miércoles, julio 11

Intentan sobornar al dirigente del PT.


Felipe Villanueva Sánchez
Amatlán de los Reyes, Ver.- Luego de que Nicanor Reyes Galeana, siendo precandidato del PRD a la alcaldía de Amatlán, decidió renunciar a ese partido y abanderarse con el Partido del Trabajo, el representante de este organismo, recibió a un mensajero departe de líderes perredistas, quien le ofreció dinero para que no aceptara como candidato a Nicanor.

Esta versión que trascendió por el propio Andrés Gómez Ojeda ante representantes del Partido de la Revolución Democrática en Córdoba. "Nuevamente me volvieron a ofrecer dinero, ya supe quienes enviaron al mensajero, se trata de la precandidata del PRD en Amatlán Martha López Ortiz y su esposo Alfredo Aparicio Sánchez). El dirigente del PT dijo desconocer el interés personal que mueve a esa pareja quienes deberían dedicarse a trabajar para poder llegar a obtener la candidatura, puesto que aún no hay "gallo" para ese municipio por ese organismo político.

Posteriormente al ofrecimiento de dinero, Andrés Gómez aseguró que la oferta no era de mucha "lana" solo eran 20 mil pesos, tan solo pode evitar que el partido PT, aceptara como candidato a Nicanor Reyes. Asimismo dirigentes perredistas de Córdoba, dejaron abierta la posibilidad de que en esta maraña, está detrás el presidente estatal del PRD Rogelio Franco Castán, quien no solo pretende bloquear a los precandidatos que no son de su agrado sino que además quiere dejarlos fuera del partido, pero muchos de ellos, han decidido irse a otras filas y participar en la contienda que esperar a que ese dirigente estatal siga tejiendo su estratégia para ganarse unos miles de pesos.

"Amatlán por su naturaleza ha sido rebelde y un líder amateco tiene arraigo social y por lo tanto el respaldo de la mayoría de los moradores de ese municipio, lo cual ocurre con Nicanor Reyes", señaló Juan Carlos Fernández Zulueta.
Se vuelca PRD a PT con todo y candidato.


Felipe Villanueva Sánchez
Amatlán de los Reyes, Ver.- Nicanor Reyes Galeana aspirante a la presidencia municipal de Amatlán de los Reyes, dejó las filas del PRD para aceptar la propuesta de del Partido del Trabajo y ser el candidato de este organismo; no sin antes atraer a todos sus simpatizantes perredistas para trabajar en la que será su campaña bilateral.

Esto responde a las imposiciones y política cansada que viene aplicando Rogelio Franco Castan en el Partido de la Revolución Democrática, el cual ahora cuenta con un precandidato menos. Para reafirmar su intención de ser el candidato del P.T., sostuvo una reunión de trabajo ante mas de 500 simpatizantes para analizar la invitación que el ayer el Partido del Trabajo a través de sus representantes, Andrés Gómez Ojeda y Minerva López de la Cruz, coordinadores distrital y municipal respectivamente, de ese instituto político realizaron al aspirante mas fuerte que existe en el municipio amateco.

En punto de las 16:00 horas sobre la calle Allende de la cabecera municipal, este 1 de Julio del presente año ante los representantes del Partido del Trabajo Arturo López Cándido, comisionado nacional en el estado de Veracruz, Jorge González Rojas, integrante de la coordinadora estatal, Andrés Gómez Ojeda, coordinador distrital y estatal, así como de Minerva López de la Cruz, coordinadora municipal, se llevó a cabo la asamblea popular de los habitantes de esa localidad.

En este evento estuvieron presentes militantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y por supuesto del Trabajo (PT) que respaldan la pre-candidatura de Nicanor Reyes Galeana a la presidencia municipal; manifestaron su apoyo total e incondicional a su candidatura a la presidencia municipal.

