Zongolica

Zongolica

josé gil olmos
México, D.F., 5 de abril (apro).- Zongolica es una de las zonas más pobres del país. Sus habitantes indígenas náhuatl carecen de lo indispensable. Pero desde 1994 son vigilados porque en las instituciones de inteligencia del gobierno federal sostienen que ahí hay células de guerrilla. Por eso el Ejército no deja el lugar, no obstante el rechazo que generan sobre todo después de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una anciana de 73 años que antes de morir denuncio abuso de los soldados.La sierra de Zongolica casi nunca es visitada por los gobernantes de este país. Si tienen suerte, sus habitantes son objeto de una parada electoral de algún candidato a la Presidencia de la República que llega hasta ahí cada seis años sólo para prometer bienestar y progreso, algo que nunca llega.En 1994, Zongolica fue mencionado como uno de los lugares donde el EZLN tendría presencia. Así, antes de que llegara el bienestar prometido, lo que los indígenas pobres de esta zona recibieron fue la vigilancia militar.A pesar que desde hace 13 años se mantiene una estrecha vigilancia, el gobierno federal no ha logrado confirmar que la guerrilla zapatista o algún otro grupo tenga bases de apoyo. Pero eso no ha sido impedimento para que se mantengan tropas militares entre los montes de la Sierra Sur de Veracruz.En el municipio de Soledad Atzompa, región de Zongolica, vivía la anciana de 73 años Ernestina Ascencio Rosario. El 25 de febrero fue encontrada por sus familiares en muy mal estado, y ella le dijo en náhuatl a su hija que “los soldados se le vinieron encima”. Ernestina aún llego viva al hospital de Río Blanco, pero su estado había empeorado. El primer examen médico reporta que se descubrió agresión sexual en su cuerpo, además de fractura craneal, lesiones en las costillas, brazos y piernas. Además se registraron restos de semen en su cuerpo.Horas después la mujer murió y sólo hasta que se supo de las presuntas causas de su deceso en los medios es que Ernestina cobró importancia.El 28 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomó el caso en sus manos, una vez que la Procuraduría de Justicia de Veracruz ya había realizado el examen médico forense confirmando la agresión sexual que había sido víctima. Pero al paso de los primeros días la CNDH y la Procuraduría de Justicia Militar exigieron la exhumación del cuerpo para comprobar la presunta violación de Ernestina por parte de un grupo de soldados. Para entonces la Secretaría de la Defensa Nacional ya había emitido dos comunicados importantes para el caso: en uno de ellos decía que “liquido seminal del cuerpo” había sido enviado a la PGR para que fuera examinado. El otro acusaba a un grupo de desconocidos haberse vestido de militares para cometer la violación y acusar al Ejército y de esta manera azuzar a la población para que exigiera su salida. Dicho boletín marcado con el numero 19 fue recogido ese mismo día por los mismos militares y sustituido por otro donde ya se había rasurado este párrafo.El 13 de marzo, el presidente Felipe Calderón hizo una declaración sin que mediara una pregunta. Al final de una entrevista con el diario La Jornada, aseguró que Ernestina no había sido violada y que su muerte había sido causada por una “gastritis crónica”.Cinco días después, el presidente de la CNDH, el defensor del pueblo, dijo algo similar, que la anciana indígena había muerto por “anemia aguda”. Es decir, por la hemorragia de sangre causada por una gastritis.La verdad oficial chocó de inmediato con la verdad popular. En Zongolica la gente ha comenzado a manifestarse contra el presidente Calderón, el Ejército y la CNDH. Si el gobierno federal quería mantener bajo control esta zona pobre de Veracruz, ahora será más difícil.Los indígenas sienten nuevamente la marginación, el desdén y el olvido al que han sido sometidos por siglos. El nuevo gobierno no les representa ningún cambio sino la continuidad de una política de exclusión y maltrato.Las contradicciones del gobierno estatal y federal, de la CNDH y del propio Ejército son más que evidentes a lo largo de la investigación y difícilmente podrán ser resueltas sin provocar más conflictos. Hoy el gobierno de Calderón y la CNDH quisieran enterrar para siempre a Ernestina, dejar en el olvido este asunto que sintetiza el maltrato que se le da al sector más olvidado del país: el pueblo indígena. Y lo hace en estos días en que precisamente llegará a México una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).No quieren que el caso de Ernestina suba al ámbito internacional porque golpearía la imagen del gobierno de Calderón de por sí puesta en tela de juicio por las irregularidades en las elecciones del 2006 y, al mismo tiempo, dejaría mal parado a Soberanes quien, al parecer, quiere mantener su carrera pero como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pero Ernestina, al parecer, se niega a quedar en el olvido y su caso cobra cada vez mayor relevancia en la opinión pública, pese a que su rostro no sale en televisión.

Vergüenza

Vergüenzajorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- No es ninguna casualidad. En momentos en que en el país está en duda la credibilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde Washington se difunde un vergonzoso informe que confirma la impunidad de quienes han violado los derechos humanos en el país.La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), observadora de la situación de los derechos humanos en el mundo, emitió el pasado jueves 5 un informe internacional que demuestra el desprecio del Estado mexicano hacia las graves violaciones a las garantías individuales cometidas por algunos de sus integrantes, civiles y uniformados.Bastó una comparación básica de HRW para demostrar lo dicho por varios organismos defensores de derechos humanos en el país: que el Estado mexicano tiene el peor comportamiento en América Latina en la investigación y sanción de los abusos cometidos por los gobiernos de la región en la época de las llamadas “guerras sucias”.Mientras en Argentina, Chile y Uruguay los gobiernos que sucedieron a las dictaduras militares investigaron y encarcelaron a varios de los jefes castrenses, policiales y políticos responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones, secuestros y desapariciones por motivos políticos, en México la historia resultó muy distinta.HRW no dudó en calificar como “decepcionante” la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pues no dio resultados concretos no sólo para sentenciar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años sesenta y setenta, principalmente, sino para reparar a las víctimas de las actuaciones del Ejército, las policías o los cuerpos irregulares y paramilitares financiados y preparados por el Estado.Creada por Vicente Fox al arranque de su gobierno, más por obligación política que por compromiso con los derechos humanos, la fiscalía despareció con más pena que gloria, y sin ninguna señal de que el gobierno de Felipe Calderón pretenda retomar los muchos pendientes que dejó la oficina que estuvo a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.El exfiscal, un retórico abogado que nunca había litigado, apenas y puede mencionar como logro el proceso judicial iniciado en contra del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Pero ese caso podría quedar cerrado en definitiva en las próximas semanas si la justicia federal acaba por desestimar sus débiles argumentos sobre el genocidio en México.Solazado en el escándalo por la actuación contra Echeverría, Carrillo nada puede decir sobre el desempeño de la fiscalía en contra de miembros del Ejército, señalados como los principales violadores a los derechos humanos en estados como Guerrero durante el combate a la guerrilla en aquella época.El mensaje fue el de la impunidad. Ningún castigo, ninguna responsabilidad ni reparación. Ningún señalamiento oficial, protocolario, sobre la verdad de lo ocurrido y que cuestionara la actuación de los militares, no sólo en esa sureña entidad, sino en otras. Por su lado, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, se comporta de igual modo. Cuestionado de por sí por varias organizaciones de derechos humanos, el llamado ombudsman nacional tiene ahora al organismo metido en una crisis de credibilidad.Su actuación ante el deceso de la anciana indígena Ernestina Ascensio Rosario, en la sierra de Zongolica, en Veracruz, por una presunta violación cometida por militares, coloca al organismo como un apéndice del gobierno federal.Cada vez le resulta más difícil a la CNDH defender la línea trazada por el propio Calderón respecto de los motivos de la muerte de la anciana, y que sólo sirvió para enredar más las investigaciones.El michoacano tiene un motivo muy claro para deslindar al Ejército de esa muerte, pues se trata de su principal aliado político. Sin embargo, el interés de Soberanes es más oscuro. Si su razón de ser como personaje público es la defensa de la dignidad humana, su descalificación a los diagnósticos del gobierno de Veracruz y a los señalamientos de los familiares de Ernestina, no hacen más que abundar la justificada e histórica desconfianza hacia la actuación del Estado mexicano en la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos. (6 de abril de 2007)

La pobreza tiene cara índigena

La pobreza tiene cara índigena
Revista Contralínea
Decir pobreza extrema es sinónimo de comunidades indígenas: falta agua potable, drenaje y alcantarillado; carecen de viviendas con pisos firme y luz eléctrica; no hay servicios básicos de salud y educación. Sin embargo, el gobierno federal justifica esa marginación por la “difícil orografía” en la que se ubican los municipios y el elevado costo que representa llevarles los servicios.Desde su lujosa oficina ubicada en el séptimo piso de un edifico con vista a Paseo de la Reforma, en pleno centro de la capital del país, el subsecretario de Desarrollo Social, Gustavo Merino Juárez, dice combatir la pobreza extrema que padece “más de un millón de mexicanos”, aunque las cifras oficiales describen a 30 millones en pobreza extrema.Una sala de piel negra, escritorio de madera lustrosa, pisos con olor de alfombras nuevas, aparatos electrónicos, computadora, cuadros con pinturas caras y elegantes adornos son el escenario desde donde Merino Juárez habla de lo “costoso” que resulta llevar a las comunidades más miserables del país los servicios vitales como agua potable y drenaje, pues “sus características orográficas lo impiden”.“Los 100 municipios más pobres del país están en terreno montañoso. El problema son las distancias entre uno y otro. La posibilidad de llevar servicios es reducida porque es excesivamente caro, complicado de llegar; atiendes a núcleos poblacionales muy pequeños, eso es uno de los principales factores que ha afectado el nivel de desarrollo”, dice el funcionario.La dispersión y demografía que presentan estas localidades es otro factor en su contra. De los 100 municipios con mayor marginación en el país, suman 2 mil 300 comunidades con menos de 50 habitantes, ante lo cual el gobierno evade su responsabilidad de brindarles servicios básicos bajo el argumento de que los costos de inversión son muy altos para el poco número de personas que se beneficiarían.La subsecretaria de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, Maki Esther Ortiz Domínguez, señala que la desnutrición, diarrea, deshidratación, neumonía, diabetes e hipertensión, enfermedades que en su mayoría son curables, siguen siendo las principales causas de muerte en las comunidades que viven en extrema pobreza. Municipios marginadosPor cuestiones administrativas, dos municipios oaxaqueños quedaron fuera de la estrategia antipobreza Cien por cien. San Martín Peras y San Bartolomé Ayautla no se verán beneficiados con las 100 acciones que pretende desarrollar el gobierno de Felipe Calderón en los 100 municipios más pobres del país. Acciones de salud, educación, vivienda, pisos firmes, agua potable, drenaje, electrificación, apoyo a proyectos productivos e incluso líneas telefónicas, son algunas de las gestiones que Felipe Calderón prometió llevar a cabo en los municipios a través de 14 secretarías de Estado.El listado de los municipios más pobres fue tomado del estudio que diera a conocer la O­NU sobre el Índice de Desarrollo Humano en México, en donde se afirma que el municipio de San Martín Peras en el número 14 de marginación y San Bartolomé Ayautla se encuentra en el número 46, aunque las diferencias entre ambos son mínimas. En la lista de municipios pobres de la Secretaría de Desarrollo Social no están los dos municipios oaxaqueños que la o­nU clasificada como extrema pobreza. La explicación que tienen las autoridades federales de esa omisión, es que ambos municipios quedaron fuera de la relación debido a que “les faltó el dato estadístico del ingreso familiar”.El subsecretario Merino Juárez afirma que “no quedó ningún municipio fuera que esté en la lista de la o­nU”, y justifica que es por una cuestión de metodología que no pueden entrar todos los municipios que se quisiera. El diputado perredista Carlos Altamirano Toledo, oriundo de Oaxaca, califica de golpe mediático la estrategia que dio a conocer Calderón en enero pasado, y sostiene que el presidente está utilizando como mera publicidad el proyecto del “Cien por cien”, ya que simplemente armó un paquete con lo que ya trabajan varias secretarías. Miguel Ángel Peña Sánchez, secretario de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, manifiesta que la estrategia “Cien por cien” no deja de ser un programa inmediatista y asistencialista. “No hay alguna estrategia para que la gente pueda desarrollar un proyecto que le permita no depender de esos programas siempre, sino de utilizar los recursos naturales de su entorno, su capacidad, su fuerza de trabajo para generar los recursos en base a su esfuerzo”. Pablo Leopoldo Arreola Ortega, diputado del Partido del Trabajo, y también secretario de la Comisión de Desarrollo Social, menciona que este programa es nada más una buena intención. Agrega que la estrategia no va a tener los resultados esperados, ya que no se plantean acciones contundentes a mediano y largo plazos para resolver el problema de la pobreza.Pobreza: causa y efecto de enfermedadesLa subsecretaria Ortiz Domínguez sostiene que a pesar de esta situación de enfermedades curables que se han convertido en índices de mortandad, “no es sustentable el tener un centro de salud para comunidades de 200 o 300 personas”. En varias localidades que existen una casa o un centro de salud, el abandono en el que se encuentran es notable. En algunos casos, sólo se encuentra la infraestructura abandonada, sin médico ni medicinas. En otros, no tienen los médicos lo necesario para hacer frente a las enfermedades que padecen los pobladores del lugar.A decir de Ortiz Domínguez, la pobreza puede convertirse en causa y efecto en el tema de la salud, y es que las condiciones de precariedad en las que sobreviven miles de mexicanos provoca un sin número de enfermedades tanto contagiosas como crónico degenerativas. Al momento de que ya padecen una enfermedad las personas que viven en pobreza extrema, éstas terminan vendiendo lo poco que tienen para pagar los gastos de atención médica, lo que se le conoce como gasto catastrófico, dice la funcionaria de Salud.Pero agrega que gracias al Seguro Popular se ha podido atender a un número mayor de personas que padecen pobreza en el país y que no cuentan con los medios económicos para pagar los servicios de un médico o las medicinas. Para poder acceder a los servicios de salud, los pobladores de las regiones más apartadas de la cabecera municipal tienen que viajar durante horas por caminos agrestes para que sean atendidos por algún especialista, ya que en muchas comunidades no existe un centro o una casa de salud, y el viaje resulta costoso para los familiares del enfermo (Contralinea 75), y este gasto no lo cubre el Seguro Popular.Un paliativo las caravanas de SaludEn enero pasado se dio el banderazo de salida a las caravanas de salud, las cuales tienen como fin el visitar a los 100 municipios más pobres del país y sus 5 mil 500 comunidades. Con un presupuesto de 500 millones de pesos para el 2007, se pretenden rehabilitar 2 mil unidades que se encuentran en los estados y comprar 368 autotransportes nuevos.No obstante, el gobierno federal no aclaró que la dignificación de estas 2 mil unidades y la adquisición de otras 368, se realizará a lo largo del sexenio calderonista. En tanto, la unidades en funcionamiento serán “las más que se puedan y las que el presupuesto permita equipar”.La subsecretaria culpa a las condiciones orográficas y geográficas difíciles que imperan en México, de que los servicios básicos de salud no lleguen a las localidades más apartadas. Y agrega que esas caravanas no podrán llegar al 100 por ciento de las comunidades debido a las condiciones de inaccesibilidad en las que se encuentran muchas de ellas. Así que los pobladores tienen que bajar hasta donde llegue el trailer para recibir los servicios básicos de salud. Ortiz Domínguez comenta que las caravanas acudirán a los municipios y comunidades dos veces al mes para atender las necesidades de salud de sus habitantes, revisarlos y darles el medicamento correspondiente o, en su caso, “entregarles un vale para que lo cambien en la farmacia más cercana”.Los funcionarios públicos que idearon la estrategia para solucionar el problema que vive México de desbasto de medicinas en los servicios públicos de salud, dejaron en el olvido la realidad que viven miles de mexicanos. Hay municipios que no cuentan con una sola farmacia, y para llegar a la “farmacia más cercana” les significa un viaje de hasta 9 horas.Publicado: Revista Contralínea Abril 1ª quincena de 2007 Año 5 No. 76

El aborto y la Iglesia católica en América Latina

El aborto y la Iglesia católica en América Latina
Marcos Roitman
La Jornada
Los argumentos que esgrime la Iglesia para negar el derecho al aborto responden a los mandamientos de Dios. La vida es un don otorgado por su naturaleza todopoderosa. Sea en las condiciones que sean los mortales no pueden contravenir su voluntad. Podemos vivir en pecado: mentir, asesinar, desear a la mujer del prójimo y hasta violar con tal de expiar las culpas. Para evitar los excesos la Iglesia crea entidades como la Inquisición. Así, redimió a herejes como Galileo y quemó a otros como Giordano Bruno. Pero también es pragmática y para dominar el mundo impone a sus fieles la práctica de la confesión. De esta manera abre la puerta a una técnica de control sobre las vidas, adentrándose en los secretos, miedos y angustias de las gentes, tanto como en sus ruindades sexuales y morales, y no menos importante, el valor de sus dotes.
