Hija de Ingrid Betancourt pide a Uribe “un gesto en favor de los secuestrados”

Alerta en Venezuela ante la inminente liberación de tres rehenes de las FARC

Caracas está preparada “desde el primer día” para recibirlos: vicepresidente Jorge Rodríguez

Se espera el retorno de Hugo Chávez de Cuba para participar en recepción de los prisioneros

Afp, Dpa y Reuters

Ampliar la imagen Gustavo Moncayo (centro), padre del plagiado soldado Pablo Emilio Moncayo, pasa por San Antonio del Táchira en una caminata por la frontera entre Colombia y Venezuela en demanda de la liberación de su familiar Foto: Reuters

Caracas, 21 de diciembre. Las autoridades venezolanas declararon hoy en alerta a sus organismos de seguridad ante la inminente liberación de tres rehenes por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que podría ocurrir este fin de semana en su territorio.

Mientras tanto, Mélanie, la hija de la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt, lanzó desde París un dramático llamado al presidente colombiano Álvaro Uribe para instarlo a hacer “un gesto en favor de los rehenes”, como podría ser enviarles un mensaje de Navidad y decirles que 2008 será el año del regreso a sus hogares.

Señaló que debería decirles que ese regreso “será mediante un acto de paz y no de guerra”. Refirió que el mandatario a menudo recuerda la muerte de su padre en un ataque de la guerrilla, y subrayó que la mejor revancha debería ser la posibilidad de libertad de todos los rehenes.

“¿Qué ha estado tratando de hacer durante todos estos años el presidente Uribe... que mamá y todos los otros rehenes sufran la misma suerte que su padre?”, se interrogó la joven. “¿Acaso la mejor revancha no es más bien tener la suerte, el poder de salvar a los otros? Son vidas humanas, tiene el poder de salvarlas”.

“Hoy día –dijo Mélanie– es imposible no imaginar que la liberación de mamá y de todos los rehenes no se hará en las próximas semanas o en los próximos meses. Si hoy las FARC han hecho un gesto, corresponde al presidente aceptar la zona que le piden las FARC para proceder a un acuerdo humanitario”.

Venezuela se convirtió en el centro de atención de los familiares de rehenes de la guerrilla colombiana ante la inminente entrega de tres de ellos, que se cree ocurrirá en las próximas horas: Clara Rojas –secuestrada hace casi seis años y quien fue fórmula electoral de Ingrid Betancourt–, su hijo Emmanuel, nacido en cautiverio, y la ex parlamentaria Consuelo González.

El vicepresidente venezolano Jorge Rodríguez aseguró que su gobierno “está preparado desde el primer día para recibir a los tres rehenes que serán liberados” por las FARC, y estimó que esa decisión “es un reconocimiento al inmenso esfuerzo que a pesar de todas las manipulaciones se siguió adelante”, en alusión al presidente Hugo Chávez, quien fungió como mediador junto con la senadora colombiana Piedad Córdoba.

Rodríguez, quien realizó la declaración en un acto oficial, declinó dar detalles sobre la fecha y el lugar donde serían liberados los rehenes, “porque hay muchos enemigos de la paz en Colombia, y también muy poderosos sectores que preferirían mantener la actual situación de luto, violencia y de guerra” que ha asolado a ese país por décadas.

Una fuente cercana al gobierno señaló que “lo más probable es que la entrega ocurra este fin de semana en la zona sur de la frontera entre Colombia y Venezuela”. Probablemente los secuestrados “sean entregados a un emisario del presidente venezolano, que de inmediato los trasladaría a Caracas”, agregó.

La jefatura de las FARC, al anunciar que había ordenado la liberación, señalaron que los rehenes serán entregados al presidente venezolano Hugo Chávez o a quien él designe.

Pero el mandatario venezolano se encuentra de visita en Cuba y se espera su regreso, así como la llegada este sábado de la senadora Piedad Córdoba, quienes recibirían a los rehenes.

Los organismos policiales de Venezuela están en alerta para brindar seguridad a los secuestrados, a quienes los traigan y a la senadora Córdoba, quien participó en una misión de mediación junto con el presidente Chávez durante casi tres meses, entre agosto y noviembre.