Tras a dar a conocer la invitación publica realizada por el coordinador distrital del PT Andrés Gómez Ojeda, se pidió la opinión de los presentes, los cuales manifestaron que no importaba con quien participara el precandidato en mención, ya que cuenta con su apoyo para que pueda alcanzar la presidencia municipal el próximo 2 de Septiembre.

Se efectuó una votación y por unanimidad fue designado Reyes Galeana, solo faltaba firmar la invitación del Partido del Trabajo para que su postulación como candidato se hiciera oficial, lo cual fue considerado solo un trámite.

Cabe recordar que en el trienio 2001-2004 Benjamín Reyes Galeana, ya ha fungió como alcalde de este municipio por lo que su consanguíneo que ahora llega a contender por ese cargo, es considerado como idóneo para gobernar y beneficiar a las clases pobres.
CARAVANA VEHICULAR, ACOMPAÑARAN A SU CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL A REGISTRARSE EN EL IEV: PT. Imprimir E-Mail
POR VICENTA CASTAÑEDA VELAZQUEZ.

De manera entusiasta y por ser la primera vez que el Partido del Trabajo, tiene en el distrito 16 con cabecera en Córdoba, candidatos a la Diputación Local y Presidencia Municipal, lo manifestaran públicamente con una caravana vehicular para llevar a registrar esta tarde, a la doctora Cruz Rosas Carlos ante el Consejo Distrital del Instituto Electoral Veracruzano.

Este acompañamiento se hará a través de vehículos, porque la doctora Cruz Rosas Carlos, tiene su domicilio en la congregación de Peñuela, correspondiente al municipio de Amatlán de los Reyes.

De ahí que la caravana partirá de dicha congregación hasta llegar a oficinas del Consejo Distrital del IEV.

Esta organización agregó el líder Distrital del Partido del Trabajo licenciado Andrés Gómez Ojeda, es realizada por pobladores del municipio de Amatlan de los Reyes, quienes de manera unificada los dos candidatos a ocupar un cargo de elección popular trabajan unidos con sus respectivas comunidades para lograr el triunfo el próximo 2 de Septiembre.

NICANOR REYES GALEANA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Afirmó el informante, que entre los participantes más activos se encuentra el también candidato a la Presidencia Municipal, Nicanor Reyes Galeana, quien hasta este momento tiene el primer lugar en preferencias electorales por parte de pobladores.

En entrevista con Nicanor Reyes Galeana, asevero, los pobladores de Amatlán, conoce muy bien a toda mi familia, sabe cual es mi trabajo así como mi interés por llegar a convertirme en su representante para poder hacerles llegar los programas que más les beneficie.

Puntualizo Reyes Galeana, el proyecto de trabajo municipal será realizado junto con los pobladores y sean ellos quienes determinen el camino a seguir para resolver la problemática prioritaria registrada en cada una de las comunidades.

Reconoció Nicanor Reyes Galeana, que la gestión administrativa realizada por su hermano Benjamín Reyes Galena, dejo antecedentes altamente positivos y esto representa- expresó- una esperanza para ganar en la contienda electoral y convertirme en el futuro presidente municipal de este municipio.

De esta manera los dos candidatos realizarán esta marcha o caravana vehicular en Córdoba, con la finalidad de que cordobeses conozcan a la candidata a la Diputación Local por el Partido del Trabajo.

Fuente: www.cordobaaldia.com

CASO ERNESTINA ASCENCIO

Excesivo, considerarla terrorismo: Carlos Montemayor

La acción del EPR, réplica a otra etapa de guerra sucia

MONICA MATEOS VEGA

No debe sorprender que una fuerza como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ejerza presión política, "seguramente menos espectacular y menos efectiva que la que ejerce la elite financiera", al hacer estallar ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), porque se trata de las consecuencias del resurgimiento de la guerra sucia en el gobierno mexicano, afirma el escritor Carlos Montemayor.