Así, la institución eclesiástica amasa su actual fortuna gracias a los testamentos para salvar el alma impura. Sin embargo, cuando se trata del aborto, las contemplaciones se acaban. Si cualquier otro pecado es consentido, en este caso la decisión personal y autónoma de la mujer se contrapone con imágenes de un asesinato, cuya imagen se asocia a la de una sociedad que camina inevitablemente a su propia destrucción, sin un horizonte moral que ilumine su camino. Sodoma y Gomorra emergen bajo formulas novedosas.
El aborto incuba un materialismo de nuevo cuño: el casamiento homosexual, parejas de gays y lesbianas, y la virginidad deja de ser un argumento para una juventud pervertida por las mieles del sexo fácil. La Iglesia no puede imponer su doctrina. Tiene que recurrir a nuevos métodos de comunicación. Ahora no basta con el viejo argumento: hijos, los que nos dé el Señor y dentro del matrimonio. Si son siete o 10, ellos serán criados unas veces con holgura y otras con escasez, pero siempre con la fe de Cristo. El vientre materno incuba la simiente que Dios entregó para extender su verdad en el planeta. Otro conocimiento es superfluo. Si caímos en el pecado, y la mujer fue su inductora, lo hizo por darnos a comer del fruto prohibido del conocimiento. Pero esta razón ya no es suficiente, resulta poco convincente, por lo menos, a la mayoría de los mortales. Ahora la crítica a los pro-aborto se acompaña, desde fines del siglo XX, con argumentos seudo-científicos. Siempre que interesa, se utiliza a preminentes biólogos, neurólogos, curas, monjas, seglares o católicos reaccionarios que apoyan las tesis provenientes del papado de Roma. Ahora se verifica que la vida inicia en el instante mismo de la fecundación. Es decir, cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran.
Todo un avance para los incrédulos, cuando dicho principio ha causado miles de excomuniones. ¿En qué quedamos, teoría creacionista, arca de Noé, o teoría de la evolución de las especies y Darwin? Así, no hay quien se aclare.
Si el aborto es un pecado a los ojos de la ley de Dios, deben sufrir castigo divino quienes profesen su fe, pero en ningún caso la Iglesia debe sobrepasar la línea que separa su moral y generalizarla al conjunto de la sociedad y la constitución civil, no pueden imponerla. La Iglesia católica en América Latina ha sido permisiva, y lo sigue siendo, en el aborto cuando se trata de sus religiosas. Aquí nadie queda libre y afecta por igual a toda la estructura jerárquica: sacerdotes, obispos o cardenales, e incorpora a miembros de las órdenes dominicas, franciscanas, jesuitas, trapenses, Opus Dei, etcétera. En definitiva, el aborto dentro de la Iglesia existe porque el sexo también se practica.
Sin embargo, esta vara de medir -la crítica a la ley del aborto- no ha tenido el mismo baremo cuando se trata de otros pecados. Durante las tiranías la Iglesia, en tanto institución, avaló y facilitó la presencia de sacerdotes militares, capellanes en las sesiones de tortura, y se apoyaron en ellos para lograr confesiones que delataran a militantes. Tampoco tuvieron reparos en apoyar a las juntas militares ni en avalar la violación de mujeres, el robo de bebés y los bautizaron como hijos legítimos de asesinos y torturadores. Misma Iglesia católica, que desde Roma evitó la condena de los asesinos -hasta convertirse en cómplice de crímenes de lesa humanidad-, cuando los muertos eran sacerdotes díscolos como Guido Mengual o Antonio Llido en Chile; monseñor Arnulfo Romero, Ellacuría, Montes o Ignacio Martín Baró en El Salvador. Así, sus autores materiales e intelectuales, católicos practicantes, fueron absueltos, no sufrieron el castigo de la excomunión ni reprimenda. A sabiendas de quienes eran siguieron en sus puestos y practicando misa. El Vaticano consintió dicha práctica y el silencio gritó a voces su conformidad. Cuán distinta la actitud con Ernesto Cardenal en Nicaragua, o con teólogos de la liberación como Gustavo Gutiérrez en Perú o Leonardo Boff o Frei Betto en Brasil. En estos casos los sacerdotes han sido vilipendiados y públicamente desacreditados, obligándolos a guardar silencio.
