domingo, octubre 14
SOBERBIA DEL PANISMO, VIOLENCIA DEL PRIISMO
'Tiran' a Fox
Derriban manifestantes estatua del ex presidente que sería hoy develada en bulevar de Boca del Río
Andrés Timoteo Morales /El Mundo de Córdoba
México 14 de octubre, 2007
Fotógrafos y camarógrafos toman el instante en que manifestantes tiran de la cuerda y cae la estatua del ex presidente de México, en Boca del Río.
El Mundo de Córdoba
Boca del Río.- La estatua del expresidente Vicente Fox Quesada, que sería develada la mañana de este domingo por el ayuntamiento que encabeza el panista Francisco Gutiérrez de Velasco, fue derribada por ciudadanos que se congregaron en el bulevar que lleva el nombre del exmandatario federal.
Los manifestantes, en su mayoría militantes priístas, lazaron la efigie con cuerdas - que fue colocada por empleados municipales durante la madrugada del sábado- y la derribaron, para después arrastrarla unos metros, bailarle encima, patearla e incluso escupirla.
“’¡Ya lo tumbamos y le cortamos la mano por rata!”, gritaba la turba luego de que la mano derecha de la estatua, que formaba la V de la victoria, se fracturó al estrellarse contra el suelo.
Momentos antes de caer, el rostro del monumento fue blanco del lanzamiento de jitomates y huevos podridos.
“¡Y si lo vuelven a poner, lo volvemos a tumbar y lo echaremos al mar!”, advirtieron los manifestantes a guisa de advertencia a los empleados de Protección Civil, los cuales no lograron controlar a la turba.
El ataque contra la efigie se perpetró a las 10:45 horas, cuando unas 200 personas se congregaron en el bulevar costero Vicente Fox, nombrado así por el ayuntamiento desde noviembre del 2006, y derribaron las vallas de protección colocadas por empleados y descubrieron el monumento que se encontraba tapado con un hule negro.
Entre la muchedumbre, se encontraban los diputados federales priístas, Adolfo Mota y Gerardo Lagunes Gallina, así como el diputado local electo, Raúl Zarrabal Ferat y el convergente Robinson Uscanga.
Aunque se dio un pequeño jaloneo entre manifestantes con empleados municipales, estos no pudieron contener a la turba y se hicieron a un lado.
Enseguida, jóvenes lanzaron huevos podridos y jitomates al rostro de la escultura, a la par que se coreaban consignas contra Fox Quezada y su esposa Marta Sahagún.
Reacción
Deslinda Yunes al PRI del derribo
El dirigente del PRI en Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, deslindó a su partido del derribo de la estatua de Fox en Boca del Río.
Aseguró que su partido no ha promovido ningún tipo de acción concertada contra la decisión “errónea” del Ayuntamiento de Boca del Río de colocar dicho monumento.
En contra parte, responsabilizó de los hechos al alcalde Francisco Gutiérrez de Velasco por su “necedad” de querer inaugurar este domingo la estatua.
Aquí no es Bagdad
Crónica
El Mundo de Córdoba /El Mundo de Córdoba
México 14 de octubre, 2007
“¡Un ratero no merece una estatua... los panistas no son dueños del municipio... Fox no se merece ni recordarlo.!, se escuchaba en la vía costera, donde creció el número de espectadores pues los bañistas acudieron a ver qué ocurría.
“¡ Ya tírenlo... ya tírenlo...!”, arengaban.
Decenas de jóvenes se unieron a jalar la cuerda atada a la escultura, la cual cedió y se estrelló en el pavimento, pero no dejaron de jalar y lograron girar y arrastrar la efigie algunos metros.
Algunos manifestantes se subieron a la efigie y simularon bailar un zapateado mientras que otros la pateaban.
Uno de ellos, guitarra en mano, se acercó al rostro de la estatua y le cantó fragmentos de la melodía de Cuco Sánchez: “..Y tú que te creías el rey de todo el mundo... y cruel y despiadado de todos te reías... hoy imploras cariño, que lástima me das”.
La escena recordó a muchos el derribe de la estatua del exdictador iraquí Saddam Hussein e incluso, algunos manifestantes señalaban eufóricos: “Aquí no es Bagdad pero también tiramos a los indeseados”.
La mano derecha que formaba el signo de la victoria, se rompió con la caída, lo que fue vitoreado por la turba.
“Por ratero, la mano le cortamos”, lanzaron mientras que algunos propusieron atarle la mano junto a la boca “para que Fox deje de decir incoherencias y se calle de una vez”.
Derriban en Veracruz la estatua de Fox y le cortan la mano “por rata”
Boca del Río, Ver., 13 de octubre. La estatua del ex presidente Vicente Fox Quesada fue derribada hoy por cientos de ciudadanos que se congregaron en el bulevar costero que lleva el nombre del ex mandatario. La obra sería develada este domingo por el ayuntamiento que encabeza el panista Francisco Gutiérrez de Velasco.
Los manifestantes, en su mayoría priístas, lanzaron primero jitomates y huevos al monumento –colocado por empleados municipales durante la madrugada–, luego la lazaron, jalaron, derribaron y arrastraron algunos metros.
Al estrellarse en el suelo, la mano derecha que formaba la V de la victoria se separó del resto. “¡Ya lo tumbamos y le cortamos la mano por rata!”, decía uno de los manifestantes mientras blandía el fragmento como un trofeo y otros bailaban encima de la estatua, la pateaban y escupían.
Uno de ellos, guitarra en mano, le cantó fragmentos de la melodía de Cuco Sánchez: “y tú que te creías, el rey de todo el mundo... y cruel y despiadado de todos te reías… hoy imploras cariño, aunque sea por piedad”.
“¡Si la vuelven a poner, la volvemos a tumbar, y la echaremos al mar!”, advirtieron a los empleados de Protección Civil que no lograron impedir la acción y prefirieron hacerse a un lado, aun cuando al principio se jalonearon con los manifestantes.
Eran las 10:45 cuando 200 personas se concentraron en el bulevar Vicente Fox Quesada, nombrado así hace un año por el gobierno municipal panista de Boca del Río. Luego derribaron las vallas metálicas colocadas alrededor del monumento que se encontraba tapado con un hule negro.
Enseguida le lanzaron huevos y jitomates y luego sobrevino la explosión con la que todos celebraron la caída del “presidente del cambio”, hoy investigado por diputados federales por supuesto enriquecimiento ilícito, a la par que se coreaban consignas contra su esposa Marta Sahagún y la administración panista de Boca del Río.
“¡Un ratero no merece una estatua... los panistas no son dueños del municipio... Fox no se merece ni recordarlo!”, se escuchaba en la vía costera, mientras los bañistas acudían a ver lo que ocurría antes de que la figura fuera tumbada. “¡Ya tírenla… ya tírenla..!”, arengaban.
La escena recordó el derribamiento de la estatua del ex presidente iraquí Saddam Hussein, e inclusive alguno señaló que “aquí no es Bagdad, pero también tiramos a los indeseados”.
Dos horas después de festejar la “caída” de Fox, los manifestantes permitieron que personal del ayuntamiento se acercara a recoger la efigie para trasladarla al taller del escultor Bernardo Luis López Artasánchez, donde será reparada.
El alcalde Francisco Gutiérrez de Velasco informó que le develación no se cancela, y será reprogramada una vez que la figura sea reconstruida.
Agregó que interpondrán una denuncia penal contra los diputados federales Adolfo Mota Hernández y Gerardo Lagunes, así como contra el diputado local electo Raúl Zarrabal Ferat y el subsecretario de Ingresos del gobierno estatal, Salvador Manzur, a quienes acusó de encabezar el derribamiento. Entre la muchedumbre se encontraba también el diputado de Convergencia Robinson Uscanga.
Gutiérrez de Velasco responsabilizó también al gobierno estatal que encabeza Fidel Herrera de inmiscuirse en asuntos del municipio de Boca del Río. “El gobierno estatal impulsó la colocación del busto de Fernando Gutiérrez Barrios en el bulevar costero; hay nombres de ex presidentes, como Echeverría, y ex funcionarios que son investigados de por vida por los hechos ocurridos en la noche de Tlatelolco; no sé por qué actúa en forma partidista contra la colocación de la estatua de Fox”, se lamentó.
“Aunque exista una investigación en contra de Fox no significa que sea culpable; lo vemos tranquilo, paseando, saliendo a declarar; nos sorprende que den por adelantado que haya actuado (sic) con un enriquecimiento ilícito”, indicó.
En la ciudad de Jalapa, la dirigencia estatal del PAN también responsabilizó al gobernador Fidel Herrera Beltrán del “acto vandálico”.
En un comunicado titulado “Fidel Herrera, ingrato y desmemoriado”, el blanquiazul calificó de “lamentable” la agresión contra la estatua. “Acción Nacional reprueba estos hechos que fueron alentados por el gobernador Fidel Herrera Beltrán.”
En el documento, el panismo recordó al mandatario estatal que en octubre de 2006 declaraba a los medios nacionales que atrajo del gobierno federal 32 mil millones de pesos en inversiones productivas y reconocía que en Veracruz, después de 29 visitas, a “Fox lo vamos a extrañar”, “ha sido un gran aliado del desarrollo de la entidad”, “yo creo que soy su amigo”.
sábado, octubre 13
Más devastador el huracán calderonista
Álvaro Cepeda Neri
Los ideólogos de Felipe Calderón y, en consecuencia, del calderonismo, en lugar de rescatar la perdida legitimidad del panismo derechista, de jure pero ilegítimamente en el poder presidencial, se han encargado de arrastrar a ese tríptico mar adentro de la crisis política, con lo que le restan el poquísimo margen de maniobra para ejecutar su programa ultraliberal que apesta a más (y peor) del foxismo, cuando la nación, amenazada con la creciente recesión económica estadounidense y la invasión, legal e ilegal, del comercio chino, lo que necesita es, cuando menos, una agenda, un acuerdo socialdemócrata en política y economía para paliar en algo el avance del empobrecimiento de 40 millones de mexicanos y la hambruna de 10 millones de indígenas, en cuyo contexto sobrevive, por cierto, la desaparecida clase media con sus otros 50 millones sufriendo en las zonas urbanas del país.
A las desgracias por la concentración infamante de la riqueza, en unos cuantos millonarios (las todavía 300 familias de Azcárraga) y un multimillonario (¡Salve, Slim, los que están muriendo, te saludan, como a moderno emperador y oficiante del Becerro de Oro!); males agudizados por las políticas públicas del capitalismo salvaje, diseñado y puesto en marcha desde hace cuatro sexenios y lo que va del actual (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón) que lo único que han incubado y puede abortarse en cualquier momento (“creo que a mí me agradaría que hubiese más manifestaciones y huelgas”, escribió Richard Rorty, en su ensayo: “Los pobres son la gran mayoría”, en su libro de entrevistado: Cuidar la libertad) es una revuelta civil al unísono por todo el territorio y suficiente con uno o dos millones de los 103 que ya somos.
Esos desastres son provocados y consentidos por el neoliberalismo económico, para beneficiar a banqueros de una voracidad sin límites y a empresarios, comerciantes e industriales despiadados, como ha sido su característica tradicional, pero, además, mucho más explotadores y rateros al amparo del libre mercado, con un mínimo de controles (del mismo Richard Porty: “El libre mercado de ideas y mercancías es cosa buena, pero no es una solución para todos nuestros problemas sociales, tal y como presuponen los neoliberales”). Y todo ello protegido por el mal gobierno municipal, de los (des)gobernadores cortados por la misma tijera: priístas, panistas y perredistas, hasta culminar con el “señor presidente” en turno, a pesar y muy a pesar de que algunas facciones de la oposición han estado exigiendo el buen gobierno, remando a contracorriente de la corrupción política imperante (Alejandro Nieto: La nueva organización del desgobierno, Ariel).
Y es que la derechización descarada de la administración pública, donde el presidencialismo de las alternancias fracasadas (no se vislumbra que el calderonismo rebase por la izquierda, sino que continuará por la derecha) es el pivote de los contenidos de las políticas públicas, ya establecieron una nueva organización para consolidar al neoliberalismo económico, que practican, incluso, regímenes de centro-izquierda como Lula en Brasil, Bachelet en Chile y Kirchner en Argentina, mientras a contrapelo, con una mezcla de populismo y socialdemocracia, navega en ese mar Venezuela con Chávez. Calderón, en México, con su política internacional de “con Dios y con el Diablo”, está implantando directrices económicas que continúan al foxismo y que éste, radicalizándolas, repitió al zedillismo-salinista, hasta ahora tener a la nación al borde de estallar por hambre, desempleo e inflación.
El huracán Dean, por si algo faltara, ha sido devastador en cuando menos 200 municipios en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Aparte de que este verano de lluvias torrenciales, casi diluvios, e infernalmente caluroso, consecuencia o no del acelerado cambio climático, ha generado percances en Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Nayarit y ha tenido en un tris de calamidades al Estado de México, al Distrito Federal (en sus sectores más pobres y desvalidos), que representan una geografía con muy graves calamidades humanas, agrícolas y con fauna y bosques en ruinas. Los calderonistas, desde las secretarías de Gobernación y Agricultura, han subestimado los daños. E incluso, por venganzas político postelectorales, como en el caso de Yucatán donde el panismo perdió la gubernatura y regresó al PRI, por conducto de esos funcionarios (Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas), únicamente reconocieron daños a siete municipios de un total de 59 afectados.
El huracán calderonista está resultando más destructor que la furia de la naturaleza, ya que se resiste a invertir cuando se necesita del Fondo de Desastres Naturales (del que anteriormente Creel y su directora se sirvieron para sus intereses personales). Calderón realizó una gira demagógica. No la ayuda, porque es una obligación de ir en cumplimiento de esa obligación, se ha dado en capítulos y a cuentagotas, para “jinetear” el dinero del pueblo al que, de paso, quiere el calderonismo aumentarle los impuestos y el precio de los servicios, para únicamente tener superávit y al final o durante el sexenio “matanga dijo la changa”. Dean fue un infausto mal de la naturaleza. El calderonismo esta siendo un huracán devastador intencionalmente. Y ambas desventuras se ensañan contra una nación presa, además, del mal gobierno antirrepublicano y antidemocrático.
Inconstitucional proyecto privatizador en Pemex
Las comisiones de Energía del Congreso de la Unión exigen al director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, cancelar la licitación pública internacional 18575111-006-07, por la que se otorgaría a una empresa privada la operación y mantenimiento del sistema de ductos más importante del país
Ana Lilia Pérez
El Poder Legislativo solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión especial de la licitación pública internacional 18575111-006-07 para la operación de ductos, por considerarla anticonstitucional, violatoria de las leyes de Hidrocarburos, de Presupuesto, de Obra Pública y de Adquisiciones, y por poner en riesgo la soberanía nacional.
Desde hace varias semanas, en las oficinas corporativas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se habla de la sucesión de Jesús Reyes Heroles al frente de esa empresa petrolera del Estado. El motivo, dicen funcionarios de Pemex y fuentes del sector privado, es haber operado junto con legisladores priístas (Francisco Labastida Ochoa) posibles reformas constitucionales para privatizar algunas áreas petroleras, sin el conocimiento del presidente Felipe Calderón.
Al interior de Pemex es un secreto a voces la renuncia de Reyes Heroles entre integrantes del Consejo de Administración y directivos de las subsidiarias, algunos de los cuales han alertado del riesgo que significaría para el país que empresas privadas operen ductos petroleros.
Así, el revés que el Poder Legislativo da al primer proyecto de su gestión para abrir a la iniciativa privada sectores que constitucionalmente son exclusivos del Estado, es uno de los factores que podrían significar la salida de Reyes Heroles de la paraestatal.
A unos días de que Pemex adjudique el contrato para la operación y mantenimiento del Sistema 4 de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (el más importante del país), la Comisión Permanente del Senado de la República exhortó al Ejecutivo federal a que cancele la licitación pública internacional 18575111-006-07.
Además, por considerar que el proyecto viola diversos ordenamientos, el Senado citó a comparecer a la titular de Energía, Georgina Kessel Martínez; al todavía director de Pemex, Jesús Reyes Heroles; al director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil, y a los funcionarios que participan en el proceso de licitación.
El Senado determinó que el proyecto impulsado por Reyes Heroles y diseñado por el subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución, Luis Sergio Guaso Montoya, y por funcionarios de PEP –incluido su titular Carlos Morales–, viola la Constitución Política, el Reglamento a la Ley Orgánica de Pemex y Organismos Subsidiarios, mediante los que se otorga a PEP la facultad exclusiva para que directamente, sin la participación de terceros, realice el transporte y la distribución de hidrocarburos y gas.
El dictamen del Senado de la República, en el que se pide al Ejecutivo detener la licitación, argumenta que el dominio directo del Estado sobre el petróleo “no es para atender intereses particulares, sino públicos”, y que con la citada licitación se estaría entregando la enajenación del dominio sobre el manejo del petróleo y se perdería el control sobre la explotación del recurso.
“El dominio eminente del Estado consiste en la potestad soberana de éste sobre su territorio, y es un poder supremo sobre el territorio correspondiente, constituyendo así el poder de disponer directa e inmediatamente sobre la cosa objeto de aquel derecho; es por ello que el Estado, por conducto de Pemex, puede celebrar todo tipo de actos jurídicos, incluyendo los mercantiles que tengan por finalidad la explotación adecuada de ese recurso natural, para beneficio de la colectividad, siempre y cuando no enajene el dominio que de ellos tiene, ni pierda el control sobre la explotación del recurso.”
Sobre el financiamiento del contrato, en información enviada al Congreso, Carlos Morales Gil justificó que la mayor parte se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, dentro de los siguientes Pidiregas: Proyectos Cantarell, Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas, Integral Chic-Pidiregas, Integral Caan-Pidiregas, Integral Yaxche-Pidiregas, Integral Och-Uech y Kax-Pidiregas.
Sin embargo, el Senado documentó que la mayoría de los trabajos del contrato son de mantenimiento y no de inversiones productivas, requisito indispensable para que se aprobaran como Pidiregas, por lo que los legisladores presumen violaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al respecto, solicitaron a la recién creada Comisión de Investigación de Pidiregas de la Cámara de Diputados que revise la autorización de este proyecto.
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ordenará a la ASF a que realice una auditoría especial a dicha licitación. Los legisladores de las Comisiones de Energía de ambas cámaras solicitarán que la Secretaría de la Función Pública abra una investigación contra Jesús Reyes Heroles por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por supuestos conflicto de intereses y tráfico de influencias, y porque funcionarios de PEP participaron en el diseño de la licitación internacional.
