El presidente exige a trasnacionales dejar de oponerse a cambios y cumplir compromisos
Petroleras tienen sus días contados en Bolivia, advierte Evo Morales
Tomará “medidas radicales” si siguen usando en su contra a líderes sindicales o cívicos, afirma
Reunión el lunes de todas las fuerzas políticas para intentar salvar del fracaso a la Constituyente
Rosa Rojas (Corresponsal)
Hugo Chávez y Evo Morales dialogan en la planta acerera de Puerto Ordaz, el pasado domingo durante la visita del presidente boliviano a Venezuela Foto: Reuters
La Paz, 14 de septiembre. El presidente boliviano, Evo Morales, advirtió a algunas trasnacionales petroleras, “con mucha dignidad, fuerza y valentía”, que no cederá a los “chantajes” y que “si continúan utilizando a dirigentes, ya sean sindicales o cívicos, para oponerse a los cambios y evitar cumplir sus compromisos, tienen su tiempo limitado en el país”.
Al hablar anoche durante la sesión de honor del Concejo Municipal de Cochabamba por el 197 aniversario del grito libertario dado en esa ciudad, no identificó a las trasnacionales aludidas, pero apuntó que de continuar con ese tipo de actividades asumirá “medidas radicales” en su contra.
“No tengo miedo”, apuntó al referirse a las medidas que podría dictar su gobierno contra las petroleras que financian las movilizaciones para generar un ambiente de confrontación en el país.
Añadió que “Bolivia, por más que sea un país pobre, tiene la obligación de hacer respetar las normas y su dignidad”.
Ésta es la segunda ocasión, en menos de un mes, en que Morales o altos funcionarios advierten de la injerencia externa de las trasnacionales en asuntos bolivianos.
El gobierno enfrenta diversos movimientos sociales que están trabando algunos de sus principales proyectos, como refundar el país mediante la Asamblea Constituyente, la cual está paralizada desde hace un mes por la demanda de capitalidad plena para Sucre (el traslado a esa ciudad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con sede actual en La Paz), cuya directiva acordó un receso de otro mes, hasta el 8 de octubre, a raíz de los conflictos y la violencia desatada en Sucre por este asunto.
Prefecto retira renuncia
A raíz de esos problemas, el prefecto (gobernador) del departamento de Chuquisaca, David Sánchez, aliado del partido Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, presentó su renuncia.
Morales no la aceptó y le pidió que reconsiderara, debido a que Sánchez fue electo por voto popular. Esta tarde el prefecto retiró su renuncia, gesto que el mandatario saludó reconociendo la honestidad y capacidad de trabajo del reincorporado dirigente chuquisaqueño.
Además, Morales subrayó que su gobierno continuará apostando por el diálogo en la resolución del “conflicto birregional” Chuquisaca-La Paz, por la capitalidad.
En rueda de prensa, el mandatario insistió en que el gobierno nacional hará lo que decidan los dos departamentos una vez que se pongan de acuerdo para resolver ese conflicto, que tiene sus raíces históricas en el siglo XIX.
Subrayó que varias veces el gobierno buscó que hubiera diálogo para resolver la controversia, pero no fue posible, y aseveró que es muy “sospechoso” que algunos dirigentes cívicos entraran en ese tema de la capitalidad, que “a partir de ese momento se convierte en tema netamente político”.
El próximo lunes, en La Paz se realizará un diálogo en que participarán el gobierno y todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y en la Constituyente, para buscar salvar a esta instancia de un inminente fracaso.
Paralelamente, ese día se reunirán en Santa Cruz los dirigentes del Comité Interinstitucional de Chuquisaca con el cardenal Julio Terrazas Sandoval, a quien han solicitado mediar en el conflicto.
En su discurso en Cochabamba, Morales dijo que está cumpliendo los compromisos que hizo en su campaña electoral y citó como ejemplo la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación por parte del Estado de las refinerías que estaban en manos de la brasileña Petrobras.
Mencionó que cuando dichas plantas estaban en poder de Petrobras, refinaban 22 mil 800 barriles por día. Sin embargo, a dos meses de haber pasado a manos del Estado boliviano, se refinan 25 mil 400 barriles por día, es decir, 2 mil 600 más.
En otro orden de cosas, los cinco magistrados del Tribunal Constitucional recibieron la notificación de que hay tres nuevas solicitudes de juicio de responsabilidades en su contra por la presunta comisión de “prevaricato”, presentadas ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados.
Recién la semana pasada cuatro de esos magistrados fueron reinstalados en su cargo luego de que el Senado los absolviera de una acusación similar, promovida por el gobierno de Morales.
René Martínez, presidente del Comité del Ministerio Público, afirmó que en estos nuevos casos el Ejecutivo “nada tiene que ver”, sino que los afectados son la Prefectura de Potosí y dos ciudadanos de la ciudad de Cochabamba.
Desde Washington, mientras tanto, la agencia Reuters informó que fuentes del gobierno estadunidense que pidieron el anonimato aseguraron que Washington prevé la eliminación de sanciones contra La Paz derivadas del combate a la producción y tráfico de drogas.
Según la versión, Estados Unidos constató que Bolivia hizo lo suficiente para no ser incluida en la lista de países que han “fallado manifiestamente” en el cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en acuerdos internacionales antinarcóticos.
La decisión será divulgada oficialmente el próximo lunes. Si Bolivia estuviera en la lista, Estados Unidos podría cortar la cooperación para combatir el narcotráfico, así como los fondos destinados para otros rubros.
En fechas recientes, funcionarios del gobierno de Bolivia, incluido el vicepresidente Alvaro Linera, denunciaron que la cooperación de Estados Unidos destinada al renglón “humanitario” ha sido empleada para patrocinar a grupos opositores al gobierno de Evo Morales, particularmente a las llamadas organizaciones cívicas que rechazan la redacción de una nueva Constitución.