Si fuese el siglo XVIII, seguramente Ratzinger, hoy Benedicto XVI, les hubiese llevado a la hoguera por herejes. La diferencia pone en evidencia la hipocresía de la Iglesia católica, su moral retorcida. En el caso del aborto, no le interesa la salud de la mujer. La Iglesia sólo busca mantener su poder, por ello le resulta fácil condenar el aborto en abstracto y besar la mano a tantos presidentes constitucionales y católicos practicantes como lo han sido Fox en México, Menem en Argentina, Sanguinetti en Uruguay, o lo son Uribe en Colombia y hoy Calderón. O antiguos tiranos como Pinochet en Chile, Videla y Galtieri en Argentina, Stroessner en Paraguay o Banzer en Bolivia.
El aborto sólo se puede entender si comprendemos la violencia de género: violación, pederastia, el embarazo no deseado, la posibilidad de muerte para la madre, las dificultades de existencia del feto, todo lo que suponga una pérdida de la condición humana y la dignidad de la persona. Pero dicho planteamiento no está dentro de la Iglesia católica, la misericordia dejó de ser parte de los postulados de la Iglesia hace ya mucho tiempo.
Las causas para interrumpir el embarazo son múltiples, pero sin dudarlo, las mujeres que adoptan la decisión lo hacen fruto de una maduración traumática. Sin embargo, la Iglesia quiere someter a juicio divino una decisión del orden político. Así, interfiere en el marco legal y administrativo introduciendo juicios inmorales y poco éticos al derecho positivo. La separación entre Iglesia y Estado tiene una larga data, perder su control sobre las vidas terrenales es su lucha, por eso utiliza cualquier medio, aunque este sea espurio. Dios les pille confesados.

El ataque a Ernestina Ascención, posible "mensaje de escarmiento": autoridades

Soledad Atzompa, Ver., 8 de abril. El 2 de febrero, tres semanas antes de la agresión física que mató a la anciana Ernestina Ascención Rosario cuando pastoreaba sus ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, el jefe militar del cuartel de Orizaba, teniente coronel Alejandro de Jesús Orozco, recibió una queja "por mal comportamiento" de sus soldados por parte del agente municipal de la comunidad de Mexcala, Modesto Antonio Cruz.
El presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, también debían haber estado enterados de este antecedente, pues el oficio presentado por las autoridades municipales de Soledad Atzompa tenía copia para ambos.
El presidente municipal Javier Pérez Pascuala no descarta que el ataque a la señora Ernestina Ascención, de 72 años, estuviera relacionado con la irritación de algunos oficiales por ese documento. "Creo que la queja que presentamos sí está relacionada con la agresión a nuestra hermana mayor Ernestina. Sí pudo haber sido una represalia, sí pudo ser un mensaje de escarmiento".
Considera que los hechos tendrán graves consecuencias en la forzada convivencia entre los soldados y los indígenas de las comunidades serranas.
"La gente aquí ya está viendo que va a haber impunidad. Cuando vuelvan los soldados la población va a tener más miedo. El temor es que cualquier incidente pueda desencadenar un conflicto mayor."
Para Modesto, campesino que hace honor a su nombre con su camisa raída y sus viejos huaraches, el enésimo incidente provocado por los soldados en su comunidad -robo de leña, abuso de autoridad y faltas de respeto a los pobladores- fue la gota que derramó el vaso. Y no le importó ser, como agente municipal, el último escalón dentro de las estructuras de gobierno local para querer poner un alto a los excesos.
"Siempre pasa, desde hace años", explica Modesto a La Jornada. "Abusan y no respetan. Llegan a nuestras tiendecitas, que de por sí casi no tienen nada, piden refresco, piden comida y no pagan. Toman la leña de la gente sin pedirla. Se instalan en sus propiedades y ni siquiera piden permiso. Por temor, desde hace tiempo que muchas familias ya no mandan a sus hijas a la escuela, porque las chamacas tienen que caminar lejos, solas por las veredas. Con los soldados no se sabe".
No es habitual que en pueblos como éstos las violaciones y hostigamientos a las mujeres se denuncien. Son historias que se cuentan por lo bajo. Si hay víctimas, éstas prefieren el silencio para no ser estigmatizadas.
Pero lo que decidió al agente Modesto a presentar su queja por escrito fue la respuesta que recibió del cabo de infantería Edwin Martínez ante su reclamo. "Nosotros venimos con instrucciones superiores y aquí hacemos como queremos", le dijo.
"¿Quién es el confundido?"
Convocado como mediador, el alcalde Pérez Pascuala intentó hacer valer la palabra de la autoridad municipal y en respuesta, a él "también lo maltrataron".
Le contestaron que "estaba confundido, que tenía que entender que una autoridad federal siempre iba a estar por encima de la municipal". El alcalde respondió: "¿Quién es el confundido? Porque yo no estoy enterado que haya sido derogada la Ley Orgánica del Municipio Libre. Me parece que el confundido es usted". Y, según consta en el oficio, el militar interpelado "sólo nos miró con desprecio" y dio por concluida la discusión. Entonces, para aclarar el punto, las autoridades municipales resolvieron llevar sus siempre infructuosas quejas orales al papel. Así, por primera vez, los reclamos sin respuesta se plasmaron en un oficio con todas las firmas y sellos de rigor.
Nunca habían presentado un escrito así, a pesar de que el "mal comportamiento" de los militares venía de mucho tiempo atrás; desde que, a mediados de los años noventa, empezaron los patrullajes de supuestos operativos contrainsurgentes y contra el narcotráfico.
El presidente municipal niega que la población de Zongolica se oponga a la presencia del Ejército. Justamente eso fue lo que reiteró cuando habló con el secretario Galván el pasado 8 de marzo durante la audiencia con legisladores perredistas -Javier González Garza, Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta, Patricia Martínez, Juan Carlos Mezhua y Norberto Carrasco- en Lomas de Sotelo.
"Le expuse que entre nosotros no hay oposición a la presencia del Ejército. Tienen el paso libre, pero se les pide que no pisoteen el derecho de la gente."
Con esta afirmación, las autoridades de Soledad Atzompa rectifican las duras palabras que dirigieron el primero de marzo a Calderón en una carta en la que expresaban: "La institución castrense hasta ahora no nos ha servido; por el contrario, sólo nos ha agredido, atentando contra nuestra integridad física y dignidad como personas, como humanos. Por eso demandamos y emplazamos al Ejército para que de inmediato salga de nuestro territorio y no vuelva jamás".
Los sucesos del 25 y el 27 de febrero, después del ataque y la muerte de la señora Ascensión, pudieron haberse desbordado. La misma noche del domingo la noticia se regó como pólvora en el escarpado caserío de Tetlatzinga. "¡Que los soldados violaron a la Ernestina!" Al anochecer miles de hombres se habían congregado frente a la presidencia municipal en la cabecera, bloqueando la carretera que baja al valle de Orizaba y cerrando el paso de un convoy militar que intentaba salir de la zona.
Era una patrulla donde viajaba el capitán José Soberanes y cuatro soldados rasos que iban de civil. La gente sospechaba que eran los culpables. El capitán persuadió al alcalde para que le cedieran el paso con el argumento, que resultó falso, de que los llevaba "arrestados".
Al día siguiente eran cerca de 6 mil los que se congregaron en una hondonada de Tetlatzinga, dispuestos a avanzar los 500 metros que los separaban del campamento militar, donde se habían atrincherado los 120 soldados del campamento, todos armados. Esa fue la escena que encontró el gobernador Fidel Herrera cuando su helicóptero descendió en el poblado para apaciguar los ánimos encendidos.
"Mi pueblo -afirma Pérez Pascuala- es muy sabio a pesar de no tener educación. Ese día demostramos que somos prudentes, que estamos dispuestos a canalizar nuestro coraje por la vía de diálogo y la exigencia de justicia."
El alcalde es un luchador social con un largo camino andado. "Mucho antes del zapatismo", cuenta, "desde mediados de los ochenta, empezamos a defender nuestros territorios y nuestros derechos".
Fue dirigente del Centro Promotor de Justicia. Azompa es uno de los cinco municipios perredistas de la sierra. Pero en las 22 jurisdicciones -cinco del sol azteca, tres de los más poblados panistas y el resto priístas- se participa unitariamente en las agrupaciones productivas y de gestión, donde tienen presencia la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica y la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica. Incluso la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM, por sus siglas en náhuatl) mantiene su trabajo en la zona.
El arresto de la veracruzana Gloria Arenas, fundadora del TINAM en los años ochenta y posteriormente dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente en Guerrero en 1999 (actualmente sentenciada a 50 años de prisión), alimentó versiones que datan de 1996 sobre supuestas "ligas" de las agrupaciones de Zongolica con grupos armados, lo mismo que el arresto, el año pasado, de los hermanos Gerardo y Jorge Txompaxtle, presuntamente vinculados con el Ejército Popular Revolucionario.
Esta semana, a raíz de la muerte de Ernestina Ascención, la presunta vinculación del Ejército con los hechos, el reclamo de justicia y la fricción entre los gobiernos estatal y federal, un anónimo que fue distribuido a la prensa veracruzana señala los líderes de la Zongolica -Pérez Pascuala, René Huertas, Maurilio Xocua y Julio Atenco- como miembros "de una organización violenta y oscura" y con relaciones con la guerrilla.
"Falso -responde el alcalde-; nosotros siempre hemos dado la cara desde nuestras organizaciones, que son legales".

Nuevo tortillazo en mayo, cuando termine el pacto gobierno-empresarios, prevén

Además de no lograr que la tortilla se vendiera a un precio máximo de 8.50 pesos por kilo en todo el país, el Pacto de la Tortilla, suscrito por el gobierno federal con un grupo de empresarios y organizaciones productoras, comercializadoras e industrializadoras de maíz blanco, tampoco resolvió los problemas del sector que dieron origen al alza del alimento en enero pasado.
En cambio, las autoridades liberaron un inusual subsidio millonario para las grandes empresas de la cadena maíz-tortilla (a las que se ha señalado como responsables de haber acaparado el grano en enero y provocar el alza de la tortilla), para que compren la cosecha de Sinaloa, en lugar de crear una reserva de medio millón de toneladas de maíz.
Así que una vez que concluya el acuerdo el 30 de abril, la historia del tortillazo de enero puede volver a repetirse con una nueva alza del precio de la tortilla, advirtió Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), que desde la semana pasada vende el alimento a 7 pesos el kilo en zonas marginas del Distrito Federal.
Los subsidios federales, explicó, siempre se han destinado a los pequeños y medianos productores agrícolas. Por ejemplo, los de Sinaloa recibieron 250 millones de pesos. Pero ahora el gobierno calderonista, violando leyes y reglamentos, ''está desviando más de mil 500 millones pesos de los recursos públicos, a través de Sagarpa y Aserca, a unas diez grandes empresas compradoras de maíz, tanto procesadoras de harina como comercializadoras o las del ramo pecuario''.
Lo peor es que además de fortalecer a las compañías más grandes en el sector agroalimentario, no se les pone ningún candado en el subsidio, destinado a los fletes o transportación, ''ni las condiciona a que se comprometan a bajar los precios de sus productos''.
Aumentos a partir de mayo
''Es claro que los factores que desencadenaron el aumento en el precio de la tortilla y de otros alimentos de la canasta básica no se han desmontado; el pacto fue sólo una medida cosmética y mediática de las autoridades. Los impactos a los alimentos siguen y habrá más presión a partir del primero de mayo, no obstante que la cosecha de maíz de Sinaloa es muy buena'', dijo el dirigente al evaluar los resultados del acuerdo.
Incluso recordó que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha insistido en que habrá aumentos de entre 15 y 25 por ciento en los precios del huevo, pollo, carne y todos los productos generados en el sector pecuario, pese a que la Secretaría de Economía autorizó el aumento en las importaciones de maíz amarillo.
Si bien aclaró que el incremento en el precio de la tortilla no sería tan grande como el ocurrido a principios de año, calculó que por lo menos será de entre 50 centavos y un peso por kilogramo, respecto al precio de 8.50 fijado en el pacto, para que el precio de la tortilla se generalice a 9 y 10 pesos a partir de mayo, aunque en muchas regiones del país así se vende.
Consideró que las grandes empresas agroalimentarias ''están en un proceso de chantaje extremo ante las autoridades'' porque, principalmente las harineras, sintieron que perdieron mucho con el pacto. Así, amenazan con subir los precios si no reciben subsidios, lo que generaría conflictos para el gobierno y un incremento de la inflación. Sin embargo, en la realidad no hay motivo para más aumentos porque hay suficiente maíz para el consumo interno, debido a que la cosecha de Sinaloa resultó muy buena y se han incrementado las importaciones del grano.
El gobierno, dijo, podría plantear la extensión del pacto pero con alcances limitados, como hasta ahora, pues aunque los supermercados vendan barata la tortilla y su inclusión en los monitoreos oficiales ayude a las autoridades a sostener que el precio del alimento va a la baja, lo que llegan a vender significa menos de 5 por ciento de lo que se comercializa en todo el país.
Prueba de que el alza en el precio de la tortilla ha sido por acaparamiento, abundó, es que 60 mil productores, comercializadores e industriales de maíz de la ANEC se comprometieron desde la semana pasada y hasta diciembre a vender diariamente 10 mil kilos de tortilla a un precio fijo de siete pesos en zonas marginadas del Distrito Federal.
Suárez Carrera aseguró que el programa puede extenderse a otras entidades del país, principalmente del norte y sur, donde la tortilla se comercializa en 10 pesos, como revelan los monitoreos de Profeco, sin que represente pérdidas para los productores porque los costos se abaratan con la eliminación de intermediarios.

Afloran las mentiras del Seguro Popular

El Seguro Popular (SP) no podrá cumplir con el objetivo de proporcionar la atención médica para enfermedades de más alto costo, como insuficiencia renal, cáncer y trasplantes -como ofreció el gobierno de Vicente Fox-, porque "es imposible, no somos magos". El dinero es insuficiente y ningún país del mundo lo hace, afirmó el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos.
Así, la cobertura de éste, que fue el principal programa de salud del pasado sexenio, en el que se ofreció terminar con la inequidad en el acceso a los servicios médicos, ha sido acotada por la administración calderonista.
La mejor evidencia es la exclusión de la insuficiencia renal, padecimiento que en febrero de 2006 había sido incorporado al conjunto de enfermedades cubiertas por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPCGC), bolsa de recursos con la que se pagarían los tratamientos complejos y de alto costo. Los pacientes que puedan hacerlo tendrán que seguir pagando sus tratamientos de diálisis.
El secretario advirtió, inclusive, que existe el riesgo de que en algún momento los recursos tampoco alcancen para garantizar el acceso universal a los medicamentos para el control del VIH-sida. La capacidad de respuesta dependerá del costo de los fármacos y del número de pacientes. "Ojalá no les fallemos nunca", dijo.
Córdova señaló, en entrevista a propósito del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del pasado 30 de marzo, que este organismo "tiene razón", el FPCGC no alcanzará para cubrir todas las enfermedades de la población, por el costo de la atención y de los medicamentos.
-Dice la ASF que no se han cumplido ni se cumplirán las metas de afiliación del SP.
-Las metas se calcularon con base en las previsiones demográficas para 2010 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Población. Así se estableció afiliar a 1.7 millones de familias por año, pero la información estadística no garantiza el comportamiento de la población, por lo que las previsiones y metas se actualizan.
