Oaxaca, ausencia de poderjorge carrasco araizaga
México, D.F., 16 de octubre (apro).- La incapacidad para tomar decisiones efectivas de autoridad es lo que hace a las sociedades ingobernables. Oaxaca es el más evidente y reciente ejemplo de la ingobernabilidad que se vive en México.El ultimátum lanzado el viernes por la Secretaría de Gobernación para que, a más tardar, este lunes la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación responda a su oferta de compensación económica está lejos de ser un acto de autoridad.Es, si acaso, un viso de autoridad de un gobierno que por omisión abrió la puerta a la ingobernabilidad.Como acción política, el ultimátum puede ser entendido como medida de presión, pues se les pide a los maestros disidentes una definición en la víspera de la decisión que tomará el Senado respecto a la procedencia o no de declarar la desaparición de poderes en Oaxaca.Luego de 140 días de movilizaciones, plantones, bloqueos y enfrentamientos –incluso armados– en demanda de la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el Senado tendrá que recuperar el sentido de autoridad al que renunció el Poder Ejecutivo.La decisión del gobierno de Vicente Fox de intervenir en Oaxaca sólo cuando escaló el conflicto, bajo el argumento de que “el presidente no quita ni pone gobernadores”, demostró la renuncia voluntaria al ejercicio del poder de quien estaba obligado a contener el problema, pues desde el inicio quedó claro que no se trataba de un asunto de la exclusiva soberanía de esa entidad.La gobernabilidad implica que las decisiones tomadas por la autoridad sean obedecidas. La ingobernabilidad, por el contrario, ocurre cuando la autoridad no es efectiva, es decir, que no toma decisiones que se respeten.La ingobernabilidad también es resultado de la desproporción entre las demandas de la sociedad y la capacidad de respuesta del aparato estatal.Por eso, es claro que lo que comenzó como reivindicaciones económicas de la Sección 22 del SNTE y derivó en la constitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para exigir la renuncia de Ulises Ruiz, tiene que ver con la incapacidad de las autoridades mexicanas para encausar esas exigencias.Contrario a la excusa presidencial de que en su momento no intervino para no emular al presidencialismo autoritario del régimen del PRI, lo que se requería eran acciones efectivas del aparato estatal para contener tales demandas.La amenaza latente del uso de la fuerza, lo que incrementa el nivel de tensión, es también consecuencia de la imposibilidad para instrumentar medidas efectivas, pues la represión y el enfrentamiento no son más que el fracaso de la política.Fox y su secretario de Gobernación, Carlos María Abascal –responsable de la seguridad interior del país– cometieron prevaricato, pues el problema no era si se ejercía un exceso del poder presidencial, sino de ejercerlo. No se trataba de un poder autoritario, sino de un poder eficaz. El vacío de poder desde el Ejecutivo trasladó el conflicto al Senado, que el martes decidirá más que el futuro de Ulises Ruiz; habrá de establecer si desaparecen también los Poderes Legislativo y Judicial en el estado.En ese caso, el propio Senado tendría que designar a un gobernador interino entre los senadores oaxaqueños. Otra salida, prevista en la Constitución de Oaxaca, es que en caso de que el Senado limite la desaparición de poderes al Ejecutivo y el Legislativo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia deberá asumir como gobernador interino.Cualquiera que sea la resolución del Senado, incluida la permanencia de Ruiz, lo único que se logrará será un intento de darle cauce institucional a la crisis; pero permanecerá el problema de fondo que no han querido ver las autoridades estatales y federales, incluido el Legislativo: que las demandas de los movimientos sociales como los de Oaxaca, San Salvador Atenco, en el Estado de México, o Chiapas no se satisfacen con la democracia electoral.Las diferentes muestras de la ingobernabilidad que padece México demuestran que no basta con la alternancia, por definición limitada, para organizar las diferentes expresiones políticas.Esas manifestaciones demandan un nuevo sistema que pronto tendrá que empezar a diseñarse y echarse a andar antes de que la ingobernabilidad se extienda por otras partes del país.Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
