MOVIMIENTO 19 DE ABRIL (M-19)

M-19 es una abreviatura de Movimiento 19 de Abril. Inicialmente fue un movimiento insurgente colombiano que empleaba tácticas de guerrilla urbana, especialmente golpes de opinión, y posteriormente ante su desmovilización se convirtió en un movimiento político de izquierda que desapareció. Hoy día sus más influyentes militantes vivos participan en otros movimientos políticos.

Tabla de contenidos [ocultar] 1 Antecedentes 2 Historia 3 Desmovilización 4 Actualidad

Antecedentes [editar]

El 13 de junio de 1953, el General Gustavo Rojas Pinilla propinó al gobierno conservador de Laureano Gómez el único golpe de estado que tuvo éxito en el siglo XX en Colombia. Debido al notorio deterioro del orden público este golpe era considerado como inminente por las clases gobernantes del momento. Tras muchas vicisitudes, Rojas renunció al poder el 10 de mayo de 1957 y se instauró una junta militar como gobierno de transición. Los dos partidos políticos dominantes (liberal y conservador) crearon una coalición llamada Frente Nacional con la idea de terminar con la violencia bipartidista que azotaba al país. De esta manera, también pretendían garantizar su alternancia en el poder y el reparto de los cargos burocráticos por partes iguales.

Tras renunciar, Rojas viajó a República Dominicana y allí recibió asilo político de parte del gobierno del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Regresó a Colombia en 1962 y fundó la ANAPO (Alianza Nacional Popular), movimiento político con el cual se presentó a las elecciones de ese año en las que obtuvo el cuarto lugar. En 1966 el candidato de la ANAPO fue José Jaramillo Giraldo.

En 1970 Rojas se había transformado en un caudillo populista con gran arraigo entre la población colombiana y se presentó a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, enfrentándose al candidato del Frente Nacional Misael Pastrana Borrero. Las elecciones resultaron bastante reñidas y el resultado oficial fue de 1.625.025 votos por Pastrana y 1.561.468 votos por Rojas. De esta manera la Corte Electoral proclamó a Pastrana como presidente para el periodo 1970-1974, aunque las denuncias por fraude no se hicieron esperar ante la interrupción del escrutinio total que se postergó hasta el día siguiente el conteo final, cuando la la victoria que para Gustavo Rojas Pinilla parecía segura, pasó a ser de Misael Pastrana.

Rojas y sus partidarios siempre acusaron de fraudulentas estas elecciones y muchos testimonios de personas prestantes dentro de la política y las fuerzas armadas de la época parecen dar visos de verdad a dicho reclamo.

Historia [editar]

Como consecuencia de un supuesto fraude electoral, en 1974 Jaime Bateman, Alvaro Fayad, Ivan Marino Ospina, Lucho Otero, (exmilitantes de las FARC), y otros como Carlos Toledo Plata (representante del ala socialista de la ANAPO) e Israel Santamaría, conformaron el M-19. Este grupo que desde el comienzo realizó actividades bastante notables y dignas de un despliegue noticioso, como el robo de la espada de Simón Bolívar en la toma de la Quinta de Bolívar realizada el 17 de enero de 1974 proclamando Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Su consigna de combate era Con el pueblo, con las armas, al poder.

En febrero de 1976 secuestraron al dirigente sindical José Raquel Mercado, quien era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y el 19 de abril de 1976 le dieron muerte en un hecho que conmocionó al país.

Durante el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) realizaron varios hechos notables:

• Desde una residencia construyeron un túnel de más de 80 metros que salía a una guarnición militar conocida como Cantón Norte en Usaquén, una localidad al norte de Bogotá, y el 31 de diciembre de 1978 sustrajeron más de cinco mil armas. Este hecho provocó una ola de represión por parte de las autoridades gubernamentales, dentro de la cual muchas personas fueron torturadas en los establecimientos militares.

• El 27 de febrero de 1980 un grupo de doce guerrilleros del M-19 al mando de Rosemberg Pabón, quien recibía el nombre de Comandante Uno y de Lucho Otero quien dirigió la toma intelectualmente, tomaron la Embajada de la República Dominicana mientras se celebraba una recepción diplomática con objeto de conmemorar la fiesta nacional de ese país. Entre los rehenes habían representantes diplomáticos de varios países, incluyendo al embajador de Estados Unidos Diego Ascencio y el Nuncio Apostólico. El M-19 pedía la liberación de cerca de 320 de sus hombres que se encontraban prisioneros y una cantidad elevada de dinero para liberar a los rehenes, después de 61 días y luego de un prolongado proceso de negociación, el comando guerrillero entregó los diplomáticos retenidos y viajó en un avión a Cuba. En el año 2000, Ciro Durán realizó una película que muestra apartes de esta toma guerrillera.

Como consecuencia de la acción represiva contra sus células en las ciudades, el M-19 limitó su carácter urbano y se replegó a las montañas, pero este era un campo que no conocían y sufrieron varios reveses.

Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), Bateman por entonces dirigente máximo del M-19, propuso al gobierno celebrar una reunión en Panamá con el propósito de adelantar diálogos que permitieran solucionar el conflicto. Sin embargo, Bateman murió el 28 de abril de 1983 en un accidente de aviación, al parecer mientras se dirigía a Panamá y las negociaciones se suspendieron.

En 1985 el M-19 asociado con varios grupos guerrilleros en la llamada Coordinadora Nacional guerrillera, llevan a cabo la mayor masacre de toda la historia colombiana: 186 jovenes (hombres y mujeres) son brutalmente torturadas y posteriormente asesinados por los guerrilleros Jose fedor Rey alias "Javier delgado" y Hernando Pizarro Leongomez alias "pescado" ( hermano del comandante del M-19 Carlos Pizarro Leongomez)

En 1985 el M-19 protagonizó su acción más sonada, la toma del Palacio de Justicia, hecho que aún hoy día continúa dividiendo la opinión pública. El día 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 compuesto por 35 guerrilleros al mando de los comandantes Andrés Almarales y Lucho Otero, ocuparon militarmente el Palacio de Justicia en plena Plaza de Bolívar en Bogotá, tomando rehenes y exigiendo que se citase al Presidente a juicio. La subsecuente reacción del ejército provocó una confrontación armada, en medio de la cual cayeron la mayoría de los miembros del comando guerrillero y -según los cálculos oficiales- otras 53 personas civiles, incluyendo a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debido al fuego cruzado indiscriminado entre las partes como consecuencia de la acción militar, en lo que podría considerarse como una masacre. Los hechos que ocurrieron en esas horas aciagas para la historia de Colombia, continúan sin ser esclarecidos totalmente ya que de una y otra parte se siguen lanzando acusaciones de tanto en tanto.

Los miembros del M-19 han dicho en varias oportunidades que el ejército deliberadamente sacrificó a muchas personas, mientras que el ejército y otros sectores de la política nacional consideran que ante las pretensiones declaradas por el M-19 durante la toma no era posible negociar una salida que no condujese a una humillación estatal. Algunas veces también se ha argumentado que personal del edificio como Andrés Almarales supuestamente habría sido sacado vivo del Palacio de Justicia por miembros de las Fuerzas Armadas y luego habría sido reintroducido al mismo y presentado como muerto en combate, después de haber muerto como consecuencia de recibir un disparo en la cabeza a contacto.

Según algunos de los críticos, entre los que se cuentan varios de los familiares de las víctimas de la fallida toma del Palacio de Justicia y Álvaro Uribe, el M-19 contó con el apoyo de las mafias del narcotráfico para ejecutar tal operación. Dentro de ese marco, la toma del Palacio la habría provocado la necesidad de destruir los expedientes de algunos narcotraficantes. Dichas acusaciones no han sido comprobadas y, judicialmente, una investigación de la época concluyó que no se había presentado tal relación en esa operación.

En este tiempo conformaron la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) en asocio con el Comando Ricardo Franco Frente-Sur y el Movimiento Armado Quintín Lamé, en 1987 esta Coordinadora se reestructuró, añadiéndose las FARC, el EPL y el ELN y se dio a conocer como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). El propósito de esta Coordinadora era presentar un frente unido en las negociaciones de paz emprendidas con el gobierno y además realizar acciones militares conjuntas.

Desmovilización [editar]

En el proceso de negociaciones de paz durante el mandato del presidente Virgilio Barco Vargas, el grupo guerrillero había hecho énfasis insistentemente en que uno de los principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la constitución la cual hasta entonces no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. Ante la negativa del gobierno de hacer una consulta popular que autorizara el cambio constitucional incluyendo una opción en las papeletas para las votaciones generales del 11 de Marzo de 1990, los estudiantes, en particular los de las universidades, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una "Séptima Papeleta" ordenándole al ejecutivo que conformara una Asamblea Nacional Constituyente.

El 8 de marzo de 1990 realizaron la entrega de armas en su campamento de Santo Domingo liderados por su entonces comandante máximo Carlos Pizarro León-Gómez y se desmovilizaron para convertirse en grupo político que se conoció como Alianza Democrática M-19.

Para la contienda electoral de 1990 tenían como candidato a la presidencia a Carlos Pizarro, pero este fue asesinado el 26 de abril de 1990 dentro de un avión en pleno vuelo, al parecer por sicarios a órdenes de las mafias del narcotráfico. En su remplazo se presentó Antonio Navarro Wolf logrando el tercer lugar detrás de César Gaviria Trujillo y Álvaro Gómez Hurtado con 739.320 votos y superando al candidato del partido conservador Rodrigo Lloreda.

Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se presentaron a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y obtuvieron 19 puestos logrando la votación más alta que grupo alguno tuviera para dicho estamento, convocado con objeto de redactar la Constitución de 1991. Antonio Navarro logró ser uno de los tres presidentes de la Asamblea.

Antonio Navarro fue ministro de Salud durante el gobierno de César Gaviria y ha continuado siendo figura relevante de la política del país, como alcalde de la ciudad de Pasto, Representante a la Cámara, Senador, pre-candidato presidencial y Secretario general del Polo Democrático Alternativo.

