LA MONTAÑA SE LEVANTA

Por la democracia en la tv Ernesto Villanueva 1 de junio de 2007

El análisis de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la acción de inconstitucionalidad a propósito de la ley Televisa ha puesto en práctica acciones inéditas por parte de las televisoras. Veamos.

Primero. Para nadie es un secreto el impacto de los medios electrónicos en la formación de los climas de opinión pública. Existen múltiples estudiosos de la comunicación política que han puesto de relieve con evidencia empírica el poder de los medios electrónicos. Marshall McCombs sostiene no sólo que los medios nos dicen sobre qué pensar sino cómo pensar, y que los medios pueden crear una agenda pública de manera artificial donde el televidente no sabe bien a bien si los medios reflejan lo que piensa o cree, por el contrario, lo que reflejan los medios.

Elisabeth Noelle-Neumann, por su parte, sostiene que los medios tienen el poder de convertir hechos en noticias, y de silenciar y marginar las voces disidentes. Vemos hoy que la televisión vence, pero no convence. Que apuesta al convencimiento emocional y no racional. Que rechaza el debate y funda su actuar en la repetición incesante. Qué podría decirse si a esas hipótesis se agrega además la dominancia comercial como hoy se puede constatar con el duopolio Televisa-TV Azteca.

Segundo. Las televisoras no han dudado en generar analogías sin fundamento de hechos relacionados, pero distintos, como lo es el caso del cierre de la empresa RCTV de Venezuela con la acción de inconstitucionalidad que revisa la Suprema Corte.

Cabe decir al respecto que en Venezuela se ha ido perdiendo poco a poco la posibilidad de ejercer el debate, la crítica y la fortuna de comparar ideas, noticias y convicciones. El cierre de RCTV es un eslabón más de esa cadena de supresión de libertades fundamentales que lastiman la vida democrática. En México, por el contrario, la acción de inconstitucionalidad para dejar sin efectos la ley Televisa tiene como propósito terminar con el duopolio televisivo a favor del pluralismo informativo, promover la competencia económica para tener mejores precios, ensanchar el derecho a saber para poder decidir mejor, reducir la uniformidad informativa, y dar vida a nuevos medios de naturaleza pública que hoy no existen jurídicamente y cuya existencia normativa se requiere para dar expresión a otras voces que enriquezcan el foro electrónico.

Tercero. Se puede observar una postura maniquea de las televisoras, según la cual mantener en sus términos la ley Televisa es sinónimo de reforma democrática porque existe una "autoridad independiente", la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Por el contrario, declarar inconstitucional los aspectos torales de la ley controvertida supondría una regresión histórica a la discrecionalidad gubernamental. Las cosas distan de ser así. Es cosa de recordar que la autonomía de la Cofetel es sólo una apariencia. Se trata en realidad de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la cual depende jerárquicamente, sin personalidad jurídica, ni patrimonio ni, menos todavía, presupuesto propios.

Quienes están a favor de dejar sin efectos la ley Televisa no pretenden, en modo alguno, que sea el gobierno el que decida a su libre juicio quién sí y quién no puede tener acceso al espectro radioeléctrico. Se requeriría en todo caso de un verdadero órgano autónomo, es decir, descentralizado, no sectorizado, imparcial y especializado para atender estos asuntos.

Cuarto. Sin el menor pudor es lamentable la estigmatización que han hecho las televisoras de los impulsores más visibles de la acción de inconstitucionalidad, los ex senadores Manuel Bartlett y Javier Corral. El ataque es más alevoso y paradójico, al ser precisamente los concesionarios de un bien finito propiedad de la sociedad quienes utilizan un bien público para un fin privado, desinforman y vulneran sin consecuencias legales el derecho al honor de quienes se atreven a disentir.

evillanueva99@yahoo.com

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM