del Estado.

Hasta hoy, en términos formales y públicos, el discurso militar es reivindicar la supeditación absoluta del carácter institucional y apolítico de las fuerzas armadas y mantener lealtad al Estado y sus instituciones.

El investigador Julio Guerrero Huerta asegura que durante 2007 más de mil personas fueron detenidas de manera arbitraria por el Ejército: “Los organismos no gubernamentales tienen ubicadas a esas personas como presos políticos o presos de conciencia por realizar protesta social. Esta tarea de inteligencia y represión ahora es trabajo del Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea (o Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal), el nuevo grupo de élite que cuenta con mil 884 efectivos y que es el grupo de reacción interna comprometido en el Plan México del gobierno estadunidense”.

2008-01-06T10:24:00.001-06:00

La batalla de Gutiérrez Vivó

Álvaro Cepeda Neri

Por lo general las reseñas bibliográficas aparecen en mis notas tituladas Ex Libris (que a veces me publica Contralínea), pero el libro de Alejandro Toledo, La batalla de Gutiérrez Vivó. El acoso foxista a la libertad de expresión, es una reflexión crítica sobre un gravísimo problema: la censura vestida con los harapos de la intolerancia, que impide el ejercicio de las libertades de prensa.

Así que el libro, de 170 páginas, encaja en esta sección, porque trata del abuso del poder gubernamental, ayer foxista y hoy calderonista, con el acoso desde Los Pinos del baterista Max Cortázar quien, escondido, censura a través del manejo de la publicidad, aparentemente descentralizada, pero centralizada y concentrada en Cortázar, César Nava y Juan Camilo Mouriño.

Fox y Mart(h)a Sahagún, en complicidad con Grupo Radio Centro –que preside Francisco Aguirre–, abusaron del poder para cancelar el noticiario Monitor de Radio Red, que por tres décadas dirigió José Gutiérrez Vivó. La historia es la narración de una venganza autocrática presidencial, coludida con los poderes Legislativo y Judicial. La cónyuge, como en toda la corrupción (sin exculpar a Fox), envenenó al expresidente para organizar la campaña contra Gutiérrez Vivó, presionando a los órganos judiciales y apoyando a Radio Centro para que, hasta hoy, omitiera el pago por 21 millones de dólares que le adeuda.

El autor ofrece un panorama completo de lo que fue (como cuando Luis Echeverría arremetió contra Excélsior, entonces encabezado por Julio Scherer) el mayor golpe de censura que pisoteó impunemente los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución Política. El libro está vertebrado por una entrevista de Alejandro Toledo a Gutiérrez Vivó; fragmentos de otra entrevista realizada por Carmen Aristegui, y cinco columnas de análisis acerca del problema: de Ricardo Alemán, Jorge Medina Viedas, Orlando Delgado Selley, Raúl Trejo Delarbre y Miguel Ángel Granados Chapa. Lo prologó Ricardo Rocha. Este texto nos da información crítica de un problema que no ha sido solucionado, porque el virus de la complicidad sigue en los órganos judiciales y en el propio Felipe Calderón, para mantener el cerco político y económico a lo que representa Gutiérrez Vivó.

A Fox siempre le molestó Monitor. Por eso, exigió a los empresarios no anunciarse con Gutiérrez Vivó. Ellos obedecieron. Cesó la publicidad gubernamental. La versión de quien sufrió la embestida foxista es bastante objetiva e imparcial... y el carpetazo de la actual administración federal. Felipe, ya como presidente, envió un recado a Gutiérrez Vivó para informarle “que Monitor estaba castigado y que, dependiendo de su conducta, el presidente Calderón lo recibiría (o no) para negociar un arreglo”.

El libro documenta cómo la censura e intolerancia foxista superó al viejo régimen priista. Pues el golpe a Monitor no tiene para cuando terminar, por la protección que recibe Grupo Radio Centro del calderonismo y del mismo poder Judicial, donde la ministra (que deberían ser sometida a juicio político) Olga Sánchez Cordero confesó sus intereses creados con la familia Aguirre y aún así participó en la resolución de la Suprema Corte contra Monitor, mismo que había ganado un laudo internacional de arbitraje.

La batalla de Gutiérrez Vivó es otra de las pruebas contra Fox y su esposa Mart(h)a, capaces de victimar a la honradez con la corrupción y pisotear las libertades de prensa.

2008-01-06T10:23:00.001-06:00

El golpe a la Normal Rural de Ayotzinapa

Abel Barrera Hernández*

En Guerrero se siguen cerrando los causes de la negociación política y, al mismo tiempo, languidece la inteligencia de las autoridades, quienes han sido incapaces de entender las causas del conflicto histórico que enfrentan los guerrerenses relacionados con la “guerra sucia”, la guerrilla, la matanza de Aguas Blancas, la masacre de El Charco, las violaciones sexuales de mujeres indígenas cometidas por miembros del Ejército y la represión sistemática a los movimientos sociales.

Sin tomar en cuenta esta historia de agravios, la nueva clase política montada en la estructura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha impuesto una forma de gobierno a la usanza de un despotismo ilustrado que quiere reeditar los tiempos del extinto gobernador, José Francisco Ruiz Massieu, combinado con el sello bronco y represivo del cacicazgo de los Figueroa. En Guerrero, a través del Ejecutivo estatal, el PRD se ha alineado a la derecha del gobierno federal, con la coartada de que un gobernador debe mantener una relación institucional, sin que importen los principios políticos y las posiciones ideológicas.

Esta tabula raza de la historia explica el pragmatismo craso y el recurso de la fuerza de este nuevo gobierno para congraciarse con los lineamientos políticos de la federación, sin redimensionar el costo social, ni valorar los riesgos de una crisis de ingobernabilidad. Las autoridades estatales se empeñan en imponer por la fuerza el proyecto hidroeléctrico La Parota que implica mil millones de dólares y se obstinan en negarles 75 plazas a normalistas de familias pobres, con el argumento de que no hay recursos financieros para contratar a nuevos maestros.

El gobierno perredista quiere vender la idea de que el nuevo paraíso de los guerrerenses llegará con la inversión extranjera; por ello, la inversión en el Acapulco rural y en la Costa Grande se ha vuelto la principal prioridad para sacar al estado de los últimos lugares del rezago social en que se encuentra sumergido. Lo paradójico es que esta visión no se articula como un proyecto que se nutre del clamor profundo de los pueblos que se encuentran en el fango del analfabetismo, la desnutrición y el hambre. Esta tragedia no se asume de manera frontal con los actores del Guerrero de abajo, que siguen siendo discriminados y vilipendiados.

El caso de los normalistas de Ayotzinapa es un ejemplo claro de cómo un gobierno perredista criminaliza la protesta con tal de mantener la línea del gobierno federal de no abrir más plazas para la población estudiantil, ubicada en regiones pauperizadas. La consigna nacional es cancelar las plazas para maestros y cerrar las normales rurales, para apagar los focos rojos del pensamiento crítico y de la lucha digna de los estudiantes que puedan hacer realidad el derecho a la educación y al trabajo. En este marco de confrontación política contra los sectores marginales se explica la represión que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa apoyados por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que en menos de 20 días fueron agredidos por la policía estatal y federal.

Ante la falta de interlocución con el Ejecutivo estatal, los estudiantes emprendieron varias acciones para hacer patente su reclamo legítimo, ante la opinión pública, sobre el otorgamiento de 75 plazas y el respeto a la licenciatura en educación primaria, que en diferentes ocasiones las autoridades educativas han pretendido cancelar, como el primer paso para cerrar el internado y la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Esta amenaza anunciada por las autoridades del estado ha tenido como respuesta por parte de los normalistas de Ayotzinapa diferentes formas de resistencia, apelando a la acción directa para presionar al poder Legislativo como un interlocutor con peso político que tuviera la sensibilidad y la capacidad de convocar al Ejecutivo para sentarse a dialogar con los normalistas.

Con esta intención, el 14 de noviembre más de mil estudiantes normalistas se apostaron en los accesos del Congreso del estado para ejercer presión a los diputados y obligarlos a asumir su responsabilidad de representantes populares. El presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Reyes Torres, en lugar de asumir el reto de los estudiantes de poder dialogar de manera abierta y franca, se supeditó a la posición del Ejecutivo estatal y pidió la intervención de los granaderos, que llegaron accionando sus toletes y disparando bombas de gases lacrimógenos para dispersar a los normalistas que exigían la presencia de los diputados. El saldo fue de 250 jóvenes detenidos y un estudiante de primer año lesionado gravemente.

Esta acción concertada entre el poder Ejecutivo y Legislativo de reprimir a los estudiantes fue reforzada con una campaña de linchamiento en los medios de comunicación oficiosos que se encargaron de denostar el movimiento de resistencia que han mantenido por más de tres meses los normalistas rurales.

El 30 de noviembre, más de 100 estudiantes que realizaban una acción de propaganda y boteo en la caseta de cobro La Venta sufrieron la agresión de la Policía Federal Preventiva. Nuevamente se trató de un operativo planeado y concertado con las autoridades estatales para poder fincarles delitos de índole federal a los manifestantes y colocarlos fuera de la legalidad.

La intención de golpear a los normalistas es debilitar su movimiento, diezmar el ánimo y generar un ambiente de derrota y conformismo. Lo lamentable ha sido la posición de los diputados federales y locales, mayoritariamente perredistas, que se han supeditado a la posición del Ejecutivo con la idea mezquina de no ver afectados sus intereses para aspirar a un cargo popular en las próximas elecciones. A la clase política no le interesa tanto defender y reivindicar el derecho a la educación y al trabajo de los estudiantes, sino consolidar su poder para lucrar con los dividendos que da el vivir en un estado pobre. Se niegan a abrir la puerta a los estudiantes porque no quieren correr el riesgo de echar a perder sus proyectos políticos y que los grandes negocios se vengan abajo a causa de que haya más educación y más empleo en las regiones más deprimidas del país.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

2008-01-06T10:22:00.000-06:00

Acteal, Aguilar Camín... ¿También hubo cheques zedillistas?

Álvaro Cepeda Neri

Hace 10 años: 22 de diciembre de 1997, tuvo lugar en el municipio de Chenalhó, Chiapas, un doble crimen: un genocidio y una masacre por paramilitares contratados por los caciques, el encubrimiento gubernamental de la entidad (desgobernada por Julio César Ruiz Ferro, en la total impunidad) y la protección presidencial de Ernesto Zedillo. En el contexto de la rebelión indígena zapatista que, desde entonces ha sido pacífica, “para tomar parte en los asuntos políticos del país... para hacer una petición (y) presentar una protesta” (artículo 9 de la Constitución), contra actos de las autoridades municipales, del estado chiapaneco y del gobierno federal, ante cuyas manifestaciones las autoridades, limitadamente, resolvieron con una reforma constitucional (artículo 2 constitucional) que permanece en el “obedézcase, pero no se cumpla”.

El caciquismo chiapaneco, con la complacencia y apoyo de esas autoridades y la gritería del ascenso victorioso de la derechización política del país, alentada por el viraje al neoliberalismo económico, el desventajoso Tratado de Libre Comercio y el alejamiento hasta en el discurso de las conquistas de la Revolución contenidas en la Constitución de los grupos triunfadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo (y los abusos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo), organizaron mafias de sicarios paramilitares cuando el auge del narcotráfico y la delincuencia anunciaban la inseguridad total en el territorio. Y fueron usados para acorralar la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), temerosos los gobernantes y su clase adinerada de que el “mal ejemplo” indígena convocara a la esperada rebelión de esos más de 10 millones de mexicanos dispersos por el país.

Mientras Zedillo (corredor de montaña, encerrado con su computadora portátil, echando pestes contra las libertades de prensa y dejando el despacho burocrático presidencial en manos de Liébano Sáenz) coleccionaba figuras de Benito Juárez, saludaba con dizque afecto a Cuauhtémoc Cárdenas abanderando la oposición que en 1988 ganó las elecciones contra Carlos Salinas; preparaba la “apertura democrática” y hacía favorecer la “alternancia”, imprimiendo el apoyo del presidencialismo al Partido Acción Nacional (PAN), para romper la inercia sexenal al PRI, con lo que Zedillo gana el premio de mister amigo de la democracia estadunidense y lo contratan empresas que privatizó y en Yale lo nombran asesor contra los movimientos sociales a los que llamó globalifóbicos. La alternancia fue un fiasco y Vicente Fox y su familia con sus hijastros y amigos encabezó una de las más devastadoras corrupciones.

Mientras tanto, del zedillismo al foxismo, los indígenas chiapanecos esperaron inútilmente el deslinde de responsabilidades por la matanza de Acteal. Los autores intelectuales, sus cabecillas y los complacientes Zedillo y el exgobernador Ruiz Ferro, los paramilitares, altos jefes militares y demás pandilleros han vivido en la impunidad, mientras penalmente inculparon a participantes menores. Y ahora un intelectual orgánico: Héctor Aguilar Camín, a quien exhibieron documentalmente (en el periódico El Universal, Miguel Badillo publicó las copias de cheques a su nombre, girados por Carlos Salinas desde Los Pinos; el recurso se erogó de la entonces “partida secreta”) por su proclividad al poder presidencial, con sus “nexos” amarillistas para levantar la venta de su revista Nexos, anda buscando cómo justificar la masacre, supuestamente causada por diferencias internas religiosas.

A la mejor hay nuevos cheques, ahora de Zedillo para Aguilar Camín, antes al servicio del salinismo, con la orden de hallar entre los propios indígenas a los autores intelectuales del crimen por motivos, pues, de sus rencillas internas, cuando el caciquismo millonario de Chiapas contó con el apoyo y visto bueno gubernamental, para sentar un precedente de represión con la mira de parar el movimiento indígena. Un baño de sangre permitido, tolerado e instigado por, cuando menos, las omisiones, y que raya en la intencionalidad gubernamental de la entidad y federal. No hay, como busca Aguilar Camín, indicio alguno de que la masacre sea producto de una venganza entre facciones de indígenas por cuestiones y diferencias religiosas u otros problemas intercomunitarios.

El intelectual exsalinista, asesor de Carlos Slim, locutor de televisión, novelista del montón y quien ocultó los pagos del expresidente Salinas (a quien finalmente traicionó, como lo evidencia la filtración de las copias de algunos millonarios cheques que, hasta ahora, ni siquiera ha intentado desmentir). Quizá nuevos cheques, pero de Zedillo, son el pago por la investigación que a 10 años de distancia hace el “escritor” acerca del genocidio de Acteal, perpetrado para exterminar por la espalda a 45 indígenas (niños, mujeres y hombres) por odios políticos y con el fin de aterrorizar a todos los pueblos indígenas, para evitar que siguieran el ejemplo del EZLN: de lo contrario, no habría suficientes soldados para extender el sitio que más de 70 mil efectivos tenían en Chiapas.

Aguilar Camín quiere buscar una verdad arreglada a los intereses de Zedillo y su camarilla que tras lo de Acteal, si no hubiera sido un escándalo mundial y no hubiera habido una reacción en su contra dentro del país, habría dado las órdenes de jefe supremo de las fuerzas armadas para tomar a sangre y fuego las zonas ocupadas por la rebelión pacífica de los indígenas chiapanecos. La información publicada por Hermann Bellinghausen (La Jornada, 3 de noviembre de 2007), respecto del informe judicial elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, es una relación veraz y contrastada sobre los hechos: 15 funcionarios menores en calidad de chivos expiatorios, que participaron con sus omisiones, apenas si integran una mínima parte de la pandilla que participó en la masacre. Y sobre todo ni Zedillo, ni Ruiz Ferro, ni los directa e indirectamente involucrados fueron llamados a responder de sus actos y omisiones. Nunca, hasta hoy, han sido citados para dar cuenta y razón de sus conductas.

El escritorzuelo salinista y zedillista pretende hacerse el vivo con su indagatoria y de inmediato le han salido al paso con argumentaciones sobre los hechos y éstos jamás fueron investigados judicialmente hasta sus últimas consecuencias y haciendo declarar a los que intervinieron hasta llegar a Zedillo y al desgobernador Ruiz Ferro. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para completar la complicidad, resolvió que su recomendación de 1998 fue cumplida en su totalidad en 2003. Ahora viene Aguilar Camín con su sesuda reflexión para encontrar entre las víctimas a los ¡responsables! Ellos mismos por sus creencias religiosas y sus líos fueron los que buscaron ser asesinados por la espalda por los sicarios paramilitares, en lo que es un genocidio permitido, alentado, por el zedillismo al amparo de la tradicional impunidad presidencial. A esta “verdad” sirve Aguilar Camín, el ahora millonario escritor que, en cuanto traicione a Zedillo, a ver si éste no filtra los cheques que al parecer le entregó para hacer el trabajo sucio de pisotear las tumbas de los crímenes de Acteal.

cepedaneri@prodigy.net.mx

2008-01-06T10:21:00.001-06:00

Estados Unidos y el marasmo de los veteranos de Guerra

En la actualidad, el servicio sanitario estadunidense atiende los crecientes problemas sicológicos de los veteranos de Irak: de cada seis soldados, uno padece depresión,ansiedad o tensión postraumática

Jorge V. Jaime*

Muchos combates personales de los soldados estadunidenses sobrepasan el escenario del territorio irakí y –en demasiadas ocasiones– prosiguen en Estados Unidos, en una lucha intestina contra el sistema.

Entre los veteranos de guerra estadunidenses hay una elevada cantidad de potenciales suicidas, esquizofrénicos, paranoicos, indigentes y hasta drogadictos que nunca logran encajar en la sociedad civil, una vez que regresan a sus hogares.

Más de 28 mil 500 militares del Pentágono fueron heridos en esa nación árabe desde el inicio de la agresión liderada por Washington en 2003, de éstos, alrededor de 8 mil 500 resultaron con lesiones severas. La atención médica del contingente costará 660 mil millones de dólares.

Un grave problema adicional es que uno de cada cuatro soldados estadunidenses que regresaron de Irak fue retirado del servicio militar por problemas de salud que requieren prolongado tratamiento médico o mental, de acuerdo con fuentes oficiales.

El asunto de la inestabilidad emocional en miles de excombatientes de la guerra defendida por el presidente George W. Bush fue corroborado recientemente por una investigación periodística de la CBS, que reveló la alta tendencia a la autoflagelación en los veteranos.

Según la cadena televisiva, los casos de suicidios entre estadunidenses veteranos de guerra son superiores en proporción al mismo registro en la población general.

Desde 2005 y hasta la fecha, un total de 6 mil 256 antiguos militares se quitaron la vida, un inventario que aproximadamente equivale a 120 muertes cada semana.

En la sociedad civil de Estados Unidos las estadísticas indican un por ciento de 8.9 suicidios por cada 100 mil habitantes. Entre los exsoldados, la proporción es de 20 por cada 100 mil.

En los casos de exmilitares con edades comprendidas entre 20 y 24 años, la tendencia es aún más alta (hasta 31.9 por ciento) y representa casi cuatro veces los dígitos de la población general.

Otro reporte detallado del Departamento de Defensa de ese país indica que alrededor de mil 700 efectivos que retornaron en 2007 de la conflagración, aceptaron que “albergaban extraños sentimientos de culpa, y que sería mejor si hubieran muerto”.

Más de 250 de ellos tenían sucesivas crisis de identidad. Otros informaron sobre pesadillas relacionadas con episodios bélicos. Y más de 3 mil tenían preocupaciones porque podrían haber sido heridos en la contienda.

El servicio sanitario en Estados Unidos se enfrenta actualmente a los graves problemas sicológicos de los veteranos de Irak: de cada seis soldados, uno presenta depresión, ansiedad o tensión postraumática, precisó el diario Seattle Times.

Los médicos estadunidenses podrían enfrentarse en 2008 a decenas de miles de soldados con serios problemas de salud mental, causados por la tensión del conflicto en la nación musulmana, donde han muerto casi 4 mil de sus compañeros.

De acuerdo con un estudio del ejército de Estados Unidos, la proporción de soldados con síntomas de ansiedad podría subir hasta uno de cada tres, la misma incidencia registrada entre los veteranos de la guerra en Vietnam.

Al considerar que un millón de estadunidenses han servido hasta la fecha en los conflictos de Irak o Afganistán, expertos estiman que el número de militares que en breve requerirán tratamiento mental podría ser superior a 100 mil.

Informaciones del mismo Pentágono señalan que, de todas las tropas enviadas a Afganistán o a Irak, un tercio ha estado más de una vez. En el ejército regular, el 63 por ciento de los soldados ha entrado en combate al menos una vez y el 40 por ciento ha vuelto a ir a la guerra.

En opinión de analistas, estos datos evidencian cuan devastadoras han sido para el ejército estadunidense las guerras ideadas por la Casa Blanca después del 11 de septiembre de 2001, sobre todo para las fuerzas terrestres.

Muchos expertos militares consideran que se está abusando de estas unidades, hasta el punto de que en unos meses llegarán a una peligrosa disfunción que redundará en la inestabilidad total de ese ejército. El corolario es casi obvio. Las deserciones y otras ausencias no autorizadas de soldados aumentaron considerablemente durante los últimos cuatro años.

Tal tendencia en las unidades militares provocó miles de procesos judiciales en ese periodo, cuando fueron inculpados tanto reclutas recientes como veteranos de combates en el Medio Oriente y otras regiones.

De acuerdo con fuentes castrenses, los juicios por defecciones se incrementaron desde el inicio de la agresión a Irak en marzo de 2003.

Entre 2002 y 2006, el promedio anual de abandono del deber se triplicó en relación con la etapa de 1997 a 2002 hasta aproximadamente un 6 por ciento de los conscriptos, desde un 2 por ciento en las muestras precedentes.

Según el doctor Thomas Grieger, experto siquiatra de la marina, la mayoría de los soldados están sicológicamente presionados por el azaroso curso de las conflagraciones y muchos rechazan volver al frente de batalla.

Grieger citó particularmente el caso de un sargento novato que se cercenó el dedo del gatillo con un hacha para evitar su movilización hacia el combate.

En 2006, unos 3 mil 196 soldados abandonaron el ejército, índice que marcó un alza desde 2004, cuando 2 mil 357 militares estadunidenses huyeron del servicio activo.

Periodista de Prensa Latina para Norteamérica.

2008-01-02T22:37:00.002-06:00

Bloquean puente fronterizo Ciudad Juárez-El Paso, para externar su rechazo al TLCAN

Llaman campesinos a combatir la “contrarrevolución agraria”

Se busca que unas 20 corporaciones dominen los vastos recursos del sector rural, advierten

Lanzan iniciativa similar al histórico Plan de Ayala, para defender soberanía y seguridad nacionales

La libre importación de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo llevará a México al desastre, vaticinan

Matilde Pérez U. (Enviada)

Ampliar la imagen En el primer minuto del naciente 2008, integrantes de organizaciones campesinas y grupos sociales iniciaron una protesta contra el TLCAN en el puente Córdoba-Las Américas, que une las ciudades fronterizas de Juárez y El Paso. Los participantes lllamaron a unir esfuerzos para defender la soberanía alimentaria de México, amenazada por el capítulo agropecuario del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá Foto: Cristina Rodríguez

Ciudad Juárez, Chih., 1º de enero. En respuesta a lo que describieron como “política de guerra” del gobierno contra el campesinado, un centenar de agricultores de diez organizaciones rurales, de trabajadores y grupos sociales de México y Estados Unidos construyeron, en el primer minuto de 2008, el muro humano en el puente Córdoba-Las Américas, con lo cual iniciaron una nueva etapa de resistencia para defender la soberanía alimentaria del país y de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo, cuyos aranceles fueron eliminados hoy, según lo pactado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Con un par de caballos y enarbolando la bandera mexicana, los campesinos llegaron minutos antes de la última media noche de 2007 a lo que aquí se conoce como la “joroba” del puente Córdoba, colocaron sus mantas de protesta contra la entrada en vigor de la última etapa del capítulo agropecuario del TLCAN y –portando carteles en los que advertían que están en “pie de lucha” y “esta es una nueva revolución”– bloquearon tres de los cuatro carriles del puente y signaron el llamado Plan del Chamizal.

Esta iniciativa –definida como un símil, guardando toda proporción histórica, del Plan de Ayala– es un llamado a la nación a unificarse para detener el desastre en el campo, defender la seguridad nacional –uno de cuyos ejes es la producción de alimentos suficientes para la población– y la gobernabilidad democrática del país.

Es, asimismo, una advertencia de que el TLCAN y el constante incremento de las importaciones de alimentos son “una contrarrevolución social y agraria que pretende volver a concentrar en una veintena de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales los vastos recursos que en 1910 y a lo largo del siglo XX recuperaron campesinos e indígenas”.

También significa, se plantea en el documento de siete cuartillas, “la deportación masiva de la población rural hacia las ciudades y regiones agrícolas modernas de México y hacia Estados Unidos para sostener la competitividad y las altas tasas de ganancia en el modelo maquilador y agroexportador, y sostener la desfalleciente economía estadunidense con fuerza de trabajo abundante, precarizada e ilegalizada”.

Se llama a la Unión Nacional de Trabajadores, Frente Sindical Mexicano, Congreso Nacional Indígena, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, secciones democráticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Convención Nacional Democrática, Frente Nacional contra la Represión, Foro Social Mexicano, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, organizaciones campesinas, de derechos humanos, estudiantiles, académicas, de intelectuales, artistas, científicos y a los ciudadanos, en general, a sumarse a la lucha campesina.

“Los campesinos traen la esperanza en el corazón, pero si no hay unidad social, cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes seguirán emigrando a Estados Unidos. Estimamos que el número se incremente 10 por ciento este año, pese al endurecimiento de las medidas antimigratorias estadunidenses, con el consecuente riesgo de que llegue algún momento en que las importaciones de alimentos sustituyan a la producción nacional”, destacaron.

Cobijados con el calor de sus consignas, sombreros y alguno que otro gabán, los campesinos soportaron una temperatura de tres grados bajo cero; algunos tomaron las cartulinas con cada una de las letras y consonantes para destacar: “sin maíz no hay país, sin frijol tampoco”.

Sonrisas, aplausos, gritos de alegría y, recordando a Francisco Villa y a Emiliano Zapata, volvieron a unir sus voces, como el 16 de noviembre de 1993 y diciembre de 2003 –fechas en las cuales también realizaron movilizaciones de protesta en los puentes internacionales de la frontera norteña– para asentar: “¡Estamos en pie de lucha, mantendremos nuestra rebelión pacífica!” Así iniciaron 2008.

Hasta la “joroba” del puente fronterizo llegó a solidarizarse Alberto Torres, fundador del PAN en Chihuahua. “Estoy convencido de que esta lucha es justa y una forma legítima de llamar la atención porque el campo está desatendido y en el abandono; el TLCAN y el Tratado Internacional de Límites y Aguas son injustos”, comentó.

Propietario de un rancho localizado entre Ojinaga y Juárez, el panista afirmó que la lucha campesina entra en una nueva etapa y no podrá concluir hasta que los legisladores y gobernantes comprendan que deben beneficiar al agro mexicano y no someterse a los intereses comerciales e industriales de Estados Unidos. “Urge una revisión del capítulo agropecuario del TLCAN y del Tratado de Límites y Aguas; los agricultores no piden nada gratis, pero éste es un llamado a no dejarlos solos”, sostuvo.

El frío amanecer del primero de enero, fue gratificante para el centenar de campesinos, al recibir –en voz de Carlos Marentes, dirigente de la Unión de Trabajadores Agrícolas de la Frontera– la solidaridad de la Unión de Trabajadores del Suroeste de San Antonio, Texas; Asociación de Campesinos de Florida; Coalición Rural de Campesinos e Indígenas de Estados Unidos; Unión de Pueblos Fronterizos; Agrupación Sur de Nuevo México y de El Paso, Texas, y Asociación de Trabajadores Fronterizos, que en un breve mensaje aseguraron que “harán todo lo necesario para frenar la embestida destructiva del TLCAN”.

Y aunque a esa hora el muro humano estaba distribuido en pequeños grupos tratando de calentarse con un poco de café, volvieron a alzarse las voces de “¡Zapata y Villa, juntos!”, cuando se enteraron de que en el zócalo de Cuernavaca, Morelos –tierra zapatista–, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas y Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros El Barzón, acompañados de representantes de otras organizaciones sociales del estado, daban a conocer públicamente el Plan del Chamizal y, como bienvenida al Año Nuevo, habían colocado una ofrenda con granos de maíz blanco, amarillo, rojo y azul, y formado un gran cartel con la consigna: ¡Fuera maíz y frijol del TLCAN!”

“Es una nueva etapa de lucha del campesinado mexicano. Es simbólico que en las tierras de Villa y de Zapata se unan los campesinos no sólo del país, sino de Estados Unidos y de otras regiones del mundo –como los de Vía Campesina, en la que participan agricultores de 80 países–, para defender su derecho a producir alimentos con el respaldo gubernamental”, dijo vía telefónica Emilio García Jiménez, de la CNPA. “Sabemos –abundó– que 2008 será un largo año de movilizaciones y de lucha constante para arrancar algunos beneficios para el sector rural. No nos hacemos ilusiones de que haya un cambio repentino en la política gubernamental, pero tenemos la certeza de que con una presión constante se podrá detener la aplicación de algunas políticas públicas negativas para los campesinos e indígenas”, añadió.

Sombrío panorama

La mañana de ayer también llegó a solidarizarse con el campesinado el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, quien llamó a la unidad de todos los movimientos sociales para “evitar que el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón siga entregando los recursos naturales del país, elimine derechos laborales y privatice los servicios de IMSS e ISSSTE, y siga poniendo en riesgo la soberanía alimentaria con la entrada de alimentos por medio del TLCAN. Este año será difícil.

“Hay amenazas claras de que quieren entregar el petróleo y las riquezas nacionales. Por eso todos debemos entender que salvar al país dependerá de toda la fuerza de las organizaciones campesinas, sindicales y sociales. Necesitamos estar unidos”, planteó a los manifestantes, mientras un helicóptero de la policía fronteriza de Estados Unidos sobrevolaba la zona.

González Garza inyectó ánimo a los campesinos, al asegurar que hoy, en San Lázaro, propondrá un punto de acuerdo para que las secretarías de Economía y de Hacienda establezcan las medidas necesarias para frenar la desproporcionada importación de alimentos y con ello siga fomentándose la migración.

Manifestó que la defensa legislativa de la soberanía alimentaria no ha concluido, ya que el gobierno mexicano debe entender que no puede someter a la oferta y la demanda la producción de alimentos, porque se corre el riesgo de sufrir un deterioro mayor al actual, ya que los productores estadunidenses están subsidiados en 70 por ciento, “pueden seguir produciendo, nos pueden inundar con sus mercancías, provocar una caída en la producción nacional, por no ser costeable, y al rato vamos a pagar lo que sea por los alimentos. Eso es un problema muy grave”.

Esta lucha, añadió, es fundamental para evitar la destrucción del país. “Hay que entender que la soberanía alimentaria está por encima de los intereses políticos y partidarios. Esto no es un asunto partidario y por eso la sociedad está construyendo organizaciones políticas y sociales para eliminar toda esa nata de la clase política nacional que no ha entendido que hay mucha gente viviendo en el campo y que la estamos obligando a irse a Estados Unidos arriesgando su vida por la falta de oportunidades”, concluyó.

2008-01-02T22:37:00.001-06:00

“Ignoró” Sagarpa propuestas para proyectos del agro

Matilde Pérez U. (Enviada)

Ciudad Juárez, Chih., 1º de enero. El último día de 2007, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas para el campo, sin considerar las observaciones y comentarios que presentaron las organizaciones agrarias a la Comisión Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable.

Dichos organismos acordaron emplazar para el día 7 al titular de la Sagarpa para que atienda sus propuestas y termine su “cerrazón”; ese mismo día también solicitarán formalmente a la Cámara de Diputados que llame la atención al funcionario. Advirtieron que la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos de los estados podría demandar jurídicamente al titular de Sagarpa, ya que eliminó la federalización de los recursos.

“Pensamos que no podía haber un clon de Javier Usabiaga Arroyo –titular de Sagarpa durante el gobierno de Vicente Fox, con quien las organizaciones campesinas tuvieron frecuentes diferencias–, pero nos equivocamos. Cárdenas Jiménez resultó peor, quizá porque consume maíz y soya transgénicos”, dijo Martín Solís, integrante de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón.

Puntualizó que a partir de la publicación de las reglas mencionadas hay 30 días para que la dependencia reciba y atienda las observaciones de organismos agrarios, pero dijo que no confían en ese mecanismo, ya que si durante las semanas anteriores Cárdenas Jiménez no atendió las sugerencias, es probable que ahora tampoco lo haga. “Es evidente que está apostando a la división del movimiento campesino, pero eso está por verse”.

Explicó que el 27 de diciembre del año pasado, Félix Vélez, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social, tomó en cuenta las propuestas campesinas en torno a las reglas de operación para los programas de vivienda rural, adultos mayores y para la operación de las agencias rurales; a su vez, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aceptó que después de publicadas las referentes al programa Pro Árbol introduciría las observaciones, pero el único que mantuvo silencio fue Cárdenas Jiménez.

Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, consideró que la actitud del titular de la Sagarpa “es una provocación hacia el movimiento campesino. Con su actitud caprichosa sólo está agudizando la confrontación y los conflictos sociales, pues es evidente que atrasará la aplicación de los recursos para el campo.

“Lo único que debemos agradecerle es que ha fomentado la unidad de los jornaleros”, dijo. Asimismo, llamó a la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina a mantener su postura crítica frente a la acción arbitraria de Cárdenas Jiménez y “no caer en su juego de desgaste y división” en este asunto que es parte fundamental de la lucha campesina, como la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

2008-01-02T22:36:00.001-06:00

Instalarán en el Hemiciclo a Juárez mesas de atención para brindarles asesoría

Campesinos interpondrán amparos contra apertura del capítulo agrícola del TLCAN

Un grupo de 28 litigantes trabaja con productores de Guanajuato, Veracruz, Nayarit, Hidalgo y Puebla

El tratado, desventajoso y violatorio de la Constitución: Román Díaz

Alfredo Méndez y Alma Muñoz

El capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que establece la desgravación a las importaciones de frijol, leche, azúcar, maíz y otros productos de Estados Unidos y Canadá, viola al menos los artículos 1, 3, 14, 16, 25 y 133 de la Constitución, por lo que mediante el juicio de amparo los campesinos que soliciten la protección de la justicia federal estarán en posibilidades de obtener una suspensión que impediría por tiempo indefinido la entrada en vigor del mismo, aseguró el abogado y catedrático Román Díaz Vázquez.

El integrante de la organización Plataforma Constitucionalista informó que campesinos de Guanajuato, Veracruz, Nayarit, Hidalgo y Puebla interpondrán en breve –asesorados por 28 litigantes– demandas de amparo contra la apertura del capítulo agropecuario del TLCAN, además de que se prevé que se sumen a estas acciones agricultores, ganaderos y productores de Sonora, Chihuahua y otras entidades.

En entrevista, el también representante legal del Movimiento Ciudadano Obradorista explicó los fundamentos de las violaciones constitucionales.

Precisó que en principio el TLCAN, en su apartado agropecuario, va en contra de lo que establece el artículo 133 constitucional, ya que dicho precepto dispone que sólo serán válidos los tratados internacionales que se celebren acorde con lo que señala la Carta Magna.

“Este es un tratado desventajoso, inconveniente e injusto para nuestro país, porque la Constitución contempla algunos conceptos fundamentales como el de democracia, que establece el artículo 3”, puntualizó.

El litigante se refirió a lo que establece el concepto de democracia en el artículo 3 constitucional, relativo al apartado de la educación en el país.

“No solamente debe entenderse a la democracia como forma de gobierno, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; si bien es cierto que el artículo 3 se refiere a la educación, es un precepto que podemos aplicar en términos sociales generales”.

Desde la perspectiva jurídica de Díaz Vázquez, también procede el amparo porque el TLCAN viola los artículos 14 y 16, ya que no está fundado y motivado su contenido en lo que establece en su conjunto la Carta Magna respecto al concepto de democracia. Ambos preceptos ordenan que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en la ley.

Otro artículo que no será respetado con la entrada en vigor de la particularidad del tratado es el primero, el cual establece que “todos los que estemos sobre territorio mexicano tenemos derecho a gozar de las garantías constitucionales”, indicó.

Asimismo, agregó, se violará el 25 constitucional que a la letra refiere: “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable”.

Ello porque “el Estado debe garantizar que el desarrollo favorezca a todos los sectores de la sociedad, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, que establece el hecho de que se cuente con un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo.

“Y es claro que con la entrada del capítulo agropecuario del TLCAN no se cumplirán los preceptos establecidos en el 25 constitucional”, afirmó el abogado.

Además, el TLCAN “viola el concepto constitucional de democracia, porque con la liberalización del mercado agropecuario prácticamente se acabará con el campo mexicano; es evidente que en un mercado en el que, por un lado, imperan la desigualdad y la desprotección, no existen condiciones democráticas para competir”.

A su vez, Efraín Galicia, integrante del Frente de Mexicanos en el Exterior, alertó sobre el riesgo de que el aumento de la migración por esta causa provoque el incremento en la cifra de connacionales que mueren al intentar cruzar la frontera México-Estados Unidos, y ante ello, “los gobiernos de ambos países serán responsables”.

Román Díaz confió en que a partir del 7 del presente mes se interpongan amparos masivos en juzgados de distrito, mientras su compañero adelantó que el formato de amparo será distribuido entre las 40 agrupaciones de migrantes que conforman el Frente de Mexicanos en el Exterior para así fortalecer la protesta.

Las mesas de atención para todo aquel ciudadano que busque un amparo se ubicarán en el Hemiciclo a Juárez de lunes a viernes, de 17 a 18 horas.

Con información de Emir Olivares

2008-01-02T22:33:00.001-06:00

“Desde la segunda quincena de diciembre aumentaron los precios”, dicen amas de casa

Compras de último momento para enfrentar el gasolinazo

Advierten que el panorama este año se ve “muy negro”, ante el magro incremento a salarios

Toman previsiones como ahorrar energía eléctrica y estirar el guardadito del aguinaldo

Laura Gómez Flores

Ampliar la imagen Automovilistas aprovecharon el último día del año para cargar combustible, ante la entrada en vigor del llamado gasolinazo Foto: Guillermo Sologuren

Con compras de último momento de alimentos de primera necesidad, gasolina y gas; sustitución de focos incandescentes por los ahorradores de energía y retiro de las luces navideñas –aun cuando sus efectos se verán en el recibo de luz hasta el próximo mes–; algunos guardaditos de su aguinaldo, y la selección de los objetos de valor sujetos de empeño para el “último jalón: el Día de Reyes”, las familias capitalinas buscan mitigar los efectos negativos que traerá el gasolinazo.

La entrada en vigor ayer del incremento de 5.5 por ciento a los combustibles impactará en “cadena a todos los artículos básicos o de lujo, y a todos los sectores de la sociedad y provocarán que nuestros salarios se pulvericen porque los dos pesos de aumento al salario no nos servirán de nada, cuando ya hubo una retiquetación de precios”.

Desde la segunda quincena de diciembre, explicaron amas de casa, los precios de productos como la carne de res, pollo y cerdo aumentaron entre 10 y 15 por ciento aprovechando que tenemos dinero y no nos fijamos en esas cuestiones para la preparación de las cenas de Navidad y Año Nuevo, pero conforme pasaron los días “nos vino como una toma de conciencia de la situación”. Por lo que el último día del año se aprovechó para adquirir el mayor número de productos básicos.

“Lo más que se pueda, aprovechando que la caducidad de varias de las cosas es hasta finales de 2008 o principios del siguiente, y se puede pagar todavía con los vales que nos sobraron o un tarjetazo, porque el panorama se ve muy negro y los cincuenta y tantos pesos del nuevo salario mínimo no nos ajustarán para nada, ante la escalada de precios que ya comenzó”, comentaron Julia Hernández y Teresa González.

Como ellas, algunas otras amas de casa conducían sus carritos hasta el “tope” a las cajas registradoras. “Nos llevamos lo que más podemos y necesitamos en la casa, ante la próxima entrada de los niños a la escuela”, dijeron.

Las entrevistadas en las cuatro cadenas de autoservicio y dos tiendas de mayoreo en la ciudad lamentaron que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sólo aprobara un aumento de dos pesos y fijara el mínimo en 52.59 pesos, pese a que todos los artículos subieron entre cinco y 10 pesos. “No se vale, pero demuestra que las autoridades no están con los de abajo porque permitieron ya la retiquetación de alimentos”, agregaron.

Así que para reducir el impacto de los aumentos, comentaron, iniciaron ya el retiro de las luces navideñas, lo cual hacían hasta el 6 de enero o 2 de febrero; cambiaron sus focos normales por ahorradores de energía, que reducen entre un 30 y 40 por ciento el consumo, lo cual se verá reflejado en el primer recibo de luz que recibirán en febrero; evitan se tire o desperdicie el agua; y tienen un “dinerito” guardado para cualquier emergencia.

Otras familias, sin embargo, reconocieron que los festejos navideños “nos dejaron en la calle, como siempre, y tendremos que irnos a formar estos días al Monte de Piedad para que nos preste algo de dinero para el último jalón, que es la compra de juguetes para el Día Reyes”.

Mientras los propietarios de automóviles y unidades del servicio público hicieron largas filas en las gasolineras para “cargar” su tanque desde temprana hora, pero estas continuaron cerca de la medianoche en algunas de las estaciones pues “dos centavos por litro nos va a pegar y al rato en lugar de gastar 350 vamos a desembolsar 400”, señalaron.

2008-01-02T22:00:00.000-06:00

Reprimen sus deseos y no exigen el uso del condón

Persisten tabúes sexuales entre mujeres de estados muy pobres

Emir Olivares Alonso

En estados de alta marginación las mujeres jóvenes están “fuertemente convencidas” de que en su vida sexual deben ser pasivas y no tener ni mostrar deseos, por lo que no se atreven a exigir a sus parejas la protección necesaria para no contraer infecciones de transmisión sexual (ITS) o embarazos no deseados, establece un estudio del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La investigación, aplicada a más de 15 mil jóvenes de entre 13 y 19 años residentes en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Puebla y San Luis Potosí, agrega que entre esta población no existe una cultura de la prevención sexual, pues si bien es cierto que conocen las funciones del condón, no se usa en buen porcentaje, debido a “razones de género y tabúes sexuales, ya que se le ve como un símbolo de relaciones ocasionales, falta de confianza a la pareja y libertinaje sexual”.

Dos conclusiones que arrojó el análisis del CRIM –con sede en Morelos– demuestran que la juventud de estos estados continúa siguiendo prácticas conservadoras, ya que 80 por ciento de los entrevistados consideró que las parejas están obligadas a casarse por la Iglesia y que las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio, este último punto –explica la investigación– se refuerza a través de las generaciones, pues las madres lo transmiten a sus hijas con el argumento de que sin la ruptura de himen “serán reconocidas socialmente, protegidas y respetadas”.

Otro dato es que los jóvenes, sobre todo los de sectores más pobres, consideraron que las mujeres deben valorarse sólo como madres y esposas.

Luego de dos años de trabajo, los investigadores universitarios encontraron que la vida sexual en estas entidades está directamente relacionada con el género, pues 21 por ciento de los hombres de 13 a 19 años reportó haber mantenido ya relaciones sexuales, contra sólo un 5.5 por ciento de las mujeres en ese mismo rango de edad.

Los resultados demuestran que entre los de 13 y 14 años, 9.8 por ciento de los varones iniciaron ya su vida sexual, mientras que sólo 2.9 por ciento de las mujeres en esa edad lo han hecho. En tanto que en los de mayor rango, de 17 a 19 años, la diferencia aumenta, pues mientras 15 por ciento de las féminas ha tenido coitos, en los hombres el porcentaje es de 46.4.

Se informó que los casos de ITS han crecido considerablemente y aunque es en adultos jóvenes cuando se desarrollan estas enfermedades, en la mayoría de los casos se adquirieron durante la adolescencia.

2008-01-02T21:59:00.000-06:00

Su trabajo fuera de casa es indispensables ante sueldos miserables: el obispo de Saltillo

Sostienen mujeres 30% de los hogares mexicanos, responde Vera a Briseño

El prelado de la ciudad de México condenó el pasado lunes que las madres descuiden a sus hijos

Mariana Norandi

Con los salarios miserables que perciben hoy en día los trabajadores en el país, si la mujer no saliera a laborar la mayoría de los hogares mexicanos no podría sostenerse, afirmó el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, tras la crítica a las madres que trabajan fuera de su casa, realizada este domingo por el obispo auxiliar de la ciudad de México, Carlos Briseño, en la Catedral Metropolitana.

Vera aseguró que la de Briseño es una “opinión”, pero no representa la voz de la Iglesia, ya que esta institución apoya el papel social y activo de la mujer en la sociedad.

“Actualmente, más de 30 por ciento de los hogares mexicanos son sostenidos por mujeres, bien porque son madres solteras, porque fueron abandonadas por sus maridos, porque están divorciadas o porque, debido a la situación económica que atraviesa el país, sus esposos se vieron obligados a emigrar. Por tanto, la Iglesia hoy valora mucho el papel social de la mujer y considera que quedó atrás aquella visión de que el hombre iba a trabajar y ella se quedaba encerrada en la casa, y eso gracias a las conquistas por la equidad y dignidad de todos los seres humanos”.

El obispo Briseño criticó a las madres que trabajan fuera de su casa porque con ello –expresó– descuidan a sus hijos. En este sentido, el obispo de Saltillo aseveró que no se puede condenar a la mujer por tener que salir a buscar el sustento y no poder dedicar más tiempo a los menores, ya que el cuidado del hogar y de los niños son responsabilidades de las dos partes de un matrimonio.

“Cuando se dan casos de abandono de hijos por vanidad, egoísmo o intereses personales, tienen la misma responsabilidad en ello la mujer que el hombre, ya que entre ambos debe existir una relación de cooperación recíproca.

“Hoy en día, dedicar menos tiempo a la educación de los hijos responde, en la gran mayoría de los casos, a una necesidad económica, porque cuando el salario mínimo sube dos pesos al año y el nivel de vida crece de manera desproporcionada a los ingresos de los trabajadores, no queda otra que salir a trabajar hombres, mujeres e incluso, niños”, advirtió el obispo de Saltillo.

2008-01-02T21:57:00.001-06:00

Desmiente la guerrilla que haya entregado el niño a un organismo gubernamental

Estupor en Colombia por la hipótesis oficial de que Emmanuel estaría en Bogotá

“Irresponsable”, lanzar el anuncio cuando se hacen esfuerzos para traer a rehenes: analistas

Expectativa por pruebas de ADN a familiares del niño; se aplaza la entrega de los cautivos

Jorge Enrique Botero (Especial para La Jornada)

Ampliar la imagen Marco Aurelio García, miembro brasileño de la misión de observadores internacionales, dialoga con periodistas en un hotel de Caracas Foto: Ap

Bogotá, 1º. de enero. Los colombianos recibieron el nuevo año en medio del estupor causado por la suspensión de la operación para liberar a tres rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, el asombro generalizado no se deriva de la interrupción de éste proceso, sino del anuncio gubernamental de que el niño Emmanuel –quien iba a ser entregado junto con su madre, Clara Rojas, y la ex congresista Consuelo Gonzalez– no está en manos de la guerrilla sino en un hogar infantil del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Bogotá.

Mientras, la agencia de noticias Anncol, que difunde información sobre las FARC, descartó este martes que un menor bajo protección de la asistencia estatal pueda ser Emmanuel, como aseguró el gobierno colombiano el pasado lunes, reportó Afp.

“¿A quién se le puede ocurrir que las FARC, que desconocen todas las instituciones del Estado, vayan a confiar al ICBF un hijo de ellos?”, señaló un artículo sin firma en Internet, en referencia al hijo concebido en cautiverio por Rojas con un guerrillero.

A todo esto, durante una tumultuosa rueda de prensa en la ciudad de Villavicencio, el presidente Álvaro Uribe dijo que la suspensión de las operaciones para entregar a los retenidos no obedeció a causas militares, como aseguraron las FARC en un comunicado leído el 31 de diciembre por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, sino a que Emmanuel no se encuentra en su poder.

El pequeño, quien nació en cautiverio, fruto de una relación entre Clara Rojas y un guerrillero, estaría según la hipótesis revelada por el gobierno en un hogar de paso, junto con decenas de niños abandonados por sus padres, a la espera de ser adoptado.

Según el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, el niño fue entregado al ICBF en julio de 2005 en la pequeña ciudad de San José del Guaviare, una zona de intensas confrontaciones armadas situada en el suroriente del país.

Aunque el gobierno advirtió que la versión sólo es una hipótesis, solamente comprobable mediante pruebas de ADN, la mayoría de los analistas coincidieron en que había sido al menos “irresponsable” lanzar un anuncio de semejantes magnitudes justo cuando se realizaban esfuerzos para conseguir el regreso a casa de los rehenes.

En declaraciones a La Jornada, la senadora Piedad Córdoba, quien actuaba como mediadora para las liberaciones, dijo que “lo mínimo que pudo hacer el gobierno fue abordar discretamente a los familiares de Clara y solicitarles la prueba de ADN antes de hacer pública su hipótesis”.

Córdoba coincidió con Chávez, en que la actitud del gobierno colombiano sólo busca torpedear la liberación de los rehenes. “Definitivamente el gobierno no quiere que ellos regresen a sus hogares”, aseguró.

Explicó que para Uribe las liberaciones y el eventual intercambio de secuestrados por guerrilleros presos en las cárceles significarían un revés. “Se niega a un acuerdo con la guerrilla pues piensa que el único camino para terminar la violencia es con más guerra”, subrayó la senadora.

Por su parte, el mandatario colombiano insistió en que en sus cinco años de gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para lograr un acuerdo con las FARC y acusó a la insurgencia de mentir reiteradamente al país, al tiempo que los llamó “narcoterroristas”.

Diversos medios locales pusieron en duda la hipótesis oficial, al recordar los testimonios de dos oficiales del ejército, uno en poder de las FARC y el otro fugado a mediados de año, quienes narraron en detalle su relación con Emmanuel en los campamentos en la profundidad de la selva amazónica colombiana.

Este sorprendente comienzo de año ha dado paso a una creciente expectativa en torno a los resultados de las pruebas de ADN que se apresta a tomar una comisión integrada por funcionarios de Bienestar Familiar, Medicina Legal y la Fiscalía, que viajó hoy a Caracas, donde se encuentran la abuela de Emmanuel y un tío del niño.

Carlos Lozano, dirigente del opositor Polo Democrático y director del semanario Voz, alertó sobre la composición de la comisión que tomará las pruebas y hará los análisis. “Debe haber una veeduría internacional de una entidad científica autorizada y a prueba de presiones o manipulaciones”, advirtió Lozano a este diario.

Recordó que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien suministró a Uribe los datos para construir la hipótesis de que Emmanuel estaría en Bogotá, ha sido soprendido en varias mentiras en el pasado reciente, pese a lo cual el presidente colombiano lo ha mantenido en su cargo.

La Jornada pudo establecer que familiares de Clara Rojas y Consuelo González se reunieron en la noche del lunes con el presidente Chávez en el Palacio de Miraflores, donde le pidieron que continúe su gestión humanitaria, a lo cual éste respondió favorablemente.

Asimismo, este martes trascendió que dos familiares de Rojas aceptaron someterse a pruebas de ADN para confirmar o descartar la hipótesis de que Emmanuel se encuentra en un albergue bogotano.

En tanto, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, dijo hoy que “en 10 o 15 días” se conocerán los resultados del examen ADN practicado a un niño que según el gobierno podría ser Emmanuel. “Ese es un trámite que, por nuestra experiencia, nos permitirá confirmar o desvirtuar la hipótesis de la maternidad de Clara Rojas sobre el menor”, precisó el funcionario, reportó Afp.

