Exigen salga ejército de Zongolica
Tras la muerte de mujer
Mikel Lasa Iza /El Mundo de Córdoba
México 28 de febrero, 2007
Con pancartas en las que exigían justicia habitantes de Atzompa llegaron ante el Gobernador.
El Mundo de Córdoba
El Frente Político de Izquierda –corriente del PRD- se solidarizó ayer con todas las comunidades indígenas de la Sierra de Zongolica por la muerte de la anciana presuntamente violada por militares. Asimismo, exigió la “salida inmediata” del Ejército y de la Policía Estatal, además de la aplicación de la ley para que este delito no quede impune.
El vocero del FPI en Córdoba, Manuel García Estrada, y el consejero estatal, Juan Carlos Fernández Zulueta, mostraron un documento, con fecha 2 de febrero, mediante el cual el presidente municipal de Soledad Atzompa denuncia la violación de las garantías individuales por parte del Ejército y pide al Jefe Militar de Zona que garantice públicamente que no volverán a maltratar a los ciudadanos y que respetarán sus bienes, así como sus autoridades, su territorio y su autonomía.
“A pesar de que les piden que se vayan, se quedan y además sucede un abuso como el de ahora”, señaló Fernández Zulueta, quien considera “injustificada” la presencia del Ejército en la zona. Además arremetió contra el Procurador del Estado, Emeterio López Márquez porque “exonera de facto a los elementos del Ejército”. “Nos parece prematuro que diga que no fueron los militares”, afirmó.
A su juicio, todavía pervive entre los militares “el mito de que los indígenas quieren separarse del país y que son guerrilleros”, por el hecho de ser “gente que se organiza de manera diferente”.
El consejero estatal dijo que independientemente de que el Ejército sea una entidad federal, requiere del visto bueno del Gobernador y de los propios municipios, y que sólo debe actuar cuando el Congresos suspenda las garantías individuales.
Teléfonos intervenidos
El vocero municipal del FPI, Manuel García Estrada, y el consejero estatal, Juan Carlos Fernández Zulueta, denunciaron que los teléfonos de algunos compañeros se encuentran intervenidos por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), por lo que solicitarán a la empresa telefónica que les presta servicio que realice una verificación exhaustiva para detectar “cualquier intervención que afecte a la privacidad de los ciudadanos que en el libre ejercicio de sus libertades se encuentren realizando actividades políticas lícitas”.
Afirmaron que al realizar una llamada, suena algún celular, o se oyen voces o ruidos que nada tienen que ver con los que están conversando en ese momento.
Tras la muerte de mujer
Mikel Lasa Iza /El Mundo de Córdoba
México 28 de febrero, 2007
Con pancartas en las que exigían justicia habitantes de Atzompa llegaron ante el Gobernador.
El Mundo de Córdoba
El Frente Político de Izquierda –corriente del PRD- se solidarizó ayer con todas las comunidades indígenas de la Sierra de Zongolica por la muerte de la anciana presuntamente violada por militares. Asimismo, exigió la “salida inmediata” del Ejército y de la Policía Estatal, además de la aplicación de la ley para que este delito no quede impune.
El vocero del FPI en Córdoba, Manuel García Estrada, y el consejero estatal, Juan Carlos Fernández Zulueta, mostraron un documento, con fecha 2 de febrero, mediante el cual el presidente municipal de Soledad Atzompa denuncia la violación de las garantías individuales por parte del Ejército y pide al Jefe Militar de Zona que garantice públicamente que no volverán a maltratar a los ciudadanos y que respetarán sus bienes, así como sus autoridades, su territorio y su autonomía.
“A pesar de que les piden que se vayan, se quedan y además sucede un abuso como el de ahora”, señaló Fernández Zulueta, quien considera “injustificada” la presencia del Ejército en la zona. Además arremetió contra el Procurador del Estado, Emeterio López Márquez porque “exonera de facto a los elementos del Ejército”. “Nos parece prematuro que diga que no fueron los militares”, afirmó.
A su juicio, todavía pervive entre los militares “el mito de que los indígenas quieren separarse del país y que son guerrilleros”, por el hecho de ser “gente que se organiza de manera diferente”.
El consejero estatal dijo que independientemente de que el Ejército sea una entidad federal, requiere del visto bueno del Gobernador y de los propios municipios, y que sólo debe actuar cuando el Congresos suspenda las garantías individuales.
Teléfonos intervenidos
El vocero municipal del FPI, Manuel García Estrada, y el consejero estatal, Juan Carlos Fernández Zulueta, denunciaron que los teléfonos de algunos compañeros se encuentran intervenidos por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), por lo que solicitarán a la empresa telefónica que les presta servicio que realice una verificación exhaustiva para detectar “cualquier intervención que afecte a la privacidad de los ciudadanos que en el libre ejercicio de sus libertades se encuentren realizando actividades políticas lícitas”.
Afirmaron que al realizar una llamada, suena algún celular, o se oyen voces o ruidos que nada tienen que ver con los que están conversando en ese momento.
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