El especialista en movimientos guerrilleros y autor del libro Guerra en el Paraíso dice en entrevista con La Jornada que la guerra sucia viene ocurriendo desde la administración anterior y ahora se ha reavivado. "Está el caso Atenco, y los excesos en la aplicación de sentencias contra líderes de ese movimiento, así como la represión del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006. A esto le añadimos la represión y la ilegalidad ejercida desde el gobierno federal en casos como la protección a elites en Pasta de Conchos y el apoyo a las acciones ilegales en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí.

"En un país donde todos presionan (presiona Provida, los sistemas bancarios y financieros, los grandes capitales, las empresas trasnacionales, el Ejército, los gobiernos estadunidense y español, el FMI, etcétera), sería ilógico pensar que no presionaran también otras organizaciones nacionales."

Montemayor puntualiza: "no estamos frente a un movimiento terrorista. Las acciones que reivindica el EPR son muy cuidadas en términos quirúrgicos; por tanto, sería aberrante y excesivo considerarlas acciones terroristas. Es claro que hay una intención de dañar las instalaciones de Pemex, pero no de una manera irreflexiva. Hay un interés claro de evitar pérdida de vidas humanas.

"El terrorismo es un concepto utilitario de descalificación política, surgido, fundamentalmente, de los criterios de autodefensa del Grupo de los Siete, y luego, de manera particular, a partir de la ocupación del Estado israelí de territorios palestinos. Este concepto sólo privilegia la perspectiva de los poderes de control, de conquista, de ocupación o de invasión sobre las perspectivas de resistencia, justicia o reivindicación populares.

"La falta de vivienda, de seguridad social, de servicios de salud, es decir, la injusticia social prevaleciente y creciente en el país son violencia social permanente, a la cual confundimos y llamamos 'estabilidad social' o 'paz social'. Y a los movimientos de inconformidad social que se oponen a esta seudoestabilidad los llamamos violencia. Es estar viendo el mundo al revés."

Explica que el comunicado donde dice el porqué de las explosiones en los ductos de Pemex "lo firman el Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario y la comandancia militar de zona del Ejercito Popular Revolucionario; se trata de elementos o segmentos del propio EPR que han tenido presencia en comunicados anteriores y han reivindicado hechos de armas en varias regiones, generalmente en Guerrero.

"Desde el 25 de mayo se filtró en círculos sociales y políticos de Oaxaca que se encontraban en las mazmorras del estado dos miembros del EPR, detenidos y en muy malas condiciones. Ese día fueron trasladados en ambulancia, posiblemente al Campo Militar número uno de la ciudad de México. Ahora el comunicado del EPR los identifica con los nombres de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

"Las filtraciones de información en Oaxaca y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como el del país. De manera que, al menos el 25 de mayo, eran reconocibles en mal estado estos miembros del EPR que, por supuesto, se trata de dos desaparecidos o secuestrados que se suman a los de la guerra sucia de los años 70 y 80. Esa es la base del reclamo de este comunicado: el resurgimiento de la guerra sucia."

La represión del Estado "se aplica en México contra activistas sociales, no contra los grandes delincuentes empresariales, financieros", considera Montemayor.

Reitera que en la descomposición política y social, así como en el retraso económico y en el gran abismo que se está abriendo en el país entre las elites poderosas y las grandes mayorías desprotegidas "está incubándose un proceso de inconformidad social que puede alcanzar niveles de peligrosidad en meses o años.

"Es habitual en los gobiernos mexicanos, desde hace por lo menos 50 años, creer que los conflictos guerrilleros se resuelven con represión militar o policial, con segmentos reducidos de elites armadas.

"No se toman esas variables de inestabilidad política como señales de necesidades de cambios políticos en México. Por tanto, la presencia de este comunicado del EPR y dos bombazos a Pemex no se comparan con el daño que las últimas cuatro administraciones presidenciales le han hecho a la paraestatal.

"Ante este panorama, esta es la cuestión: ¿los gobiernos actuales del país (federal, estatales y municipales) están analizando y considerando los brotes de inconformidad social, desde los más pacíficos hasta los más complejos y armados, como una señal de cambios y medidas políticas? ¿O sólo desde el punto de vista de eliminación militar?

"Si el gobierno mexicano sigue en el carril de la represión militar estaremos agravando el proceso de inconformidad y deterioro social", concluye.

Las acciones, parte de una campaña de hostigamiento al gobierno de Calderón, dice

Se adjudica el EPR ocho explosiones contra ductos de Pemex en dos estados

En un comunicado asegura haber realizado atentados en tres municipios de Guanajuato y uno de Querétaro

El Ejército Revolucionario del Pueblo (EPR) se responsabilizó ayer al mediodía de las ocho cargas explosivas detonadas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicados en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato, y en la válvula de seccionamiento de la casa de válvulas de los ductos de la paraestatal en la comunidad Presa de Bravo, municipio de Corregidora, Querétaro, entre 5 y 10 de julio, acciones que, informó en un comunicado, forman parte de una campaña de hostigamiento al gobierno de Felipe Calderón.

La madrugada del pasado 5 de julio, entre la 1:15 y las 2:20 de la mañana, estallaron válvulas del gasoducto Guanajuato-Guadalajara, en Salamanca y Celaya, por lo cual debió desalojarse a 5 mil personas de 20 comunidades de Celaya, Cortazar, Salamanca, Valle de Santiago y Pueblo Nuevo. Ese mismo día hubo una fuga de gas natural en Valle de Santiago, aunque sin consecuencias.

Ayer, alrededor de la una de la mañana, se registró una explosión en un gasoducto cercano a la carretera Querétaro-Coroneo, donde las llamas alcanzaron hasta 300 metros de altura. Las autoridades locales reportaron que el incidente estaba controlado, aunque varias familias salieron de sus casas y se refugiaron por unas horas lejos del lugar de la explosión.

Formado el primero de mayo de 1996, una vez que las 14 organizaciones armadas que lo integran llegaron a un acuerdo -entre ellas el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (Procup) y el Partido de los Pobres (Pdlp)-, el EPR apareció públicamente el 28 de junio en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez en la Costa Grande de Guerrero, al conmemorarse el primer aniversario de la matanza de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.

Una de sus primeras acciones se llevó a cabo ese mismo día en Zumpango de Neri, municipio ubicado a ocho kilómetros de Chilpancingo, donde sus integrantes bloquearon la carretera federal. En este hecho tres policías resultaron heridos. El 16 de julio, en la comunidad de El Ahuejote, municipio de Tuxtla, atacó al Ejército Mexicano. Como resultado de ese enfrentamiento murió un civil.

Tres días después, en un comunicado, la guerrilla informó haber matado a seis soldados en una emboscada. El primero de agosto, en la comunidad El Guayabo, municipio de Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero, el EPR hirió a un teniente del Ejército Mexicano. El 7 de agosto atacó un campamento militar ubicado cerca de la comunidad Los Encinos, municipio de Coyuca de Benítez, en el que resultaron muertos al menos 30 soldados. El 10 de agosto atacó un convoy militar en Zumpango de Neri, donde murieron dos soldados.

El 28 de agosto del mismo año, el EPR apareció en Oaxaca, como parte de su campaña político-militar. En esa ocasión difundió que actuaba ''por los desaparecidos políticos y en memoria de los asesinados, de los masacrados y caídos en combate en la nueva revolución popular'', y como respuesta ''a la escalada represiva y a la militarización desplegada por el gobierno antipopular'' de Ernesto Zedillo ''contra el pueblo y el movimiento armado revolucionario''.

De acuerdo con el parte militar, un destacamento del EPR tomó alrededor de las 21:15 el municipio oaxaqueño de Tlaxiaco. En los primeros minutos del siguiente día, dos destacamentos del grupo armado tomaron durante 45 minutos La Crucecita, en Santa María Huatulco, donde se enfrentaron a efectivos de la Marina, de la Policía Judicial Federal, y agentes judiciales y preventivos de Oaxaca. Murieron 11 marinos y policías, así como un civil. El grupo armado reportó dos heridos e igual número de bajas.

