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LA MATANZA DE AGUAS BLANCAS

Por: Juan Carlos Fernandez Zulueta

Cargo: Consejero Estatal del PRD

Correo-e: consejero_estatal@hotmail.com

A doce años del genocidio de 17 campesinos en Aguas Blancas, ordenado por el ex gobernador priista de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, y ejecutado por la policía estatal, no hay culpables, y el ex gobernador de la entidad, el priista René Juárez, le dio carpetazo al asunto, sin que haya sido enjuiciado el autor intelectual ni los operadores de la masacre.

El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, agentes de la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero emboscaron un camión que transportaba a habitantes del pueblo de Atoyaquillo hasta Coyuca de Benítez, así como a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que pretendían participar en un mitin en Atoyac de Álvarez para exigir la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, dirigente y asesor de la OCSS, quien fue detenido y desaparecido el 24 de mayo de ese año, y que a la fecha sigue desaparecido.

Los campesinos solicitaban también cumplimiento a los compromisos contraídos con autoridades estatales: solución de demandas agrarias, introducción de agua potable, construcción de escuelas, clínicas, protección de recursos naturales de sus comunidades, y mejores precios a los productores agropecuarios, entre otras reivindicaciones.

Los policías acribillaron a los campesinos. Los sobrevivientes aseguran que los heridos fueron ejecutados con un tiro en la cabeza. Dieciséis campesinos resultaron muertos, otro falleció posteriormente. Después de la matanza los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos y aseguraron que ellos habían actuado en legítima defensa.

En el lugar de los hechos se encontraba un helicóptero en el cual estaban a bordo el entonces secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del estado, Gustavo Olea Godoy. En el momento que se escuchó el primer disparo, el helicóptero levantó el vuelo. El comandante Manuel Moreno González, director de Protección y Vialidad del estado, responsable de la policía Motorizada, dirigía el operativo.

Todo indica que la masacre fue planificada cuidadosamente. La tarde del martes 27 de junio, los responsables del hospital municipal de Atoyac recibieron instrucciones del gobierno estatal para que estuvieran preparados para cualquier contingencia en las próximas horas. Al mismo tiempo varios grupos de policías salieron por la noche hacia Coyuca de Benítez. Ese mismo día, el gobernador habló con la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y le dijo que ya había tomado providencias para que el grupo de la OCSS no llegara a la manifestación de Atoyac y que iban a tratar de detener a la gente de Tepetixtla "a como dé lugar". Después de la masacre, tuvieron otra conversación telefónica y el gobernador dijo "¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?"

Carlos Montemayor escribió al respecto: "La masacre de Aguas Blancas fue resultado de una decisión política que se propuso, aparentemente, frenar el nacimiento de un nuevo grupo guerrillero. En realidad, la masacre aceleró la aparición del Ejército Popular Revolucionario." Y el EPR no olvida. El domingo 24, a través de un comunicado vía Internet, la agrupación armada demandó que el caso Aguas Blancas sea reabierto para castigar al autor intelectual de aquel genocidio: Rubén Figueroa Alcocer.