-¿Cuántas familias se afiliarán para 2010?
-Con base en las proyecciones de ahora, 12.9 millones de familias. Al 31 de diciembre de 2006 se habían incorporado 5 millones 100 mil.
-La ASF dice que en 2010 habrá 14.4 millones de familias sin seguridad social
-Eso es la teoría. El SP es voluntario, pero en cualquier caso, al final, el seguro atenderá a 80-85 por ciento de la población. Siempre habrá, como en cualquier parte del mundo, 15 por ciento que le no interesará afiliarse a los servicios públicos de salud. Significa que en 2012 serían 14 millones en el SP si todos se afiliaran. Pero hay profesionistas, por ejemplo, sin Instituto Mexicano del Seguro Social ni Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tampoco van a solicitar su afiliación, se van a los servicios privados. El reto es lograr que esas familias con niveles de ingreso medio o alto, quieran afiliarse al SP, pero no las podemos obligar.
-¿Cuántas familias pobres faltan por afiliarse al SP?
-De los beneficiarios de Oportunidades, que están exentos de pago, son 3.7 millones. En el seguro ya están 2.1 millones. Hasta ahora, 95 por ciento de los afiliados están en el régimen no contributivo, y cuando se inscriban todas las familias, puede ser que 80 por ciento estén en este mismo rango.
-Dice la ASF que los recursos del FPCGC serán insuficientes para atender las enfermedades de alto costo
-Tiene toda la razón, pero nunca se dijo que se cubrirían todas las enfermedades.
-Sí se dijo -se le replica al secretario.
-No, porque es imposible. Ni los países más desarrollados lo pueden hacer. Aquí por ejemplo, se intentó cubrir insuficiencia renal, pero cuando se hizo el estudio actuarial, se vio que en dos años se acabaría el dinero.
-¿Ya no se va a cubrir la insuficiencia renal?
-Quizá más adelante. Ahora vamos a restructurar lo que se está invirtiendo del fondo para determinar cuáles son las intervenciones de bajo costo y altamente efectivas. Además, se fortalecerá la prevención, porque ocurre que en México, 20 por ciento de los diabéticos tiene un control adecuado, mientras 80 por ciento está evolucionando hacia las complicaciones. Si no le apostamos a prevenir, no vamos a alcanzar y tampoco vamos a engañar a nadie. Es cierto, el fondo de protección tendría que llegar a los 226 millones de pesos para atender todo, pero no se tienen.
-¿Ni se tendrán para 2010?
-No todo, y queremos crecer en el número de enfermedades cubiertas, pero no podemos decir que vamos a abarcar todo. Es imposible con el costo actual de la atención y los medicamentos. Ahora tenemos 255 intervenciones, equivalentes a 85 por ciento de los padecimientos más frecuentes. Aspiramos a crecer a 90-92 por ciento en 2010 o 2012, pero habrá siempre un 8 por ciento, de lo más caro, que no se podrá cubrir.
-¿Cómo qué?
-Cáncer, trasplantes de órganos, insuficiencia renal y algunas otras enfermedades cuyo tratamiento también es caro. En cambio, tenemos cobertura universal en vacunación. Estamos dando prioridad a la prevención, pero sí para muchas cosas de atención en ninguna parte del mundo les alcanza.
-Entonces no habrá sistema universal de salud ni atención integral que se suponía iba a ofrecer el SP.
-Universal sí, porque se ofrece a todos. La cobertura...
-Será limitada.
-Cobertura casi total. Eso pasa. No somos magos.
-¿No se sabía esto desde el principio? ¿Cómo es que entró la insuficiencia renal al fondo de gastos catastróficos?
-Sí, pero a la hora que se hicieron los cálculos...
-¿Primero se anunció y luego se calculó?
-Bueno, sí se hizo, se estuvieron cubriendo en dos o tres estados, pero a la hora que se vieron los gastos nos dimos cuenta que no alcanzaría.
-¿Cuánto se gastaría?
-Cada paciente con insuficiencia renal y en diálisis peritoneal ambulatoria cuesta entre 120 mil y 170 mil pesos anuales, sin contar complicaciones ni hospitalizaciones. Es sólo la diálisis todos los días en las noches, con tres bolsas de dos litros. Son miles de pacientes y no se puede. Ahora se les atiende, pero tienen que aportar. Si están en el SP no se les cobra hospitalización, pero tienen que pagar los líquidos de diálisis y el catéter. Se atienden en lo que se puede.
-Habían dicho que también se incorporarían los trasplantes al FPCGC.
-Sí, es otro de los que se tendría que dar, estaba para entrar, pero tenemos que ser objetivos y realistas, tampoco se puede decir que se va a dar todo para todos. Sería una mentira. Lo que sí se da todo es para los bebés, en el Seguro Médico para una Nueva Generación.
-¿Hay alguna otra enfermedad que haya salido del fondo de gastos catastróficos?
-Nada más insuficiencia renal. En cataratas no hemos avanzado con la velocidad que hubiéramos querido, porque no todas las unidades estaban listas para dar la atención. Tenemos los recursos y los vamos a atender a todos.
-¿Existe la posibilidad de que en algún momento se dejen de dar medicamentos para el VIH-sida?
-Evidentemente hay riesgo y la capacidad de respuesta depende del costo de los medicamentos y del número de pacientes que tengamos. Ojalá no les fallemos.