De acuerdo con documentos internos de la paraestatal publicados por Contralínea en agosto pasado, además de Sergio Guaso y Carlos Morales, otros funcionarios involucrados en la licitación son el subdirector de PEP en la Región Sur, José Refugio Serrano Lozano; el gerente de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, Carlos Hernández García; los coordinadores de Mantenimiento de Ductos, Eloy Pérez Baruch y Heliodoro Cigarroa Citalán; el coordinador de Seguridad Industrial, Rodolfo Velásquez López; y el especialista en Integridad de Ductos, Víctor Hernández Herrera.
Proyecto amañado
La privatización de ductos fue definida dentro del Modelo Suma (Contralínea, 54), delineado por un reducido grupo de funcionarios del sexenio foxista, encabezados por Luis Ramírez Corzo; el exdirector Corporativo de Operaciones, Marcos Ramírez Silva; y el entonces director de los polémicos Contratos de Servicios Múltiples, Luis Sergio Guaso Montoya, actual Subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución, quien controla los proyectos Pidiregas de la paraestatal.
En el marco de este proyecto, el pasado 22 de mayo, PEP publicó las bases de la licitación 18575111-006-07 para adjudicar el denominado Sistema 4 de Transporte de Hidrocarburos y Gas, que comprende los estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, el más importante en el proceso de producción de crudo por su longitud: mil 700 kilómetros; y por el volumen de petróleo que en él se transporta: 350 mil barriles diarios, dentro de los cuales se ubica el ciento por ciento del energético que llega a las seis refinerías del país para la producción de gasolina.
La licitación fue etiquetada en el rubro: “Aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto”. Se trata del primero de los cuatro contratos mediante los cuales se cederá la operación de los ductos por los cuales se transporta, distribuye y comercializa todo el crudo que sale de la Sonda de Campeche (49.2 por ciento de la producción nacional); el 70.2 por ciento de la producción de gas; y el 94 por ciento de condensados. Su operación y mantenimiento es considerada estratégica para la seguridad energética del país.
En agosto pasado, Contralínea reveló el nombre de las 13 compañías que se disputan el contrato, estimado en más de mil millones de dólares; entre ellas se ubicó a la texana Mexssub, para la cual, según publicó La Jornada el pasado 21 de septiembre, Reyes Heroles habría cabildeado ante Ramírez Corzo y Carlos Morales Gil, en septiembre de 2005, para “definir un esquema de mantenimiento integral de corredores de ductos de la petrolera estatal”.
En un análisis de la licitación pública, elaborado por las comisiones de Energía del Senado y de la Cámara de Diputados, se denuncia que las bases de licitación no cumplen de ninguna manera con la normativa al respecto y que si los funcionarios de PEP llevan adelante el proceso y determinan que hubo un ganador del contrato, “sólo será porque arbitrariamente así lo determinen los servidores públicos a cargo del proceso de licitación y no porque tales propuestas hayan cumplido estrictamente con lo dispuesto por la Ley en la materia y su Reglamento”.
El documento señala que aunque supuestamente el contrato está etiquetado en el rubro de obra pública, la licitación está hecha a modo para que la gane una empresa especialista en el negocio de Petróleo y Gas, así como lo relativo a servicios –contrario a la Ley–, pero, además, la única empresa que podría acreditar los requisitos es, precisamente, Mexicana de Servicios Subacuáticos (Mexssub International, Inc.), establecida en 1982 en Houston, Texas, como una corporación encargada de dar servicios de reparación a estaciones subacuáticas de las industria del gas y el petróleo.
El senador Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía del Senado, asegura que, además de anticonstitucional, la licitación supone el tráfico de influencias de Reyes Heroles, quien como consultor privado recomendó a su predecesor, Mexsub, empresa que actualmente se disputa el contrato.
El legislador perredista, quien propuso el Punto de Acuerdo para frenar la licitación de ductos, explica:
“Lo que nos lleva a la sospecha y habla de la parcialidad o de un tráfico de influencias de la dirección es lo siguiente: estamos ante una situación donde no sabemos dónde termina el consultor privado y dónde comienza el director de Pemex.”
En este tenor –señala el senador– “lo más prudente es que Reyes Heroles cancele la licitación, y que así se arreglen las cosas, para no tener que recurrir a otras instancias, porque este proyecto definitivamente es anticonstitucional. Se pueden contratar los trabajos de mantenimiento, pero la operación de los ductos no, eso es ilegal”.
Fuentes de Pemex indican que, pese al pronunciamiento del Senado, la paraestatal sigue adelante con el proceso de licitación. El acta de la octava y última reunión de aclaraciones de PEP con los licitantes, efectuada el pasado 27 de septiembre en las oficinas del edificio Pirámide, en Villahermosa, Tabasco, indica que, acorde con la última prórroga para la asignación inicial del fallo, el próximo 24 de octubre se dará apertura a las propuestas económicas, el 31 de octubre el fallo y el 30 de noviembre la firma de contrato, cuyo inicio está programado para noviembre de 2008.
Legisladores que integran las comisiones de energía en ambas cámaras adelantan que si la paraestatal adjudica el contrato, presentarán una denuncia contra su titular ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se evalúe la inconstitucionalidad del proyecto.
Las irregularidades
Cuando Pemex hizo pública la licitación 18575111-006-07, las comisiones de Energía del Congreso de la Unión crearon grupos de trabajo de expertos en materia energética y abogados, quienes han hecho diversas revisiones al proceso mediante el que Reyes Heroles plantea entregar el sistema de ductos más importante del país a una empresa privada. El resultado de todo este análisis derivó en el rechazo del Legislativo al proyecto.
De su evaluación a la licitación, el Legislativo concluye que es ilegal dejar que terceros participen en la operación “de tan estratégico sistema de transporte de hidrocarburos, cuya función es el inicio del transporte del crudo para las refinerías donde se producen las gasolinas del país”, porque ello “vulnera aspectos de seguridad nacional”.
En los alcances de las bases de licitación, se detectó que “de forma irregular, los funcionarios de Pemex encargados de diseñar las bases simulan un contrato de obra pública, para permitir a la contratista intervenir directa e indirectamente en funciones de operación exclusivas de PEP”.