El 31 de agosto, durante su retirada de Santa María Huatulco, el grupo armado se enfrentó con el Ejército Mexicano en La Perdiz, San Mateo Piñas. Fallecieron dos soldados y un guerrillero.

Un año después de su aparición pública, sus integrantes habían irrumpido ya en seis estados realizando más de 200 ''acciones de propaganda revolucionaria'' y una decena de ataques. El resultado, según la dirigencia rebelde, era entonces de cien muertos -policías, soldados y marinos- y ''ninguna pérdida estratégica'' para ellos.

En abril de 1997 fueron muertos cinco policías motorizados en el paraje Ojo de Agua; la acción fue reivindicada por el EPR en una conferencia de prensa en Guerrero. Un mes después, el 5 mayo, el grupo aseguró en un comunicado dirigido al pueblo de Guerrero y dado a conocer en Tepozonalco, que ''tuvo lugar un combate de encuentro'' entre sus milicianos y unidades militares, ''con un resultado de 30 bajas para el Ejército federal''. Se afirmó que dicho combate se entabló luego de que los eperristas ''se disponían a iniciar una acción de propaganda armada consistente en un retén'' en la carretera Chilapa-Tlapa.

A continuación, el texto íntegro que distribuyó ayer el EPR:

A quien corresponda:

Por medio de la presente hacemos llegar a los medios de comunicación y a nuestro pueblo el primer comunicado de nuestro partido en el estado de Guanajuato, en donde se expone nuestra posición política sobre las explosiones en los ductos de Pemex.

De antemano agradecemos la atención prestada para con nosotros y nos despedimos cordialmente.

Al pueblo de México.

Al pueblo de Guanajuato.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales.

A los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos. ¡Hermanas, hermanos, camaradas!

En el norte del país la naturaleza ha sido muy benevolente con nosotros; en Cadereyta un rayo incendió un depósito de combustible propiedad de Pemex; aquí en Guanajuato los viejos ductos, su falta de mantenimiento, la ordeña múltiple de éstos y un ''pinchazo'' para extraer gas generaron una pérdida de presión en la red, lo que ocasionó varias explosiones; podría quedarse así, quedarnos callados, guardar silencio y seguir escuchando los absurdos de las autoridades, pero el pueblo merece conocer la verdad. Y esta es nuestra verdad y nuestros motivos.

En cumplimiento de la orden del comité central de nuestro partido y de la comandancia general de nuestro ejército rendimos el siguiente parte militar:

-La orden de iniciar la campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo ha sido puesta en marcha.

-Tres pelotones mixtos conformados por unidades urbanas y rurales pertenecientes al destacamento Francisco Javier Mina, y contando con el apoyo de milicias populares de todo el estado, han realizado acciones quirúrgicas de hostigamiento poniendo ocho cargas explosivas en los ductos de Pemex ubicados en Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, Guanajuato, y en la válvula de seccionamiento de Coroneo (Querétaro), activadas simultáneamente a la una de la mañanas de los días 5 y 10 de julio.

A nuestro pueblo le informamos que las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca.

A nuestro comité central y a la comandancia general informamos que todas las unidades que dependen de esta jefatura siguen concentradas en su puesto de combate y están en máxima alerta dispuestas a esperar órdenes. ¡Esperamos órdenes!

¡Por la presentación inmediata de nuestros compañeros!

¡Por la presentación de todos los detenidos-desaparecidos!

¡Por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país! ¡Por nuestros camaradas proletarios!

¡Resueltos a vencer!

¡Por la revolución socialista!

¡Vencer o morir!

¡Con la guerra popular!

¡El EPR triunfará!

Comité estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)

Comandancia militar de zona del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Año 43 Estado de Guanajuato, 10 de julio de 2007.