Actualidad [editar]

El M-19 ya no existe formalmente como movimiento militar o político particular; sin embargo, su pensamiento y proceso sigue latente dentro de las instituciones universitarias estatales del país.^{[cita requerida]} Varios de sus antiguos miembros hacen parte de la coalición de izquierda conocida como el Polo Democrático Alternativo, mientras que otros como Ever Bustamante, Rosemberg Pabón y Luis Alberto Gil han acompañado al gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En la comunidad universitaria, y muy especialmente dentro de la Universidad Nacional de Colombia existen numerosos grupos que reinvindican los hechos y personajes que motivaron a lo largo de la década de los setentas y ochentas el actuar armado del M-19. Ahora bajo las banderas de la democracia, el movimiento ha tomado un nuevo rumbo que se evidencia en sus consignas; ¡Con el pueblo, con las ideas, al poder! es la nueva formula de la vieja consigna ¡Con el pueblo, con las armas, al poder!^{[cita requerida]}

10 de Septiembre de 2007

El señor Petro

Por: Iván Márquez / Integrante del Secretariado de las FARC

Comandante Iván Márquez

En abierto apoyo al Plan Patriota del South Command de los Estados Unidos, dispara contra las FARC desde su fatua trinchera un desatinado francotirador, desmovilizado del M-19, de nombre Gustavo Petro.

Y esos disparos no vienen del Polo; estamos seguros.

Luego de sus raros debates contra la narco-para-política en el Senado, en los que sospechosamente exculpaba al cabecilla de esa vergüenza nacional -el presidente Uribe- con consejitos de que depurara su entorno, ahora anuncia con bombos y platillos un debate contra las FARC, dizque para desenmascarar los nexos de los políticos con la guerrilla.

Es obvio que las espectaculares confesiones de los propios capos narco-paramilitares lo han dejado sin oficio, y es probable que añore el humo de su propio incienso de aquellos debates.

Petro es de esos arrepentidos que hoy llaman guerra al terrorismo de los fuertes y terrorismo a la respuesta de los débiles. Pareciera avergonzado de la lucha de Bateman y de Iván Marino.

Seguramente considera insuficiente el exterminio físico de la Unión Patriótica con sus 5 mil dirigentes y militantes muertos por el terrorismo de Estado. O las masacres y fosas comunes y el desplazamiento forzoso de la población como criminal estrategia contrainsurgente del Estado. O los más de 150 mil ciudadanos encarcelados por Uribe acusados de nexos con la guerrilla. O tal vez quiera reforzar el delito de opinión, miserable bandera de la política de Seguridad Democrática de los gringos.

No. No lo queremos ver como uno de ese millón de sapos del programa fascista de Uribe, como sugieren algunos, pero creemos entender hacia donde se dirigen los tiros del señor Petro. Lo menos que se puede pensar es que esté buscando tender una densa cortina de humo al escándalo de la narco-para-política que clama en medio de la más profunda crisis institucional la renuncia del gobierno Uribe por ilegítimo e ilegal. Y que esté colocando la primera piedra de marketing para vender su candidatura a Walt Street y a las oligarquías.

Por todos es sabido que la derecha neoliberal en el continente anda de capa caída, desprestigiada, y por eso se ha dado a la tarea de cooptar como comodines o testaferros a dirigentes oportunistas de izquierda para seguir gobernando a través de ellos, para seguir engañando y de paso desactivar y llenar de nuevas frustraciones el anhelo de cambio y de vida digna que mueve a los pueblos de Nuestra América.

A una organización política militar alzada contra el Estado, que no la ha acallado ni el fuego del Plan Patriota, no le va a impedir nadie que emita opiniones políticas, que busque construir y proponer alternativas de nuevo gobierno por la vía de un gran Pacto Social, o por la vía de las armas y la insurrección popular. Todo el mundo sabe que sin la inclusión de la insurgencia no es posible ninguna solución duradera al conflicto social y armado que vive Colombia. Sólo la derecha desearía una alternativa política de cambio sin la guerrilla, porque sabe que una alternativa así es fácil de someter.

Desde hace rato Petro anda asperjando por ahí verdaderas estupideces en torno a las FARC. No podemos sentir celo frente a la admirable labor de tanto líder democrático y revolucionario que hay en el Polo. Lo que sí tenemos es recelo frente a personajes como Petro, a quien nunca le hemos escuchado el primer debate de cuestionamiento a las políticas de recolonización neoliberal del imperio. Y también admitimos que no tenemos ninguna afinidad con la “sapientísima” valoración que hace de lo que es la ignorancia. Nos basta saber que no traicionaremos la esperanza del pueblo.

Montañas de Colombia, septiembre 8 de 2007

Su tarea era custodiar la frontera entre Berlín Oriental y el sector occidental Foto: archivo

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Alemania: Órdenes para matar
francisco olaso Berlín, 10 de septiembre (apro).- En el verano de 1961, Conrad Schuhmann tenía 19 años y era soldado en la República Democrática Alemana (RDA). Su tarea era custodiar la frontera entre Berlín Oriental y el sector occidental, a cargo de la fuerza de ocupación francesa. Para ese entonces 2.7 millones de alemanes orientales ya habían abandonado el país; pero todo cambió la noche del 12 al 13 de agosto de 1961: En un gigantesco operativo, la RDA cerró los pasos fronterizos de la ciudad, y comenzó a erigirse el muro que dividiría la ciudad durante más de 28 años.

El 15 de agosto, el paso fronterizo bajo la custodia de Schuhmann seguía siendo sólo un cerco alambrado. Después de mirar en todas direcciones, emprendió la carrera y saltó sobre la cerca. Su imagen con el casco puesto y el fusil a punto de ser arrojado apareció en la prensa occidental a partir del día siguiente.

Para los detractores del modelo socialista, la foto constituía un testimonio incontestable. Para las autoridades de la RDA, la fuga de sus ciudadanos significaba una catástrofe económica y evidenciaba la desconfianza en el sistema. La deserción de los guardias fronterizos era aún más grave. Por eso se extremaron las medidas.

“Para evitar cualquier intento de deserción de efectivos (para huir) por la frontera, se hace necesario que usted reconozca previamente y luego frustre la estrategia del traidor (...) En caso de necesidad, debe usted usar el arma de fuego de manera consecuente para detener al traidor o bien liquidarlo”, establece un documento secreto de la Stasi, la policía secreta de la RDA, que ha causado un gran revuelo en Alemania desde su aparición, el pasado 11 de agosto.

El escrito, titulado Orden: Evitar las deserciones, data de 1973 y está dirigido a una unidad de la Stasi denominada Defensa Externa, responsable de infiltrar las propias fuerzas militares dedicadas al control fronterizo para abortar cualquier intento de fuga.

El testimonio contradice las declaraciones de los más altos dirigentes de la RDA, quienes desde su caída en desgracia niegan haber aprobado ese tipo de órdenes para agentes de la Stasi o guardias fronterizos.

El documento de siete páginas fue recibido por el sargento de la Stasi, Manfred L., de manos de su superior, el teniente Eberhard Starke, cuando el primero se encontraba infiltrado en un regimiento de frontera de la RDA.

Defensa Externa, la unidad de la Stasi a la que ambos pertenecían, se encargaba de la “solución de tareas específicas”, eufemismo que, en la jerga de la policía secreta, significaba asesinatos por encargo, secuestros y otras operaciones ilegales. Los ejecutores, tales como Manfred L., eran llamados “combatientes solitarios”.

Los muertos del Muro

El documento fue encontrado en la delegación de la Oficina Federal de Actas de la Stasi de Magdeburgo. Otro escrito similar, que data de 1974, fue publicado en 1997 por el investigador Helmut Müller-Enbergs, pero muchos expertos lo pasaron por alto, incluida Marianne Birthler, responsable de la Oficina Federal de Actas de la Stasi.

En realidad la “orden de disparar” que ahora domina el debate ya había sido comprobada en las investigaciones de un proceso judicial. Entre 2000 y 2003, un tribunal berlinés investigó la muerte de Michael Gartenschläger, ocurrida en mayo de 1976.

Gartenschläger había pasado 10 años detenido en la RDA por participar en las protestas contra la construcción del Muro. En 1971, la República Federal de Alemania compró su libertad en 40 mil marcos. Ya en el Oeste, Gartenschläger contribuyó a la fuga de 31 ciudadanos germano-orientales. La noche del 1 de mayo de 1976, organizó un operativo para desactivar una mina colocada en la línea fronteriza. Como la Stasi estaba al tanto de su plan, fue asesinado por agentes de Defensa Extrema.

El tribunal berlinés condenó a una pena de prisión a Wolfgang Singer, el teniente de la Stasi a cargo del comando que ejecutó la orden. Sin embargo, Singer quedó finalmente libre porque el delito había prescrito. Sus superiores, Helmut Heckel y Karl Kleinjung, quienes habrían impartido la orden, fueron absueltos por falta de pruebas.

Mujeres y niños

“Es su obligación usar sus habilidades tácticas de combatiente solitario a fin de quebrar las intenciones del contraventor de fronteras, detenerlo o bien liquidarlo, y de este modo abortar su plan de violación de la frontera”, advierte el apartado 2 del documento.

“No dude en usar su arma de fuego, incluso si en el intento de fuga participan mujeres y niños, táctica que los traidores ya han utilizado con frecuencia”, agrega el texto.

Las órdenes se dirigían específicamente contra los guardias fronterizos, de cuyas filas desertaron 2 mil 800 elementos que se refugiaron en el Oeste.

Como nunca se había encontrado un escrito oficial del gobierno de la RDA que contuviera la orden de disparar, en general, contra cualquier ciudadano que pretendiera escapar del país, los antiguos dirigentes de la República Democrática Alemana siempre habían asegurado que no fue emitida una instrucción de esa naturaleza, aunque hasta la caída del Muro, en 1989, unas mil 200 personas habían muerto en la frontera, incluyendo niños.

En marzo de 1966, Jörg Hartmann y Lothar Schleusener tenían 10 y 13 años, respectivamente. Jörg vivía con su abuela en Berlín Oriental. Su padre vivía del otro lado, en Berlín Occidental. Los niños discutieron el plan. No podía ser difícil. Simplemente había que arrastrarse por un caño de desagüe y emerger del otro lado del Muro. Los guardias de frontera abrieron fuego y los mataron. Los cadáveres de los niños fueron cremados en secreto, y a las familias se les dijo que habían muerto en sendos accidentes.

El uso de armas de fuego contra niños estaba expresamente prohibido por las leyes de la RDA, sin embargo, los dos guardias que los acribillaron, Siegfrid B. Y Paul P., fueron condecorados. En 1969, el futuro jefe de Estado de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, entonces secretario del Consejo Nacional de Defensa, sostuvo la necesidad de usar armas para impedir las fugas; y dijo que quienes las emplearan exitosamente serían dignos de elogio.

El Muro de Berlín constaba en realidad de dos muros, con una franja entre ambos, conocida como franja de la muerte. El 25 de diciembre de 1983, los hermanos Silvio y Carlo Proksch decidieron cruzarla. Supusieron que ese día de Navidad las guardias serían menos estrictas. El anochecer se presentó propicio: llovía y había bruma. Cuando Silvio trepó la escalera y saltó el primer muro, sonaron las alarmas y se encendieron los reflectores. Su hermano, todavía del lado oriental, oyó que los guardias gritaban: “¡Alto! ¡Quieto ahí!”. De inmediato sonaron los disparos. Como no volvió a escuchar la voz de Silvio, su hermano dedujo que lo habían alcanzado.

Pudo escapar y, ya de vuelta en casa, relató a sus padres y hermanos lo ocurrido. El temor se apoderó de la familia. Pasaron varios días antes de atreverse a denunciar la desaparición de Silvio. Padres y hermanos fueron interrogados durante horas por agentes de la Stasi, que presionaban en busca de mayor información, y les decían que ninguna persona con ese nombre figuraba como muerta y que esa noche nadie había cruzado ilegalmente la frontera.

La familia sólo pudo conocer la verdad en 1990, tras la caída del Muro: las balas habían penetrado en el vientre de Silvio Poksch. Murió desangrado. Tenía 21 años. El cadáver fue retirado de la morgue por la Stasi y desapareció sin dejar huellas.

Impunidad

La fiscalía de Magdeburgo piensa abrir una investigación sobre el caso del combatiente solitario Manfred L., aunque en todas las indagatorias y procesos judiciales relacionados con el tema ha imperado la impunidad. Sólo seis comandantes de las tropas fronterizas de la RDA fueron condenados, en 1996, a la reclusión carcelaria.

El jefe de la fuerza, Klaus-Dieter Baumgarten, fue indultado por el Senado berlinés cuatro años más tarde, y de los soldados a su cargo únicamente dos cumplieron penas de prisión, mientras que a otros 77, igualmente condenados, se les permutó la pena por un régimen de libertad vigilada. En 1989, la Stasi contaba con 91 mil agentes de carrera y 173 mil colaboradores no oficiales. Solamente su jefe, Erich Mielke, fue sentenciado en 1993 a seis años de prisión, pero por un delito previo.

Desde la Oficina Federal de Actas de la Stasi, su titular, Marianne Birthler, manifiesta que la aparición del documento en cuestión demuestra la necesidad de que se siga investigando. El organismo es muy cuestionado, por tener todavía entre sus empleados a antiguos colaboradores de la Stasi, y por no abrir las actas a los investigadores particulares.

“En la RDA había orden de eliminar a las personas que intentaran violar la frontera, cuando esto no se podía evitar de otra manera”, comenta Christof Schaefgen, quien fue fiscal de los procesos que se siguieron contra Erich Honecker a partir de 1990.

No le extraña la ausencia de órdenes escritas por parte del gobierno para tirar a matar. “Ningún régimen describe sus procedimientos de manera clara cuando sabe que comete un delito”, dice. “Pero cuando mujeres y niños son muertos en la frontera, y a los culpables no se los acusa, sino que se los condecora, está muy claro cuál es la orden que rige de hecho.”

LOS AMERICANOS SON UNOS ESTUPIDOS

Gobiernos federal y del DF sortean enfrentamiento tras siete horas de negociación

Con vivas a los desaparecidos políticos, Rosario Ibarra da el Grito de los libres

Miles de personas optan por abandonar el Zócalo para no escuchar a Felipe Calderón

Jaime Avilés

Miles de integrantes de la CND permanecieron en el Zócalo durante todo el día y se retiraron casi a las 22 horas Foto: Víctor Camacho

A una propuesta de Jesusa Rodríguez, después de votarla a mano alzada, decenas de miles de personas abandonaron el Zócalo anoche apenas concluyó la ceremonia del Grito de los libres. Fue el final de una larga y tortuosa jornada que empezó el viernes a las dos de la tarde, pero tuvo momentos de alta tensión poco antes del amanecer del sábado.

Siete horas de negociación entre representantes de los gobiernos federal y capitalino produjeron un acuerdo para poner fin a la guerra de los equipos de sonido que había ensordecido a la multitud desde las dos de la tarde. Sin embargo, el pacto fue roto pasadas las nueve de la noche por la gente de Palacio Nacional, que subió al máximo el volumen de sus poderosas bocinas para tratar de sofocar las palabras que desde el templete ubicado ante el hotel Majestic tachaban a Felipe Calderón de “espurio”, “pelele” y “ratero”.

Lo convenido era que el Grito de los libres se desarrollaría sin obstáculos de nueve a 10 de la noche, y que de 10 a 11 la plaza quedaría a disposición del gobierno federal, culminando con el otro Grito, tras el cual ambos bandos ocuparían el cielo con sus artificios de pirotecnia.

Pero la historia viene de mucho más atrás. El Estado Mayor Presidencial ocupó la cuarta parte del Zócalo ante la fachada de Palacio Nacional desde el viernes de la semana anterior. A lo largo de ocho días hubo un forcejeo permanente entre los custodios de esa frontera y de los usuarios y expositores de una feria artesanal organizada por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, que ocupaba el resto de la plancha.

El temor de los militantes de la Convención Nacional Democrática (CND) era que la noche de anteayer viernes el EMP intentara adueñarse de toda la Plaza Mayor, por lo que desde las dos de la tarde de ese día aparecieron dos docenas de tiendas de campaña ante las rejas de la absurda línea Maginot.

Durante la noche los refuerzos se multiplicaron en la medida que la Policía Federal Preventiva (PFP) y los soldados incrementaran su presencia dentro y delante del palacio, todo ello mientras en una y otra orilla de la plaza eran edificados los escenarios para las respectivas ceremonias.

Duelo de bocinas

Para el grito de Felipe Calderón, la firma OCESA trajo el equipo de sonido considerado más potente de América Latina, que colgó en impresionantes torres de bafles desde las plumas de media docena de grúas. Las pruebas de audio efectuadas el viernes por la noche barrían toda la superficie del Zócalo y no le permitían a la gente ni siquiera hablar.

Ante esto, Marcelo Ebrard sacó la casta y mandó traer dos equipos de sonido que en conjunto superaron por algunos cuantos decibeles al de OCESA, cosa que irritó sobremanera al Estado Mayor Presidencial.

Tanto así, que el sábado a las cuatro de la mañana contingentes de la PFP armados con escudos, toletes, cascos, rodilleras y hombreras, como si fueran a una gesta en defensa de Ulises Ruiz, rodearon súbitamente las torres de sonido del GDF, lo que hizo salir de sus tiendas de campaña y sarapes a cerca de mil 500 militantes de la CND que de inmediato se subieron al escenario colocado ante el hotel Majestic y se dispusieron a defenderlo con sus cuerpos, mientras mensajes de teléfono celular daban aviso a los blogs de la Resistencia Civil Pacífica, que a su vez comenzaron a emitir llamados a que toda la gente que pudiera se dirigiera en ese momento al Zócalo “para defender la plaza, desde adentro o desde afuera” como lo pidió, por ejemplo, el del Sendero del Peje.

Entonces la intervención de los granaderos de la policía capitalina se desplegó a prudente distancia, lo que obligó a los de la PFP a replegarse a Palacio Nacional poco después de las cinco de la mañana. Pero entonces vino la contraofensiva. Alrededor de las siete, como en un extraño juego de ajedrez, el GDF adelantó seis grúas con sus respectivas torres de bocinas hasta el centro de la plaza, alineadas a la izquierda y a la derecha del astabandera y a pocos metros de las torres de altavoces de OCESA, lo que produjo una imagen de batalla medieval, sólo que en lugar de catapultas las armas apuntadas frente a frente eran grúas con bocinas.

Tres horas después, los de la PFP regresaron al Zócalo y rodearon las grúas capitalinas, lo que revelaba profunda indignación de los calderónicos que habían perdido su ventaja tecnológica debido al movimiento estratégico del adversario. Esto puso en alerta de nuevo a la CND, cuyos militantes temieron que los del bando opuesto trataran de cortar los cables o echaran a perder con cubetazos de agua los sistemas electrónicos de las bocinas de vanguardia.

Pero de nuevo la calma se restableció en breve, para dar paso a lo que sería una verdadera tortura para miles y miles de personas durante las horas siguientes, cuando ambos equipos de sonido se enfrascaron en un duelo de músicas y discursos que por momentos era sin duda alguna enloquecedor, pero como no podía ser de otra manera, le deparó ganancias adicionales a Carlos Slim, porque las farmacias de los Sanborns aledaños hicieron su agosto en septiembre vendiendo tapones para los oídos.

En ese contexto comenzó una negociación entre representantes de los dos mariscales de campo, que se prolongó desde las dos de la tarde hasta las ocho y media de la noche, cuando convinieron que el Grito de los libres silenciaría las bocinas de Calderón de nueve a diez de la noche.

Entonces, en una jugada imprevista, Jesusa Rodríguez, Froylán Yescas, Rafael Hernández, Ricardo Ruiz y los integrantes del “gabinete legítimo” de Andrés Manuel López Obrador ocuparon el escenario del GDF e iniciaron la ceremonia del Grito de los libres, con consignas de apoyo a Andrés Manuel y lluvias de epítetos negativos contra Calderón. Éste demostró que no era capaz de aguantar que le gritaran “pelele”, “espurio” y “ratero”, a lo que respondió mandando al escenario a una muchacha de aspecto típicamente panista, con cara y voz de vinagrillo, lo más parecido a Gabriela Cuevas, quien sirviéndose de toda la potencia de las bocinas de OCESA disparó sobre el Zócalo sus horripilantes notas canoras, con lo que la batalla del ruido que se había verificado en la tarde se reanudó, pero esta vez con el Zócalo repleto de poco menos de 100 mil personas que quedaron atrapadas entre dos fuegos, la mayoría de las cuales sin embargo se esforzaba por contrarrestar las vociferaciones de la panista, coreando a todo pulmón el segundo apellido de López Obrador, mientras Jesusa desde el templete del hotel Majestic se desgañitaba recordando al público que Calderón no había atraído al Zócalo a nadie que tuviera ganas de apoyarlo, y que detrás de las vallas había 5 mil aspirantes a la Policía Federal Preventiva, a quienes para hacer méritos el gobierno federal los citó en el Zócalo desde las seis de la mañana.

En punto de las 9:45 de la noche, tal como había quedado establecido en el acuerdo que Calderón rompió, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, designada por la CND, pronunció la arenga del Grito de los libres, y fue en ese único instante cuando la esperpéntica música panista desde el otro lado de la plaza desapareció.

“¡Vivan los héroes que iniciaron la lucha por darnos patria y libertad!”, exclamó la vieja e invencible luchadora regiomontana, antes de pedir vivas para Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos, Leona Vicario y, subrayadamente, “los presos y desaparecidos políticos que dieron todo por la libertad de este país”, palabras que cerraron de emoción la garganta de miles, pues en ellas estaba implícito el recuerdo del joven guerrillero Jesús Piedra Ibarra, secuestrado en 1975 por el gobierno de Luis Echeverría.

Y entonces, una vez que una débil campanita como de sacristía sonó varias veces con timidez, el Grito de los libres llegó a su fin, y Jesusa Rodríguez retomó el micrófono para hacer las siguientes preguntas: “¿Nos vamos o nos quedamos?”, tras lo cual argumentó la conveniencia de que la multitud se retirara “para que se quede solo el pelele y la banda de mafiosos que están en Palacio Nacional”. Por notoria mayoría se aprobó la retirada que, a querer o no, marca un hito en la historia de México, pues hasta donde esta crónica recuerda, nunca había acontecido en un 15 de septiembre algo así.

Pero lo más importante es que esas decenas de miles de seguidores de López Obrador que aceptaron la oferta de la prudencia, abandonaron el Zócalo lamentando en lo más profundo del corazón que su propia grandeza política los obligara a desperdiciar la ocasión de pronunciar una mentada de madre masiva, con la que llevaban soñando sin duda largos meses. Ahora, la próxima cita para la CND de nuevo en el Zócalo será el 20 de noviembre y con la participación estelar de quien al menos la mitad de los electores de este país considera el verdadero presidente de México.

Velos tricolores taparon las fotos de AMLO y a su seguidores que aún quedaban a las 11 de la noche

Calderón sólo vio el tercio de Zócalo tomado por el EMP

Dividida con vallas, la Plaza de la Constitución fue testigo del primer Grito del michoacano

Montones de bocinas a ras de tierra acallaron vítores tanto de panistas como de lopezobradoristas

Arturo Cano y Claudia Herrera

Simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador desplegaron ayer en el Zócalo una larga manta en apoyo al “presidente legítimo”, la cual fue tapada con otra, tricolor, por elementos del Estado Mayor Presidencial momentos antes de la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por Felipe Calderón Hinojosa Foto: José Antonio López

El Zócalo capitalino, anoche a la hora del Grito de Felipe Calderón Foto: José Núñez

Jesusa Rodríguez (al micrófono) e integrantes del gabinete del “gobierno legítimo” durante el Grito de los libres, ayer en la Plaza de la Constitución de la ciudad de México Foto: José Carlo González

Euforia, en otro aspecto del Grito de los libres a ras de la plancha del Zócalo. Foto: José Carlo González

Simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, al término de la ceremonia que encabezó el Presidente de la República en Palacio Nacional Foto: Víctor Camacho

Felipe Calderón con su familia en el balcón central de Palacio Nacional, luego de la ceremonia del Grito Foto: Ariel Gutiérrez /Notimex

Un hombre camina junto a las figuras de personajes de la Independencia que se instalaron en los arcos del GDF para los festejos patrios Foto: José Carlo González

Corramos un discreto velo sobre la parte pecaminosa de esta fiesta, habría escrito el argumentista de cuentos de monitos. El gobierno de Felipe Calderón borra así, con un discreto velo tricolor, los pocos cartelones y fotos de Andrés Manuel López Obrador que quedan a esa hora, las 11 de la noche, para que en su primer grito zocalero, el panista sólo vea el tercio de la plaza tomado por el Estado Mayo Presidencial.

Sólo eso falta. Porque este 15 de septiembre, Calderón pasa del gasolinazo al bocinazo. Y acá en Palacio Nacional las consignas de los pocos lopezobradoristas que permanecen en la Plaza de la Constitución son sólo un rumor. Es decir, Felipe Calderón, su gabinete e invitados ya no las oyen. Y ahora, gracias a las veinticinco mantas tricolores desplegadas al final del tercio calderonista del Zócalo, justo con el balcón central de Palacio como eje, tampoco los ven.

Es decir, les grito, pero ni los veo ni los oigo, homenaje septembrino y patrio a la originalidad del segundo gobierno del cambio.

El bocinazo les cuesta a todos, porque nadie oye nada. Cuatro enormes grúas cargadas de bocinas son completadas con montones de cubos de sonido puestos como dados a ras de tierra. Retiembla el pavimento; retiembla la plaza, no a cañonazos, sino a bocinazo limpio.

Las mantitas desaparecieron de la vista de los invitados y del presidente Felipe Calderón. Unos cuantos carteles insultantes, algunas fotos de El Peje, unos globos blancos, justo cuando el mandatario hizo su aparición para dar el ortodoxo grito que eligió: los héroes esenciales de la Independencia, y nada más.

“Ahí viene, ahí viene!” “¡Uuuuuuuuhhhh!”, vitorean los invitados especiales no tan especiales, es decir, los que pueden ver el Grito no en los balcones, sino abajo, aunque protegidos por filas interminables de soldados vestidos de civil. Hace un año el clamor zocalero era “voto por voto”. Vicente Fox se había ido con la fiesta a otra parte y la plaza era del “movimiento de resistencia civil”. Ahora los gritos se pierden, incluso los muy pocos favorables.

Cuatro o cinco veces, un pequeño grupo de jóvenes detrás de la primera valla exclama, sobre todo en los breves silencios entre una pieza musical y otra: “¡Felipe, Felipe, Felipe!” Cuando la figura de Calderón asoma en el balcón central, los jóvenes se roban la consigna lopezobradorista: “¡Pre-si-den-te, Pre-si-den-te!” Son pocos y la gente de alrededor no los sigue.

Dividido el Zócalo a la manera de corrales. En la primera parte, pegada a Palacio, están los equipos de sonido, las bandas militares de música, la prensa y los invitados especiales. Tras una primera valla está el grupo de jóvenes gritones. Uno de ellos clama, emocionado: “¡Este sí es el bueno!” Sus amigos lo regañan e intentan corregir: “¡El otro es candidato, el otro es candidato!”

Felipe Calderón cumple el ritual. Toca la campana. Ondea la enseña patria. Los jóvenes lo apoyan aunque no los oiga. Son unos cuantos, pero a ellos sí los ve. Los de atrás han salido de la mirada de los invitados, como Ruth Zavaleta, la presidenta de la Cámara de Diputados, salió de las pantallas el pasado primero de septiembre. Ahora, sin embargo, no podrán decir que fue una falla técnica.

Antes que el cielo se inunde de luces, los jóvenes vuelven a gritar: “¡Viva Felipe Calderón!” “¡Viva!” En medio de ellos levanta el puño derecho y grita con fuerza Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el Distrito Federal, y prima de Margarita Zavala, la esposa del Presidente de la República.

¿Lo que las urnas non dan, EMP presta?

Alguna vez, refiriéndose a la cultura política mexicana, Felipe Calderón repitió la vieja frase de que “todos los mexicanos llevamos un priísta dentro”.

Esta noche de Grito parece haber emergido el suyo. Los priístas eran magos en pintar bardas, simular obras, armar fachadas instantáneas para “llenarle el ojo al Presidente”. Caray, hay que reconocer que sí hay cambio.

Hoy los artilugios sirven para que al Presidente no se le llene el ojo de nada, digamos, molesto.

¿Qué gana Felipe Calderón con su guerra de vallas y sonido? Una imagen que ni siquiera las pantallas le regalan, la de un político que puede cumplir con todos los rituales de la Presidencia, así sea a costa de caricaturizar los mismos rituales en que quiere ser consagrado.

Calderón no ha cumplido un año en la silla presidencial y ya ha obsequiado al país un buen número de ceremonias consagratorias de su mando. Pero ¿alguien recuerda su celebración de los primeros 100 días de gobierno? ¿Alguien, fuera del círculo íntimo familiar y partidista, recuerda la conmemoración de su triunfo electoral el pasado 2 de julio? Convencido de que el ritual del Informe presidencial está agotado, Calderón organiza al día siguiente una ceremonia no para informar, sino para relaborar sus promesas de campaña y ensalzar su figura frente a unos cuantos empresarios y los empleados de su gobierno. Todos estos actos han sido posibles, además, gracias a aparatosos despliegues militares y policiacos. Como el de esta noche de Grito.

Lo que las urnas non dan –al menos no a los ojos de algunos millones– el Estado Mayor non presta.

Vallas para los invitados

La seguridad del Presidente y el estilo calderonista igualan clases y posiciones, hay que reconocerlo. Después del Grito, el Presidente baja al patio central de Palacio. Aunque todos son invitados, hay unos más iguales que otros. Y el patio central, con su fuente de Pegaso al centro, está dividida por vallas, como el Zócalo (sólo que las de adentro están forradas de terciopelo). Hay zona presidencial, zona VIP, áreas exclusivas para los militares y otras para el resto de los invitados.

La fiesta es en grande, aunque ya para entonces se ha retirado una invitada especial que compartió el balcón con el gabinete en pleno: la profesora Elba Esther Gordillo. El mariachi de la Secretaría de Marina recibe a Calderón con Caminos de Michoacán. El ballet de Amalia Hernández muestra sus artes. El mariachi Gama 1000 se arranca cuando ya Calderón está sentado con los legisladores Santiago Creel y Cristian Castaño, acompañados de sus respectivas familias.

No hay “besamanos” ni desfile de políticos porque rápidamente el Estado Mayor Presidencial establece un discreto “cerco” para proteger al mandatario de sus invitados. Incluso los meseros se ven en problemas para acercar sopes y quesadillas a las zonas de la very important people.

A las 12:30 el Presidente sigue ahí, celebrando con tequila su primer Grito, su tercio de Zócalo y sus mantas para no ver las escenas incómodas.

Y ojos que no ven… El superasesor presidencial, Juan Camilo Mouriño, se declara feliz y anuncia que el país entero está “tranquilo y en calma”.

Liberan a ex guerrillero; fue detenido para declarar lo que sabía de la organización

Indaga la SIEDO supuestos planes del EPR para secuestrar a funcionarios

Hermenegildo Torres Cruz fue sometido a interrogatorio durante tres horas

Gustavo Castillo García

Ricardo Mejía, Hermenegildo Torres Cruz, Enrique Itehua Salas y Rubén Díaz dan lectura a un comunicado donde se deslindan de las actividades del EPR Foto: Yazmín Ortega Cortés

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) indaga la supuesta existencia de planes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en los que se contempla el secuestro de altos funcionarios federales, y la colocación de artefactos explosivos en diversas representaciones diplomáticas, según los interrogatorios a que fue sometido Hermenegildo Torres Cruz, integrante de la organización Izquierda Democrática Popular (IDP), tras ser detenido sin mandamiento ministerial alguno, y puesto a disposición del Ministerio Público federal, en calidad de “testigo”, para que declarara sobre “qué sabía del EPR, y de algunos supuestos integrantes de la organización”.

Entrevistado a las puertas de la SIEDO luego de su liberación, Torres Cruz narró parte de su interrogatorio, y cómo es que hasta que fue puesto a disposición del fiscal Ernesto Hernández Ramírez se le notificó que su detención no era en razón de acusación alguna en su contra, sino para que declarara como testigo lo que sabía de las explosiones en ductos de Pemex y la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes están desaparecidos desde mayo pasado.

Hermenegildo Torres Cruz, un ex guerrillero del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup), fue detenido al filo de las 10 de la noche el pasado viernes en la sede de la IDP, que se localiza en Netzahualcóyotl número 12, en la delegación Cuauhtémoc.

Tras su detención fue llevado a las instalaciones de la SIEDO, donde permaneció hasta las nueve y media de la mañana del sábado, luego de que fue interrogado durante tres horas, en las que además de cuestionarlo sobre su pasado –cuando fue detenido y encarcelado durante siete años por colocar artefactos explosivos en sucursales bancarias y negocios en 1991– reconoció ante el Ministerio Público federal que ya renunció a las armas y ahora participa en una organización civil.

Así, durante su encierro en la SIEDO, donde, según dijo, no se le permitió contar con un abogado “porque estaba en calidad de testigo y no de indiciado”, el fiscal Ernesto Hernández Ramírez le notificó que se encontraba allí en calidad de “presentado y que como me mencionaron en una averiguación previa tengo que declarar”.

Sin embargo, “no quiso decirme quién me mencionaba, pero que tenía que declarar, que yo soy testigo de muchas cosas”.

El ex guerrillero dijo: “me preguntaron qué sabía del Comando Jaramillista Morelense y de bombas que van a colocar en el estado de Morelos. Aclaro que no tengo ninguna relación con grupos armados, que pertenecimos en el pasado, eso es historia.

“Luego me preguntaron si conozco a Enrique Itehua Salas, que si lo veo diario. Sí lo conozco, es compañero, un ex preso también; lo veo diario porque trabaja con nosotros en proyectos de vivienda en Chicoloapan, estado de México. Diario se va a trabajar porque tiene un puesto donde vende semillas y chiles secos; esa es la actividad del compañero, le dije al fiscal.

“Entonces me dice que si conozco a un tal Juan Espíndola. Es la primera vez que me lo mencionan, no lo conozco. Luego, que si conozco a Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Cruz Sánchez. Le respondo que no, y dice ¿qué opina que están desaparecidos? Yo opino que ninguna persona en México debe ser desaparecido si es un estado de derecho. Lamento que estén desaparecidos, contesté.

“El fiscal me pregunto también: qué sabe de la Torre Mayor. Y le dije que en relación a qué, y entonces me dice que de un carro que apareció por ahí. Contesté que eso salió en la prensa, y me espetó que si sabía cómo lo habían hecho. Respondí entonces que no sé porque yo no lo puse, que yo nomás supe lo de la prensa.”

Entonces, señaló Hermegildo Torres, el fiscal Ernesto Hernández Ramírez dijo que qué sabía “acerca de que el EPR está planteando el secuestro de altos funcionarios federales y la colocación de bombas en varias embajadas. Me hizo varias preguntas, y fue muy incisivo en cuanto a mi supuesta relación con grupos armados”.

“El fiscal –dijo el ex guerrillero– me presentó luego el escrito de mis declaraciones, pero a pesar de que sólo estuvo él por parte de la PGR y no hubo nadie de mi confianza, supuestamente Roberto Gómez Rodríguez e Ignacio García Díaz firmaron como testigos de la diligencia, pero nunca los conocí”, concluyó.

Recursos públicos para el Centro Fox

El Centro Fox, que construyen el expresidente y su esposa Marta Sahagún en su rancho de San Cristóbal, Guanajuato, emplea a personal administrativo que en el sexenio pasado laboró en la residencia oficial de Los Pinos y que ahora le cuesta al erario 3.5 millones de pesos por año; mientras que efectivos del Estado Mayor Presidencial también son utilizados para resguardar esas instalaciones privadas que, según el PRD en el estado, servirán de sede operativa y de capacitación ideológica para un nuevo partido de ultraderecha

Yenise Tinoco / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

San Cristóbal, Guanajuato. Al menos 17 personas que laboran en las oficinas del Centro Fox cobran sus salarios con cargo a la Presidencia de la República, lo que representa un gasto anual del presupuesto federal por 3 millones 523 mil pesos, sin contar sueldos y haberes que perciben miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) que día y noche vigilan las instalaciones privadas y cuyo gasto el gobierno se niega a proporcionar.

Al final de un camino empedrado, entre casas humildes, la mayoría con pisos de tierra, en la comunidad de San Cristóbal en San Francisco del Rincón, Guanajuato, Vicente Fox construye, con una inversión millonaria, el centro que tiene por nombre su apellido. Financiado –asegura el expresidente– sólo con recursos de la iniciativa privada.

Donde estaban las caballerizas del rancho de la familia Fox, habitado por la madre del exmandatario hasta la muerte de ésta y hoy por su hermana Mercedes, Fox construye un megaproyecto que, según dice, será un espacio para el ejercicio académico, aunque durante su gestión como presidente de la República invitó a los mexicanos a no leer ni informarse.

Vestido con camisa azul a cuadros, pantalón café y zapatos lustrosos, el ranchero Fox camina entre la tierra, trabes, cemento, ladrillos y una treintena de trabajadores que no le dejan de silbar, mientras él recorre las instalaciones del centro, que en diciembre será inaugurado con la presencia del expresidente estadunidense Bill Clinton.

Protegido en todo momento por su jefe de escolta del EMP, el expresidente pierde su mirada en la media hectárea donde se construirá el centro y, al observar la presencia de un fotógrafo, señala con la mano lo que será la biblioteca del Centro Fox y que ahora es sólo un gran hoyo de más de 20 metros de profundidad, donde dice que concentrará los más de 4 millones de “documentos históricos” acumulados durante su mandato.

Indica escuetamente que el centro estará listo en diciembre, “y si no, ya saben”, advierte a sus acompañantes. Hasta ahora, el expresidente se ha negado a informar sobre el origen de los recursos que son utilizados para construir la biblioteca y el museo que llevan su apellido, y sólo asegura que es la iniciativa privada la que aporta el dinero para la obra.

Ana Teresa Jiménez, directora de marketing y comunicación del Centro Fox, explica que está financiado por importantes empresarios mexicanos, quienes a través de un patronato proveen de recursos a Vicente Fox para la construcción y administración del megaproyecto. Asegura que no se usan recursos públicos.

“Hay un patronato del que ahora no está permitido dar a conocer los nombres de sus miembros, pero en un futuro se informará”, y respecto a los recursos públicos que se pudieran estar utilizando en la construcción y logística del Centro, Jiménez agrega: “No hay nada, ningún recurso público”.

El 30 de mayo pasado, el periódico local a.m. dio a conocer la existencia de una asociación civil integrada por 45 empresarios que auspicia el centro: Carlos Slim, presidente de Grupo Carso; Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, de Televisa; Ricardo Salinas, de Tv Azteca; Federico Sada González, de Grupo Vitro; Lorenzo Zambrano, de Cemex; Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Gutsa; Olegario Vázquez Raña, de Grupo Ángeles; Roberto Hernández, de Banamex, y Sergio Díaz, de Bardhal.

También hay exfuncionarios del gabinete foxista: Pedro Cerisola, Ramón Muñoz, Javier Usabiaga. El consejo de vigilancia está constituido por Arturo Sánchez de la Peña (que junto con su papá, Roberto Alcántara, es dueño de Grupo Estrella Blanca), Amparo Espinoza Rugarcia (hija del banquero Manuel Espinoza Iglesias) y el matrimonio integrado por José Pintado Rivero (expresidente de la Asociación de Banqueros) y Beatriz Sánchez Navarro de Pintado.

