El consejo asesor de Telesur tras dos días de reuniones aprueba el siguiente manifiesto al que se han adherido los participantes de las jornadas.
Las frecuencias de radiodifusión son patrimonio de la humanidad, administradas por los Estados nacionales, para satisfacer el mayor bienestar de sus pueblos. Nadie puede pensar que son propiedad de una empresa o corporación.
Por ende es potestad de los estados nacionales la concesión, revocación o renovación de las concesiones, de acuerdo con su Constitución, sus legislaciones nacionales y los criterios de la ONU sobre derechos humanos y el interés colectivo. Numerosos Estados, entre ellos varios latinoamericanos, han hecho uso de esa potestad soberana en el pasado reciente.
Este tema no tiene relación alguna con el de la libertad de prensa ni con la libertad de expresión, lo que significa una ratificación clara y contundente de los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre la libre expresión.
Para garantizar que sea patrimonio de la humanidad, es imprescindible una democratización de las frecuencias radioeléctricas en América Latina, donde la concesión de las mismas ha favorecido la concentración en grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales, y no la creación de televisoras de servicio público.
En este sentido, aplaudimos las recientes decisiones de Argentina, Brasil y Uruguay de rescatar el espacio público. En Argentina, el canal cultural Encuentro, abre una nueva perspectiva desde el propio estado. Brasil avanzó hacia la conformación de una televisión pública nacional, que involucra a emisoras estatales, regionales, legislativas, educativas, universitarias y comunitarias, además de usuarios y organizaciones sociales. El Poder legislativo uruguayo puso en marcha una nueva ley para la radiodifusión comunitaria, que apunta a la democratización del espectro radioeléctrico.
Al mismo tiempo denunciamos las campañas de manipulación y desestabilización a las que están sometiendo los medios de comunicación a los gobiernos de Bolivia y Ecuador en un intento de condicionar e impedir el desarrollo de políticas populares por parte de esos ejecutivos.
En el caso específico de la no renovación de la licencia a la televisora RCTV en Venezuela, la decisión está totalmente ajustada al derecho, y no significa ninguna arbitrariedad, ni ilegalidad. Extraña, asimismo, la injerencia de organizaciones internacionales y multilaterales en asuntos internos de una nación, sobre todo cuando la preocupación ha sido sobre lo intereses sectoriales de una sola empresa, en un país donde existen más de 45 televisoras y 800 radioemisoras privadas.
Caracas, 20 de mayo de 2007
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