Tras la suspensión de la operación aérea para traer de regreso a los rehenes se ha puesto en marcha un plan alternativo –anunciado por el mismo Chávez la semana pasada–, mediante el cual se pretende que los guerrilleros lleguen con los cautivos, por vía fluvial y terrestre, hasta algún punto de la extensa frontera de mil 500 kilómetros entre Colombia y Venezuela.

En rueda de prensa en la ciudad colombiana de Villavicencio, el ex presidente argentino Néstor Kirchner aseguró el pasado lunes que Uribe se había comprometido a permitir un “corredor” sin presencia militar para que por él se desplazaran los guerrilleros y sus rehenes.

2008-01-02T21:57:00.000-06:00

Desmiente la guerrilla que haya entregado el niño a un organismo gubernamental

Estupor en Colombia por la hipótesis oficial de que Emmanuel estaría en Bogotá

“Irresponsable”, lanzar el anuncio cuando se hacen esfuerzos para traer a rehenes: analistas

Expectativa por pruebas de ADN a familiares del niño; se aplaza la entrega de los cautivos

Jorge Enrique Botero (Especial para La Jornada)

Ampliar la imagen Marco Aurelio García, miembro brasileño de la misión de observadores internacionales, dialoga con periodistas en un hotel de Caracas Foto: Ap

Asimismo, este martes trascendió que dos familiares de Rojas aceptaron someterse a pruebas de ADN para confirmar o descartar la hipótesis de que Emmanuel se encuentra en un albergue bogotano.

2007-12-31T18:48:00.000-06:00

Monreal culpa a las corrientes por falta de triunfos del PRD

Notimex / La Jornada On Line

La falta de democracia interna “nos llevó a perder elecciones en todo el país”, dijo.

México, DF. El senador Ricardo Monreal sostuvo que las corrientes internas del PRD influyeron de manera determinante en las derrotas electorales de ese partido durante 2007 y que hoy lo colocan en una situación “endeble” y “sensible”.

El aspirante a la dirigencia nacional del organismo político reconoció que éste “no atraviesa por su mejor momento pues en la contienda electoral perdimos muchos votos, ante lo cual se requiere reposicionar al partido”.

Indicó que el sol azteca “tuvo derrotas dolorosas en municipios y estados donde habíamos ganado en 2006 y perdimos de manera determinante donde habíamos crecido”.

Ricardo Monreal subrayó que el balance no es positivo para su partido pues todo perdió, excepto en el estado de Michoacán, por lo que urgió a redimensionar a la agrupación política para ganar en las elecciones que se avecinan.

En la víspera de que concluya 2007, el también vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, expresó que la presencia de las corrientes “le quitaron oportunidad a muchos buenos militantes de participar y de ganar”.

Al repartirse las posiciones —dijo— las corrientes no usaron procedimientos democráticos y eso “nos llevó a perder las elecciones en todo el país”.

Quien fuera coordinador de las Redes Ciudadanas en la campaña del ex candidato presidencial Andrés Manuel López obrador consideró que el sol azteca debe sacudirse de dichas corrientes porque son determinantes para tomar las decisiones políticas en el partido.

De no corregir esa situación, advirtió, el PRD corre el riesgo de “seguir perdiendo la confianza ciudadana”.

2007-12-31T08:05:00.002-06:00

Reprueba el Obispo conducta de Ascencio

“Todos los que tienen un cargo de representación deben de ser un ejemplo. Quienes ostentamos una representatividad tenemos que ser responsables ante el pueblo”, afirmó el jerarca católico
El prelado llamó a quienes ostentan una representatividad ante el estado a esforzarse por hacer bien su trabajo y servir de ejemplo a la sociedad que los eligió

En su conferencia de prensa de ayer domingo, el Obispo de Tabasco, Benjamín Castillo Plascencia, hizo público su rechazo al proceder del diputado del PRI, José David Ascencio Arellano, quien alcoholizado sacó pistola y escandalizó a la salida de un table dance. Sin embargo Granier y Escayola se niegan a ver la realidad de los hechos. (Foto: Pericles)

JUAN MANUEL DIEGO

El obispo de Tabasco, Benjamín Castillo Placencia, reprobó los hechos en los que incurrió el legislador local del PRI y ex presidente municipal de Centla, José David Ascencio Arella-no, quien a mediados de la semana que culminó salió en estado de ebriedad de un centro nocturno, y con un arma de fuego de uso exclusivo del ejercito, realizó una serie de disparos que causaron algunos daños a vehículos.

En su conferencia de prensa del domingo, el jerarca católico expresó que la conducta de todo servidor público o representante popular debe de ser ejemplar, por lo que no pueden estar incurriendo en este tipo de comportamientos que dejan mucho que desear.

“Todos los que tienen un cargo de representación deben de ser un ejemplo. Quienes ostentamos una representatividad tenemos que ser responsables ante el pueblo”, puntualizó Castillo Placencia, al señalar que cuando un representante público hace algo indebido “le está fallando” a los ciudadanos.

Y aunque reconoció que ningún servidor público puede ser infalible, pues todos están expuestos a cometer errores, el obispo llamó a quienes ostentan una representatividad ante el estado a esforzarse por hacer bien su trabajo y servir de ejemplo a la sociedad que los eligió.

“Es necesario que se esfuercen en ser ejemplo. Desde luego no podemos ser injustos y pedirles que sean infalibles, que no tengan fallas”, expresó el líder de la grey católica en Tabasco.

El miércoles, el diputado del tricolor armó un escándalo a las afueras de un centro nocturno, donde incluso fue esposado por elementos comisionados a una patrulla de la policía estatal, según muestran una fotografías que ya son de dominio público.

Sin embargo, Ascencio Arella-no fue dejado en libertad, según el secretario de Seguridad Pública, Alberto Espinosa Ramírez, porque nadie interpuso alguna demanda en su contra.

Este suceso ha causado opiniones encontradas al interior de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados. Mientras unos le han sugerido a Ascencio recurrir a ayuda psicológica, hay otros como José del Carmen Escayola Camacho que se empeñan en defenderlo.

2007-12-31T08:05:00.001-06:00

Granier le ha faltado el respeto a los municipios: Alcaldes del PRD

Señalan que en el primer año el trato ha sido irrespetuoso, sobre todo por la operación de las llamadas Casas de Gobierno
El alcalde de Jonuta, Francisco Lastra, denuncia la inconstitucionalidad de esos centros de operación de la administración de Granier Melo
“Piden que los respetemos, y ellos no lo hacen”, precisa Javier May, edil de Comalcalco

JUAN MANUEL DIEGO

Alcaldes emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) seña-laron que en el primer año de la actual administración, el gobierno del estado que encabeza Andrés Rafael Granier Melo ha sido muy irrespetuoso en su trato hacia los municipios, principalmente por la operación de las Casas de Gobierno, que es a donde bajan la mayoría de los recursos y que son utilizados con fines políticos.

El alcalde de Comalcalco, Javier May Rodríguez, condenó que sea a través de esas Casas de Gobierno y no mediante las autoridades legalmente establecidas, en este caso los ayuntamientos, a como operan los programas sociales.

El munícipe puso de ejemplo lo que sucedió en la pasada contingencia, donde la mayoría de los apoyos que bajaron a los municipios fueron a través de estas instancias que son anticonstitucionales.

“Ahí está lo de la contingencia de ahora, a nosotros nos mandaron dos mil despensas, pero yo estoy seguro que a las Casas de Gobierno llegaron como 20 mil. Ese es el trato que nos dan, ellos (en el gobierno del estado) piden que los respetemos, y ellos no lo hacen”, indicó May Rodríguez.

En la semana, el presidente de la Asociación de Alcaldes del PRD, Carlos Francisco Lastra González, acusó la inconstitucionalidad de esos centros de operación de la administración de Granier Melo, a través de donde bajan los recursos que son manejados con tintes políticos para ir tratando de posicionar a algunos precandidatos del PRI de cara las elecciones del 2009.

Señaló que al interior de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los siete que son emanados del sol azteca, tendrá que discutirse la posición a asumirse el año entrante frente a la administración de Granier Melo y las Casas de Gobierno que operan en los municipios.

El también presidente municipal de Jonuta había señalado que el convenio de colaboración que se firmó a mediados de año entre el gobierno central y los ayuntamientos no ha rendido prác-ticamente ningún beneficio, pues las obras a las que se comprometió la administración del Químico no se están llevando a efecto.

2007-12-31T08:04:00.001-06:00

Tabasco, uno de los estados que será más afectado por el TLCAN

Ni siquiera es capaz de producir lo que consume, declaró a La Verdad del Sureste, María Luisa Frías, secretaria de la Unión de Trabajadores Agrícola en Tabasco
En el momento en que se abran las fronteras a la importación, el precio de ese granó subirá “y nosotros consumimos tortillas, tamales, atole, pozol”, hizo notar la dirigente campesina, al dar su opinión en relación al acuerdo que forma parte del Tratado de Libre Comercio y que entrará en vigencia a partir de este día del 2008

CECILIA VARGAS

Tabasco será uno de los estados del país que más afectará la apertura de las fronteras a la importación del maíz y otros productos agropecuarios a partir de enero del año que comienza, porque ni siquiera es capaz de producir lo que consume, declaró a La Verdad del Sureste, María Luisa Frías, secretaria de la Unión de Trabajadores Agrícolas en Tabasco.

En el momento en que se abran las fronteras a la importación, el precio de ese granó subirá “y nosotros consumimos tortillas, tamales, atole, pozol”, hizo notar la dirigente campesina, al dar su opinión en relación al acuerdo que forma parte del Tratado de Libre Comercio y que entrará en vigencia a partir de este día del 2008.

Ese acuerdo -dijo María Luisa Frías, en relación a las consecuencias para los productores agrícolas de México- afectará la situación económica de los productores y en consecuencia la de las familias rurales que viven totalmente del trabajo de producción primaria en la tierra.

Y en su momento, las organizaciones campesinas nacionales, manifestamos estar en contra del TLC; no por simple oposición al sistema y modo de vida de los estadounidenses, sino porque el gobierno mexicano nunca previó las consecuencias que traería a la economía interna del país y las familias.

Ese tratado, mencionó, es un asunto que ha estado en la agenda de las organizaciones campesinas a nivel nacional y en la mayoría de sus planteamientos a los gobiernos.

Con la firma del TLC, Carlos Salinas de Gortari fue más allá que empeñar al país, lo vendió, dijo Frías, quien afirmó que México es un país en donde sus gobernantes nunca se han preocupado por asegurar la autonomía alimentaria del país, por el contrario, lo han hecho un país dependiente de las grandes potencias del mundo, sujetos a la economía mundial, a las políticas que dicta el Fondo Monetario Internacional.

Pero hay algo más grave, asegura María Luisa Frías, la actual exigencia del mundo globalizado y de los países tecnológicamente muy desarrollados de producir productos agrícolas para generar energía mediante productos como el maíz y la caña de azúcar, que en México se cultivan pero para consumo humano.

Eso significa que ingresaremos a un mundo de competencia muy desigual, valga la expresión: los mexicanos entraremos a una etapa de competencia con las máquinas, porque el maíz y la caña de azúcar que nosotros producimos para comer, será usado para energéticos.

Ya países como Brasil, dijo, están produciendo gramíneas, productos que en determinado momento les permitirá disponer de suficientes energéticos para que equipos de alta tecnología.

En México nuestros gobernantes ni de eso se han ocupado, asegura la dirigente de la UNTA en Tabasco, menos aún de que en el 2008, su falta de previsión no solo ocasionará daños a las familias campesinas, sino incluso a las pequeñas y medianas empresas, porque seguirán dependiendo de la tecnología extranjera, de que nuestros vecinos del norte nos quieran vender o no equipos.

Es decir, como hemos venido diciendo desde un principio, México no está preparado para competir con países de primer mundo, y no quiero decir con esto, aclaró, que seamos un pueblo incapaz, por el contrario, somos un país con una fuerza muy importante en su gente, pero que padecemos gobiernos miopes que no han sido capaces de asegurar nuestra autonomía alimentaria y generar nuestras propias tecnologías para poder estar a la altura.

Es preocupante observar que ninguna instancia se preocupa por las consecuencias de sus políticas y decisiones, dijo; porque incluso la apertura de las fronteras a los automóviles usados, “el desecho de los gringos” también afectará a la industria automotriz, porque entrarán a México vehículos más baratos.

“Creo que nuestro país está en estos momentos como el jamón de un sándwich, en medio de dos panes. Esa es nuestra triste realidad”, expresó María Luisa Frías.

Nuestros gobiernos no se han preocupado por cuidar, proteger, la planta productiva, como otros países, incluso los Estados Unidos que subsidian al 80 por ciento de su producción de maíz con un e iniciarán con ese producto la generación de energéticos.

Los gobiernos de México ni siquiera cuidan la producción de lo que significa su alimento básico. El día que “los gringos” nos digan que no nos venderán ni una tonelada de maíz, nuestro país tendrá que buscarlo en otros mercados, cuando nosotros podíamos haberlo producido.

Nuestros gobiernos deberían haberse preocupado por “cuidar la casa, pero no lo han hecho, por el contrario, han traicionado esta casa, les ha importado muy poco lo que nos pase a los mexicanos, a su economía. Seguramente habrá quien diga: “ya ni llorar es bueno”.

-Tabasco no es un gran productor de maíz, ¿La entrada en vigencia de ese apartado del TLC, podría afectar a Tabasco?

Claro que nos afectará por dos circunstancias:

La primera, porque efectivamente Tabasco no es un gran productor de maíz, no es capaz ni de producir siquiera lo que consume. Actualmente se trae maíz de Chiapas y Campeche para nuestro consumo alimentario, pero en el momento en que abran las fronteras, los monopolios comenzaran a controlar nuestro sistema productivo.

Ellos pagan en dólares y en su empeño por disponer de suficiente maíz compraran el que se produce en México, elevando el precio de compra, después controlaran toda la producción, ese es el riesgo que corremos los mexicanos, afirmó.

¿Se puede hacer algo para evitar esto? Preguntó y respondió: claro que se puede hacer, es un problema de decisión de nuestros gobernantes.

En principio deben impulsar la producción de maíz, hasta ser capaces de producir lo que consumimos. En Tabasco ya no tendríamos que depender de la producción de Chiapas, de que le vaya bien o no en el próximo ciclo, primavera-verano o en el de otoño-invierno, o si decide vender el maíz en otro lado.

Actualmente vivimos en un círculo vicioso, somos parte de un mercadito local, Chiapas produce maíz y Tabasco se lo compra, pero en el momento en que se abra la frontera, corremos el riesgo de no disponer de suficiente.

Según datos del INEGI y del sistema ACERCA, Tabasco está consumiendo 120 mil toneladas de maíz al año y solo produce entre 75 y 80 mil, eso nos da una idea, hizo notar Frías Almeida, en qué grado nuestro estado es dependiente, que no somos altamente productivos en maíz.

Recuerdo que cuando, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se impulsó Procampo, como un incentivo para ampliar el interés del productor en sembrar básicos, pero que en la realidad solo era una vacuna y decirnos, con esto los vamos a apoyar para que produzcan, pero en los últimos 12 años, se implementó una política “al revés”.

Se les dijo a los productores, que les adelantarían cinco años de apoyos de Procampo, siempre y cuando cambiara de cultivo, por eso ahora, dijo María Luisa Frías, los productores que sembraban una, dos, tres o cuatro hectáreas de maíz, han convertido sus terrenos en pastizales, platanales o frutales, aún sabiendo los que se veía para el 2008, porque los acuerdos del TLC son del conocimiento de todos los que están en el poder.

Si ahora trataran de revertir esa política, que dijeran “hay que meter todos los kilos para producir maíz”, los productores ya no están en el ánimo de hacerlo, porque comercialmente producir maíz no es un negocio, sin embargo esto ya no es un problema de de comercio, sino de autoconsumo, de subsistencia.

¿Qué se puede hacer? Considero que lo primero que tendrían que hacer los gobiernos de México y estatales, es crear programas, pero no emergentes, para el próximo ciclo agrícola, sino a largo plazo, que nos permitan, por lo menos producir el maíz que nos comemos, en pozol, tortillas, atole, tamales.

-¿Pero observa intenciones de algún gobernante en ese sentido?

No, no existe un plan en base a crear un dique que permita a la gente producir lo que consume, y con la apertura comercial del maíz, los primeros cuatro, cinco años, vendrá un boom económico para los productores, no porque suba el precio a nivel nacional, sino porque así es la política de mercado y todo mundo se animará a sembrar maíz.

Eso es preocupante, porque no estamos preocupados en los que comerán nuestros hijos, nuestros nietos.

Reiteró que los gobernantes no deben tratar de remediar esto “con planecitos” sino con programas a largo plazo, que cuando termine el sexenio el gobierno que venga lo continúe, como lo hacen en Estados Unidos y otros países, que de manera permanente sostienen una política amplia de subsidio a todas las ramas productivas de la producción agropecuaria.

Pero en México la política que se maneja es al revés. Justamente en el 2088 se terminará Procampo, no sabemos que programa implementarán, de ahí en adelante, los gobiernos, “parece que están manejando un programa nacional concurrente, pero no sabemos de qué se trata, ni con qué se come”.

Supuestamente Vicente Fox aplicó programas supuestamente alternativos, pero los productores no tuvieron idea ni de cómo se llamaron.

Lo único que nos queda a los mexicanos, a los tabasqueños, indicó, es comenzar a luchar con la ley en la mano, para ver si así nos voltean a ver, porque modificaron el Artículo 27 Constitucional, pero nuestra Carta Magna también dice claramente que el gobierno es el responsable de garantizar la alimentación del pueblo mexicano.

De esa manera, continuó, con la ley en la mano, hay que exigirle a nuestros gobernantes que su obligación es esa y hacer de México un país autosuficiente en alimentos.

-Qué acciones ha contemplado la UNTA para exigir que los gobiernos cumplan con ese ordenamiento constitucional?

Cada año, la UNTA y otras organizaciones campesinas, lo hemos planteado, porque además, cada año es una disputa por las partidas que se asignan al campo, porque cada año, también, lo van recortando, y prefieren dar tranquilidad, a través de las políticas hacendarias, a los grandes consorcios de este país, antes que privilegiar a los necesitados. En ese entonces, en ese sentido las balanza es inequitativa, las políticas implementadas por los gobiernos, cada día van cerrando el círculo del apoyo que se les da a los productores del sector social, el que tampoco tiene derecho de ir a la banca privada porque no cubre los requisitos. Pero con esas políticas, a lo mejor tendrán que ir pensando, porque aunque afirmen que en este país no pasa nada, hay puntos de extremas pobreza que podrían desesperarse y con “programitas emergentes no resolverán nada, porque lo que la gente necesita es empleo, empresas comprometidas en generar empleo pero también alimentos y que además generen plusvalía.

Si no hay eso, finalizó María Luis Frías, “los programas de Sedesol, no seguirán siendo más que mejoralitos para un enfermo que tiene cáncer”.

2007-12-31T08:00:00.002-06:00

Los gobernadores, por revisar el TLCAN agrario: Cárdenas Batel

Prevé el mandatario ola de inestabilidad similar a la del tortillazo

Aún es tiempo, advierte

La Jornada Michoacán

Tangancícuaro, Mich., 30 de diciembre. El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, aseguró que hay consenso entre sus homólogos de distintos partidos para que se revise el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Previó que ante la inminente liberalización del comercio de granos en un contexto de incertidumbre del mercado, podría producirse una ola de protestas e inestabilidad social, derivado de la obvia desventaja competitiva del campesinado mexicano frente a los agricultores subsidiados de Estados Unidos y Canadá.

Advirtió de algo “igual o peor” a esa competencia asimétrica, cuando empresas estadunidenses importen maíz mexicano sin control, ya sea para producir etanol, uso pecuario u otros, en detrimento de la soberanía alimentaria.

Dijo que comparte la preocupación de “casi todas las organizaciones campesinas”, que han coincidido en oponerse al tratado, porque “no se trata de algunos productos más; no son calzado o textiles chinos, sino los granos, que constituyen la base alimentaria del pueblo de México”.

Se trata, dijo, de maíz y frijol, de profunda raíz histórica y cultural, por lo que consideró que es urgente tomar medidas de protección que impidan una crisis social mayor.

De esta forma, señaló, las perspectivas no serían sólo de competencia desigual ante el “subsidio muy grande (que da) Estados Unidos para su agricultura, sino que podría repetirse la pequeña prueba de inestabilidad que se vivió con el alza a la tortilla a principios de año, ahora ante la probable especulación o franca escasez del grano que pudiera reorientarse a satisfacer el abasto de materia prima en producción de biocombustibles”.

Se trata, dijo, de una “preocupación cualitativamente diferente y mayor”, por lo que no dudó en calificar la apertura agropecuaria de “riesgo muy, muy grande en términos de soberanía alimentaria; un riesgo enorme para el país, muy delicado si no se regulan las importaciones y las exportaciones. Sería algo muy grave”, asentó.

Si bien el mercado de granos ha mostrado crecimiento en los últimos meses –pero con perspectiva incierta– que podría no dejar tan abandonados a los productores en una primera etapa, “como país quedaríamos desvalidos, amarrados, por un producto que se estaría moviendo por intereses distintos al interés de México”, explicó.

Por lo que, dijo, “aún es tiempo de tomar las medidas que debieron emprenderse años atrás, desde que sabíamos que se iba a dar esta apertura (...) para evitar problemas más graves”.

E insistió: “hay que tomar acciones, por eso los distintos gobernadores estamos en contacto, y hay una coincidencia generalizada para revisar el capítulo agropecuario o como país estaríamos en una clara desventaja”, concluyó.

–¿Hay señales de que puedan tomarse esas medidas en el gobierno de Felipe Calderón?

–Hay programas, pero han sido insuficientes; falta que se den pasos más concretos.

2007-12-31T08:00:00.001-06:00

Condena la Iglesia el capítulo agrícola del TLCAN

Fabiola Martínez, reportera; Martín Diego Rodríguez, Claudia Druck León y Sergio Ocampo, corresponsales

A unas horas de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –que elimina impuestos para la importación de maíz, frijol, leche en polvo, azúcar y otros alimentos cuya producción es subsidiada en Estados Unidos–, representantes de organismos de defensa de derechos humanos, campesinos, de la Iglesia católica y de la disidencia magisterial expresaron su rechazo a ese acuerdo y exigieron al gobierno federal que proceda a revisarlo y otorgue apoyo a los campesinos vulnerables del país.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, afirmó que ante la inequidad prevaleciente en los acuerdos, en perjuicio de los productores del país, el gobierno federal debe revisar todo lo relativo a la comercialización de productos básicos; “el nivel de pobreza y migración de los hombres del campo mexicano es realmente preocupante”.

En León, Guanajuato, el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago exigió a las autoridades que asuman “su responsabilidad” de apoyar a los campesinos que serán afectados con la desgravación arancelaria.

En conferencia de prensa, el prelado dijo que “evidentemente la liberalización de los precios de productos agrícolas tendrá un impacto real sobre el campo mexicano; el cual no está en condiciones de competir contra productos agrícolas de países donde hay subsidios, mientras que en México no existen. Esa circunstancia implica un riesgo grave y real”.

El arzobispo reprochó a las autoridades que soslayaran las condiciones que tras la entrada en vigor del TLCAN, hace 14 años, golpearon a los campesinos, “el campo mexicano había resentido ya las consecuencias de esa disposición, ahora, el impacto será mayor”.

El arzobispo insistió en que las autoridades mexicanas debe asumir su responsabilidad en la defensa de los productores mexicanos marginados.

En Morelia, Michoacán, el secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Artemio Ortiz Hurtado, adelantó que maestros de la sección 18 arrancarán 2008 con manifestaciones en la ciudad de México, sin que se descarte la realización de marchas en esa entidad.

En Chilpancingo, el primero de enero se concentrarán productores de Guerrero para protestar por la entrada en vigor de ese capítulo del TLCAN. Grupos de teatro de la Universidad Autónoma de Guerrero y dirigentes de diversas organizaciones sociales presentaron sus propuestas en el Zócalo de esa entidad.

El dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata, Arturo Hernández Cardona, consideró obligación de las agrupaciones campesinas impulsar las movilizaciones, “porque no hay rumbo en el campo mexicano, el cual está hecho pedazos”.

Édgar Cortez estimó “necesario que los campesinos se movilicen ante la cerrazón del gobierno federal”, comentó que esta etapa del TLCAN refuerza la pérdida de soberanía alimentaria, que perpetua los niveles de miseria y obliga a los campesinos a migrar o decir adiós a la posibilidad de tener una vida digna, con acceso a la alimentación y a la salud.

2007-12-31T07:59:00.001-06:00

El acuerdo, que traería desarrollo y modernidad, disparó importaciones y desempleo

En 14 años, el TLCAN apuntaló el dominio de firmas foráneas en México

El atraso ha expulsado en este lapso a 4.5 millones de connacionales, según cifras oficiales

Juan A. Zúñiga y Víctor Cardoso

Al paso de cuatro presidentes, dos surgidos del PRI y dos del PAN, la apertura de México iniciada en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), consolidó el dominio de empresas extranjeras sobre la economía del país, las cuales han invertido 295 mil millones de dólares; permitió importaciones masivas que sólo en el sector manufacturero han generado un déficit de 200 mil millones de dólares, y posibilitó que los mexicanos más poderosos enviaran 60 mil millones de dólares para depósitos en cuentas bancarias y la compra de acciones de empresas en el extranjero.

México se volcó al campo internacional pero en condiciones poco favorables para impulsar su desarrollo.

Entre 1994 y septiembre de 2007, la economía mexicana registra una tasa de crecimiento anual de 3.02 por ciento en promedio, una de las más bajas en la región latinoamericana, a pesar de que en este lapso los grandes capitales internacionales ingresaron al país 295 mil millones de dólares, destinados particularmente a la adquisición de empresas y bonos de la deuda interna gubernamental.

Con estos recursos, el saldo de la inversión extranjera en México llega a 587 mil 945.5 millones de dólares. Esto es, una cantidad equivalente a 66 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2007, es decir, dos terceras partes del valor de la producción nacional.

El sector más afectado de la economía nacional es, sin duda, el campo.

De acuerdo con informes oficiales del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria en el país fue de 1.9 por ciento en los 14 años pasados.

En términos generales, puede considerarse al campo como el más afectado, hasta ahora, con la apertura comercial. La participación agropecuaria en el PIB pasó de 6.1 por ciento, en 1993, a 3.7 por ciento, en el tercer trimestre de 2007.

El saldo de las asimetrías entre las economías de México, Canadá y Estados Unidos se ha observado particularmente en la migración. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), en los pasados 14 años habrían emigrado del país 4.5 millones de mexicanos. Esto, por los niveles de pobreza, la falta de oportunidades y la escasez de inversiones para generar empleos.

Pero este sector no ha sido el único mal parado con la apertura “a la modernidad”. Según datos del INEGI, la tasa de crecimiento de la industria en México fue de 2.97 por ciento anual en promedio a partir del 1º de enero de hace 14 años. En las manufacturas, el área más dinámica de este sector, más de 22 por ciento de los establecimientos que operaban antes de la entrada en vigor del TLCAN, cerraron definitivamente sus puertas.

Aunque basados en el sistema de muestreo, y por tanto con relativas limitaciones, las encuestas del INEGI permiten observar que de las 6 mil 856 empresas encuestadas, al menos mil 500 establecimientos industriales cerraron sus puertas para siempre.

Pero también se puede observar que en octubre de 2007 la industria manufacturera establecida en México operaba con 14.3 por ciento menos trabajadores que en diciembre de 1993, a escasos días de iniciarse la apertura comercial que supuestamente llevaría al país a la modernidad, según pregonaba el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

De manera más específica, los indicadores del INEGI en materia de empleo dan muestra de que el desarrollo fue una quimera del TLCAN, pues en el sector manufacturero del país ninguna de las ramas industriales que lo integran reporta crecimiento en el personal ocupado. La desocupación actual afecta a un millón 800 mil personas, una dimensión sin precedente, que implica un crecimiento de 194 por ciento sólo en los pasados siete años.

Las ramas manufactureras más afectadas han sido: la textil, prendas de vestir y del cuero, en la cual fue despedido 35 por ciento del personal que laboraba en diciembre de 1993; la industria de la madera y sus productos, con una contracción laboral de 33 por ciento; el sector de minerales no metálicos, con una caída de 20.3 por ciento en el empleo y la de fabricación de sustancias químicas, derivados del petróleo y plásticos, con casi 16 por ciento menos trabajadores.

Saldo del intercambio comercial

La apertura comercial de México iniciada con el TLCAN tuvo como objetivo central el impulsar la capacidad exportadora del país y convertirla en “el motor del crecimiento” nacional.

Sin embargo, el saldo de la balanza comercial, es decir, el resultado neto entre el ingreso por ventas de productos en el exterior, menos el gasto por la adquisición de mercancías se mantiene deficitario para el país, y en los pasados 14 años significó una pérdida neta de divisas por 81 mil 645 millones de dólares, de acuerdo con registros del INEGI.

Efectivamente, las exportaciones crecieron con el TLCAN. A tal grado, que en octubre y noviembre de 2007 el ingreso de divisas por este concepto equivalió al total obtenido en todo 1993. Pero el gasto por la importación de las mercancías aumentó. Y la estructura deficitaria de la balanza comercial se mantuvo invariable; sólo cambiaron las magnitudes y las pérdidas.

2007-12-31T07:56:00.000-06:00

En su arremetida las acusó de despreciar y minusvalorar el papel de amas de casa

Critica el obispo Briseño a madres que trabajan fuera de sus hogares

Sostuvo que en aras de una vida confortable y de la realización personal hacen de lado a esposo e hijos

En la homilía dominical en catedral, el religioso también censuró a jóvenes

Alma E. Muñoz

Ampliar la imagen El obispo auxiliar Carlos Briseño bien custodiado ayer en la catedral Foto: María Luisa Severiano

El obispo auxiliar de la ciudad de México, Carlos Briseño Arch, arremetió ayer contra las madres de familia que trabajan. Las acusó de despreciar y “minusvalorar” su papel de amas de casa, así como de abandonar el cuidado de una familia “en aras de una vida con más confort y de una realización personal al margen del esposo y los hijos”.

Durante la homilía que ofició en la Catedral Metropolitana, en sustitución del cardenal Norberto Rivera –quien, se explicó, se encontraba en esos momentos en Monterrey, Nuevo León, con su familia–, el prelado utilizó la figura del emperador romano Herodes para criticar a este grupo de mujeres y a los jóvenes, por considerar que influyen en la desintegración familiar.

En el segundo caso, señaló que muchos “fundamentan la relación de pareja sólo en un momento de deseo, sin compromisos y sin estabilidad, matando de antemano la posibilidad de crear familias integradas y estables”.

Además, citó al poder económico porque, afirmó, “se levanta como un nuevo Herodes, destruyendo vidas inocentes, en algunos casos antes de nacer, en otros no dando a los niños la posibilidad de desarrollarse; también afecta a los padres, pues les niega la posibilidad de obtener un empleo digno, teniendo que separarse de la familia y emigrar a grandes ciudades o al norte para poder sacar adelante a la familia”.

Indicó que “Herodes (también) se presenta en la mentalidad de muchas mujeres que desprecian o minusvaloran su papel de amas de casa y abandonan el cuidado de una familia en aras de una vida de más confort y de una realización personal al margen del esposo y los hijos”.

Pero también, de acuerdo con el obispo Briseño, se hace presente en “muchos esposos que viven la infidelidad como algo connatural en sus vidas, destruyendo el núcleo familiar”.

Indicó que hoy la familia tiene que “protegerse de todo lo que la amenaza” y, para ello, “primero tiene que detectar qué es lo que la desintegra, la desune”. Invitó a los feligreses a proteger y cuidar este núcleo y a los papás les pidió acompañar verdaderamente a sus hijos. Que éstos valoren más a sus padres y “vayan poniendo las bases para la familia que van a fundar el día de mañana”. Los conminó a no anteponer a ello el valor económico “porque ha hecho mucho daño a las familias”.

2007-12-31T07:54:00.000-06:00

Ex candidatos de Panal crean corriente crítica; piden renuncia de Kahwagi

Notimex / La Jornada On Line

Aseguran que Jorge Kahwagi llegó a la dirección de Nueva Alianza violando los estatutos del partido.

México, DF. Militantes del Partido Nueva Alianza (Panal) anunciaron la creación de una “corriente crítica” en el instituto político, integrada por 40 ex candidatos a cargos de elección popular, quienes exigen la renuncia de su presidente nacional, Jorge Kahwagi.

En conferencia, Carlos Mario Morales Rentería y Marco Antonio García Gatica, contendientes por las diputaciones locales en los distritos 30 y 34 del Distrito Federal, anunciaron que presentarán una queja ante el Instituto Federal Electoral (IFE) porque no se respetaron los estatutos del partido.

“Nunca nos preguntaron quién quiso poner al señor Jorge Kahwagi Macari; su lugar debe estar en la farándula o ayudando a adictos para que se recuperen, debe dejar a gente que realmente quiere hacer política que ocupe esos cargos”, consideró Morales Rentería.

Por ello, indicó que antes del 15 de enero acudirán ante la autoridad electoral para exponer que Kahwagi llegó a la dirección nacional de Nueva Alianza violando las reglamentaciones internas.

Añadió que un grupo que no tiene nada que ver con el proyecto inicial del partido, encabezado por Kahwagi, se ha apoderado de Nueva Alianza y marginado por completo a los militantes de la toma de decisiones.

La “corriente crítica”, sostuvo, tiene el respaldo de unos 16 mil afiliados, representados en los 40 ex candidatos a legisladores.

Morales Rentería indicó que hasta el momento el movimiento contra la imposición de Kahwagi ha iniciado en el Distrito Federal, el estado de México y Quintana Roo.

Asimismo, llamó a los militantes inconformes a unirse para derrocar al “club privado de Tobi”, el cual tampoco ha informado del manejo de las finanzas internas del partido.

Aclaró que no buscan la división del instituto político, pero no descartó que en los próximos días haya una desbandada de al menos 10 por ciento de los afiliados.

Además, pidió al presidente nacional de Nueva Alianza tener un poco de dignidad y retirarse del partido “por voluntad propia”, porque, advirtió, la disidencia no descansará hasta que deje la dirección nacional del partido.

2007-12-30T12:21:00.000-06:00

DEMOSTRAREMOS QUE EL PEDERASTA CAMEL NACIF BORGES ES SOCIO DE PROENERMEX: JUAN CARLOS FERNÁNDEZ

POR HUGO MORALES ALEJO / CÓRDOBA, VER.

El consejero estatal del PRD, Juan Carlos Fernández Zulueta, manifestó que demostrará con documentos que Camel Nacif Borges, el industrial textilero acusado de pertenecer a una red de pederastia, es socio de la empresa Proenermex, que pretende dar servicio de energía eléctrica a los municipios de Veracruz, empresa que según el entrevistado, podría ser un lavado de dinero proveniente de la misma red de pederastia nacional e internacional.

Según la fuente, “dentro de unos días tenderemos documentos de su sociedad de Camel Nacif en Proenermex. Sobre la legalidad de los contratos de los ayuntamientos con su empresa generadora de energía, legalmente fue autorizado por el congreso para la firma de los contratos, ahora queda el asunto a discreción de los ayuntamientos, pero hay que aclarar, primero, que no es un solo contrato, sino dos. Uno, de donación y otro de prestación de servicios, la Gaceta Legislativa del 14 de diciembre, dice que existe un acuerdo publicado, de que hay un contrato de donación de Proenermex a Córdoba, durante la compra de una acción con voto limitado, sí es una acción pero de cien mil acciones. Estos es para taparle el ojo al macho en el asunto de convertir en socio al ayuntamiento, de Proenermex en la modalidad de autoabastecimiento, pero resulta que este beneficio de supuesta donación les daría un supuesto beneficio de un ahorro de diez por ciento sobre el consumo de energía en comparación con lo que pagan a la CFE actualmente. Pero si revisas la documentación, no hay tal, realmente es un 7.5 por ciento del supuesto ahorro, pero además habrá que preguntar ¿dónde queda el otro 2.5 por ciento que falta?, ¿en los bolsillos de los promotores?. Además, compromete a 5 administraciones futuras continuas, para que los ayuntamientos se obliguen a seguir por 15 años como socios. Pero pasados los 15 años de contrato, la empresa podría subir los costos de consumo de energía, lo que sería una trampa bien planeada que realmente va a perjudicar al pueblo cordobés, que somos los que estamos manteniendo esta burocracia y los más perjudicados de esto. Mira, esta gaceta legislativa manifiesta que los dos ediles del Frente Amplio Progresista, el del Convergencia y PRD votaron a favor en el acta de cabildo del 23 de marzo de este año donde se aprueban estos dos convenios, dice que los del PAN, Convergencia y PRD, dieron su voto, del PRI y del PAN no me extraña, me extraña de Convergencia y del PRD, porque según el FAP esta en contra de cualquier intento de privatización como de PEMEX y CFE y Jesús Moreno Torres y Eliseo Illescas Gómez son traidores al propio AMLO por su actitud, además de traidores a la confianza del FAP y del pueblo cordobés. Próximamente vamos a presentar el acta constitutiva de Proenermex, ubicada en el Registro Público de la Propiedad del D.F., donde se asienta que uno de los socios es Camel Nacif, donde se caerían la mentiras a todos lo s que promueven a Proenermex desde el gobierno del estado.

-Camel Nacif es acusado de su preferencia pederasta o de de industrializar la pederastia?

-De las dos cosas-

-¿Podria ser Proenermex un lavado de dinero de la industria de la pederastia?

-Muy probablemente, porque finalmente estamos hablando de una gente que a base de corrupción y componendas con gobernadores y gentes ha avanzado. Los penales de Puebla tuvieron convenios con sus maquiladoras, ahí le maquilaban barato. Además, fíjate, su empresa no produce energía en Puebla como dice el PRI, es falso, allá es textilero solamente.

2007-12-30T12:18:00.000-06:00

UN NUEVO AÑO DE TRIUNFOS POPULARES

Para terminar este año queremos expresar nuestro agradecimiento a todos (as) aquellos que durante este tiempo han sido un aliento para continuar en la brega noticiosa, informativa, en esta lucha de ideas, y en este intercambio enriquecedor con amigos, con cercanos y no tan cercanos, pero que en últimas nos han permitido ser con otros, sin desdibujar ideas, contenidos y aspiraciones como revolucionarios humanistas que es lo que pretendemos construir día a día en nuestro ser Eleno.

Ha sido un año más en la lucha por mantener esta ventana abierta a la verdad, a la otra versión, a la transparencia a la comprensión, a la tolerancia y a la búsqueda de alternativas viables a la solución política del conflicto social y armado que por más de 5 décadas se ha acentuado en nuestro país.

Queremos agradecer el apoyo de quienes nos han escrito, de quienes se comunican, de los que han sido constantes y que ya son parte de nuestra familia, igual de los inconstantes pues creemos que a pesar de todo hemos dejado una llamita de inquietud en sus corazones.

Somos conscientes y testigos de los avances sociales y políticos que se han dado en nuestro continente, pero no es tiempo de cantar victoria, días duros están por venir, pues nos enfrentamos al peor Imperio en la Historia de la humanidad y a sus lacayos nacionales, de allí que como decía Camilo con su sabiduría de pueblo. "La lucha es larga… comencemos ya.

El nuevo año nos traerá nuevas expectativas, pero la necesidad de la Unidad entre los revolucionarios debe ser la principal preocupación de todos los que soñamos con otro mundo posible, sin esta condición serán más las trabas y los obstáculos que tendremos que recorrer y los costos que nuestro pueblo tendrá que cargar y que tarde o temprano nos lo hará sentir el enemigo común.

La movilización en las calles, como garante de un pueblo participe en la construcción de su destino debe de ser una línea vital en nuestro comportamiento revolucionario para las nuevas luchas que vienen, la conciliación, el arreglo entre cúpulas, el adormecimiento y el irrespeto a la soberanía popular se debe de impedir en los revolucionarios.

A nuestros mandos y combatientes urbanos y rurales, nuestro reconocimiento por su comportamiento, sacrificio y entrega, durante este nuevo año, no exento de dificultades propias de la lucha revolucionaria.

A los cros y cras que se mantienen inquebrantables en su compromiso en las mazmorras del régimen un saludo especial y nuestro fuerte abrazo de hermanos en la lucha, en las buenas y en las malas. A nuestros familiares, hijos(as) cros(as) un beso desde las distancias y la esperanza de tiempos mejores, por los dolores compartidos y las ausencias que laceran.

De nuestra parte les ratificamos nuestro compromiso de NUPALOM, Ni un paso atrás liberación o Muerte, y de esta página que ya no es de nosotros sino de todos ustedes pues son ustedes quienes la han asumido como propia y con su interés han permitido que existamos contra viento y marea.

Una feliz Navidad y un nuevo año lleno de satisfacciones y éxitos

Fraternalmente:

Dirección Frente de Guerra Central
Ejercito de Liberación Nacional.

NI RENDICION, NI ENTREGA
SIEMPRE JUNTO AL PUEBLO
NI UN PASO ATRAS LIBERACION O MUERTE

2007-12-30T12:15:00.000-06:00

El nuevo gobierno iraquí, respaldado por Bush, reduce a la mitad la ayuda alimentaria que estableció Sadam

Ahmed Ali y Dahr Jamail

IPS

Millones de iraquíes se preguntan cómo harán para sobrevivir. El gobierno anunció que la ración usual de alimentos se reducirá a la mitad. Pretende restringir también a la mitad la cantidad de beneficiarios, que hoy son 10 millones, para junio próximo.

El racionamiento fue implementado por el régimen de Saddam Hussein (1979-2003) en 1991, en respuesta a las sanciones económicas impuestas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las familias comenzaron a recibir entonces una canasta de alimentos básicos cada mes, pues la economía había colapsado al igual que el dinar, la moneda nacional.

Las sanciones, dispuestas tras la invasión ordenada por Saddam Hussein contra Kuwait, fue calificada de "genocida" por Denis Halliday, entonces coordinador humanitario de la ONU para Iraq, quien luego renunció al cargo en protesta.

El duro castigo internacional causó la muerte de medio millón de niños y niñas iraquíes e igual cantidad de adultos, según la ONU. Además, causaron desnutrición y otras enfermedades e implicaron escasez de medicamentos.

Los iraquíes pasaron a depender casi por completo del racionamiento de alimentos. El programa continuó tras la invasión encabezada en marzo de 2003 por Estados Unidos.

Pero ahora, el gobierno iraquí, con respaldo del gobierno de George W. Bush, anunció que reducirá las raciones a la mitad "por falta de fondos y por la inflación".

Los recortes, que se prevé implementar a principios de 2008, fueron muy cuestionados. El gobierno iraquí no puede mantener el racionamiento, aunque dispone de varios miles de millones de dólares, en tanto Saddam Hussein sí pudo con menos de 1.000 millones de dólares.

"Este año pedimos 3.200 millones de dólares para alimentos básicos de racionamiento", dijo Mohammed Hanoun, secretario del Ministerio de Comercio, a la cadena televisiva Al-Jazeera.

"Por la duplicación de los precios de los comestibles el año pasado, en 2007 pedimos 7.200 millones de dólares. La solicitud fue negada", añadió.

El Ministerio de Comercio prepara ahora un recorte drástico de la lista de productos subsidiados, a la mitad. Quedarán apenas cinco artículos: "harina, azúcar, arroz, aceite y leche para niños", indicó Hanoun.

Le medida afectará a cerca de 10 millones de personas que dependen del sistema de racionamiento. El escándalo ya es patente en Baquba, 40 kilómetros al noreste de Bagdad.

"La ración mensual de alimentos era la única ayuda del gobierno", dijo a IPS el tendero Ibrahim al-Ageely.

"La ración de alimentos consistía en dos kilogramos de arroz, azúcar, jabón, té, detergente, harina de trigo, lentejas, garbanzos y otros productos para todas las personas", añadió.

Otro tendero señaló que la ración era "la vida de todos los iraquíes. Todos los meses hacen cola para recibir su canasta" de alimentos.

"Sesenta por ciento de los iraquíes se benefician de las raciones del Sistema de Distribución Pública, por debajo de 96 por ciento en 2004", informó en julio la organización humanitaria Oxfam Internacional.

El estudio también señala que "43 por ciento de los iraquíes viven en la pobreza" y otras estimaciones indican que la mitad de la población económicamente activa está desempleada.

"Los niños y niñas son los más golpeados por el deterioro de la calidad de vida. La desnutrición infantil se elevó de 19 por ciento, antes de la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003, a 28 por ciento",

Los salarios aumentaron desde marzo de 2003, pero no se acompasaron con la drástica subida de los precios de los alimentos y el combustible.

"Gano 280 dólares y tengo seis hijos", dijo a IPS el profesor Ali Kadhim de 49 años. "El aumento de salarios quedó neutralizado por el del precio de los alimentos. No puedo comprar comida y los otros productos necesarios para vivir."

"El alza de precios de alimentos llevó a que muchos beneficiarios protestaran por las demoras en la distribución mensual de la ración", dijo a IPS el funcionario estatal Salah Kadhim. "Los desempleados simplemente no pueden comprar alimentos."

"La ración representa una parte importante del presupuesto familiar", dijo a IPS Muneer Lafta, empleada de 51 años.

Sin ella, las familias deben ir al mercado. Los grupos familiares iraquíes son muy numerosos, de entre seis y 12 personas, es imposible comprar comida para tanta gente.

"Mi esposa y yo tenemos cinco hijos varones y seis mujeres. Nos sale muy caro comprar los productos de la canasta", dijo a IPS, Khalaf Atiya, de 55 años. "No puedo pagar la comida y todas las otras cosas necesarias como materiales de estudio, la ropa y la atención de la salud."

La población de Baquba, que vive en un ambiente de violencia y sin empleo desde hace tiempo, ahora se prepara para este nuevo giro de los acontecimientos.

"Sin seguridad, sin alimentos, sin electricidad, ni comercio, ni servicios, La vida es buena", señaló un residente, que pidió reserva de su identidad.

"El gobierno cometerá un grave error, porque con alimentos suficientes podrían compensar ese hecho en otros terrenos como el de seguridad", dijo a IPS un médico local.

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=87030

2007-12-30T12:13:00.001-06:00

Ordena Escayola elaborar demanda contra Javier May

En un acto completamente irregular el presidente de la Comisión Permanente mandó al Oficial Mayor del Congreso a convertirse en escribano de los regidores chantajista de Comalcalco, ya que ni siquiera llevaban algún documento escrito
“A la solicitud de Comalcalco le dan entrada e incluso les echan la mano para fundamentarla mientras que a la que presentaron regidores en contra del presidente municipal de Teapa le pusieron muchas trabas”, denuncia el diputado del PRD, Adán Augusto López

En un claro ejemplo de su forma burda y cínica de actuar Carmen “Pinocho” Escayola no dudó en ordenar al Oficial Mayor del Congreso escribir la demanda en contra de Javier May. Es el mismo nefasto Escayola que encubre al teibolero de Ascencio, que aprueba las cuentas de los corruptos Goyo Arias y Pechel, pero que ahora se convertirá en el perseguidor del alcalde de Comalcalco (Foto: Pericles)

J. MARTIN PRETELIN

Por consigna y con simples recortes de notas publicadas en medios oficialistas al servicio del gobierno estatal, un grupo de regidores acudió al Congreso local a presentar una solicitud de juicio político en contra del alcalde de Comalcalco, Javier May Rodríguez.

Tan mal presentada estaba la solicitud que el mismo oficial mayor, Remedios Cerino Gómez, por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, José del Carmen Escayola Camacho, les tuvo que elaborar el documento.

Incluso, el mismo Escayola Camacho reconoció que los demandantes no traían bien sustentada su acusación en contra del edil comalcalquense.

Javier May Rodríguez acompañado por regidores que integran el cabildo local y funcionarios, recibe el respaldo de la ciudadanía

Al respecto, el coordinador parlamentario del PRD, Adán Augusto López Hernández, aseguró que esta petición se trata más bien de un acto de venganza ordenado por el gobernador Andrés Granier Melo.

Dijo que si algo ha caracterizado a May Rodríguez ha sido su honestidad y la transparencia con la que ha manejado los recursos del ayuntamiento de Comalcalco.

Se ha convertido, afirmó, en un gobernante incómodo para Granier, por eso ha ordenado actuar en su contra, pero no tienen ni una sola prueba y no la encontrarán.

Señaló que a esta solicitud le dan entrada e incluso les echan la mano para fundamentarla mientras que a la que presentaron regidores en contra del presidente municipal de Teapa le pusieron muchas trabas.

Eso prueba que se trata de un consigna ordenada por el gobernador a sus 20 empleados que tiene aquí en el Congreso, dijo en alusión a la bancada del PRI.

Luego de haberse reunido con ellos, Escayola Camacho aceptó que los regidores no respaldaron correctamente su solicitud de juicio político, por lo que se les iba a ayudar para que la integraran bien.

“Hoy hubo ahí una comunicación con el oficial mayor, donde están elaborando un documento para que de alguna manera ellos hicieran saber cuál es su inconformidad y qué es lo que está pasando en ese municipio”, dijo.

Supuestamente Escayola Camacho les comentó a los regidores que tienen un Cabildo y toda su petición se tiene que basar a lo que establece la Ley Orgánica Municipal y, “como siempre, respetando lo que marca la ley”.

Aseguró que el Congreso intervendrá en este caso “siempre y cuando tenga las facultades para actuar en ese sentido”.

.-¿No presentaron entonces ninguna solicitud de juicio político? Se le preguntó a Escayola, a lo que éste respondió:

.- Está la petición, está la solicitud, pero van a presentar la documentación.

A lo largo de la entrevista, Escayola reconoció que “no está la documentación, según me informó” el oficial mayor, y como siempre ocurre cuando hace declaraciones, cayó en imprecisiones y contradicciones.

.-¿Sin documentación, sin sustento se presentó la solicitud de juicio político? Se le inquirió de nuevo.

.- Sí, están elaborando el expediente, son ocho regidores de los 14, y tienen ellos toda la documentación..

.-¿Se puede iniciar un trámite de esa naturaleza sin documentación?

.- Nosotros como siempre revisaremos lo que procede en este caso, sin hacer escarnio de ningún político, de ningún ser humano, por tratarse de uno u otro partido, actuamos conforme a la ley, respetando lo que tiene que hacer una autoridad y lo que tiene que hacer otra.

Al respecto, López Hernández acusó a los diputados del PRI de estar actuando bajo consigna de su jefe político Andrés Granier.

Recordó que hace unos días regidores de Teapa presentaron una solicitud de juicio político en contra del edil de ese municipio, pero esta petición “está durmiendo el sueño de los justos”.

La política de Granier, del PRI y de los 20 empleados que tiene aquí en el Congreso, es la de tratar a los adversarios políticos de la peor manera, agregó.

Es evidente, expuso, la complicidad del gobierno en el asunto de Comalcalco, cuando el mismo diputado Escayola admite que está esperando que presenten el escrito, admite que se acercaron a él y que los asesoró en la manera en que debía de presentarse.

El legislador perredista dejó en claro que al PRD no le preocupa este asunto porque no existe el temor de que no se estén haciendo las cosas bien en Comalcalco, sino que el alcalde Javier May “ha sido un ejemplo de transparencia, de rectitud en el actuar público”.

Si algo ha caracterizado a May Rodríguez ha sido su honestidad y la transparencia con la que ha manejado los recursos del ayuntamiento de Comalcalco. (Foto: Tomás Rivas)