Con relación al fallecimiento de la señora Ernestina Ascensio Rosario, de 73 años de edad, sucedido el 26 de febrero pasado, en la comunidad de Tetlalzingo, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, con motivo de la violación tumultuaria de elementos castrenses, al parecer, pertenecientes al 63 Batallón de Infantería de la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, estamos obligados a dar seguimiento a este asunto y a denunciar la subordinación del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para con el ejecutivo, menospreciando la autonomía que el organismo debe tener.
¿Hasta dónde se tiene que gritar el azoro que produce este evento? ¿Por qué en este tipo de casos no llega la voz de las víctimas, de sus familias, de la comunidad, del gobierno municipal, del gobierno del estado, a los oídos de la Presidencia de la República?
Ya nos quedó claro que no importa quién habite Los Pinos, pues parece que allí simplemente hasta la más brutal, vil, abusiva e inverosímil, acción de violencia que sobre una persona puede haber --como es la violación de una anciana por elementos militares-- tiene carta de impunidad; ya hace mas de un mes que sucedieron estos atroces hechos y resulta que ni porqué se habló de la intervención de militares, se asombra el Ejecutivo Federal del asesinato de una mujer, y no sólo no se asombra, sino que con toda frivolidad y desdén afirma que la víctima “murió de gastritis”.
Resulta imperdonable que después de las investigaciones que fueron realizadas tanto organizaciones no gubernamentales como las correspondientes al gobierno municipal y del gobierno del estado, coinciden en que la señora Ernestina fue hallada todavía con vida por sus familiares en la comunidad de Tetlalzingo, con golpes en diversas partes del cuerpo y un daño grave en la cadera, fue trasladada al hospital regional de Río Blanco, donde falleció, según su certificado de muerte, como consecuencia de una infección en intestinos e hígado, y presentaba huellas de tortura y perforación del recto, fue el mismo comandante de la 26 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Sergio Arturo Aragón, quien acudió al domicilio de los deudos y les presentó a cuatro efectivos militares "que iban vestidos de civil y en calidad de detenidos”, por haber cometido esa atrocidad.
No obstante lo anterior, el 14 de marzo el Señor Felipe Calderón aseguró que la muerte de la indígena náhuatl fue a causa de una “gastritis mal atendida” y que no hubo violación de parte de los militares; esto aún y cuando Pedro Armendáriz, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y coordinador de los trabajos de exhumación y necropsia de esta mujer, reiteró después de la declaración de Felipe Calderón que sería en 20 días cuando se tuvieran los resultados, por lo que es imposible que Felipe Calderón los hubiera obtenido antes; lo que resulta mas indignante aún, que quién se dice Presidente de México “invente” o “fabrique” resultados para encubrir a elementos del Ejército Mexicano para que no se vea desacreditado.
Desde que se iniciaron las investigaciones del caso, se detectaron diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, PGJEV, indispensables para determinar las causas del fallecimiento, por ejemplo, se omitió durante la autopsia el estudio de algunos de los más importante órganos anatómicos, como son cráneo, vértebras cervicales, pulmones, corazón, hígado, estómago, asas intestinales y órganos sexuales, lo que llevó a asegurar indebidamente que la anciana falleció por “traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales, anemia aguda” La médico especialista en delitos sexuales de la PGJEV que realizó la revisión médica no tomó ni ordenó que se tomaran muestras para realizar estudios de laboratorio, indispensables para determinar la presencia de líquido seminal.
En virtud de que difiere la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, no sé quién va a creer que la Procuraduría de Justicia Militar pueda inculpar a elementos del Ejército por violación, es obvio que se evidenciaría una gran debilidad en las Fuerzas Armadas, en la disciplina militar, por lo que la Procuraduría de Justicia Militar que pertenece a la propia Secretaría de la Defensa Nacional, es casi imposible que inculpe por delitos contra la población a sus propios elementos encargados de cuidarla.
Es por todo lo anterior que no creemos que el Ministerio Público Militar pueda investigar de manera objetiva o real este caso, después de todos los datos aquí vertidos no nos vamos a conformar con las torpes e infames explicaciones que ha dado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Felipe Calderón.
Por lo anterior, exigiré a la Cámara de Diputados acuerde:
Exigir de manera urgente al titular formal del Gobierno de la República:
Primero.- Atraiga las averiguaciones previas que se encuentran radicadas en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y la Agencia del Ministerio Público Regional en Ciudad Mendoza, del Estado de Veracruz, bajo los números 140/07 y 471/07, respectivamente, abiertas con relación a la violación y muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario.
Segundo.- Informe qué tiene qué hacer el Ejército en comunidades de la República en las que no hay conflictos militares, desastres naturales, emergencias ni presencia del crimen organizado.
Tercero.- Se solicitará comparezcan inmediatamente ante esta Cámara los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que aclaren cada una de las dudas que han surgido en torno a este caso, así como que ha hecho la SEDENA ante el reclamo de los vecinos de la zona por la presencia militar y los hechos ocurridos el pasado 26 de febrero.
Suscriben los diputados de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo
