sábado, octubre 13
Más devastador el huracán calderonista
Álvaro Cepeda Neri
Los ideólogos de Felipe Calderón y, en consecuencia, del calderonismo, en lugar de rescatar la perdida legitimidad del panismo derechista, de jure pero ilegítimamente en el poder presidencial, se han encargado de arrastrar a ese tríptico mar adentro de la crisis política, con lo que le restan el poquísimo margen de maniobra para ejecutar su programa ultraliberal que apesta a más (y peor) del foxismo, cuando la nación, amenazada con la creciente recesión económica estadounidense y la invasión, legal e ilegal, del comercio chino, lo que necesita es, cuando menos, una agenda, un acuerdo socialdemócrata en política y economía para paliar en algo el avance del empobrecimiento de 40 millones de mexicanos y la hambruna de 10 millones de indígenas, en cuyo contexto sobrevive, por cierto, la desaparecida clase media con sus otros 50 millones sufriendo en las zonas urbanas del país.
A las desgracias por la concentración infamante de la riqueza, en unos cuantos millonarios (las todavía 300 familias de Azcárraga) y un multimillonario (¡Salve, Slim, los que están muriendo, te saludan, como a moderno emperador y oficiante del Becerro de Oro!); males agudizados por las políticas públicas del capitalismo salvaje, diseñado y puesto en marcha desde hace cuatro sexenios y lo que va del actual (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón) que lo único que han incubado y puede abortarse en cualquier momento (“creo que a mí me agradaría que hubiese más manifestaciones y huelgas”, escribió Richard Rorty, en su ensayo: “Los pobres son la gran mayoría”, en su libro de entrevistado: Cuidar la libertad) es una revuelta civil al unísono por todo el territorio y suficiente con uno o dos millones de los 103 que ya somos.
Esos desastres son provocados y consentidos por el neoliberalismo económico, para beneficiar a banqueros de una voracidad sin límites y a empresarios, comerciantes e industriales despiadados, como ha sido su característica tradicional, pero, además, mucho más explotadores y rateros al amparo del libre mercado, con un mínimo de controles (del mismo Richard Porty: “El libre mercado de ideas y mercancías es cosa buena, pero no es una solución para todos nuestros problemas sociales, tal y como presuponen los neoliberales”). Y todo ello protegido por el mal gobierno municipal, de los (des)gobernadores cortados por la misma tijera: priístas, panistas y perredistas, hasta culminar con el “señor presidente” en turno, a pesar y muy a pesar de que algunas facciones de la oposición han estado exigiendo el buen gobierno, remando a contracorriente de la corrupción política imperante (Alejandro Nieto: La nueva organización del desgobierno, Ariel).
Y es que la derechización descarada de la administración pública, donde el presidencialismo de las alternancias fracasadas (no se vislumbra que el calderonismo rebase por la izquierda, sino que continuará por la derecha) es el pivote de los contenidos de las políticas públicas, ya establecieron una nueva organización para consolidar al neoliberalismo económico, que practican, incluso, regímenes de centro-izquierda como Lula en Brasil, Bachelet en Chile y Kirchner en Argentina, mientras a contrapelo, con una mezcla de populismo y socialdemocracia, navega en ese mar Venezuela con Chávez. Calderón, en México, con su política internacional de “con Dios y con el Diablo”, está implantando directrices económicas que continúan al foxismo y que éste, radicalizándolas, repitió al zedillismo-salinista, hasta ahora tener a la nación al borde de estallar por hambre, desempleo e inflación.
El huracán Dean, por si algo faltara, ha sido devastador en cuando menos 200 municipios en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Aparte de que este verano de lluvias torrenciales, casi diluvios, e infernalmente caluroso, consecuencia o no del acelerado cambio climático, ha generado percances en Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Nayarit y ha tenido en un tris de calamidades al Estado de México, al Distrito Federal (en sus sectores más pobres y desvalidos), que representan una geografía con muy graves calamidades humanas, agrícolas y con fauna y bosques en ruinas. Los calderonistas, desde las secretarías de Gobernación y Agricultura, han subestimado los daños. E incluso, por venganzas político postelectorales, como en el caso de Yucatán donde el panismo perdió la gubernatura y regresó al PRI, por conducto de esos funcionarios (Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas), únicamente reconocieron daños a siete municipios de un total de 59 afectados.
El huracán calderonista está resultando más destructor que la furia de la naturaleza, ya que se resiste a invertir cuando se necesita del Fondo de Desastres Naturales (del que anteriormente Creel y su directora se sirvieron para sus intereses personales). Calderón realizó una gira demagógica. No la ayuda, porque es una obligación de ir en cumplimiento de esa obligación, se ha dado en capítulos y a cuentagotas, para “jinetear” el dinero del pueblo al que, de paso, quiere el calderonismo aumentarle los impuestos y el precio de los servicios, para únicamente tener superávit y al final o durante el sexenio “matanga dijo la changa”. Dean fue un infausto mal de la naturaleza. El calderonismo esta siendo un huracán devastador intencionalmente. Y ambas desventuras se ensañan contra una nación presa, además, del mal gobierno antirrepublicano y antidemocrático.
Inconstitucional proyecto privatizador en Pemex
Las comisiones de Energía del Congreso de la Unión exigen al director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, cancelar la licitación pública internacional 18575111-006-07, por la que se otorgaría a una empresa privada la operación y mantenimiento del sistema de ductos más importante del país
Ana Lilia Pérez
El Poder Legislativo solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión especial de la licitación pública internacional 18575111-006-07 para la operación de ductos, por considerarla anticonstitucional, violatoria de las leyes de Hidrocarburos, de Presupuesto, de Obra Pública y de Adquisiciones, y por poner en riesgo la soberanía nacional.
Desde hace varias semanas, en las oficinas corporativas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se habla de la sucesión de Jesús Reyes Heroles al frente de esa empresa petrolera del Estado. El motivo, dicen funcionarios de Pemex y fuentes del sector privado, es haber operado junto con legisladores priístas (Francisco Labastida Ochoa) posibles reformas constitucionales para privatizar algunas áreas petroleras, sin el conocimiento del presidente Felipe Calderón.
Al interior de Pemex es un secreto a voces la renuncia de Reyes Heroles entre integrantes del Consejo de Administración y directivos de las subsidiarias, algunos de los cuales han alertado del riesgo que significaría para el país que empresas privadas operen ductos petroleros.
Así, el revés que el Poder Legislativo da al primer proyecto de su gestión para abrir a la iniciativa privada sectores que constitucionalmente son exclusivos del Estado, es uno de los factores que podrían significar la salida de Reyes Heroles de la paraestatal.
A unos días de que Pemex adjudique el contrato para la operación y mantenimiento del Sistema 4 de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (el más importante del país), la Comisión Permanente del Senado de la República exhortó al Ejecutivo federal a que cancele la licitación pública internacional 18575111-006-07.
Además, por considerar que el proyecto viola diversos ordenamientos, el Senado citó a comparecer a la titular de Energía, Georgina Kessel Martínez; al todavía director de Pemex, Jesús Reyes Heroles; al director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil, y a los funcionarios que participan en el proceso de licitación.
El Senado determinó que el proyecto impulsado por Reyes Heroles y diseñado por el subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución, Luis Sergio Guaso Montoya, y por funcionarios de PEP –incluido su titular Carlos Morales–, viola la Constitución Política, el Reglamento a la Ley Orgánica de Pemex y Organismos Subsidiarios, mediante los que se otorga a PEP la facultad exclusiva para que directamente, sin la participación de terceros, realice el transporte y la distribución de hidrocarburos y gas.
El dictamen del Senado de la República, en el que se pide al Ejecutivo detener la licitación, argumenta que el dominio directo del Estado sobre el petróleo “no es para atender intereses particulares, sino públicos”, y que con la citada licitación se estaría entregando la enajenación del dominio sobre el manejo del petróleo y se perdería el control sobre la explotación del recurso.