“Ya comenzó la movilización para el operativo”, indicó una fuente de inteligencia de Venezuela, sin precisar cuántos funcionarios participan en éste.

El vicepresidente Rodríguez aprovechó para desmentir una versión de que los tres rehenes de las FARC ya estarían en Venezuela, y calificó de “completamente falso” otro rumor según el cual la misma ex candidata presidencial Ingrid Betancourt se encuentra también en suelo venezolano.

Domingo o lunes

En Bogotá, el periódico El Tiempo informó que los tres rehenes que la guerrilla anunció que entregaría ocurrirá entre los días domingo y lunes próximos en el estado venezolano de Amazonas, el más sureño del país, el segundo más grande, uno de los más despoblados y que comparte frontera con Colombia y Brasil.

Esta versión citó fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, que dijeron que la política Clara Rojas, su hijo Emmanuel y Consuelo González “se movilizan hacia su liberación desde hace varios días”.

En tanto, con actos litúrgicos los colombianos recordaron este viernes a los cabos Pablo Moncayo y José Martínez, al cumplirse este 21 de diciembre 10 años de cautiverio, tras un ataque en aquella fecha de 1997 de las FARC contra la base militar de Patascoy, que además mató a 10 militares.

Por su parte, los ex presidentes colombianos Belisario Betancourt, César Gaviria y Ernesto Samper llamaron a las FARC a aceptar la “zona de encuentro” propuesta por el presidente Uribe para pactar allí el canje de rehenes por guerrilleros presos.

El plan ya fue rechazado por la guerrilla colombiana.

Esta semana, tres legisladores estadunidenses enviaron cartas al presidente Chávez y a las FARC en favor de un acuerdo humanitario, pero también una misiva a Uribe en la que le dicen respetar su decisión de suspender la mediación del venezolano.

Colombia anunció tener el compromiso de Dinamarca de que apelará un fallo judicial que absolvió a siete daneses, acusados de apoyar económicamente a las FARC con la venta de camisetas.

Raúl Vera lamenta el nivel de la actual clase política

Samuel Ruiz: viable, juicio a Zedillo por el caso Acteal

Alertan sobre posible ataque a comunidad zapatista

Blanche Petrich y Elio Henríquez (Enviada y corresponsal)

Acteal, San Pedro Chenalhó, Chis., 21 de diciembre. El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, propuso hoy aquí, a habitantes de la zona sampedrana y a defensores de derechos humanos, que para lograr que el ex presidente Ernesto Zedillo responda ante la justicia por su responsabilidad en la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, “no tenemos que esperar a que jurídicamente haya una decisión”, sino que hay que “ejercer adecuadamente una presión mediática” para que se den pasos en esta dirección.

El tatik Samuel, reverenciado de manera muy especial en Acteal, ya que el grupo Las Abejas surgió hace 12 años precisamente como fruto de la labor pastoral de su diócesis, y el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, prestaron su voz para dar a conocer una síntesis del informe Acteal, recordar para no olvidar, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En él se asienta que la matanza de 45 indígenas “fue la justificación ideal para que Ernesto Zedillo, entonces presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas, ordenara la instalación de campamentos militares en Chenalhó y así continuar con el desarrollo del plan contrainsurgente”.

En rueda de prensa al concluir el Encuentro contra la Impunidad, el obispo que encabezó durante más de 40 años la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a la que pertenecían las 45 víctimas asesinadas aquí, no consideró imposible el hecho de que, algún día, el ex mandatario del periodo 1994-2000, que hoy sirve como asesor a varias trasnacionales, sea sometido a juicio por su responsabilidad en estos hechos.

“No podemos minimizar el que se ha derrumbado la intocabilidad de estas personas”, comentó. “Hay una maduración de la opinión pública.” A propósito de la campaña que se anunció aquí para promover ante la Universidad de Yale el retiro de Zedillo de la cátedra que dicta sobre globalización, el obispo opinó que “conocer la verdad sobre esta persona hará que sea inconsistente que continúe en su puesto, que es incompatible con una personalidad que ha llevado a cabo situaciones como las de Acteal y otras parecidas”.

