POSICIÓN DEL MOVIMIENTO CÍVICO AL IX PLENO DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
A dos meses del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, surgido del fraude electoral, queremos señalar algunas tendencias para una mejor comprensión sobre la naturaleza del régimen que encabeza y de sus estrategias; así también destacar que antes de los cien días de gobierno ilegítimo ya se ha dado el 31 de enero la primera movilización nacional para repudiar la continuidad de la política económica antipopular de los sexenios anteriores.
El primero de diciembre culminó una etapa de lucha y se inició un nuevo período. En la elección, la correlación de fuerzas se expresó mayoritariamente a favor de la Coalición por el Bien de Todos y fue necesario instrumentar el fraude de Estado para que arribara ilegítimamente a la presidencia el representante de los dueños del dinero, Felipe Calderón. A principios de diciembre, se consumó el crimen de Lesa Democracia, que violentó la soberanía popular y creó las condiciones para continuar con la entrega de nuestra soberanía nacional. Ello representa un gran retroceso en la vida democrática y un cuestionamiento de fondo a la vigencia del Estado de derecho y de las instituciones pues como representante de los intereses del grupo dominante, Calderón pretende legitimarse a partir de una estrategia de acciones espectaculares con un alto impacto mediático. Sin embargo, Calderón será presidente ilegítimo hasta el fin o hasta que renuncie o caiga. Y por eso es correcta la decisión de la Convención Nacional Democrática de no reconocer a Calderón y a su gobierno.
Gracias a un operativo militar, Calderón tomó protesta. La falta de legitimidad y la debilidad con que asume el cargo, lo llevan a respaldarse sustantivamente en las fuerzas armadas. Sus actos mediáticos junto al ejército, el uso anticonstitucional del mismo para combatir el crimen organizado, ponen de manifiesto que su gobierno se sostendrá con la amenaza y uso de la fuerza. Si realmente estuviera interesado en combatir el narcotráfico iría en contra de aquéllos que desde las más altas esferas del poder político y económico son los beneficiarios y cómplices. Claramente se perfila un gobierno de mano dura, antidemocrático, autoritario, e intolerante. Jalisco en el 2004 y los estados de México y Oaxaca en el 2006, fueron los ensayos para la imposición de un nuevo modelo de dominación política a nivel nacional, basado en el uso de las fuerzas represivas, la violación sistemática de las garantías individuales y uso indiscriminado de métodos y acciones propias de un estado con autoritario. El uso del ejército, la militarización de la policía, la unificación de mando, tienen como principal destinatario al movimiento social y civil de resistencia que está en contra del gobierno. Con la ultraderecha conservadora en el gobierno, México avanza, con gran similitud a lo que en los setenta se llamó en América Latina Estados de excepción o democracias restringidas, es decir, Estados que fueron democráticos en lo formal, pero en la realidad abandonaron, abierta o de manera encubierta, el Estado de derecho. Se observan ya en el nuevo gobierno prácticas contrainsurgentes que amenazan las garantías individuales, las libertades públicas, y con ello, la paz social y los avances democráticos en nuestro país.
La tendencia hacia la conformación, en el más tradicional esquema represivo, de un régimen de fuerza sustentado en poder de las armas y el control de los aparatos represivos, les obliga a violentar la Constitución, las leyes y la civilidad republicana. Ello se viene expresando con la militarización de la seguridad interior en la supuesta "guerra" en contra del crimen organizado y el narcotráfico (en oposición clara a las recomendaciones y señalamientos firmados y ratificados por México a través de tratados internacionales obligados para todo país parte de la ONU); así como en la transformación de facto de los órganos de seguridad del Estado, notablemente la conformación de un cuerpo federal de policía con un mando único, acción que violenta el artículo 21 constitucional y otras leyes secundarias, así como la separación de poderes, pues el gobierno ilegítimo se arroga facultades legislativas que sólo competen al Congreso de la Unión. Esta "reingeniería" como le llaman, de las policías y las estrategias para su uso están dentro de los compromisos firmados por Fox y ratificados por Calderón de asumir la Doctrina de la Seguridad Hemisférica, que se expresa en nuestro país en la Alianza, acuerdo político también inconstitucional pues la firmaron sin el aval del Senado de la República, para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Con ello, la política interior de México sigue siendo parte estratégica de la agenda de seguridad nacional de Washington.
La imposición fraudulenta de Calderón fue determinante en la estrategia de la oligarquía gobernante para darle continuidad al modelo económico neoliberal que tantas ganancias les han reportado. Pese al fracaso internacional de este modelo, el grupo gobernante se empeña en continuarlo, sin importarle la agudización y profundización de las condiciones de miseria e injusticia que les significa a millones de mexicanos. El compromiso del gobierno de Calderón es con los grandes empresarios, con las trasnacionales y con Washington.
En su discurso, Calderón pretende ocultar los verdaderos intereses que está defendiendo. Muestra de ello es el alza de precio de la tortilla, alimento básico para la supervivencia y reproducción de la fuerza de trabajo mexicana. Un gobierno que atenta en contra de las condiciones mínimas de subsistencia de su gente es inmoral. Negarse al control de precios de los productos básicos, a decretar un aumento salarial de emergencia, a la creación de condiciones para establecer incrementos salariales que mitiguen los daños causados por su política económica depredadora, hambreadora y excluyente, es negarse a cumplir con un mínimo de responsabilidad frente a la nación.
En esta misma dirección, el gobierno panista de Calderón se apresta para privatizar los recursos energéticos patrimonio de todos los mexicanos y que deben ser para su beneficio y no de los monopolios privados. Siguiendo a su antecesor, y en concordancia con la línea entreguista de gran beneplácito para la Casa Blanca, Calderón actúa como el gran vendedor de la patria ofreciendo un país de oportunidades al capital internacional que ya sabemos trae consigo una estela de depredación a la naturaleza y de explotación a pueblos y naciones enteras. Como apologetas de la doctrina de libre mercado y del neoliberalismo, Calderón y su partido (actual cabeza de la Organización de la Democracia Cristiana en América Latina) se preparan para la gran cruzada en contra de los herejes que se dignan defender los recursos y riqueza de sus países de las rapaces empresas trasnacionales. Entendemos el anuncio de un nuevo conflicto en contra de Hugo Chávez, como parte de una estrategia para obtener los consensos internos que no le dieron las elecciones, en la ruta de proceder a una nueva ola de privatizaciones. Calderón, que accedió al poder en una calca tragicómica de los fraudes electorales del pasado, se atreve a hablar de dictaduras, de que el conflicto de nuestros países no es entre izquierdas y derechas sino entre pasado y futuro. Calderón, que está ocupando fraudulentamente el gobierno mexicano intenta ocultar tras su máscara de demócrata que sirve a los intereses de las trasnacionales, y que es el nuevo esquirol de nuestro continente para enfrentar el avance democrático y esperanzador de las izquierdas que gobiernan varios países en Latinoamérica, gobiernos que asumen el fracaso del neoliberalismo y buscan por diversas vías, alternativas de desarrollo sustentable para superar la miseria y destrucción que el neoliberalismo depredador ocasionó en sus países.
Las elecciones del 2 de julio definieron dos grandes bloques: 1) el dominante que se sustenta en los poderes fácticos de los grandes empresarios y la clase política gobernante, con sus alianzas y apoyos en los monopolios televisivos, la jerarquía religiosa y los grupos conservadores de extrema derecha; algunos de ellos en sospechosa complicidad con el crimen organizado y; 2) el bloque popular conformado por amplios sectores populares y de la clase media, entre ellos, muchos empresarios medios y pequeños, que se oponen a la continuidad del neoliberalismo. Es decir, hoy aparece claramente diferenciado el conflicto de intereses entre la derecha conservadora gobernante y la izquierda que se organiza para resistir y cambiar de rumbo al país.
El 31 de enero se dio la primera gran respuesta social y política en contra del alza de precios de la tortilla y productos básicos. A pesar de los intentos de impedir la unidad de acción entre el movimiento de resistencia civil obradorista y de las organizaciones sociales, se puso de manifiesto la causa común en defensa de la economía popular. No se pueden dejar de lado las diferencias que aparecieron en la jornada de protesta por un inadecuado procesamiento de la acción unitaria, por ello, es necesario empeñarse en trabajar por la unidad de todo el movimiento en la perspectiva estratégica de conformar el gran bloque popular como expresión amplia de la voluntad de las organizaciones sociales, políticas, civiles, ciudadanas y de individuos, que se organicen para enfrentar la estrategia represiva –que por cierto, no hará distingos entre las izquierdas, los partidos opositores y las organizaciones sociales- de un gobierno ilegítimo decidido a imponer una política económica neoliberal, de privatizaciones y de hambre, acompañado de la decisión de entregase completamente a las políticas económicas y de seguridad que menoscaba nuestra soberanía e independencia. Por eso, la unidad del PRD, y del movimiento social y político deber ser una permanente prioridad de todo el movimiento perredista.
La estrategia de la derecha gobernante frente al movimiento opositor y de resistencia se centra en evitar su unidad. Su interés es mantenernos divididos y separados, buscando con ello debilitar nuestra respuesta a sus decisiones de gobierno. Ante nuestro objetivo estratégico de transformar profundamente las instituciones de nuestro país y de evitar la consolidación del proyecto de la ultraderecha, es equivocado considerar contradictorias y excluyentes la lucha en el parlamento para alcanzar una transformación a fondo de nuestra república actualmente secuestrada por la corrupción, la impunidad, la pobreza y la entrega de la soberanía, con la movilización en las calles. La lucha política y electoral, no puede estar disociada de las luchas sociales y populares por las demandas reivindicativas. Favorecer y propiciar este falso dilema, debilita al campo popular y favorece a la derecha reaccionaria. Los grandes retos del partido son: 1) La Unidad del Movimiento Democrático, su ampliación y consolidación. En lo ideológico, debemos enraizar en la sociedad la lucha por un proyecto alternativo. En lo orgánico, debemos promover una estructura democrática, plural e incluyente en todos los niveles. Al igual que el PRD, la CND, y el FAP, el gobierno legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador deberá promover la formación de comités de base de la resistencia por todo el país. 2) Ante el objetivo de una reforma radical de las instituciones hacia una nueva República, y reconociendo que el Congreso de la Unión es mayoritariamente conservador, la fuerza de nuestra negociación está íntimamente vinculada a la fuerza de la movilización social y ciudadana, por ello, es fundamental fortalecer nuestros lazos con la sociedad civil organizada y movilizada, y 3) La unidad del partido, por eso, es necesario y urgente un acuerdo básico entre todas las expresiones internas para enfrentar, por un lado, la ofensiva divisionista de la derecha que actúa desde el gobierno y fuera de éste, y por el otro, para el cumplimiento cabal de las tareas políticas, electorales y sociales del partido.
En la reunión denominada Diálogo Nacional celebrado recientemente bajo los lemas "Para unir las resistencias contra la derecha neoliberal" y "por la Restitución de la Legalidad Constitucional", convergieron el más amplio espectro de fuerzas sociales y políticas, desde el Frente Amplio Progresista hasta las fuerzas de izquierda más radicalizadas del movimiento social. Este esfuerzo unitario representa un importante avance hacia la construcción del bloque popular al que hay que fortalecer y ampliar. Como resultado de la reunión se suscribió el Pacto Nacional por la Soberanía Popular y la Vigencia de la Constitución y un plan de acción inmediato que nuestro Consejo Nacional debe aprobar y asumir con firmeza. Destaca la marcha nacional del 8 de marzo por los derechos de la mujer, la educación pública y los salarios constitucionales; así como la Marcha del 1ro. de mayo y el Paro Nacional el dos de mayo.
Si se mantiene por este Consejo Nacional la decisión de realizar el Congreso Nacional del partido debemos convertirlo en un instrumento de definición de nuestra línea política, de la unidad y el fortalecimiento institucional de la vida del partido. Hacemos un llamado a erradicar las prácticas nocivas que nos alejan del verdadero espíritu democrático y de las aspiraciones del movimiento popular. Es necesario que el PRD prepare activamente su participación en la próxima reunión de la Convención Nacional Democrática a celebrarse del 21 al 24 de marzo en la ciudad de México, en el plano ideológico, programático y organizativo. Hay que hacer de la CND uno de los principales instrumentos en la conformación del Bloque Popular y de la lucha de resistencia.
En las próximas elecciones estatales, el partido debe orientar su estrategia a la acumulación de fuerzas de la resistencia para transformar nuestras instituciones, lo que significa no sólo crecer electoralmente sino también fortalecer en el plano político, ideológico y organizativo el proyecto alternativo de nación. En razón de ello, manifestamos ante este Consejo Nacional nuestro desacuerdo con la candidatura de la señora Ana Rosa Payan como candidata del FAP. Dicha posibilidad ha generado ya el rechazo de amplios sectores de la sociedad por su inconsistencia programática e ideológica y por contrariar la esencia de los intereses del movimiento democrático a nivel nacional.
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!
POR EL MOVIMIENTO CÍVICO
Mario Saucedo, Oscar Estrada, Humberto Zazueta, Marcela Nolasco, Guillermo Sánchez, Cintya Mazas, Eliana García, Juan Ulloa, Mario Vélez, Enrique Becerra, Esperanza Holguín, Leticia Burgos, Emilio Ulloa, José Jacques, Francisco Sánchez, Othón Cuevas, Alfredo López, José Julio Aquino, Saúl López Sollano, Armando Bailón, Armando Gaytán, Alfredo Jiménez, Francisco Saucedo, Deisy Castillo, Isauro Pool, Daniel Rosenberg, Juan Carlos Ruiz, Mauricio Contreras, Raúl Morón, Jaime Pica, José López, Facundo Ramírez, Antonio Barajas, Guadalupe Corona, René Zúñiga
Ciudad de México, 12 de febrero de 2007