Entre las atribuciones que irregularmente tendría la contratista, se enumera:
“La asesoría técnica a la operación y mantenimiento que realizará el contratista”, cosa que invade las funciones de operación y planeación exclusivas del organismo subsidiario.
La contratista, contrario a la ley, realizaría “la planeación y evaluación de los programas anuales de trabajo para cada uno de los próximos 10 años, a partir de 2008”. Éstas son funciones exclusivas de las áreas de operación y planeación de PEP, en donde normalmente no se contratan servicios para que terceros realicen las funciones de su competencia en la operación del sistema de ductos.
En violación al artículo 27 constitucional, a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Orgánica de Pemex, la contratista dirigiría y administraría la ejecución de los trabajos, en las áreas de operación, planeación, mantenimiento y finanzas, que por ley competen a PEP.
Opacidad
El análisis del Legislativo explica que, en el esquema de licitación de ductos, los funcionarios de la paraestatal han incurrido en “una gran opacidad” en el manejo de la planeación, presupuestación, autorización, aplicación y rendición de cuentas de los recursos del Presupuesto de Egresos y de diversos Pidiregas, pues, según informó Carlos Morales al Senado, aún no se tiene claro el porcentaje del contrato que se pagará con recursos autorizados vía Pidiregas, ni el porcentaje que se pagará con dinero del presupuesto de egresos.
La opacidad de dicha información se atribuye a que ni los funcionarios de la paraestatal tienen claro los alcances del contrato, porque está justificado como un contrato de obra pública a precios unitarios, que en cualquier momento puede tener ampliaciones y ajustes de costos.
La licitación indica que la empresa ganadora solicitará durante diez años presupuesto a la paraestatal para ejecutar sus Programas Anuales de Trabajo, y que PEP lo solicitará a su vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Las atribuciones que irregularmente se dan a la contratista en dicha licitación y que suponen violaciones a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, son las de subcontratar hasta el 95 por ciento de los trabajos, salvo la asesoría, la administración del contrato y la administración de la ejecución de los trabajos, que representan el 5 por ciento del contrato. Según cálculos del titular de PEP, la contratista podría manejar unas 44 subcontratistas, sin que la subsidiaria las revise.
Por ello, agrega el documento, “si lo anterior fuera poco, el desarrollo de actividades del contratista en la operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos tiene implícito la transferencia de conocimientos de PEP al contratista, para que, en el curso de los años, el conocimiento pleno para operar el sistema esté del lado del contratista y se continúe desmantelando el acervo y experiencia de técnicos y obreros de Pemex”.
Más aún, en este esquema de contratación, se establece un Grupo Directivo que estaría integrado por tres representantes de PEP (incluido su titular) y otros tres de la compañía, con la misma calidad de voto; si existiera alguna diferencia entre ambas partes, estas deberán discutirse en la Corte Internacional de París, donde usualmente Pemex ha perdido los juicios.
Integrantes del Comité Nacional de Energía, quienes han estado presentes en las reuniones de los funcionarios de PEP con las empresas que se disputan el contrato (en el edificio Pirámide de Villahermosa, Tabasco), explican que el proceso rompe con todas las normas de una licitación pública, y que prácticamente ha sido “como una subasta pública, porque ni los mismos licitantes saben cómo estimar sus propuestas económicas por los miles de conceptos que no se están considerando”.
Citan, por ejemplo, que, según las bases de licitación, la contratista deberá obtener por su cuenta todos los permisos y derechos de vía en las zonas de obra, que incluyen ejidos, zonas habitacionales, industriales, entre otras, sin que la paraestatal intervenga en dicho proceso, pero, según los integrantes del Comité Nacional de la Energía, ni los mismos contratistas saben lo que pagarán por cada permiso.
Para hablar sobre la denuncia de inconstitucionalidad e irregularidades documentadas por el Legislativo en el proyecto de ductos, se solicitó una entrevista con el director de Pemex y con el titular de PEP, ninguno de los dos respondió.
La millonaria pensión de Agustín Carstens
En la nómina de pensionados privilegiados del Banco de México, sobresale Agustín Carstens, quien desde 1999 –fecha en que se separó de dicha entidad pública– cobra el salario de un secretario de Estado: 151 mil 500 pesos al mes, que suman casi 2 millones de pesos al año. Según la SHCP, su pago por “pensión vitalicia” fue suspendido desde que asumió la coordinación económica del equipo de Felipe Calderón y se reactivará cuando el Chicago boy deje la Secretaría de Hacienda
Nancy Flores
Duro crítico de los pasivos generados por el sistema de pensiones e impulsor de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Agustín Guillermo Carstens Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, mantiene el privilegio de esta seguridad social: el Banco de México (Banxico), encabezado por el priísta Guillermo Ortiz, le paga 1 millón 818 mil pesos anuales por pensión vitalicia.
Según sus datos biográficos, Carstens colaboró 15 años en el banco central, en donde el máximo cargo que desempeñó fue el de jefe de la oficina del gobernador. Además de la pensión vitalicia, al inicio de su carrera laboral el Chicago boy obtuvo dos becas –pagadas con recursos de dicha institución financiera– para estudiar la maestría y el doctorado en la Universidad de Chicago.
Ahora, la pensión vitalicia asciende a 151 mil 500 pesos mensuales, lo que equivale a su salario neto como secretario de Estado, revela el exdiputado Miguel Alonso Raya y confirma la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su área de comunicación social.
De acuerdo con información oficial, el titular de Hacienda ha cobrado estos recursos públicos en 93 ocasiones: de 1999, cuando se retiró del Banxico, al 15 de octubre de 2006, fecha en que asumió la coordinación del área económica del equipo de transición de Felipe Calderón.
La oficina de comunicación social de Hacienda, que negó en definitiva la entrevista con Agustín Carstens, aclara que el Chicago boy suspendió temporalmente este cobro, por tanto volverá a percibir los casi 2 millones de pesos anuales cuando deje la Secretaría.
También reconoce que, de diciembre de 2000 a agosto de 2003, el erario le pagó doble sueldo: además de la pensión, el salario que percibía en calidad de subsecretario de Hacienda, función desde la cual impulsó dar el carpetazo a las investigaciones del Fobaproa-IPAB, generalizar el IVA en todos los bienes y servicios y profundizar la persecución fiscal.