Ordena juez que los dirigentes de la APPO sean trasladados a un penal de Oaxaca

Las autoridades no pudieron comprobar la alta peligrosidad de los hermanos Sosa

ALFREDO MENDEZ

Flavio Sosa, durante su detención en la ciudad de México en diciembre pasado
Flavio Sosa, durante su detención en la ciudad de México en diciembre pasado Foto: Alfredo Domínguez

Los gobiernos federal y de Oaxaca no acreditaron que los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fueran presos de "alta peligrosidad", por lo que la juez federal María de Lourdes Lozano Mendoza les concedió ayer un amparo y ordenó a diversas autoridades administrativas que después de recibir la notificación judicial trasladen a los dos procesados a un centro de reclusión de mediana seguridad ubicado en Oaxaca.

Fuentes judiciales consultadas explicaron a La Jornada que si la Procuraduría General de la República (PGR) no impugna el fallo de la juez en los próximos 10 días hábiles, entonces sí las autoridades penitenciarias federales estarían obligadas a dar cumplimiento inmediato a lo ordenado en el amparo.

Sin embargo, el abogado Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y defensor de los hermanos Sosa Villavicencio, aseguró en entrevista que por tratarse de un amparo "de plano", lo que jurídicamente corresponde es "que se les restituya en el goce de sus derechos humanos y procesales 24 horas después de que las autoridades responsables sean notificadas.

"Esto significa que en el transcurso de esta semana deberán ser trasladados del penal de máxima seguridad del Altiplano (ubicado en el estado de México) a un centro carcelario de Oaxaca", indicó.

Elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva detuvieron a Flavio y Horacio Sosa en la ciudad de México el pasado 5 de diciembre, un día antes de la reunión que tenían planeada con funcionarios federales en la Secretaría de Gobernación, lo que habría significado el primer contacto entre la APPO y el gobierno de Felipe Calderón.

Ese mismo día, por la noche, los dos fueron traslados al penal del Altiplano, antes La Palma, mediante un fuerte dispositivo de seguridad que aplican las autoridades policiacas cuando se lleva a prisión a importantes capos del narcotráfico.

El argumento de la juez

Según consta en el expediente de amparo 108/2007-V, la juez Lozano Mendoza concedió el amparo a los hermanos Sosa Villavicencio porque autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de Gobernación, de la PGR y de la dirección del penal del Altiplano, así como funcionarios del gobierno de Oaxaca, "no acreditaron constitucionalmente el traslado y reclusión de los quejosos en ese Centro Federal de Readaptación Social".

El resolutivo indica que Flavio y Horacio Sosa tienen calidad jurídica de procesados en delitos del orden común, no federales; además, agrega la juez en su fallo, no existen constancias ni estudios previos de autoridades jurisdiccionales y/o administrativas que justifiquen que los quejosos tengan un perfil criminológico de "alta peligrosidad".

El día en que fueron detenidos en el Distrito Federal, la SSP federal y la PGR emitieron un comunicado conjunto para explicar que los hermanos Sosa Villavicencio fueron trasladados al penal del Altiplano y no a uno de mediana seguridad en Oaxaca porque así lo solicitó el gobierno de esa entidad -que encabeza Ulises Ruiz Ortiz-, el cual los considera presos de "alta peligrosidad".

Después de conocer que sus defendidos obtuvieron este reciente amparo, el abogado Miranda Esquivel indicó que la resolución de la juez Lozano "demuestra que el encarcelamiento (de los miembros de la APPO) en un penal de máxima seguridad, y la campaña mediática que se realizó el día de su detención, fue un castigo político y no una medida gubernamental apegada a derecho, pues se les dio trato de secuestradores o narcotraficantes".

Dijo confiar en que el gobierno calderonista opte por permitir el traslado de Flavio y Horacio Sosa a un penal oaxaqueño, para que se reabran las puertas del diálogo entre la APPO y las autoridades.