México, D.F., 16 de octubre (apro).- La incapacidad para tomar decisiones efectivas de autoridad es lo que hace a las sociedades ingobernables. Oaxaca es el más evidente y reciente ejemplo de la ingobernabilidad que se vive en México.El ultimátum lanzado el viernes por la Secretaría de Gobernación para que, a más tardar, este lunes la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación responda a su oferta de compensación económica está lejos de ser un acto de autoridad.Es, si acaso, un viso de autoridad de un gobierno que por omisión abrió la puerta a la ingobernabilidad.Como acción política, el ultimátum puede ser entendido como medida de presión, pues se les pide a los maestros disidentes una definición en la víspera de la decisión que tomará el Senado respecto a la procedencia o no de declarar la desaparición de poderes en Oaxaca.Luego de 140 días de movilizaciones, plantones, bloqueos y enfrentamientos –incluso armados– en demanda de la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el Senado tendrá que recuperar el sentido de autoridad al que renunció el Poder Ejecutivo.La decisión del gobierno de Vicente Fox de intervenir en Oaxaca sólo cuando escaló el conflicto, bajo el argumento de que “el presidente no quita ni pone gobernadores”, demostró la renuncia voluntaria al ejercicio del poder de quien estaba obligado a contener el problema, pues desde el inicio quedó claro que no se trataba de un asunto de la exclusiva soberanía de esa entidad.La gobernabilidad implica que las decisiones tomadas por la autoridad sean obedecidas. La ingobernabilidad, por el contrario, ocurre cuando la autoridad no es efectiva, es decir, que no toma decisiones que se respeten.La ingobernabilidad también es resultado de la desproporción entre las demandas de la sociedad y la capacidad de respuesta del aparato estatal.Por eso, es claro que lo que comenzó como reivindicaciones económicas de la Sección 22 del SNTE y derivó en la constitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para exigir la renuncia de Ulises Ruiz, tiene que ver con la incapacidad de las autoridades mexicanas para encausar esas exigencias.Contrario a la excusa presidencial de que en su momento no intervino para no emular al presidencialismo autoritario del régimen del PRI, lo que se requería eran acciones efectivas del aparato estatal para contener tales demandas.La amenaza latente del uso de la fuerza, lo que incrementa el nivel de tensión, es también consecuencia de la imposibilidad para instrumentar medidas efectivas, pues la represión y el enfrentamiento no son más que el fracaso de la política.Fox y su secretario de Gobernación, Carlos María Abascal –responsable de la seguridad interior del país– cometieron prevaricato, pues el problema no era si se ejercía un exceso del poder presidencial, sino de ejercerlo. No se trataba de un poder autoritario, sino de un poder eficaz. El vacío de poder desde el Ejecutivo trasladó el conflicto al Senado, que el martes decidirá más que el futuro de Ulises Ruiz; habrá de establecer si desaparecen también los Poderes Legislativo y Judicial en el estado.En ese caso, el propio Senado tendría que designar a un gobernador interino entre los senadores oaxaqueños. Otra salida, prevista en la Constitución de Oaxaca, es que en caso de que el Senado limite la desaparición de poderes al Ejecutivo y el Legislativo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia deberá asumir como gobernador interino.Cualquiera que sea la resolución del Senado, incluida la permanencia de Ruiz, lo único que se logrará será un intento de darle cauce institucional a la crisis; pero permanecerá el problema de fondo que no han querido ver las autoridades estatales y federales, incluido el Legislativo: que las demandas de los movimientos sociales como los de Oaxaca, San Salvador Atenco, en el Estado de México, o Chiapas no se satisfacen con la democracia electoral.Las diferentes muestras de la ingobernabilidad que padece México demuestran que no basta con la alternancia, por definición limitada, para organizar las diferentes expresiones políticas.Esas manifestaciones demandan un nuevo sistema que pronto tendrá que empezar a diseñarse y echarse a andar antes de que la ingobernabilidad se extienda por otras partes del país.Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
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