El exdiputado Alonso Raya –quien en la pasada legislatura denunció la pensión prematura que supuestamente se asignó el aún gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, y exigió la transparencia en este capítulo– advierte que los dobles salarios pagados con recursos públicos son ilegales.
Además, el perredista califica como injustos estos pagos, pues –explica– los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, que sí aportan de uno a tres salarios mínimos para su jubilación, no van a tener siquiera una pensión mínima garantizada. Por el contrario, acusa, las Afores han hecho el negocio de su vida: de 1997 a la fecha, han ganado 101 mil millones de pesos.
Contradicciones
Señalado a principios de año por negociar con Elba Esther Gordillo, cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la aprobación a la reforma del ISSSTE, el Chicago boy aún cobra la pensión, según Alonso Raya.
Al respecto, Hacienda asegura que “el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, no recibe pago alguno por concepto de la pensión vitalicia a la que tiene derecho, después de haber laborado más de 20 años en el Banco de México y haber cumplido con la edad requerida, toda vez que solicitó la suspensión de los pagos correspondientes desde que fue designado coordinador económico del equipo de transición del entonces presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa”.
No obstante, su historia laboral revela que en términos reales el secretario sólo laboró 15 años en la institución financiera: de 1982 a 1999, con un periodo de excepción entre 1983 y 1985, cuando fue becado por el propio Banxico para estudiar la maestría y el doctorado en Economía, en la Universidad de Chicago.
La primera responsabilidad que ejecutó en el banco central fue la de interno, justo después de graduarse, en 1982, como licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tres años más tarde, ya con grado de doctor, fue nombrado tesorero general.
Con posterioridad, ocupó la Dirección General de Investigación Económica. El máximo escalafón lo obtuvo en 1994 y se trató de la Jefatura de Gabinete de la oficina del gobernador Miguel Mancera Aguayo, mismo que desempeñó hasta fines de 1998.
De acuerdo con los datos biográficos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 1999 y tras su separación del Banxico, Carstens asumió la Dirección Ejecutiva de dicho organismo internacional, en representación de Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
A inicios del gobierno de Vicente Fox, fue nombrado subsecretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que dejó el 1 de agosto de 2003, para encabezar la Subdirección Gerente del FMI.
Dilapidación de recursos
El dispendio en Banxico respecto de los salarios y pensiones no se ciñe al caso de Agustín Carstens. El gobernador Guillermo Ortiz Martínez y los subgobernadores Roberto del Cueto Legaspi, Everardo Elizondo Almaguer, Guillermo Güémez García y José Julián Sidaoui Dib ganan 173 mil 438 pesos al mes, que suman 2 millones 81 mil pesos anuales, indican sus informes de transparencia. El monto incluye compensaciones por antigüedad, prima vacacional y gratificación.
Los sueldos de altos funcionarios del Banxico superan al del presidente Felipe Calderón, que asciende a 151 mil 969 pesos mensuales, y al del propio secretario de Hacienda, cuya remuneración neta es de 151 mil 473 pesos, monto similar al de su pensión vitalicia.
Otros beneficiados con dicha seguridad social son los expresidentes Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid, indica Alonso Raya. En la lista añade a José Francisco Gil Díaz, Jesús Silva Herzog Flores y Francisco Suárez Dávila.
En el caso de De la Madrid, su secretaria Delia González dice que la millonaria pensión que supuestamente recibe en calidad de expresidente “es un cuento”. Agrega que su jefe no recibe recursos del Banco de México, institución que lo contrató como consultor de gestión financiera en 1960, y cuatro años más tarde lo becó para que cursara una maestría en Administración Pública, en la Universidad de Harvard.
La efímera trayectoria en la institución financiera concluyó a su regreso, en 1965, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró subdirector general de Crédito en la Secretaría de Hacienda. Como jefe de Estado (1982-1988), De la Madrid fue señalado como responsable de la severa crisis económica mexicana. Su sexenio concluyó con la “caída” del sistema electoral que llevó a Carlos Salinas a la Presidencia.
Sobre la supuesta pensión que recibe el exsubsecretario de Hacienda y exgerente de Asuntos Internacionales del Banxico, Suárez Dávila, su equipo de colaboradores indica que “definitivamente no recibe esa pensión vitalicia”.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el gasto programable incluye una partida de 226 mil 946 millones de pesos para pensiones, cifra que revela un incremento de 6.6 por ciento respecto a 2007, ejercicio en el que ascendió a 212 mil 747 millones de pesos.
Además, indica que el gobierno pagará 101 mil 418 millones de pesos para aportaciones al ISSSTE y subsidios y transferencias a entidades de control directo. Los apoyos presupuestarios, detalla, se invertirán en el pago de pensiones, compensaciones y otras prestaciones del personal de las fuerzas armadas, y las pensiones de trato especial del sistema de retiro de los burócratas.
En la exposición de motivos, dicho proyecto –elaborado por el equipo de Agustín Carstens– señala que el gobierno realizará más acciones para consolidar la reestructuración y mejoramiento de los sistemas de seguridad social y de pensiones actuales, así como su saneamiento financiero.
Tres días después de suspender el pago de su pensión vitalicia, el 18 de octubre del año pasado, Agustín Carstens declaró a la prensa nacional: “Si uno toma en cuenta la deuda, los pasivos contingentes que tiene el gobierno a través del sistema de pensiones, pues sí es una deuda que hay que tomar muy en serio. Preocupa para el largo plazo y por lo mismo tenemos todavía tiempo de enfrentarla, pero hay que empezar a hacerlo ya”.
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RECUADRO 1
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Fox, el impune
Luego de un sexenio de escándalos por acusaciones de fraudes millonarios cometidos supuestamente por los hijos de Marta Sahagún en perjuicio de Pemex, o contratos adjudicados directamente a los amigos de Vicente Fox para remodelar la residencia oficial de Los Pinos y la erogación de miles de millones de pesos sin comprobar correctamente a lo largo de su administración, el expresidente finalmente ha sido acusado penalmente por enriquecimiento inexplicable, cohecho y otros ocho delitos
Zósimo Camacho
Durante su periodo como presidente de la República (2000-2006), Vicente Fox Quesada habría incurrido en delitos de tráfico de influencias, uso indebido de facultades y atribuciones, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento inexplicable y, entre otros, peculado, según la denuncia presentada en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el senador Ricardo Monreal Ávila.