“El dominio eminente del Estado consiste en la potestad soberana de éste sobre su territorio, y es un poder supremo sobre el territorio correspondiente, constituyendo así el poder de disponer directa e inmediatamente sobre la cosa objeto de aquel derecho; es por ello que el Estado, por conducto de Pemex, puede celebrar todo tipo de actos jurídicos, incluyendo los mercantiles que tengan por finalidad la explotación adecuada de ese recurso natural, para beneficio de la colectividad, siempre y cuando no enajene el dominio que de ellos tiene, ni pierda el control sobre la explotación del recurso.”
Sobre el financiamiento del contrato, en información enviada al Congreso, Carlos Morales Gil justificó que la mayor parte se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, dentro de los siguientes Pidiregas: Proyectos Cantarell, Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas, Integral Chic-Pidiregas, Integral Caan-Pidiregas, Integral Yaxche-Pidiregas, Integral Och-Uech y Kax-Pidiregas.
Sin embargo, el Senado documentó que la mayoría de los trabajos del contrato son de mantenimiento y no de inversiones productivas, requisito indispensable para que se aprobaran como Pidiregas, por lo que los legisladores presumen violaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al respecto, solicitaron a la recién creada Comisión de Investigación de Pidiregas de la Cámara de Diputados que revise la autorización de este proyecto.
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ordenará a la ASF a que realice una auditoría especial a dicha licitación. Los legisladores de las Comisiones de Energía de ambas cámaras solicitarán que la Secretaría de la Función Pública abra una investigación contra Jesús Reyes Heroles por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por supuestos conflicto de intereses y tráfico de influencias, y porque funcionarios de PEP participaron en el diseño de la licitación internacional.
De acuerdo con documentos internos de la paraestatal publicados por Contralínea en agosto pasado, además de Sergio Guaso y Carlos Morales, otros funcionarios involucrados en la licitación son el subdirector de PEP en la Región Sur, José Refugio Serrano Lozano; el gerente de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, Carlos Hernández García; los coordinadores de Mantenimiento de Ductos, Eloy Pérez Baruch y Heliodoro Cigarroa Citalán; el coordinador de Seguridad Industrial, Rodolfo Velásquez López; y el especialista en Integridad de Ductos, Víctor Hernández Herrera.
Proyecto amañado
La privatización de ductos fue definida dentro del Modelo Suma (Contralínea, 54), delineado por un reducido grupo de funcionarios del sexenio foxista, encabezados por Luis Ramírez Corzo; el exdirector Corporativo de Operaciones, Marcos Ramírez Silva; y el entonces director de los polémicos Contratos de Servicios Múltiples, Luis Sergio Guaso Montoya, actual Subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución, quien controla los proyectos Pidiregas de la paraestatal.
En el marco de este proyecto, el pasado 22 de mayo, PEP publicó las bases de la licitación 18575111-006-07 para adjudicar el denominado Sistema 4 de Transporte de Hidrocarburos y Gas, que comprende los estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, el más importante en el proceso de producción de crudo por su longitud: mil 700 kilómetros; y por el volumen de petróleo que en él se transporta: 350 mil barriles diarios, dentro de los cuales se ubica el ciento por ciento del energético que llega a las seis refinerías del país para la producción de gasolina.
La licitación fue etiquetada en el rubro: “Aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto”. Se trata del primero de los cuatro contratos mediante los cuales se cederá la operación de los ductos por los cuales se transporta, distribuye y comercializa todo el crudo que sale de la Sonda de Campeche (49.2 por ciento de la producción nacional); el 70.2 por ciento de la producción de gas; y el 94 por ciento de condensados. Su operación y mantenimiento es considerada estratégica para la seguridad energética del país.
En agosto pasado, Contralínea reveló el nombre de las 13 compañías que se disputan el contrato, estimado en más de mil millones de dólares; entre ellas se ubicó a la texana Mexssub, para la cual, según publicó La Jornada el pasado 21 de septiembre, Reyes Heroles habría cabildeado ante Ramírez Corzo y Carlos Morales Gil, en septiembre de 2005, para “definir un esquema de mantenimiento integral de corredores de ductos de la petrolera estatal”.
En un análisis de la licitación pública, elaborado por las comisiones de Energía del Senado y de la Cámara de Diputados, se denuncia que las bases de licitación no cumplen de ninguna manera con la normativa al respecto y que si los funcionarios de PEP llevan adelante el proceso y determinan que hubo un ganador del contrato, “sólo será porque arbitrariamente así lo determinen los servidores públicos a cargo del proceso de licitación y no porque tales propuestas hayan cumplido estrictamente con lo dispuesto por la Ley en la materia y su Reglamento”.
El documento señala que aunque supuestamente el contrato está etiquetado en el rubro de obra pública, la licitación está hecha a modo para que la gane una empresa especialista en el negocio de Petróleo y Gas, así como lo relativo a servicios –contrario a la Ley–, pero, además, la única empresa que podría acreditar los requisitos es, precisamente, Mexicana de Servicios Subacuáticos (Mexssub International, Inc.), establecida en 1982 en Houston, Texas, como una corporación encargada de dar servicios de reparación a estaciones subacuáticas de las industria del gas y el petróleo.
El senador Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía del Senado, asegura que, además de anticonstitucional, la licitación supone el tráfico de influencias de Reyes Heroles, quien como consultor privado recomendó a su predecesor, Mexsub, empresa que actualmente se disputa el contrato.
El legislador perredista, quien propuso el Punto de Acuerdo para frenar la licitación de ductos, explica:
“Lo que nos lleva a la sospecha y habla de la parcialidad o de un tráfico de influencias de la dirección es lo siguiente: estamos ante una situación donde no sabemos dónde termina el consultor privado y dónde comienza el director de Pemex.”
En este tenor –señala el senador– “lo más prudente es que Reyes Heroles cancele la licitación, y que así se arreglen las cosas, para no tener que recurrir a otras instancias, porque este proyecto definitivamente es anticonstitucional. Se pueden contratar los trabajos de mantenimiento, pero la operación de los ductos no, eso es ilegal”.
Fuentes de Pemex indican que, pese al pronunciamiento del Senado, la paraestatal sigue adelante con el proceso de licitación. El acta de la octava y última reunión de aclaraciones de PEP con los licitantes, efectuada el pasado 27 de septiembre en las oficinas del edificio Pirámide, en Villahermosa, Tabasco, indica que, acorde con la última prórroga para la asignación inicial del fallo, el próximo 24 de octubre se dará apertura a las propuestas económicas, el 31 de octubre el fallo y el 30 de noviembre la firma de contrato, cuyo inicio está programado para noviembre de 2008.
Legisladores que integran las comisiones de energía en ambas cámaras adelantan que si la paraestatal adjudica el contrato, presentarán una denuncia contra su titular ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se evalúe la inconstitucionalidad del proyecto.
Las irregularidades
Cuando Pemex hizo pública la licitación 18575111-006-07, las comisiones de Energía del Congreso de la Unión crearon grupos de trabajo de expertos en materia energética y abogados, quienes han hecho diversas revisiones al proceso mediante el que Reyes Heroles plantea entregar el sistema de ductos más importante del país a una empresa privada. El resultado de todo este análisis derivó en el rechazo del Legislativo al proyecto.
De su evaluación a la licitación, el Legislativo concluye que es ilegal dejar que terceros participen en la operación “de tan estratégico sistema de transporte de hidrocarburos, cuya función es el inicio del transporte del crudo para las refinerías donde se producen las gasolinas del país”, porque ello “vulnera aspectos de seguridad nacional”.
En los alcances de las bases de licitación, se detectó que “de forma irregular, los funcionarios de Pemex encargados de diseñar las bases simulan un contrato de obra pública, para permitir a la contratista intervenir directa e indirectamente en funciones de operación exclusivas de PEP”.
Entre las atribuciones que irregularmente tendría la contratista, se enumera:
“La asesoría técnica a la operación y mantenimiento que realizará el contratista”, cosa que invade las funciones de operación y planeación exclusivas del organismo subsidiario.
La contratista, contrario a la ley, realizaría “la planeación y evaluación de los programas anuales de trabajo para cada uno de los próximos 10 años, a partir de 2008”. Éstas son funciones exclusivas de las áreas de operación y planeación de PEP, en donde normalmente no se contratan servicios para que terceros realicen las funciones de su competencia en la operación del sistema de ductos.
En violación al artículo 27 constitucional, a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Orgánica de Pemex, la contratista dirigiría y administraría la ejecución de los trabajos, en las áreas de operación, planeación, mantenimiento y finanzas, que por ley competen a PEP.
Opacidad
El análisis del Legislativo explica que, en el esquema de licitación de ductos, los funcionarios de la paraestatal han incurrido en “una gran opacidad” en el manejo de la planeación, presupuestación, autorización, aplicación y rendición de cuentas de los recursos del Presupuesto de Egresos y de diversos Pidiregas, pues, según informó Carlos Morales al Senado, aún no se tiene claro el porcentaje del contrato que se pagará con recursos autorizados vía Pidiregas, ni el porcentaje que se pagará con dinero del presupuesto de egresos.
La opacidad de dicha información se atribuye a que ni los funcionarios de la paraestatal tienen claro los alcances del contrato, porque está justificado como un contrato de obra pública a precios unitarios, que en cualquier momento puede tener ampliaciones y ajustes de costos.
La licitación indica que la empresa ganadora solicitará durante diez años presupuesto a la paraestatal para ejecutar sus Programas Anuales de Trabajo, y que PEP lo solicitará a su vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Las atribuciones que irregularmente se dan a la contratista en dicha licitación y que suponen violaciones a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, son las de subcontratar hasta el 95 por ciento de los trabajos, salvo la asesoría, la administración del contrato y la administración de la ejecución de los trabajos, que representan el 5 por ciento del contrato. Según cálculos del titular de PEP, la contratista podría manejar unas 44 subcontratistas, sin que la subsidiaria las revise.
Por ello, agrega el documento, “si lo anterior fuera poco, el desarrollo de actividades del contratista en la operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos tiene implícito la transferencia de conocimientos de PEP al contratista, para que, en el curso de los años, el conocimiento pleno para operar el sistema esté del lado del contratista y se continúe desmantelando el acervo y experiencia de técnicos y obreros de Pemex”.
Más aún, en este esquema de contratación, se establece un Grupo Directivo que estaría integrado por tres representantes de PEP (incluido su titular) y otros tres de la compañía, con la misma calidad de voto; si existiera alguna diferencia entre ambas partes, estas deberán discutirse en la Corte Internacional de París, donde usualmente Pemex ha perdido los juicios.
Integrantes del Comité Nacional de Energía, quienes han estado presentes en las reuniones de los funcionarios de PEP con las empresas que se disputan el contrato (en el edificio Pirámide de Villahermosa, Tabasco), explican que el proceso rompe con todas las normas de una licitación pública, y que prácticamente ha sido “como una subasta pública, porque ni los mismos licitantes saben cómo estimar sus propuestas económicas por los miles de conceptos que no se están considerando”.
Citan, por ejemplo, que, según las bases de licitación, la contratista deberá obtener por su cuenta todos los permisos y derechos de vía en las zonas de obra, que incluyen ejidos, zonas habitacionales, industriales, entre otras, sin que la paraestatal intervenga en dicho proceso, pero, según los integrantes del Comité Nacional de la Energía, ni los mismos contratistas saben lo que pagarán por cada permiso.
Para hablar sobre la denuncia de inconstitucionalidad e irregularidades documentadas por el Legislativo en el proyecto de ductos, se solicitó una entrevista con el director de Pemex y con el titular de PEP, ninguno de los dos respondió.
La millonaria pensión de Agustín Carstens
En la nómina de pensionados privilegiados del Banco de México, sobresale Agustín Carstens, quien desde 1999 –fecha en que se separó de dicha entidad pública– cobra el salario de un secretario de Estado: 151 mil 500 pesos al mes, que suman casi 2 millones de pesos al año. Según la SHCP, su pago por “pensión vitalicia” fue suspendido desde que asumió la coordinación económica del equipo de Felipe Calderón y se reactivará cuando el Chicago boy deje la Secretaría de Hacienda
Nancy Flores
Duro crítico de los pasivos generados por el sistema de pensiones e impulsor de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Agustín Guillermo Carstens Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, mantiene el privilegio de esta seguridad social: el Banco de México (Banxico), encabezado por el priísta Guillermo Ortiz, le paga 1 millón 818 mil pesos anuales por pensión vitalicia.
Según sus datos biográficos, Carstens colaboró 15 años en el banco central, en donde el máximo cargo que desempeñó fue el de jefe de la oficina del gobernador. Además de la pensión vitalicia, al inicio de su carrera laboral el Chicago boy obtuvo dos becas –pagadas con recursos de dicha institución financiera– para estudiar la maestría y el doctorado en la Universidad de Chicago.
Ahora, la pensión vitalicia asciende a 151 mil 500 pesos mensuales, lo que equivale a su salario neto como secretario de Estado, revela el exdiputado Miguel Alonso Raya y confirma la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su área de comunicación social.
De acuerdo con información oficial, el titular de Hacienda ha cobrado estos recursos públicos en 93 ocasiones: de 1999, cuando se retiró del Banxico, al 15 de octubre de 2006, fecha en que asumió la coordinación del área económica del equipo de transición de Felipe Calderón.
La oficina de comunicación social de Hacienda, que negó en definitiva la entrevista con Agustín Carstens, aclara que el Chicago boy suspendió temporalmente este cobro, por tanto volverá a percibir los casi 2 millones de pesos anuales cuando deje la Secretaría.
También reconoce que, de diciembre de 2000 a agosto de 2003, el erario le pagó doble sueldo: además de la pensión, el salario que percibía en calidad de subsecretario de Hacienda, función desde la cual impulsó dar el carpetazo a las investigaciones del Fobaproa-IPAB, generalizar el IVA en todos los bienes y servicios y profundizar la persecución fiscal.
El exdiputado Alonso Raya –quien en la pasada legislatura denunció la pensión prematura que supuestamente se asignó el aún gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, y exigió la transparencia en este capítulo– advierte que los dobles salarios pagados con recursos públicos son ilegales.
Además, el perredista califica como injustos estos pagos, pues –explica– los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, que sí aportan de uno a tres salarios mínimos para su jubilación, no van a tener siquiera una pensión mínima garantizada. Por el contrario, acusa, las Afores han hecho el negocio de su vida: de 1997 a la fecha, han ganado 101 mil millones de pesos.
Contradicciones
Señalado a principios de año por negociar con Elba Esther Gordillo, cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la aprobación a la reforma del ISSSTE, el Chicago boy aún cobra la pensión, según Alonso Raya.
Al respecto, Hacienda asegura que “el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, no recibe pago alguno por concepto de la pensión vitalicia a la que tiene derecho, después de haber laborado más de 20 años en el Banco de México y haber cumplido con la edad requerida, toda vez que solicitó la suspensión de los pagos correspondientes desde que fue designado coordinador económico del equipo de transición del entonces presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa”.
No obstante, su historia laboral revela que en términos reales el secretario sólo laboró 15 años en la institución financiera: de 1982 a 1999, con un periodo de excepción entre 1983 y 1985, cuando fue becado por el propio Banxico para estudiar la maestría y el doctorado en Economía, en la Universidad de Chicago.
La primera responsabilidad que ejecutó en el banco central fue la de interno, justo después de graduarse, en 1982, como licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tres años más tarde, ya con grado de doctor, fue nombrado tesorero general.
Con posterioridad, ocupó la Dirección General de Investigación Económica. El máximo escalafón lo obtuvo en 1994 y se trató de la Jefatura de Gabinete de la oficina del gobernador Miguel Mancera Aguayo, mismo que desempeñó hasta fines de 1998.
De acuerdo con los datos biográficos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 1999 y tras su separación del Banxico, Carstens asumió la Dirección Ejecutiva de dicho organismo internacional, en representación de Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
A inicios del gobierno de Vicente Fox, fue nombrado subsecretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que dejó el 1 de agosto de 2003, para encabezar la Subdirección Gerente del FMI.
Dilapidación de recursos
El dispendio en Banxico respecto de los salarios y pensiones no se ciñe al caso de Agustín Carstens. El gobernador Guillermo Ortiz Martínez y los subgobernadores Roberto del Cueto Legaspi, Everardo Elizondo Almaguer, Guillermo Güémez García y José Julián Sidaoui Dib ganan 173 mil 438 pesos al mes, que suman 2 millones 81 mil pesos anuales, indican sus informes de transparencia. El monto incluye compensaciones por antigüedad, prima vacacional y gratificación.
Los sueldos de altos funcionarios del Banxico superan al del presidente Felipe Calderón, que asciende a 151 mil 969 pesos mensuales, y al del propio secretario de Hacienda, cuya remuneración neta es de 151 mil 473 pesos, monto similar al de su pensión vitalicia.
Otros beneficiados con dicha seguridad social son los expresidentes Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid, indica Alonso Raya. En la lista añade a José Francisco Gil Díaz, Jesús Silva Herzog Flores y Francisco Suárez Dávila.
En el caso de De la Madrid, su secretaria Delia González dice que la millonaria pensión que supuestamente recibe en calidad de expresidente “es un cuento”. Agrega que su jefe no recibe recursos del Banco de México, institución que lo contrató como consultor de gestión financiera en 1960, y cuatro años más tarde lo becó para que cursara una maestría en Administración Pública, en la Universidad de Harvard.
La efímera trayectoria en la institución financiera concluyó a su regreso, en 1965, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró subdirector general de Crédito en la Secretaría de Hacienda. Como jefe de Estado (1982-1988), De la Madrid fue señalado como responsable de la severa crisis económica mexicana. Su sexenio concluyó con la “caída” del sistema electoral que llevó a Carlos Salinas a la Presidencia.
Sobre la supuesta pensión que recibe el exsubsecretario de Hacienda y exgerente de Asuntos Internacionales del Banxico, Suárez Dávila, su equipo de colaboradores indica que “definitivamente no recibe esa pensión vitalicia”.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el gasto programable incluye una partida de 226 mil 946 millones de pesos para pensiones, cifra que revela un incremento de 6.6 por ciento respecto a 2007, ejercicio en el que ascendió a 212 mil 747 millones de pesos.
Además, indica que el gobierno pagará 101 mil 418 millones de pesos para aportaciones al ISSSTE y subsidios y transferencias a entidades de control directo. Los apoyos presupuestarios, detalla, se invertirán en el pago de pensiones, compensaciones y otras prestaciones del personal de las fuerzas armadas, y las pensiones de trato especial del sistema de retiro de los burócratas.
En la exposición de motivos, dicho proyecto –elaborado por el equipo de Agustín Carstens– señala que el gobierno realizará más acciones para consolidar la reestructuración y mejoramiento de los sistemas de seguridad social y de pensiones actuales, así como su saneamiento financiero.
Tres días después de suspender el pago de su pensión vitalicia, el 18 de octubre del año pasado, Agustín Carstens declaró a la prensa nacional: “Si uno toma en cuenta la deuda, los pasivos contingentes que tiene el gobierno a través del sistema de pensiones, pues sí es una deuda que hay que tomar muy en serio. Preocupa para el largo plazo y por lo mismo tenemos todavía tiempo de enfrentarla, pero hay que empezar a hacerlo ya”.
|
|
RECUADRO 1
|
|
|
|
Fox, el impune
Luego de un sexenio de escándalos por acusaciones de fraudes millonarios cometidos supuestamente por los hijos de Marta Sahagún en perjuicio de Pemex, o contratos adjudicados directamente a los amigos de Vicente Fox para remodelar la residencia oficial de Los Pinos y la erogación de miles de millones de pesos sin comprobar correctamente a lo largo de su administración, el expresidente finalmente ha sido acusado penalmente por enriquecimiento inexplicable, cohecho y otros ocho delitos
Zósimo Camacho
Durante su periodo como presidente de la República (2000-2006), Vicente Fox Quesada habría incurrido en delitos de tráfico de influencias, uso indebido de facultades y atribuciones, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento inexplicable y, entre otros, peculado, según la denuncia presentada en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el senador Ricardo Monreal Ávila.
A menos de un año de haber concluido su administración, el exfuncionario –quien demanda que se le siga llamando “presidente”– no ha tenido empacho en mostrar ante los medios de comunicación “el paraíso” en el que se convirtieron sus ranchos luego de su paso por la Presidencia de la República.
Con ello, ha vuelto a colocar en la agenda mediática el supuesto enriquecimiento ilícito de los Bribiesca, hijos de su esposa Marta Sahagún, que derivaría de supuestos fraudes a Pemex por más de 6 mil millones de pesos; contratos por 70 millones entregados a su amigo, el arquitecto Humberto Artigas, sin licitación de por medio, para la remodelación de las dos cabañas de la residencia oficial de Los Pinos; los fiascos de la megabiblioteca José Vasconcelos y el programa Enciclomedia; la irregular defenestración del líder del sindicato minero, y, entre otros, la expropiación de 27 ingenios azucareros.
“Existen evidencias muy claras de actos ilícitos del expresidente de la República e, incluso, de su familia”, asegura el legislador zacatecano Monreal Ávila, quien presentó la denuncia en la delegación metropolitana de la PGR el 24 de septiembre pasado. El senador independiente –suspendido de sus derechos en el Partido de la Revolución Democrática por seis meses, acusado de apoyar a candidatos distintos a los de su organización política– informa que la denuncia ya ha sido ratificada y que se ha integrado la averiguación previa correspondiente.
Pero tras el exfuncionario guanajuatense no sólo van los legisladores perredistas: el 24 de septiembre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial que investigará las supuestas irregularidades en el sexenio de Vicente Fox.
Luego de que las siete fracciones opositoras representadas en el Congreso de la Unión acordaran investigar el origen de los recursos del exmandatario, el Partido Acción Nacional (PAN) debió sumarse a la iniciativa y, en voz de su coordinador Héctor Larios, confirmó que el partido se sumaría a la comisión y evitaría que ésta se “convirtiera en ministerio público”.
“Lo del rancho es pecata minuta. Hay miles de millones de pesos sin justificar”, considera el legislador por el Partido Revolucionario Institucional, Víctor Valencia de los Santos, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y uno de los principales impulsores de la integración de la comisión.
Para Valencia es “indudable que la declaración patrimonial presentada por Fox y su familia al inicio de su administración contrasta cínicamente con lo que ellos de manera opulenta presentan a los medios de comunicación”.
Rechaza que los legisladores estén asumiendo funciones de ministerio público, pues la comisión no investigará a personas sino a instituciones. “Los mexicanos tienen derecho a saber que sé hizo de los recursos públicos; si alguien cometió un delito, tiene que pagar por ello. Estamos hablando de cantidades millonarias y en dólares”.
Sin embargo, Vicente Fox –nombrado el 20 de septiembre pasado copresidente de la derechista Organización Internacional de Demócratas de Centro– ha contado con el respaldo de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y con los legisladores de su partido, quienes hicieron lo posible por retrasar la integración de la comisión.
Germán Martínez Cázares, días antes de abandonar la Secretaría de la Función Pública para contender por la presidencia del PAN, exoneró a Vicente Fox de cualquier investigación. En declaraciones a la revista Proceso aseguró que “metería las manos al fuego” por él.