Editorial

Atentados y equívocos

Tras la difusión de un comunicado firmado por la "Comandancia Militar de zona del Ejército Popular Revolucionario" (EPR) y el "Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario" (PDRP) de Guanajuato, en el que esa organización político-militar se adjudica las explosiones registradas el 5 de julio y ayer en gasoductos y oleoductos de Pemex en los estados de Guanajuato y Querétaro, en lo que denomina una "campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo", el Ejecutivo federal, por medio de sendos boletines de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación (SG), reconoció de manera implícita que las afectaciones a la infraestructura de la paraestatal tuvieron un origen intencional e informó que se había ordenado el reforzamiento de la seguridad en las instalaciones estratégicas del país.

Por donde quiera que se le vea, esta secuencia de acontecimientos resulta lamentable y condenable. Sin desconocer el telón de fondo de dramas sociales en el que se inspiran organizaciones como el EPR, los atentados a los ductos de Pemex son repudiables en tanto que actos violentos y violatorios de la legalidad, porque ponen en riesgo la integridad física y los bienes de personas inocentes, porque generan zozobra en las zonas afectadas y porque causan graves inconvenientes en la vida cotidiana de los habitantes y en la economía de vastas regiones.

Más allá de sus efectos inmediatos, estos sabotajes violentos resultan inadmisibles por cuanto impactan de manera negativa en las condiciones de vida de los más desfavorecidos y porque abonan el terreno a las cada vez más desembozadas tendencias autoritarias y represivas presentes en el poder público; en este sentido, el accionar del EPR puede ser fácilmente capitalizable como una coartada y un pretexto para ataques adicionales a las libertades individuales, a los derechos políticos y a las garantías constitucionales, que de por sí se encuentran ya sometidas al acoso de un estilo de gobierno basado en el recurso a la fuerza del Estado.

Desde otro punto de vista, los ataques a los ductos de Pemex atentan contra una empresa que es propiedad de todos los mexicanos, una entidad pública que padece los embates de los afanes privatizadores y que ha sido expuesta a estrategias de devastación y saqueo por parte de las últimas cuatro presidencias neoliberales; la devaluación de la paraestatal y su reducción a chatarra ha sido, precisamente, la estrategia sistemática para forzar su privatización. En esta perspectiva, los atentados eperristas constituyen una manera por demás contradictoria de "hostigar los intereses de la oligarquía"; parecen, por el contrario, estar en sintonía con tales intereses.

Por lo que respecta a las reacciones oficiales a partir de los primeros ataques, el pasado 5 de julio, el balance no puede ser más desastroso. Resulta imposible de creer que la propia dirección de Pemex y los organismos de seguridad pública y de inteligencia del gobierno fueran capaces de confundir atentados perpetrados al parecer con explosivos con "bajas de presión" o "pinchazos" u "ordeñas" efectuados en las líneas como intentos de apropiación ilegal de los combustibles que corren por ellas. El empeño puesto por funcionarios de Pemex y por la coordinadora de Protección Civil de la SG, Laura Gurza, en sostener las versiones de que se había tratado de "accidentes", sólo puede explicarse por una escandalosa y angustiante incapacidad de las autoridades para detectar ataques intencionales, o bien por un inadmisible intento de simulación y ocultamiento de la verdad a la ciudadanía.

El comunicado eperrista representa, en este estricto sentido, un golpe demoledor a la credibilidad de un gobierno que ha hecho de la seguridad su tema casi único, y hasta obsesivo, pero que no es capaz de distinguir entre accidentes y ataques intencionales, o bien que no está dispuesto a informar con veracidad y transparencia a la población.

Piden a la alcaldesa revocación del permiso para gasolinera

Los inconformes se plantaron frente a Palacio Municipal y gritando consignas como: "No queremos gasolina, queremos tranquilidad"

Silvia Ponciano Toral /El Mundo de Córdoba
México 11 de julio, 2007

La presidenta municipal, Yolanda Monluí escuchó los planteamientos de los quejosos y se comprometió a dialogar con el empresario inversionista de la obra

El Mundo de Córdoba

Vecinos de la avenida 9 calle 4, solicitaron a la alcaldesa Yolanda Monluí Fernández, la revocación del permiso de uso de suelo para la instalación de una

gasolinera propiedad de Julián García Carrera.

La presidenta municipal, Yolanda Monluí Fernández se comprometió hablar del tema con García Carrera y planearlo a los ediles, para saber su opinión al

respecto.

Respecto a la advertencia de los vecinos que de no obtener una respuesta favorable en breve, tomarán otras acciones como bloqueo de calles, Yolanda Monluí dijo respetar su malestar y su derecho como ciudadanos.

Después de marchar sobre la avenida 3, los inconformes se plantaron frente a Palacio Municipal y gritando consignas como: "No queremos gasolina, queremos tranquilidad", un grupo subió a la oficina a entrevistarse con la alcaldesa para manifestar su inconformidad.

A la oficina fue requerido el director de Desarrollo Urbano, Luis Miguel Fuentes, quien en más de una ocasión hizo saber a la Presidenta que no se podía revocar el permiso de uso de suelo, contrariado por los inconformes.

Los vecinos recordaron que el uso de suelo fue negado en la administración de Hugo Fernández Bernal, pero autorizado por Francisco Portilla Bonilla, antes de

renunciar a la alcaldía a lo que ellos señalaron que se debió a un pago a García Carrera por apoyo a su campaña política cuando aspiraba a la presidencia

municipal.

Además de la gasolinera, los representantes de la avenida 9 calle 4, denunciaron un olor a gasolina que se desprende del drenaje y que Protección Civil ha hecho caso omiso a su petición.

Reiteran rechazo a ‘la gas’

Marchan nuevamente habitantes de la avenida 9

El Mundo de Córdoba /El Mundo de Córdoba
México 11 de julio, 2007

La manifestación que recorrió calles de Córdoba, terminó con un plantón frente al Palacio Municipal

El Mundo de Córdoba

Vecinos de la avenida 9 y el empresario Julián García mantienen viva la polémica por los planes del segundo de construir una gasolinería en el centro de la ciudad.

Los habitantes de la avenida, en su cruce con la calle 4, solicitaron ayer a la alcaldesa Yolanda Monluí Fernández, la revocación del permiso de uso de suelo para la instalación de la gasolinera.

La presidenta municipal, Yolanda Monluí Fernández se comprometió hablar del tema con García Carrera y planearlo a los ediles, para saber su opinión al respecto.

Por su parte, el empresario dijo que la construcción de lo que llamó “miniestación de servicio de gasolina” no se suspenderá, por contar con las medidas de seguridad necesarias para no originar un accidente.

PIDEN REVOCACIÓN DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GASOLINERA Imprimir E-Mail

Por: Luz Elena Carreón

Vecinos de la avenida 9, calle 4, pidieron a la alcaldesa Yolanda Monlui Fernández la revocación del permiso autorizado al empresario Julián García Carrera para la construcción de una gasolinera en este lugar.

Sensibilizada por el reclamo de los vecinos, la presidenta municipal se comprometió a tomar en cuenta su petición y a platicarlo con los ediles y con el empresario refresquero.

Guadalupe Álvarez, vecina del lugar, acompañada de un grupo de vecinos, pidió a la autoridad municipal la revocación del permiso otorgado por el cabildo al empresario, que consistió en el cambio de uso de suelo de residencial a industrial.

Antes de dialogar con la alcaldesa, los habitantes inconformes con la instalación de la gasolinera en su colonia, marcharon por las principales calles hasta llegar a la explanada del Parque 21 de Mayo donde a una sola voz protestaron en contra de esta obra que aseguran es un capricho del empresario Julián García.

Después un grupo fue atendido por la funcionaria municipal quien les dijo que pondrá todo de su parte para darles una solución a su petición.

Fuente: Cordoba te Informa

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