Sueldos con cargo al erario

Por dos decretos presidenciales del 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987, que sustentan las pensiones de los expresidentes mexicanos, la hacienda pública está obligada a pagar hasta 103 personas al servicio de cada uno de los cinco exmandatarios: 25 administrativos y 78 del EMP (Contralínea 78).

A través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Contralínea pidió a la Presidencia en tres ocasiones el nombre y salario de las personas que trabajan con Vicente Fox. Recibió tres respuestas diferentes, tanto de nombres como de montos percibidos.

Se solicitó la ubicación de donde laboran dichas personas y coincidió la dirección y teléfonos con los de la oficina del Centro Fox y Vamos México, situada en carretera León-Cuerámaro, San Francisco del Rincón, kilómetro 13, Guanajuato.

De acuerdo con la información proporcionada, el personal administrativo que labora en el Centro Fox representa un gasto mensual de casi 300 mil pesos.

En la solicitud 02100000

84907, donde se pedía información de los sueldos de los miembros del EMP, el IFAI respondió que está reservada de conformidad con el artículo 13 fracción I de la Ley.

En una petición posterior donde sólo se pide el monto que se destina para cubrir los haberes de los miembros del EMP que brindan seguridad al exmandatario, la Unidad de Enlace de Presidencia indicó: “Los elementos asignados para la seguridad del expresidente Vicente Fox tienen grados que oscilan de cabo hasta teniente coronel, cuyos sueldos y percepciones pueden ser consultados en los tabuladores de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la página electrónica www.sedena.gob.mx”.

Sin embargo, en el escrito no se precisa qué cantidad de elementos tienen a cargo la seguridad de Fox ni número por rango, lo que impide tener un aproximado sobre los recursos que se destinan para pagar al personal de seguridad del expresidente.

Algunos de ellos, a decir del personal de la oficina del exmandatario, están encargados de vigilar las instalaciones donde se construye el Centro Fox. Además, según el documento, “la seguridad que proporciona el EMP es para el expresidente Vicente Fox; sin embargo, de acuerdo con la evaluación de riesgo, la seguridad en ocasiones se extiende a su esposa o a sus hijos”.

Candil de la calle

San Cristóbal es una comunidad que se ubica a 15 minutos del municipio de León, con una población de apenas 2 mil habitantes. Sólo su calle principal, que es la que lleva al rancho de la familia Fox, está empedrada, a las demás calles no les llegó el beneficio de que su hijo pródigo fuera jefe del Ejecutivo, y siguen sin pavimentar.

La comunidad cuenta con una escuela frente a la iglesia, que fue remozada al igual que el atrio y el rancho propiedad de los Fox en 2001 con recursos públicos estatales, cuando George Bush, en visita no oficial, se hospedó en la casa de la entonces familia presidencial.

Es ahí donde Fox construye un centro multidisciplinario, donde se trabajará –dice Teresa Jiménez– en cuatro ejes rectores: análisis e investigación donde se harán estudios sobre democracia y libertad en Latinoamérica, consultoría, área de estudio sobre democracia, libertad, liderazgo, equidad de género, transparencia, combate a la pobreza, políticas públicas y economía.

Los otros dos ejes son: información y documentación, donde habrá títulos y documentos con las áreas de especialización del centro y de la gestión gubernamental 2000-2006, cultura y museografía con exposiciones permanentes y temporales.

Ana Teresa Jiménez señala que la prioridad en la investigación en el centro serán los temas sociales: “durante el gobierno de Vicente eran las cuestiones sociales las que movían todas las políticas públicas”.

José Ramón Rodríguez Gómez, secretario de la Comisión de Participación Ciudadana y Gestión Social del Congreso local, señala que el dinero que se invierte en el Centro Fox debería traer beneficios a los más necesitados, que a lo largo de casi dos décadas de gobiernos panistas en Guanajuato han estado en el olvido.

“Es una burla que Fox pretenda investigar sobre temas que en el estado y con los gobiernos emanados de su partido se han agudizado. Existe una alta deserción escolar, Guanajuato es el lugar 24 en analfabetismo y el 26 en rezago educativo, uno de los niveles más altos de rezago para cubrir la matricula en medio superior.

“La entidad paso de ser el tercer lugar en expulsión de mano de obra a Estados Unidos, a el primer lugar, por arriba de Zacatecas y Michoacán. Guanajuato es el estado donde más niños se van a buscar el sueño americano. El gobierno panista ha privilegiado a los empresarios, no a la gente”, dice el legislador.

Rodríguez Gómez indica que Guanajuato poco se ha beneficiado con los gobiernos de Vicente Fox, primero como gobernador y después como presidente de la República. “Ahora pretende trabajar para el mundo entero, cuando no lo hizo en su tiempo por su país, y menos por su estado”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social de Guanajuato, en el estado más de 750 mil personas viven en pobreza extrema (la población asciende a 4 millones 500 mil). Alrededor de mil comunidades –aproximadamente 5 mil habitantes– no cuentan con servicios básicos de salud.

Juan Carlos López Rodriguez, secretario de Desarrollo Social y Humano, dice que 523 mil 124 personas no tienen Seguro Popular, porque no cuentan con un empleo. Además de que 3 mil familias en la entidad no cuentan con el programa Oportunidades y viven en pobreza extrema.

En 2005, Vicente Fox y el entonces secretario de Salud, Éctor Jaime Ramírez, levantaron bandera blanca en el estado, es decir, era la primera entidad que daba ciento por ciento la cobertura de salud en el país.

Rodríguez Gómez dice que resulta indignante que Fox pretenda aportar a la transparencia y democracia mundial, cuando él y toda su familia filial y política están envueltos en denuncias de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El diputado, también integrante de la Comisión de Hacienda, señala que están atentos ante cualquier desvío de recursos públicos, ya sean estatales o municipales, “sobre todo del gobierno del estado que pudieran ser aportados”. Y agrega que de ser necesario se presentará una denuncia formal para que se investigue sobre el origen de los recursos que financian tan costosa obra.

Sede de capacitación del Partido Humanista

José Luis Barbosa, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comenta que el Centro Fox se puede convertir en la sede operativa y de capacitación ideológica de la nueva institución política de ultraderecha, que llevara el nombre de Partido Humanista.

El nuevo partido –dice Barbosa–, creado por Fernando Rivera Barroso y Elías Villegas, entre otras personalidades, del Partido Acción Nacional, tendrá una fuerte carga ideológica pero con suficientes recursos para desarrollar una línea de acción como la que se pretende realizar en el Centro Fox.

El líder perredista menciona que en el estado la relación del gobernador, Juan Manuel Oliva, con Elías Villegas y Vicente Fox es muy estrecha, “y esto no está aislado del Centro Fox”. Además, existe la vinculación y cercanía con los recursos públicos estatales y municipales.

Ley del ISSSTE para expresidentes

Samuel Aguilar Solís, secretario de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, sostiene que los expresidentes y los demás funcionarios del Estado deben de estar bajo el régimen de pensiones de la nueva Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dice que las prestaciones que hoy tienen los expresidentes funcionaron cuando había un presidencialismo omnipresente. Pero que es el momento en que se haga un alto al dispendio de recursos.

“Las prestaciones se tienen que regular con la Ley del ISSSTE, porque los expresidentes son servidores del Estado. En este nuevo México se necesita un marco jurídico apropiado, y es que no es correcto mantener este tipo de privilegios cuando el pueblo tiene necesidades”, dice el legislador.

Aguilar Solís menciona que no sólo se tienen que limitar las pensiones económicas, sino también los salarios, a cargo del erario, del personal administrativo y militar al servicio de los expresidentes, además de no seguir manteniendo oficinas de lujo, pues “ellos ya no tienen ningún tipo de función pública”.

CNDH, poder inescrutable

En contravención de la Ley Federal de Transparencia, la CNDH oculta y desaparece expedientes de investigación cerrados, como el de la anciana Ernestina Asencio Rosario, víctima sexual de militares. Especialistas en derecho a la información señalan como ilegal esta actitud y advierten que el equipo de Soberanes no rinde cuentas a nadie

Yenise Tinoco

Con el argumento de evitar exponer la vida privada de los quejosos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) oculta y desaparece expedientes de investigación, señalan investigadores.

Miguel Sarre acusa que la Comisión niega en forma sistemática el acceso a sus investigaciones. El catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) dice que la función más importante de la CNDH es la atención de las quejas; por ello, considera necesaria la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación externa.

Por su parte, la organización Fundar asegura que la institución encabezada por José Luis Soberanes tiene prácticas viciadas en el manejo de la información, pues no realiza versiones públicas de documentos que contienen información reservada o confidencial; niega a los quejosos el acceso a su propio expediente; notifica la inexistencia de información cuando ésta, por ley, debe que existir, y entrega información distinta, incompleta o incongruente en relación con lo solicitado.

Creada el 6 de junio de 1990 por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, la CNDH tiene la encomienda de proteger los derechos humanos de los mexicanos. No obstante, John Ackerman, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destaca que esto no ha sucedido.

Salinas de Gortari creó esta instancia para legitimarse; pues, ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio, las críticas a nivel internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos en México no le venían bien, indica el investigador.

El especialista en el tema de transparencia sostiene que es muy complicado acceder a información en la CNDH, ya que utilizan todo tipo de estrategias evasivas para demorar la entrega de datos o sólo proporciona información parcial.

Para Miguel Sarre, la CNDH debe ser el abogado de las personas que requieren apoyo para enfrentar el poder arbitrario del Estado o los actos retardados de la administración pública.

El también director del Programa Atalaya del ITAM señala que, aun con la publicación del informe que la CNDH presenta al Congreso de la Unión, hay una gran opacidad sobre el mayor número de quejas. Precisa que el 98 por ciento de éstas no derivan en recomendación. Aunque aclara que la ley establece otras salidas, dice que es importante saber por qué no procedieron las denuncias.

De 1997 a la fecha, la CNDH ha emitido mil 856 recomendaciones a las distintas dependencias federales. Sarre advierte que la opacidad en estas investigaciones alienta una actuación discrecional.

“Es natural: a nadie le gusta los controles. Las personas llegan hasta donde encuentran límites. Por eso hay que ver hasta dónde funcionan los mecanismos para hacer efectiva la transparencia”.

El investigador explica que existen mecanismos de control externos como el Poder Legislativo, pero aclara que los diputados, ante la falta de claridad, han mostrado desinterés en el tema de la CNDH. Agrega que, en cuanto a los mecanismos internos, estos no tienen la intencionalidad de funcionar.

Desleal, la CNDH

En 2003, Miguel Sarre pidió copia de todos los expedientes concluidos en enero de ese año. La CNDH fijó un costo de 93 pesos por copia testada. El investigador no sólo se negó a pagar varios miles de pesos sino que apeló el cobro excesivo ante distintas instancias judiciales. Ganó cuando el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, cuando la sentencia, favorable al académico, estaba a punto de ser resuelta, la CNDH ofreció entregar la información y la Corte sobreseyó el caso. Al final, Sarre se encontró con otra negativa: con el argumento de haber agotado el plazo marcado por la ley, la Comisión dijo no tener disponible la información disponible.

“A nosotros nunca se nos notificó la fecha para recoger los expedientes. No nos dieron nada. Puede explicarse que la Comisión litigue sus casos y tenga posturas discrepantes, pero que actúe deslealmente, rebasando los límites, como un abogado chicanero, es algo que mina la necesaria autoridad moral que debería de tener un órgano de esa naturaleza”, se queja.

Sarre refiere que, con esa acción, lo único que consiguió la CNDH fue que la Corte cerrara el juicio y no declarara inconstitucional el reglamento de la Comisión, creado antes de que se aprobara la Ley de Transparencia. Ante esto, añade, lo único que queda es el proceso judicial; “pero, yo no voy a denunciar penalmente a funcionarios de la Comisión”.

El catedrático asegura contar con elementos jurídicos para ganar el caso, pero destaca que, dentro de las circunstancias actuales, cuando hay un acercamiento entre el gobierno federal y la CNDH, la denuncia tendría pocas posibilidades de prosperar.

Para John Ackerman, la actitud de Soberanes revela un “acuerdo de caballeros” entre el presidente de la CNDH y Felipe Calderón; mientras que Miguel Sarre señala una actitud poco crítica ante la nueva administración federal.

Como ejemplo, el especialista en derechos humanos refiere el nulo pronunciamiento de la Comisión respecto de la reforma constitucional en materia de procuración de justicia y seguridad pública, propuesta por Felipe Calderón, que autoriza intervenciones telefónicas y espionaje, así como elevar a rango constitucional el arraigo y las órdenes de cateo.

Miguel Sarre señala que la Comisión se ha convertido en un poder inescrutable, en donde la “triste” paradoja es que se deja a la vista de todos la perversión de las instituciones. Así, dice, “quien debe proteger se convierte en violador y no hay ante quien acudir”.

Indica que al no entregar versiones públicas de los expedientes que investiga, la Comisión hace suponer que hay muchos casos ocultos, como el de la sierra de Zongolica, donde falleció la anciana Ernestina Asencio Rosario, presuntamente violada por militares en marzo pasado.

Sin competencia alguna, la CNDH declaró que la indígena náhuatl de 73 años no fue víctima de violación sexual tumultuaria. La institución supuestamente encargada de procurar los derechos humanos de los mexicanos determinó, a través de un comunicado de prensa, que su muerte fue a causa de un problema digestivo de úlcera gástrica.

El investigador del ITAM y director del programa Atalaya puntualiza que “no sabemos lo que está pasando, sospechamos el contexto, las contradicciones. Las declaraciones de los médicos nos hacen pensar que hubo una violación, pero, como no podemos revisar el caso una vez cerrado, pensamos que puede haber muchos otros. Nos hace pensar que están ocultando cosas”.

El catedrático urge la participación de los legisladores para saber qué es lo que está pasando en la Comisión, pues ésta no es coto de poder del ombudsman en turno ni es patrimonio de una institución.

Sobre la militarización del país, John Ackerman asegura que la respuesta de José Luis Soberanes Fernández es muy tibia: los retenes de efectivos del Ejército Mexicano violan el derecho de libre tránsito de los ciudadanos.

Regulación

Para John Ackerman, una práctica que inhibe al peticionario de la CNDH, es que la institución de Soberanes pide obligatoriamente la dirección física para recibir notificaciones, cosa que no obliga la Ley.

“Si das nada más tu correo electrónico para recibir información, el caso se cierra automáticamente. Esto es una clara estrategia para impedir la transparencia en la información.”

A decir de Ackerman, el proceso de revisión interna no tiene ninguna autonomía, pues la misma CNDH es la que revisa en primera y segunda instancia sus propias respuestas. El investigador de la UNAM refiere que en la Comisión se ha creado una cultura de opacidad y que ese temor a la crítica “fomenta más la sospecha”.

El catedrático, quien se ha dedicado a estudiar el padrón de las recomendaciones de la CNDH, concluye que éstas dan “bandazos muy fuertes. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República era una dependencia que recibía muchas recomendaciones y por un tiempo esto se modificó. Sin embargo, el año pasado, cuando Soberanes entró en conflicto con el procurador Cabeza de Vaca se registró un aumento en las recomendaciones para esa institución”.

Sostiene que han ocurrido situaciones similares en el ISSSTE y el IMSS, a las cuales se les han hecho un número significativo de recomendaciones, sobre todo a la última, cuando Santiago Levy estaba a cargo.

“Pareciera que hay una cuestión muy personalista por parte de Soberanes. La cantidad de recomendaciones depende de las relaciones que haya podido construir, personales o políticas, con el secretario de Estado correspondiente. Como no podemos tener el expediente, no sabemos cómo llevan los procesos, ellos sólo dicen que hicieron las acciones de seguimiento mandadas por la ley.”

Cobros excesivos

Graciela Rodríguez, investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, reconoce la obligación de la CNDH sobre la protección de datos personales en sus documentos, pero esto se salva con las versiones públicas, indica.

Miguel Sarre pidió a la Comisión seis expedientes por los cuales le querían cobrar 580 mil pesos. En el caso de Fundar, por acceder a dos expedientes cobraban 90 mil pesos. Rodríguez considera que los cobros son un obstáculo para el derecho de acceso a la información y lo más grave es que se trata de una práctica de la CNDH, institución cuya atribución es proteger los derechos humanos. El derecho a la información es un derecho humano, acusa.

Rezago en la sierra zapoteca

Marginados, casi 3 mil indígenas sobreviven con enfermedades crónicas, analfabetismo y desempleo. Enclavado en la sierra zapoteca se encuentra el sexto municipio más pobre del país, según revela un estudio elaborado por la ONU

Erika Ramírez / David Cilia, fotos / enviados

Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca. Elena mece su cuerpo para aplacar el frío, acerca sus manos a los leños de ocote y las frota continuamente, tose, se estremece: una punzada ataca su cabeza. La mujer zapoteca dice que ya “le agarró la tida”.

Se protege del crudo clima con un vestido hecho con retazos de diversas telas y un suéter viejo y remendado, que le quedaría a un niño. Sus pies desnudos tocan la tierra húmeda; ella carraspea. Elena Pérez Mendoza no encuentra la cura para su mal.

Con voz débil, casi inaudible, reza sus padecimientos a Filiberto Hernández, regidor de salud en la cabecera municipal. La mujer de 67 años enfermó en junio pasado. Una tos constante lastima su garganta, dolores agudos de cabeza, estómago y un aire gélido que recorre por el interior de su cuerpo son las molestias que no la dejan; los indígenas de la región llaman “tida” a esta dolencia y parece que ningún medicamento le hace efecto.

En la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de su comunidad, le recetaron antibiótico y antinflamatorios para mitigar los síntomas. Sin embargo, sus condiciones de vida no le permiten recuperar la salud.

Delgada, de piel marchita y cabellos encanecidos, Elena habita en una choza que tiene el piso de tierra, construida con varas de caña seca, plástico, desechos de cartón y lámina. No hay, siquiera, adobe que resguarde un poco el calor ni techo que evite la humedad.

Su esposo, Tiburcio Hernández, es jornalero. Trabaja dos veces por semana, cuando los “patrones” del distrito más cercano (Miahuatlán) lo contratan para la limpia de milpa. A sus casi 70 años es difícil ser productivo y por eso alcanza a reunir, apenas, 100 pesos a la semana para cubrir las necesidades de su familia.

Elena y Tiburcio fueron abandonados hace varios años por sus tres hijos y ahora cuidan de dos nietos que quedaron en la orfandad. Filiberto Hernández dice que la pareja de ancianos conforma la familia más pobre de la región. Su milpa no rinde para todo el año, no tienen ningún apoyo gubernamental ni documentos oficiales que les permita acceder a ellos, mucho menos suficientes recursos económicos para subsistir.

Ellos viven en la cabecera municipal de Santa Lucía Miahuatlán, a una hora de camino del distrito que lleva el mismo nombre –donde la urbanización está casi al ciento por ciento–, pero su miseria no permite que alcancen a recibir algún beneficio del desarrollo.

Vivir en esta región rodeada de montes es sinónimo de marginación. Aquí, los niños mueren por desnutrición, las mujeres padecen de anemia crónica y los ancianos quedan en el olvido.

Un estudio, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, revela que Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca, es el sexto municipio más pobre del país.

El documento de la ONU, elaborado en 2006, indica que el índice de desarrollo humano de la región es de 0.4833, lo que significa que en el pueblo hay niveles de pobreza similares a los de África del Sur.

Además de éste –ubicado en uno de los ramales de cordillera de la Sierra Madre del Sur–, otras mil 884 jurisdicciones de todo el país se encuentran en escenarios similares de precariedad, pues tienen una “elevada población rural, considerables rezagos en educación y salud y un bajo ingreso económico”.

El informe asevera que “en estos municipios es urgente la atención social y la inversión pública y privada, así como la dotación [de] infraestructura en materia de salud, educación, agua, drenaje y carreteras que permitan tener comunicados a los municipios” (Contralínea, 72).

La Cofradía

Más allá de la cabecera municipal, a una hora de camino en camioneta de redilas y a casi dos de andar a pie, como llegan casi todos los pobladores, se encuentra la ranchería más abandonada de la zona zapoteca, La Cofradía.

Durante el día, la comunidad parece un pueblo fantasma, sólo se alcanzan a ver algunas mujeres que trabajan la tierra para poder, un año después, cosechar algo. Hombres y niños han salido a buscar trabajo, se alquilan como ayudantes de albañil o jornaleros en el distrito. Si bien les va, llegan hasta la capital del estado para ganar unos cuantos pesos más.

En esta localidad, la única construcción firme que se sustenta con varillas, tabiques y cemento, es la iglesia. La casa de salud apenas la empiezan a levantar, no se sabe cuándo terminarán la obra. Todo depende de cómo vayan llegando las aportaciones de la gente que se fue a trabajar al norte del país o a Estados Unidos, de los recursos que entregue el municipio y del tiempo que tengan los hombres para hacer la mezcla y levantar los muros.

Agustín permanece sobre la tierra, arrastra dos camionetas de plástico que son sus únicos juguetes. Para el niño, que tiene cinco años, es día de descanso. En jueves, su madre se da licencia de no salir a buscar empleo para trabajar en su milpa.

Elena Reyes es una mujer que no rebasa los 25 años, carece de estudios básicos, no habla español y su modo de vida depende de que consiga colocarse como trabajadora doméstica o labriega en parcelas ajenas. Ella es madre soltera y Agustín es su pequeño ayudante.

Madre e hijo parten todos los días de La Cofradía apenas sale el sol. Si es posible (pues no siempre tienen dinero para pagar el pasaje), suben a la camioneta de redilas que lleva por montones a otros campesinos, los destinos son: el pueblo, la urbe y la capital, según se tenga para pagar el pasaje, que cuesta 15 pesos mínimo.

Filiberto Hernández, regidor de salud del municipio, traduce al español las palabras tímidas de Elena. Para ella, lo único importante es poder tener una vivienda. “Aquí nos hace falta una casa porque no tenemos dinero para hacerla”, dice.

La mujer indígena vive en un cuarto de adobe con piso de tierra y techo de lámina. Ahí duermen: su pequeño, su madre y un hermano, que no tienen más pertenencias que dos camastros, una grabadora y algo de ropa. Todas las familias de esta localidad pasan así sus días.

Escuálido, descalzo, con apenas una playera corroída y un pants que le queda corto, Agustín sigue en su juego, imita el ruido de las camionetas que a diario lo llevan a trabajar, junto a su madre. Él debió iniciar este año la educación preescolar, “pero no se puede porque siempre anda con su mamá, ya sabe limpiar la milpa”, argumenta Filiberto.

El pequeño, como casi todos los de la región, no tiene más alimento que el maíz, el frijol y las yerbas. Su rostro está lleno de jiotes y su estatura es la de un niño menor a la de su edad. “Comemos lo mismo que todo el pueblo, por eso la gente ya no quiere vivir aquí. Todo está triste”, lamenta Elena. No hay leche ni carne, tampoco verduras que pudieran nutrir un poco más a las personas de este municipio.

Para llegar a esta comunidad es necesario recorrer un largo camino de terracería, que en temporada de lluvias se enloda y ocasiona que los vehículos, que en otras temporadas bajan a la ranchería, eviten el camino. Todo se paraliza.

El abandono

En Santa Lucía Miahuatlán, morir por desnutrición no es extraño. La mayoría de la población se encuentra en ese estado de salud y los niños son los más afectados. Luis Chávez Sánchez, el único doctor que brinda atención en la zona, dice que las estadísticas poblacionales no son nada alentadoras.

El informe que emite la clínica rural del IMSS, elaborado en diciembre pasado, señala que existen 106 niños menores de cinco años con problemas alimenticios: 96 con desnutrición leve y 10 moderados.

Un año antes, en ese centro de salud fue atendido un pequeño de seis meses de edad en un estado crítico de extenuación. “Ni siquiera estaba registrado, no tenía nombre y mucho menos se le habían aplicado las primeras vacunas”, explica el médico.

El bebé llegó con el peso de un niño recién nacido: tres kilos, cuando el ideal era de seis. “Estaba marasmático: delgadito, con el vientre abultado y el tórax raquítico. Su cabeza era grande, los ojos hundidos y con lesiones en las comisuras labiales por falta de vitaminas. Las extremidades mostraban sus huesos, eran muy delgadas, parecían hilos. La madre prefirió dejarlo morir porque había otros niños que atender”.

El paradero del cadáver se ignora, “parece que fue enterrado en la clandestinidad. Lo triste de todo esto es que cuando hay un niño así, los hermanos tienen el mismo problema, hay una cadena de desnutrición. Aquí la gente come frijoles, tortilla, salsa y café, no más”.

Además de los problemas de inanición, evidente en los pobladores, las enfermedades respiratorias prevalecen todo el año. Enclavada en la sierra zapoteca, esta jurisdicción tiene un clima frío permanentemente que provoca neumonías, gripes y otros males respiratorios “leves”.

En 2006, las infecciones pectorales agudas ocuparon el primer lugar en la lista de padecimientos, se registraron 316 casos. Chávez Sánchez explica que, además de las inclemencias del tiempo, los habitantes de esta zona padecen de estas complicaciones porque las condiciones de vivienda no les permiten evitar la enfermedad.

“Nosotros hemos analizado y vemos que las personas viven en un cuarto, donde se cocina, se duerme y se come. Las chozas, generalmente, tienen entrada de aire por el techo, porque no están bien selladas, y aquí hace mucho frío. Las personas están expuestas a los cambios bruscos y al hacinamiento; hay familias de ocho integrantes que ocupan un solo cuarto y todos se contagian”, explica el médico.

El encargado de la clínica rural desde hace tres años lamenta que en las rancherías no haya más médicos, “hay casas de salud que son atendidas por las asistentes rurales, pero estas personas lo único que saben hacer es vacunar y dar pastillas para dolores leves”.

El desasosiego

Ismael lava algunas prendas en un lavadero improvisado. Tiene 12 años y comienza a hacerse cargo de las labores domésticas porque Claudia, su madre, está enferma. Cayó en cama hace algunos meses por una anemia aguda que la mantuvo durante una semana en el hospital del distrito. Cuando regresó a casa, su estado de salud no había mejorado.

Su estómago no resistió más: mareos, vómitos y el desfallecimiento fueron los síntomas de alerta que la remitieron a una clínica de segundo nivel, pues la que hay en su comunidad sólo brinda atención preventiva.

Llegó al hospital de Miahuatlán sin aliento, los médicos la estabilizaron y le pidieron que se hiciera estudios para saber qué pasaba con ella. Los primeros, en donde se detectó la anemia, costaron mil 400 pesos. Pidieron que se hicieran más análisis en un laboratorio particular, pero costaban 3 mil pesos y no fue posible realizarlos.

Claudia Florencia pasa sus manos por el rostro, como si sintiera desesperación, habla lento y bajito desde el portal de su cocina: “Mejor me regresé a mi casa porque ya no me alcanzaba. Todavía no me siento bien. Estoy agotada, débil, sin fuerzas para trabajar”, dice en zapoteco.

La mujer de 30 años es madre de Ismael y Severino, dos niños que a sus 12 y seis años comienzan a asumir responsabilidades mayores. El más grande llegó al sexto grado de primaria, le gustan las letras y se siente orgulloso de que el año anterior obtuvo una calificación de 7.2 en el promedio anual.

En las paredes de su casa cuelgan algunas cartulinas con dibujos alusivos a la extinción de especies animales y la dieta básica para una buena alimentación: cereales, frutas, verduras y proteína animal. Él y su familia carecen de todo esto.

“Yo quiero ser campesino y albañil como mi papá”, dice el pequeño que este año terminará con los estudios de educación básica y no sabe si seguirá la escuela. Lo que más le gusta hacer es dibujar y comer plátanos y carne, “pero aquí no hay”, por el contrario, asiste a la escuela con el estómago vacío, si acaso con un “trago” de té de canela u hojas de naranjo. Después de clases ya comerá frijoles y tortilla.

El reporte de salud en el municipio señala que en 2006 la anemia ocupó el tercer lugar entre las enfermedades que más afectaron a los pobladores, 46 casos requirieron atención de segundo nivel, y después de ésta, hubo 41 enfermos de gastritis y 38 con diarrea.

El atraso

El médico rural, que ha recorrido diversas poblaciones de la sierra y la costa oaxaqueña, hace un diagnóstico de la situación en la que sobreviven los pobladores de Santa Lucía Miahuatlán y dice que “uno de los obstáculos más grandes es el idioma, ya que cuando vienen los empleados gubernamentales a repartir los apoyos de Oportunidades (el único que llega a casi el 50 por ciento de los habitantes) no pueden comunicarse, la gente no entiende.

“El problema es que los técnicos no hablan la lengua. Si quieren traer más programas es necesario que los bajen en zapoteco y haya un seguimiento de ellos”, dice.

Luis Chávez Sánchez informa que entre los atrasos de la población, que cuenta con casi 3 mil habitantes, la educación es el más lamentable. “Hay 517 analfabetas de más de 12 años, con primaria incompleta 372, secundaria incompleta 308 y al nivel medio superior sólo han llegado 18 estudiantes”.

Aquí se acaban los sueños de seguir estudiando apenas se aprende a leer y escribir. Después de ello, la gente quiere salir a Sinaloa, Baja California o Estados Unidos: “se corrió la voz de que el bienestar estaba en el norte y familias enteras han emigrado. Es paradójico que tan cerca del desarrollo, la comunidad esté sumida en el atraso”, exclama.

Hace cuatro años, Contralínea visitó el municipio de Santa Lucía Miahuatlán, ahí vivía la familia Santiago Hernández, en una casa de adobe, en lo alto del monte: tres niñas con rasgos visibles de desnutrición y sus padres. Ahora se sabe que Mauro, el padre, decidió partir a Sinaloa hace dos años y llevó con él a sus hijas y esposa. No corrió con suerte, porque la más pequeña, Carmelita, enfermó. Se intoxicó con los químicos que se riegan en los sembradíos de jitomate, cuenta Filiberto Hernández, regidor de salud en la cabecera municipal.