Pero los diputados panistas no sólo están dispuestos a quemarse por el expresidente sino también por su esposa. El legislador Juan José Rodríguez Prats asegura: “tanto meto las manos al fuego por Vicente Fox como por Marta Sahagún”.
A cada pregunta sobre las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente y su familia, Rodríguez Prats responde: “Vicente es un gran mexicano”. Con hartazgo, agrega: “¡que investiguen lo que quieran, hombre! Es no nos asusta. Y que creen las comisiones que quieran”.
Rodríguez Prats considera que “Vicente Fox es uno de los grandes mexicanos que ha tenido la historia de México; hizo una hazaña que es haber abierto la posibilidad de la alternancia”. Concluye que la comisión integrada en la Cámara “busca el escándalo, y no la verdad”.
Sobre el curso de la denuncia presentada ante el gobierno de Felipe Calderón, Ricardo Monreal señala: “no soy ingenuo y se buscará darle (al expresidente) protección e impunidad de nueva cuenta. Es un asunto que tiene muchos intereses y hay muchas personas que intentan que se bloquee, y, si no hay presión social, no se investigará. Nosotros vamos a presentar pruebas. Es un asunto jurídico. Sólo se requiere voluntad política para llegar hasta sus últimas consecuencias”.
El legislador plantea que se debe crear una comisión especializada para investigar a Vicente Fox. Agrega que dicha comisión podría ser encabezada por “un académico, un jurista o un litigante serio, independiente a cualquier persona que haya tenido vinculación con el expresidente”. Sin embargo, se reserva los nombres de quienes ha propuesto a la PGR para que estén al frente de las investigaciones.
En su última declaración patrimonial, Vicente Fox dijo haber tenido, durante 2006, ingresos por 2 millones 661 mil 181 pesos, por “cargo público”; 1 millón mil 171, por “actividad financiera”; 226 mil, por “reembolso capital La Estancia”; 267 mil 295, por “seguro separación individualizado”, concepto por el que, el año anterior, ya había cobrado 290 mil 539; y 982 mil 417 pesos por “actividad agrícola, arrendamiento e intereses de dependientes y cónyuge”.
Para el secretario de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo”, Mario Di Costanzo, el expresidente “debe ser juzgado no sólo por enriquecimiento ilícito sino por negligencia, perjurio y traición a la patria”. De acuerdo con el economista, Vicente Fox “falseó sus declaraciones patrimoniales, pues lo asentado no corresponde con la realidad. Fox mintió como candidato, como presidente y ahora como expresidente”, asegura.
Los Bribiesca Sahagún, traficantes de influencias
En la pasada administración, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún gestionaron contratos a favor de Oceanografía y solicitaron el “perdón fiscal” para el Grupo Miguel, admite en dos entrevistas el primogénito de la esposa de Vicente Fox. En las negociaciones también participó Guillermo Sahagún Jiménez, hermano de quien inventara el término“pareja presidencial”
Nancy Flores / Miguel Badillo
Acusados de tráfico de influencias y peculado, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún son blanco de investigaciones administrativas, judiciales y políticas. En la Cámara de Diputados la comisión especial encargada de investigar las actividades de su empresa Construcciones Prácticas asegura que los hermanos son responsables de quebrantar al erario por casi 6 mil millones de pesos.
Según lo declarado por el presidente de dicha comisión, Elías Cárdenas, a La Jornada, los hijos de Marta Sahagún obtuvieron estos recursos de los fraudes en los contratos signados entre la empresa Oceanografía y Petróleos Mexicanos (Pemex).
El primogénito de Marta Sahagún, Manuel Bribiesca, acepta que él y sus familiares gestionaron contratos a favor de la empresa Oceanografía, ahora investigada por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Además, reconoce haber asumido la “defensa” del Grupo Miguel, por considerar que el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, organizaba una persecución fiscal injusta contra el consorcio.
En dos entrevistas realizadas a fines de 2004 y principios de 2005 y publicadas en la columna Oficio de papel, Manuel Bribiesca revela los pormenores de las relaciones personales y de poder que lo llevaron, junto con su hermano Jorge y su tío Guillermo, a traficar influencias, aunque según él estas negociaciones no son irregulares.
El joven empresario admite haber pedido protección al entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, a favor del empresario Alfredo Miguel, prófugo de la justicia por cargos de evasión fiscal.
Además, señala que sus familiares solicitaron a la Dirección Corporativa de la paraestatal Pemex que asignara un contrato a Oceanografía por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos), para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche.
En la primera reunión, Manuel Bribiesca Sahagún reveló: “Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa se dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.
–Pero Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares. Y esto significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.
–No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.
–Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…
–Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio en el que la operación del buque significa sólo 60 millones de pesos, así que hay utilidades por 100 millones (de dólares).
–Es mucho dinero.
–Sí, y no hay nada ilícito.
–A ti te acusan de introducir mercancías de contrabando al país.
–No, no, de eso no haya nada, yo no tengo nada que ver con Aduanas ni con Gil Díaz. No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones. Que nos busquen y no van a encontrar nada.
–¿Dices que no tienen dinero, que tu familia no tiene recursos?
–No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en Los Pinos no ha significado para nosotros tener dinero.
–No tendría por qué.
–Bueno, hasta nos quitaron la partida secreta, ya no les dan recursos.
–Esa partida desapareció desde el quinto año de gobierno de Ernesto Zedillo. No fue por honestidad, sino para impedir que fueran investigados por el desvío de fondos públicos, como le sucedió a Carlos Salinas, pues a esa partida secreta se le asignaba una buena parte del presupuesto federal y, aunque no fuera auditada, no significaba que podía usarse ilícitamente.
–Pero por eso no tenemos dinero. Hasta el presidente Fox se ha opuesto a que nosotros nos acerquemos a Los Pinos. Tenemos prohibido hacer cualquier negocio que relacione a la Presidencia de la República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá viva con el presidente nosotros vamos a dejar de trabajar.
–¿Tú hiciste negocios en Pemex?
–No, nada tengo que ver ahí, los que llamaron fueron mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo). También a mí se me acusaban de tener negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me invitó a ver un partido de su equipo León y yo asistí al palco, y allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una relación con él ni hice negocios.
–¿Entonces las acusaciones de corrupción en tu contra son falsas?
–Sí, totalmente. Y si quieres saber de corrupción, de verdadera corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…
–¿Qué han hecho?
–Después hablamos de eso. Por ahora te digo que no tengo nada que ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo, no tengo negocio alguno de qué avergonzarme.
–¿Y Gil Díaz?
–Investiga los depósitos multimillonarios que se han hecho en China.
En el segundo encuentro, ocurrido el 27 de enero de 2005, el primogénito de Marta Sahagún habla del una “persecución fiscal injusta” contra 80 empresas del Grupo Miguel y de un cuantioso fraude contra la empresa Servicios Aéreos del Centro, S.A. (SACSA), fraguado, señala, desde las oficinas del entonces secretario de Hacienda.
Según Manuel Bribiesca, Gil Díaz se coludió con su sobrino Alfonso Díaz Percher, representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, S.A. de C.V. (OAG), para apoderarse de 75 mil metros cuadrados de modernas instalaciones aeroportuarias construidas en el estado de México, con un costo de 75 millones de dólares, rentadas en 12 millones de dólares a la Policía Federal de Preventiva.
El intrincado conflicto de intereses lo enfrentó con funcionarios del primer equipo del gobierno de Vicente Fox, al hacer una recia defensa de “sus amigos” del Grupo Miguel. “Es injusto lo que hace Gil Díaz contra ellos: primero los persiguió fiscalmente hasta sacar a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus empresas, como ocurre con SACSA. Eso sí es corrupción”, dice.
–¿Qué relación tienes con ese Grupo?
–Son mis amigos, solamente.
–¿Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50 por ciento de las acciones?
–No. Sólo somos amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas.
–Pero hay investigaciones fiscales y judiciales que confirman que esos empresarios sí son responsables de varios delitos.
–Yo sé que el gobierno ha abusado en contra de ellos y lo que les hacen es injusto.
–¿Has hecho algo al respecto? ¿Has hablado con tu madre de ello? ¿Has intentado hablar con el presidente para frenar ese “abuso”?
–Con el presidente Fox no puedo hablar de esas cosas: tenemos prohibido, mis hermanos y yo, acercarnos a Los Pinos y mucho menos tratar con él estos asuntos.
–Entonces, ¿has buscado a Gil Díaz?
–No, con él no. No hablo con él.
–¿Alguien más?
–Sí. Hablé con Ramón Martín Huerta (secretario de Seguridad Pública).
–¿Y qué pasó?
–Lo alerté del fraude que se estaba cometiendo al rentar a la PFP (Policía Federal Preventiva) las instalaciones de SACSA.
–¿Qué ocurrió allí?
–Gil Díaz ha perseguido por varios años a los dueños del Grupo Miguel, hasta que logró que le fincaran responsabilidades penales a Alfredo Miguel, presidente del Grupo, quien tuvo que huir del país para evitar ser detenido.
–Pero Hacienda sí comprobó que cometió evasión fiscal, ¿o no? Me parece que por 7 millones de dólares.
–Fue mucho más, pero Hacienda había hecho un acuerdo con él y pagó el crédito, y después ese pago fue utilizado por el fisco para argumentar que con eso se comprobaba el delito. Fue una trampa. Y entonces está prófugo sin deberle nada a Hacienda. Es una injusticia de Gil Díaz, porque hay funcionarios a quienes les ha otorgado el “perdón fiscal”, como al presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza, con quien su sobrino Alfonso Díaz hace negocios.
–¿Qué le pediste al secretario de Seguridad Pública?
–Le dije a Ramón (Martín Huerta) que estaba metido en un grave problema y que podía estallarle en las manos. Que se había cometido un ilícito y que estaba involucrada la Policía Federal Preventiva para beneficiar al sobrino de Gil Díaz con 12 millones de dólares.
–¿Y qué hizo el secretario?
–Está muy preocupado, no sabe qué hacer, porque este caso lo enfrentaría con Gil Díaz y no quiere molestarlo. Pero pidió tiempo para resolverlo.
–¿Y cuál es la participación de Gil Díaz en esto?
–Gil Díaz ordenó una partida extraordinaria, fuera del presupuesto, y esto es fácilmente comprobable, porque ahí están los documentos, para destinar 12 millones de dólares a la renta de las instalaciones de SACSA, para que fueran ocupadas por la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública aceptó sin protestar.
–¿Y cuál es el problema de la renta de esas instalaciones?
–Primero, que están en litigio, por tanto no pueden ser rentadas por el mismo gobierno; segundo, el dinero (los 12 millones de dólares) fue triangulado para beneficiar al pariente de Gil Díaz, pues es el representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, de tal manera que ese dinero fue triangulado hasta los bolsillos de Gil Díaz y de su sobrino, Alfonso Díaz. Fue un robo.
Oceanografía: historia de tráfico de influencias
Desde 2004 las revistas Contralínea y Fortuna han documentado las irregularidades de directivos de Pemex para otorgar millonarios contratos a la empresa Oceanografía, para la cual, admitió Manuel Bribiesca, él, su hermano Jorge y su tío Guillermo gestionaban contratos
Ana Lilia Pérez
Durante tres años, Contralínea ha documentado el tráfico de influencias de familiares de Vicente Fox en Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes exigían fuera de toda normatividad que Pemex, Exploración y Producción (PEP) asignara millonarios contratos a Oceanografía.
Manuel y Jorge Bribiesca, y su tío Guillermo Sahagún, hermano de Marta, esposa del expresidente Vicente Fox, obtenían comisiones de esos contratos. En el sexenio foxista, la naviera recibió más de 9 mil millones de pesos en contratos de obras y servicios.
Contralínea reveló cómo funcionarios de Pemex, entre ellos los exdirectores Raúl Muños Leos y Luis Ramírez Corzo; el exabogado general, César Nava Vásquez (actual secretario particular del presidente Felipe Calderón), y el titular de PEP, Carlos Morales Gil, violaron la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al proteger a la naviera para favorecer a la familia presidencial.
Las publicaciones derivaron en la inclusión del caso Oceanografía en las indagatorias de la comisión especial de diputados que, entre 2004 y 2006, examinó el tráfico de influencias de los Bribiesca. Además, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrieron sendas auditorias especiales a la empresa, algunas todavía en curso.
Como secretario de Función Pública, Germán Martínez se comprometió a que fincaría responsabilidades a los funcionarios involucrados en este caso de corrupción, pero con su renuncia hereda esa responsabilidad a Salvador Vega Casillas.
Presiones en Pemex
El supuesto tráfico de influencias que hacían en la paraestatal los familiares del entonces presidente Vicente Fox fue revelado por los reporteros Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez en un artículo publicado el 24 de octubre de 2004, en el periódico Excélsior.
Se documentó que Raúl Muñoz Leos presionaba al director de PEP, Luis Ramírez Corzo, y al Órgano Interno de Control (OIC) para que otorgara a Oceanografía el contrato 18575108/068/04, por más de 150 millones de dólares, para el alquiler de un barco grúa para las plataformas de la Sonda de Campeche.
La conducta del funcionario, además de violentar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, implicaba un millonario quebranto a las arcas de la paraestatal, porque, de las siete navieras que se disputaban el contrato, el mejor precio era el de Servicios Marítimos de Campeche, que ofertó 154 millones de dólares, contra los 164 millones que pedía Oceanografía.
Aunque no era competitiva ni en calidad ni en precio, los hermanos Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún presionaron a Muñoz Leos y a su secretario particular Eduardo Rosas Monrroy para que se contratara a Oceanografía.
Fuentes de Pemex revelaron a los reporteros que, cuando Muñoz Leos se dio cuenta de que no avanzaban las gestiones de Rosas Monrroy, personalmente le ordenó a Ramírez Corzo que le diera el contrato a Oceanografía, porque, le confesó, era “una petición de Los Pinos”.
Cuando se publicó la injerencia de Los Pinos en este contrato, la paraestatal tuvo que asignar el fallo a la empresa que legalmente había ganado la licitación, confirmó a los reporteros el entonces titular del OIC, Jorge Ramos Negrete.
La pérdida del contrato y de la comisión que los hijastros del presidente obtendrían costó el puesto a Muñoz Leos. El sábado 30 de octubre de 2004, de gira por Veracruz, fue notificado por Vicente Fox de su despido. El 9 de noviembre, Fox nombró a Luis Ramírez Corzo director general.
Los intermediarios
En agosto de 2005, Contralínea reveló que, de acuerdo con el acta constitutiva, los dueños de Oceanografía son: Amado Yánez Correa, Amado Yánez Osuna, Carlos Daniel Yánez Osuna, Samuel Yánez Chaparro y Alberto Duarte Martínez; y que los Bribiesca no eran accionistas sino sus intermediarios con los directivos de Pemex para obtener contratos sin cumplir la ley.
La empresa fue creada en 1968 y hasta la fecha la dirigen Amado Yánez Correa y su hijo Amado Yánez Osuna. Ofrece a Pemex servicios de ingeniería marítima, geofísica, geotécnica, buceo, posicionamiento, alquiler de barcos y obra pública. Su primer contrato fue en 1984, pero entonces era una empresa pequeña que no tenía capacidad para cumplir con los requerimientos de los contratos de arrendamiento de embarcaciones en la Sonda de Campeche.
Sus incumplimientos le valieron penalizaciones y rescisión de contratos, que la colocaron como una contratista fichada en la entonces Secodam, ante la que los Yánez presentaron inconformidades e impugnaciones, integradas en los expedientes 1223/1997, 032/98, 058/98, 326/99, 082/00, 241/01, todas declaradas como improcedentes.
En medio de su declive, los Yánez buscaron alianza con las navieras estadunidenses Otto Candy y Diamond Services Corp, para hacer frente a los escasos contratos de arrendamiento de embarcaciones que logró arrancarle a la paraestatal. Ambas empresas son propietarias de los barcos que Oceanografía renta a Pemex.
Su domicilio fiscal está en Insurgentes Sur 300, despacho 1406, colonia Roma, un departamento que desde hace años está prácticamente abandonado. Un empleado de Oceanografía explicó que los Yánez decidieron conservar su domicilio fiscal en el Distrito Federal donde, según su apreciación, difícilmente serían objeto de auditorías de la Secretaría de Hacienda. Actualmente tiene oficinas en Veracruz, Campeche, Tamaulipas y Tabasco, principales puntos de operación de PEP.
A raíz de la publicación del supuesto tráfico de influencias de los familiares de Fox en Pemex, Manuel Bribiesca confirmó al periodista Miguel Badillo la intervención de su hermano Jorge y de su tío Guillermo para presionar a funcionarios de la paraestatal en la asignación de contratos petroleros.
“Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge Bribiesca) y mi tío (Guillermo Sahagún) llamaron a la dirección general de Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa es una empresa dedicada a trabajos petroleros. Mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato”, reconoció el primogénito.
Por el contrato –dijo– ellos (Jorge y Manuel Bribiesca y su tío Guillermo Sahún) obtendrían 100 millones de dólares. El “favor” que se pidió a la dirección general de Pemex surgió “por la relación que Jorge Bribiesca y Guillermo Sahagún tienen con los dueños de Oceanografía”.
Tras la publicación del artículo “Hijos de Marta operan como gestores” (Contralínea, agosto 2005), la Comisión de Investigación Encargada de Revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas S.A de C.V. y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma, atrajo el caso de Oceanografía como una línea de investigación para comprobar el tráfico de influencias de la familia del presidente.
Ante los integrantes de la comisión –diputados federales de todos los partidos–, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez relataron, el 23 de agosto de 2005, que antes del sexenio la empresa recomendada por la familia del presidente prácticamente estaba vetada, pero que, en los primeros cinco años de gobierno de Fox obtuvo 101 contratos de obras y servicios que sumaban 6 mil 500 millones de pesos; muchos de ellos entregados de manera directa por altos directivos de la paraestatal. Los legisladores determinaron que la ASF verificara los contratos.
Muñoz Leos y Oceanografía
En tiempos en que Muñoz Leos dirigía la paraestatal y Luis Ramírez Corzo PEP, que controla casi el 80 por ciento del presupuesto petrolero, a Oceanografía se le asignaron múltiples adjudicaciones directas, como la 3-G-DD-A-046-Y-0-3, por 367 mil 246 dólares, que contemplaba la supervisión del dragado en el canal de acceso en Puerto Madero, Chiapas, pagada con recursos del Fideicomiso de Infraestructura.
Contralínea documentó que en el mismo periodo en el que los familiares de Marta Sahagún admitieron ser gestores de Oceanografía la bonanza de la naviera iba en aumento, pese a sus incumplimientos y violaciones a la Ley de Obra Pública, que le valieron las fallidas inhabilitaciones, denuncias mercantiles y sanciones de otras dependencias del gobierno federal.
Un ejemplo fue la multa que le impuso la Profepa, en abril de 2005, por los daños que su lancha Paula Kay provocó a los arrecifes de Tuxpan, Veracruz. Esta embarcación fue rentada a PEP por 59 millones de pesos, pero su servicio era tan deficiente, que ni los funcionarios que protegían a la naviera pudieron evitar que se rescindiera el contrato. La medida derivó en un juicio mercantil que la empresa presentó en contra de la paraestatal, por el que Pemex tuvo que pagar costosos peritajes.
Contratos transexenales
En enero de 2006, Contralínea reveló que en el último tramo de gobierno de Vicente Fox, Ramírez Corzo, director de Pemex, otorgó una docena de contratos transexenales a Oceanografía por más de 3 mil 600 millones de pesos.
Dichos contratos se entregaron vía PEP y fueron avalados por su director, Carlos Morales Gil, ratificado en el cargo por Jesús Reyes Heroles e incluyen millonarias adjudicaciones directas, en un periodo en el la empresa debía estar inhabilitada por fraude e incumplimientos.
En total, el monto de los contratos que Oceanografía obtuvo en el gobierno de Vicente Fox fue por más de 9 mil millones de pesos.
Ante los legisladores de la Comisión investigadora, el actual abogado general de Pemex, José Néstor García Reza, admitió que, en el último tramo del sexenio de Vicente Fox, Oceanografía estaba vetada, y que, sin embargo, en un mismo día recibió los contratos 4182338602, 4182338612, 4182338662, 4182338672, 4182338682, 4182338692 y 4182338702, por 651 millones 388 mil 300 pesos, por concepto de “servicios” en la Región Marina Suroeste (RMSO).
Luego recibió el contrato 418235840, para “inspección, mantenimiento y protección anticorrosivo en las terminales marítimas de Dos Bocas, Tabasco, Cayo Arcas Campeche y/o Golfo de México”, por 377.5 millones de pesos.
Después, el contrato 412425828 por mil 412 millones 872 mil pesos, por servicios de “construcción de gasoducto y plataforma de enlace litoral al complejo Pol-A”. Luego, el contrato 418815856, por 23 millones 700 mil pesos, por “reacondicionamiento de cruces y rehabilitación del sistema de protección catódica de líneas submarinas de la RMSO”.
El último contrato transexenal adjudicado vía directa por Ramírez Corzo fue el 418235843, por 965 millones de pesos, para “rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas”. En su edición del 1 de octubre, Contralínea documentó que este último contrato está bajo revisión de la ASF, ya que ha presentado incumplimientos e irregularidades.
A unos meses de concluir su gestión, Ramírez Corzo ordenó clasificar como confidenciales todos los documentos relacionados con la naviera y reservarlos por un periodo de diez años. Lo anterior, de acuerdo con una solicitud de información realizada por Contralínea en 2006, en apego a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El expediente bajo reserva incluye una resolución de Silvia Cerón Fernández, jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa, quien resolvió que, a partir del 30 de diciembre de 2003, Pemex estaba obligada a “no celebrar más contratos con Oceanografía” por un plazo mínimo de dos años, lo que prácticamente invalidaría los contratos transexenales que Ramírez Corzo y Carlos Morales Gil le adjudicaron y comprobaría la responsabilidad administrativa y penal de ambos funcionarios.
El expediente blindado por Ramírez Corzo revela que durante el 2004, cuando era director de PEP, benefició a Oceanografía con incrementos adicionales en los montos originales.
Por ejemplo, el 4 de febrero de 2004 autorizó un incremento de 140 mil dólares al contrato número 412601801; en marzo, 127 mil dólares al contrato 412601801; en junio, un millón de dólares al contrato 418812800. En junio, 8 millones de pesos al contrato 412003808. Y en julio, 2 millones 300 mil pesos al contrato 412002869.
La participación de Marta Sahagún
En enero de 2006, Contralínea publicó el artículo “Oceanografía, más negocios de la familia presidencial”, el cual documentó que no sólo sus hijos y su hermano Guillermo, sino la misma Marta Sahagún presionaba en Pemex para que la naviera obtuviera los contratos.
De acuerdo con fuentes de alto nivel de Pemex, más allá de su amistad con Hilda Ledesma Mayoral, esposa de Raúl Muñoz Leos, Marta Sahagún mantenía bajo vigilancia a Muños Leos por medio de Eduardo Rosas Monrroy, personaje sin trayectoria alguna en la función pública, extrabajador de editorial Santillana y militante de los Legionarios de Cristo. Según las mismas fuentes, Rosas era el enlace entre Muñoz Leos y Marta Sahagún.
En los pasillos de Pemex se convirtió en un secreto a voces que Oceanografía era una empresa “recomendada” por “la señora” (Marta Sahagún). Algunos integrantes del Consejo General de Pemex, encabezado por los secretarios de Energía, Hacienda y Economía, se inconformaron.
La operación de César Nava
El mismo artículo reveló que funcionarios de extracción panista, entre los que se incluye a César Nava, operaron en Pemex para encubrir las irregularidades de la naviera protegida de Los Pinos.
Durante el periodo en que César Nava dirigió la Oficina del Abogado General (OAG) –área jurídica de Pemex– (octubre de 2001 a diciembre de 2003), varios de los contratos adjudicados a Oceanografía acumularon tantos incumplimientos que fueron rescindidos.
En respuesta, los abogados de la naviera, pertenecientes al despacho del senador Diego Fernández de Cevallos y del exprocurador de la República, Antonio Lozano Gracia, tramitaron amparos y denuncias contra la paraestatal, en tribunales de Ciudad del Carmen y el Distrito Federal.
Excolaboradores de César Nava, quienes participaron en el litigio de Oceanografía, revelaron que recibieron la “instrucción” de presentar de forma tardía tanto los procesos de rescisión de contratos como la respuesta a las demandas de Oceanografía contra Pemex, contrario a los intereses de la paraestatal, para que los abogados de la naviera obtuvieran los amparos que finalmente le permitieron seguir obteniendo contratos.
Uno de los últimos movimientos de César Nava en Pemex, antes de irse como titular del área jurídica de la Secretaría de Energía con Felipe Calderón, fue clasificar como reservadas las pruebas documentales y oficios internos entre abogados y funcionarios de Pemex y Oceanografía.
Nava dejó el cargo a Néstor García –su mano derecha en la OAG– quien ordenó a los abogados de la Coordinación de Servicios Marinos concentrar en su oficina el expediente relacionado con la rescisión de los contratos de la naviera para que procediera el “cierre administrativo” del asunto. Meses después, a siete abogados de la OAG que participaron en la defensa contra Oceanografía se les pidió su “retiro voluntario”.
Oscuros operadores
Semanas antes de que iniciara el sexenio de Vicente Fox, Amado Yánez Osuna y Amado Yánez Correa nombraron como apoderados legales a Roberto Keoseyan Arakelian, Emilio García de Luna y Carlos Demetrio Olivas Cruz.
La participación de Keoseyan enturbia más las relaciones de conflicto de intereses y tráfico de influencias de la naviera en Pemex, porque, hasta 1994, él se desempeñó como jefe de la Unidad de Suministros y Fletamiento de Pemex Refinación.
Pero luego, a unas semanas de la liberación del empresario Alfredo Harp Helú, fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México con 55 mil dólares del rescate del banquero, que la Procuraduría General de la República había marcado para ubicar su destino.
Keoseyan no regresó a Pemex como funcionario, pero siguió operando como intermediario entre los directores de las subsidiarias Pemex Refinación y Pemex Exploración y Producción y empresarios navieros, a través de su empresa RK Consultores, en donde asesora a contratistas para ganar licitaciones.
Otros involucrados
Carlos Rasso Zamora es un funcionario que, pese a las múltiples denuncias en su contra abiertas en la SFP (en las que se le vincula en actos de corrupción), se mantuvo protegido por Luis Ramírez Corzo hasta diciembre de 2004, cuando éste asumió la dirección de Pemex y le ayudó a jubilarse sin que la SFP le fincara responsabilidades.
La liga entre Rasso Zamora y Ramírez Corzo data desde los años en que el primero le otorgó diversos contratos para las empresas Solar Turbines, (subsidiaria de Caterpillar Inc., que vende a Pemex generadores y maquinaria pesada), y la arrendadora Modulcar; la primera dirigida por Ramírez Corzo y la segunda, de la cual es el principal accionista.
Desde su oficina en el octavo piso del Edificio Pirámide, en Villahermosa, Tabasco, a partir de 2002, Rasso Zamora entró en el negocio de gestoría de los Bribiesca a favor de Oceanografía, cuando en marzo de ese año diseñó las bases de una convocatoria para el alquiler de dos barcos que se adjudicarían a la naviera por dos años.
En marzo, PEP hizo pública la licitación 18575088-005-02 para el alquiler de cuatro embarcaciones “para apoyo en las diversas actividades de perforación, mantenimiento y terminación de pozos en la División Marina”. El presupuesto para cubrir este contrato, por más de 100 millones de pesos, saldría de Pidiregas Cantarell y de recursos propios de PEP.
El 12 de abril de 2002 se dio a conocer el fallo a favor de Oceanografía para el alquiler de los barcos Paula Kay, por 59 millones de pesos, y del Kristin Grace, por 63 millones de pesos, ambos propiedad de la Diamond Services.
Documentos internos de PEP evidencian que un mes antes de que se diera a conocer el fallo, había correspondencia interna entre funcionarios de PEP y representantes de Oceanografía, en la que se hablaba de la carta compromiso que la empresa entregaría cuando se firmaran los contratos que avalaran sus “fuentes de financiamiento”.
El alquiler de las naves costó a PEP 190 mil pesos diarios durante 945 días. La contratación de las embarcaciones provocaron atrasos en los trabajos en Cantarell por las deficientes condiciones del Paula Kay y el Kristin Grace. Ambos barcos entraron en operaciones con varios días de atraso, y luego, frecuentemente eran sacados de servicio por graves fallas en la maquinaria o, incluso, por la simple falta de combustible.
Las bitácoras firmadas por el supervisor de PEP, Jorge Peláez Ramos y el representante de Oceanografía, Hermilo Escobedo Obrador, certifican incumplimientos y violaciones al contrato, porque las embarcaciones no servían.
Además, los Yánez presentaron documentos apócrifos para amparar supuestos pagos portuarios, falsificando nombres y firmas de funcionarios de puertos. Los supervisores notificaron las irregularidades a los directivos de PEP y solicitaron rescindir los contratos, pero éstos los dejaron correr durante 16 meses.
Cuando los contratos se rescindieron, los Yánez se ampararon. El principal argumento de Carlos Demetrio Olivas Cruz, abogado de Oceanografía, fue que los abogados de Pemex iniciaron el procedimiento de rescisión del contrato cuando ya se había agotado el tiempo legal para que tuviera efecto.
Omisión de Reyes Heroles
En febrero pasado, Contralínea reveló que, en septiembre de 2006, trabajadores de PEP presentaron una denuncia (integrada en el expediente DE-167/2006) en la SFP, en la que se acusa a funcionarios de mediano nivel, respaldados por el director de la subsidiaria, Carlos Morales Gil, de proteger los incumplimientos que Oceanografía ha tenido en los contratos transexenales que le otorgó Luis Ramírez Corzo.
Se acusa de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y violaciones a las leyes de Obra Pública y de Responsabilidades de la Función Pública, a José Guadalupe de la Garza Saldívar, gerente de Mantenimiento Integral de la Coordinación de Servicios Marinos; a la superintendente de Evaluación de esta misma área, Martha Alicia Castañeda Arrieta; y la subgerente del Sector Cantarell Norte y Sur, Mireya Juanita Miranda Moyar, quienes habrían maquillado las supervisiones a los contratos 428236807, 418235843 y 418235840.
Dichos contratos corresponden a los servicios de mantenimiento de plataformas y al alquiler de los barcos Caballo de Trabajo, Caballo de Troya y Palma River, que Oceanografía renta a Pemex.
La denuncia fue enviada en diversas ocasiones a Jesús Reyes Heroles, y fue expuesta por Contralínea al funcionario, a través de Comunicación Social, sin que hiciera comentario alguno. No obstante, la ASF abrió una nueva revisión.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