Para el clérigo, las versiones que desde hace semanas divulgan algunos medios de información y universidades privadas sobre la supuesta “batalla” entre indígenas, en lugar de una masacre planeada, buscan “encubrir y proteger la responsabilidad que el Estado tuvo, como señala el informe (del centro Fray Bartolomé) y está comprobado, por acciones directas, la manera en que se conoció anticipadamente lo que iba a suceder y la complicidad que hubo y sigue habiendo para a la impunidad.

“Afortunadamente –añadió– la reacción de otras personas ha contrarrestado un poco este primer intento.”

Pero si el obispo emérito ve con optimismo la posibilidad de encausar a Zedillo, el obispo Raúl Vera expresó su escepticismo: “Vivimos en un sistema político contaminado de burocracia y continuismo. En casos como este siempre privan las clásicas coberturas de espaldas de los anteriores funcionarios, una política de componendas. Ni siquiera vemos una oposición que se mantenga firme en las cuestiones de derechos humanos”. Y citó como ejemplo la actitud de los partidos en la Ley Indígena. “Mientras tengamos esta clase política, los rehenes seguiremos como sus rehenes.”

La presidenta del Fray Bartolomé, Blanca Martínez admitió “el gran problema” de las acciones jurídicas promovidas por las víctimas por la masacre –que designaron al centro como su representante legal– es que se demanda que se finquen responsabilidades contra funcionarios del más alto nivel, encabezados por Zedillo. Pero apuntó que, ante el agotamiento de la vía jurídica en México, queda el recurso de la demanda contra el Estado mexicano presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2005.

Recordó que el centro Fray Bartolomé pidió en febrero de 2005 que la Suprema Corte atrajera el caso, demanda que les fue negada. Ahora el tema resurge, pues los abogados de los paramilitares procesados como asesinos materiales lo piden. “Pero nos preocupa que, a raíz de la reciente resolución del caso de Lydia Cacho, la posibilidad de la Corte de acercar la justicia al pueblo está en entredicho”, concluyó.

Un representante de Las Abejas, Javier Ruiz, alertó que los paramilitares antizapatistas “siguen presentes y armados” cerca de Acteal, desde donde hace 10 años salieron los asesinos que atacaron a los desplazados que oraban en la ermita de este paraje. “Y no son sólo los 27 que siguen pendientes de su orden de aprehensión, sino muchos más”, los que en 1997, desde mediados del año, hostigaron a las comunidades y provocaron el desplazamiento de al menos 3 mil 500 personas, solamente en San Pedro Chenalhó.

Ahora mismo, alertó Blanca Martínez, “hay indicios de que estos grupos pueden reactivarse en el contexto de polarización que se vive en la zona”. Uno de estos indicios, se denunció, son los crecientes rumores de que una comunidad zapatista llamada 24 de diciembre, podría ser atacada precisamente este próximo 24 de diciembre.

Mientras esto se discutía en la explanada de Acteal, los aparatos de radio en las casas de los poblados de estas montañas seguían cada instante del encuentro vía la señal de Radio Chanul Pom (Las Abejas) captadas en el 99.7 y el 103.1 de frecuencia modulada. Para apoyar en este esfuerzo de radio popular, Radio Plantón, entrenado en las barricadas de Oaxaca en 2006, colocó en la punta del árbol más alto su antena. También hubo video popular. Esta noche se dio el estreno mundial el documental Acteal, 10 años de impunidad ¿cuántos más?, de José Alfredo Jiménez Pérez, tzotzil de Nuevo Ybeljoj, versión que, por supuesto, se coloca en las antípodas de las historias de Nexos.

Si continúa el deterioro en la calidad de vida no será extraña la protesta obrera

El incremento, miserable, critican diputados

Roberto Garduño

El incremento de 4 por ciento al salario mínimo, que alcanza 2 pesos con 2 centavos al día, ubica a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) como una “entelequia que apesta y cuesta al erario más de 30 millones de pesos anuales”.

Diputados de los partidos del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia rechazaron por “indigno” el anuncio de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, y advirtieron que de seguir el detrimento en la calidad de vida de los mexicanos no será extraño observar movilizaciones de trabajadores, cuyo resultado podría ser la violencia social.

José Antonio Almazán, legislador del PRD y secretario de la Comisión de Trabajo en San Lázaro, la emprendió contra el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

“Sin decoro alguno, el secretario patronal del trabajo, Javier Lozano Alarcón, se adelantó a la CNSM, anunciando que el dizque incremento a los salarios mínimos será acorde con la inflación esperada para 2008, que la alquimia de los datos oficiales sitúa en 3.8 por ciento anual. Los 2 pesos en promedio que el funcionario anunció no alcanzarán ni siquiera para comprar medio Gansito o la mitad de una latita de 200 gramos con chiles jalapeños; a lo sumo servirá para adquirir un boleto del Metro”.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 5 millones 273 mil trabajadores perciben hasta un salario mínimo y 8 millones 660 mil ganan de uno a dos diarios. Es decir, 13 millones 933 mil personas, que representan 32.5 por ciento del total de la población económicamente activa en México, sobreviven con un régimen salarial de subsistencia.

De acuerdo con datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo de la canasta básica alimentaria recomendable asciende a 100 pesos con 69 centavos, “lo cual significa que los miserables incrementos a los salarios mínimos, impuestos por el gobierno espurio de Felipe Calderón apenas alcanzarán para adquirir la mitad de esa canasta básica”.

Paraíso de la oligarquía mexicana

Con enojo, el secretario de la Comisión de Trabajo refirió que el gobierno de Calderón da continuidad a la política de topes salariales impuesta por Vicente Fox, pues durante la gestión del guanajuatense los incrementos a las percepciones mínimas en México fueron a la baja.

Para Almazán, el país se ha convertido en el paraíso fiscal de las grandes trasnacionales y de la oligarquía mexicana, “que prácticamente no pagan impuestos y sí disponen de millones de trabajadores con salarios de hambre para garantizar su insaciable sed de ganancia”.

Por su parte, Emilio Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Cultura, advirtió que tan “miserable” incremento a las percepciones mínimas contribuirá, una vez más, a ahondar las diferencias sociales y afectará la posibilidad de acercar la cultura, la lectura y la música culta y popular a millones de ciudadanos.

“No debe sorprendernos la mediocridad del gobierno de Felipe Calderón. Nos preocupa, por el contrario, que los mexicanos se vean impedidos de desarrollarse intelectualmente. ¿Cómo pretendemos que jóvenes y niños cambien de visión de país si desde las altas esferas de poder los condenan a la mediocridad y a la posibilidad de considerar siquiera la movilidad social en sus vidas?”, comentó el legislador por el sol azteca.

Para José Manuel del Río, diputado por Convergencia, el anuncio del incremento de 4 por ciento a los salarios mínimos “se manifiesta como una lápida, cada vez más pesada, para los trabajadores y sus familias; me pregunto hasta cuándo tolerará nuestra sociedad que las autoridades impongan una política de miseria y hambre. De seguir así la situación no será posible siquiera para pretender que los mexicanos nos desarrollemos”.

Silvano Garay, diputado por el PT, advirtió que el anuncio del incremento a los salarios mínimos implicará permanentemente la posibilidad “de un desbordamiento social; resulta inadmisible que no volteen a mirar la difícil situación económica de millones de mexicanos; que no nos extrañe que las movilizaciones sociales y de trabajadores puedan desembocar en violencia”.

Publicó este viernes el decreto en el DOF

Oficializa el gobierno aumento a combustibles

En enero se resentirá cascada de alzas, advierte el Capem

Israel Rodríguez J.

El gobierno federal oficializó este viernes el incremento que a partir del primero de enero de 2008 se aplicará a las gasolinas y al diesel en México con el fin de elevar la recaudación fiscal en el país.

A través de un decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con la rúbrica del presidente Felipe Calderón, se precisa que los combustibles aumentarán cada mes entre 1.66 y 2.44 centavos por cada litro, durante un lapso de 18 meses. En ese periodo el incremento sumará 5.5 por ciento, respecto del precio de diciembre de 2007.

El texto precisa que de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, se aplicará un incremento mensual de 2 centavos por cada litro de gasolina en su tipo Magna.

Para el caso de la gasolina categoría Premium con Ultra bajo contenido de azufre (UBA) el incremento mensual será de 2.44 centavos por cada litro, mientras que para el caso del Diesel el aumento será de 1.66 centavos por litro.

Este viernes La Jornada dio cuenta de la retiquetación de los precios de los alimentos que pertenecen a la canasta básica en las tiendas de autoservicio en previsión de la entrada en vigor del denominado gasolinazo, con aumentos que van desde el 100 hasta el 500 por ciento.

Ante el incremento de los combustibles, Antonio Castro Quiroz, director del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México (Capem)-Oxford Economic Forescasting, en su pasada 55 junta trimestral, advirtió que en enero se resentirán las consecuencias de la reciente cascada de alzas en todos los productos.

En su momento, el especialista indicó que enero es el “peor momento” para que entre en vigor el aumento a los combustibles porque este incremento no vendrá sólo ya que se sentirán los efectos de la desaceleración en la economía de Estados Unidos y del nuevo impuesto a tasa única empresarial (IETU).

En septiembre pasado, cuando el gobierno anunció la intención de incrementar los precios de los combustibles para incrementar su captación fiscal, inmediatamente empezaron a subir los precios de productos y servicios, como lo puede constatar cualquier ama de casa.

El decreto por medio del cual se modifica gradualmente el precio de los combustibles en México, también establece el monto de las tasas aplicables para cada combustible y en cada agencia de ventas de Pemex.

Las cuotas que se aplicarán inicialmente a la venta final al público en general en territorio nacional son en la gasolina Magna de 36 centavos por litro; en gasolina Premium UBA de 43.92 centavos por litro y en el diesel, 29.88 centavos por litro. Cada mes la Secretaría de Hacienda, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los elementos para determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados.

La agresión coincide con la creciente lucha social del obispo Raúl Vera López

Dos encapuchados asaltan la diócesis de Saltillo

Leopoldo Ramos (Corresponsal)

Saltillo, Coah., 21 de diciembre. Dos encapuchados asaltaron el Centro de Derechos Humanos de la diócesis de Saltillo, que encabeza el obispo Raúl Vera López; se apoderaron de documentos y golpearon y encerraron en una oficina a la secretaria Mariana Villarreal, informó Pedro Pantoja, coordinador de Pastoral Social.

Indicó que la acción ocurrió entre las 19 y 20 horas del pasado jueves, en un momento de poca actividad en la diócesis. De hecho, a la hora del ataque sólo estaba presente la secretaria.

Informó que el obispo Vera López, quien participa en Chiapas en los actos por el décimo aniversario de la matanza en Acteal, “está enterado de la situación y se encuentra sumamente nervioso”.

Gerardo Escareño, vicario general de la diócesis de Saltillo, aseguró que los encapuchados habrían entrado por la puerta principal del edificio, pero descartó las afirmaciones de Pantoja sobre la sustracción de documentos y la agresión a la secretaria.

“No hubo daños y no forzaron la puerta; físicamente no hubo daños. La colaboradora dio inmediatamente aviso a Ana Villarreal, abogada del Centro Diocesano de Derechos Humanos; la amagaron, pero no pasó a mayores”, anotó.

Señaló que Villarreal dio aviso a las autoridades y la Policía Ministerial levantó un acta circunstanciada de lo ocurrido.

Tanto Pantoja como Escareño coincidieron en señalar que esperarán a que el obispo Vera regrese a Saltillo para presentar la denuncia penal. El centro diocesano está dentro el obispado, a 200 metros del palacio de gobierno.

La irrupción ocurre justamente cuando el obispo Vera López ha denunciado presiones para que deje de respaldar causas ciudadanas, como la defensa de quienes perdieron a esposos, padres e hijos en la mina Pasta de Conchos y la violación de trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños por parte de integrantes del Ejército Mexicano.