A menos de un año de haber concluido su administración, el exfuncionario –quien demanda que se le siga llamando “presidente”– no ha tenido empacho en mostrar ante los medios de comunicación “el paraíso” en el que se convirtieron sus ranchos luego de su paso por la Presidencia de la República.
Con ello, ha vuelto a colocar en la agenda mediática el supuesto enriquecimiento ilícito de los Bribiesca, hijos de su esposa Marta Sahagún, que derivaría de supuestos fraudes a Pemex por más de 6 mil millones de pesos; contratos por 70 millones entregados a su amigo, el arquitecto Humberto Artigas, sin licitación de por medio, para la remodelación de las dos cabañas de la residencia oficial de Los Pinos; los fiascos de la megabiblioteca José Vasconcelos y el programa Enciclomedia; la irregular defenestración del líder del sindicato minero, y, entre otros, la expropiación de 27 ingenios azucareros.
“Existen evidencias muy claras de actos ilícitos del expresidente de la República e, incluso, de su familia”, asegura el legislador zacatecano Monreal Ávila, quien presentó la denuncia en la delegación metropolitana de la PGR el 24 de septiembre pasado. El senador independiente –suspendido de sus derechos en el Partido de la Revolución Democrática por seis meses, acusado de apoyar a candidatos distintos a los de su organización política– informa que la denuncia ya ha sido ratificada y que se ha integrado la averiguación previa correspondiente.
Pero tras el exfuncionario guanajuatense no sólo van los legisladores perredistas: el 24 de septiembre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial que investigará las supuestas irregularidades en el sexenio de Vicente Fox.
Luego de que las siete fracciones opositoras representadas en el Congreso de la Unión acordaran investigar el origen de los recursos del exmandatario, el Partido Acción Nacional (PAN) debió sumarse a la iniciativa y, en voz de su coordinador Héctor Larios, confirmó que el partido se sumaría a la comisión y evitaría que ésta se “convirtiera en ministerio público”.
“Lo del rancho es pecata minuta. Hay miles de millones de pesos sin justificar”, considera el legislador por el Partido Revolucionario Institucional, Víctor Valencia de los Santos, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y uno de los principales impulsores de la integración de la comisión.
Para Valencia es “indudable que la declaración patrimonial presentada por Fox y su familia al inicio de su administración contrasta cínicamente con lo que ellos de manera opulenta presentan a los medios de comunicación”.
Rechaza que los legisladores estén asumiendo funciones de ministerio público, pues la comisión no investigará a personas sino a instituciones. “Los mexicanos tienen derecho a saber que sé hizo de los recursos públicos; si alguien cometió un delito, tiene que pagar por ello. Estamos hablando de cantidades millonarias y en dólares”.
Sin embargo, Vicente Fox –nombrado el 20 de septiembre pasado copresidente de la derechista Organización Internacional de Demócratas de Centro– ha contado con el respaldo de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y con los legisladores de su partido, quienes hicieron lo posible por retrasar la integración de la comisión.
Germán Martínez Cázares, días antes de abandonar la Secretaría de la Función Pública para contender por la presidencia del PAN, exoneró a Vicente Fox de cualquier investigación. En declaraciones a la revista Proceso aseguró que “metería las manos al fuego” por él.
Pero los diputados panistas no sólo están dispuestos a quemarse por el expresidente sino también por su esposa. El legislador Juan José Rodríguez Prats asegura: “tanto meto las manos al fuego por Vicente Fox como por Marta Sahagún”.
A cada pregunta sobre las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente y su familia, Rodríguez Prats responde: “Vicente es un gran mexicano”. Con hartazgo, agrega: “¡que investiguen lo que quieran, hombre! Es no nos asusta. Y que creen las comisiones que quieran”.
Rodríguez Prats considera que “Vicente Fox es uno de los grandes mexicanos que ha tenido la historia de México; hizo una hazaña que es haber abierto la posibilidad de la alternancia”. Concluye que la comisión integrada en la Cámara “busca el escándalo, y no la verdad”.
Sobre el curso de la denuncia presentada ante el gobierno de Felipe Calderón, Ricardo Monreal señala: “no soy ingenuo y se buscará darle (al expresidente) protección e impunidad de nueva cuenta. Es un asunto que tiene muchos intereses y hay muchas personas que intentan que se bloquee, y, si no hay presión social, no se investigará. Nosotros vamos a presentar pruebas. Es un asunto jurídico. Sólo se requiere voluntad política para llegar hasta sus últimas consecuencias”.
El legislador plantea que se debe crear una comisión especializada para investigar a Vicente Fox. Agrega que dicha comisión podría ser encabezada por “un académico, un jurista o un litigante serio, independiente a cualquier persona que haya tenido vinculación con el expresidente”. Sin embargo, se reserva los nombres de quienes ha propuesto a la PGR para que estén al frente de las investigaciones.
En su última declaración patrimonial, Vicente Fox dijo haber tenido, durante 2006, ingresos por 2 millones 661 mil 181 pesos, por “cargo público”; 1 millón mil 171, por “actividad financiera”; 226 mil, por “reembolso capital La Estancia”; 267 mil 295, por “seguro separación individualizado”, concepto por el que, el año anterior, ya había cobrado 290 mil 539; y 982 mil 417 pesos por “actividad agrícola, arrendamiento e intereses de dependientes y cónyuge”.
Para el secretario de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo”, Mario Di Costanzo, el expresidente “debe ser juzgado no sólo por enriquecimiento ilícito sino por negligencia, perjurio y traición a la patria”. De acuerdo con el economista, Vicente Fox “falseó sus declaraciones patrimoniales, pues lo asentado no corresponde con la realidad. Fox mintió como candidato, como presidente y ahora como expresidente”, asegura.
Los Bribiesca Sahagún, traficantes de influencias
En la pasada administración, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún gestionaron contratos a favor de Oceanografía y solicitaron el “perdón fiscal” para el Grupo Miguel, admite en dos entrevistas el primogénito de la esposa de Vicente Fox. En las negociaciones también participó Guillermo Sahagún Jiménez, hermano de quien inventara el término“pareja presidencial”
Nancy Flores / Miguel Badillo
Acusados de tráfico de influencias y peculado, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún son blanco de investigaciones administrativas, judiciales y políticas. En la Cámara de Diputados la comisión especial encargada de investigar las actividades de su empresa Construcciones Prácticas asegura que los hermanos son responsables de quebrantar al erario por casi 6 mil millones de pesos.
Según lo declarado por el presidente de dicha comisión, Elías Cárdenas, a La Jornada, los hijos de Marta Sahagún obtuvieron estos recursos de los fraudes en los contratos signados entre la empresa Oceanografía y Petróleos Mexicanos (Pemex).
El primogénito de Marta Sahagún, Manuel Bribiesca, acepta que él y sus familiares gestionaron contratos a favor de la empresa Oceanografía, ahora investigada por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Además, reconoce haber asumido la “defensa” del Grupo Miguel, por considerar que el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, organizaba una persecución fiscal injusta contra el consorcio.
En dos entrevistas realizadas a fines de 2004 y principios de 2005 y publicadas en la columna Oficio de papel, Manuel Bribiesca revela los pormenores de las relaciones personales y de poder que lo llevaron, junto con su hermano Jorge y su tío Guillermo, a traficar influencias, aunque según él estas negociaciones no son irregulares.
El joven empresario admite haber pedido protección al entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, a favor del empresario Alfredo Miguel, prófugo de la justicia por cargos de evasión fiscal.
Además, señala que sus familiares solicitaron a la Dirección Corporativa de la paraestatal Pemex que asignara un contrato a Oceanografía por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos), para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche.
En la primera reunión, Manuel Bribiesca Sahagún reveló: “Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa se dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.
–Pero Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares. Y esto significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.
–No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.
–Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…
–Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio en el que la operación del buque significa sólo 60 millones de pesos, así que hay utilidades por 100 millones (de dólares).
–Es mucho dinero.
–Sí, y no hay nada ilícito.
–A ti te acusan de introducir mercancías de contrabando al país.
–No, no, de eso no haya nada, yo no tengo nada que ver con Aduanas ni con Gil Díaz. No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones. Que nos busquen y no van a encontrar nada.
–¿Dices que no tienen dinero, que tu familia no tiene recursos?
–No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en Los Pinos no ha significado para nosotros tener dinero.
–No tendría por qué.
–Bueno, hasta nos quitaron la partida secreta, ya no les dan recursos.
–Esa partida desapareció desde el quinto año de gobierno de Ernesto Zedillo. No fue por honestidad, sino para impedir que fueran investigados por el desvío de fondos públicos, como le sucedió a Carlos Salinas, pues a esa partida secreta se le asignaba una buena parte del presupuesto federal y, aunque no fuera auditada, no significaba que podía usarse ilícitamente.
–Pero por eso no tenemos dinero. Hasta el presidente Fox se ha opuesto a que nosotros nos acerquemos a Los Pinos. Tenemos prohibido hacer cualquier negocio que relacione a la Presidencia de la República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá viva con el presidente nosotros vamos a dejar de trabajar.
–¿Tú hiciste negocios en Pemex?
–No, nada tengo que ver ahí, los que llamaron fueron mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo). También a mí se me acusaban de tener negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me invitó a ver un partido de su equipo León y yo asistí al palco, y allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una relación con él ni hice negocios.
–¿Entonces las acusaciones de corrupción en tu contra son falsas?
–Sí, totalmente. Y si quieres saber de corrupción, de verdadera corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…
–¿Qué han hecho?
–Después hablamos de eso. Por ahora te digo que no tengo nada que ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo, no tengo negocio alguno de qué avergonzarme.
–¿Y Gil Díaz?
–Investiga los depósitos multimillonarios que se han hecho en China.
En el segundo encuentro, ocurrido el 27 de enero de 2005, el primogénito de Marta Sahagún habla del una “persecución fiscal injusta” contra 80 empresas del Grupo Miguel y de un cuantioso fraude contra la empresa Servicios Aéreos del Centro, S.A. (SACSA), fraguado, señala, desde las oficinas del entonces secretario de Hacienda.
Según Manuel Bribiesca, Gil Díaz se coludió con su sobrino Alfonso Díaz Percher, representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, S.A. de C.V. (OAG), para apoderarse de 75 mil metros cuadrados de modernas instalaciones aeroportuarias construidas en el estado de México, con un costo de 75 millones de dólares, rentadas en 12 millones de dólares a la Policía Federal de Preventiva.
El intrincado conflicto de intereses lo enfrentó con funcionarios del primer equipo del gobierno de Vicente Fox, al hacer una recia defensa de “sus amigos” del Grupo Miguel. “Es injusto lo que hace Gil Díaz contra ellos: primero los persiguió fiscalmente hasta sacar a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus empresas, como ocurre con SACSA. Eso sí es corrupción”, dice.
–¿Qué relación tienes con ese Grupo?
–Son mis amigos, solamente.
–¿Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50 por ciento de las acciones?
–No. Sólo somos amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas.
–Pero hay investigaciones fiscales y judiciales que confirman que esos empresarios sí son responsables de varios delitos.
–Yo sé que el gobierno ha abusado en contra de ellos y lo que les hacen es injusto.
–¿Has hecho algo al respecto? ¿Has hablado con tu madre de ello? ¿Has intentado hablar con el presidente para frenar ese “abuso”?
–Con el presidente Fox no puedo hablar de esas cosas: tenemos prohibido, mis hermanos y yo, acercarnos a Los Pinos y mucho menos tratar con él estos asuntos.
–Entonces, ¿has buscado a Gil Díaz?
–No, con él no. No hablo con él.
–¿Alguien más?
–Sí. Hablé con Ramón Martín Huerta (secretario de Seguridad Pública).
–¿Y qué pasó?
–Lo alerté del fraude que se estaba cometiendo al rentar a la PFP (Policía Federal Preventiva) las instalaciones de SACSA.
–¿Qué ocurrió allí?
–Gil Díaz ha perseguido por varios años a los dueños del Grupo Miguel, hasta que logró que le fincaran responsabilidades penales a Alfredo Miguel, presidente del Grupo, quien tuvo que huir del país para evitar ser detenido.
–Pero Hacienda sí comprobó que cometió evasión fiscal, ¿o no? Me parece que por 7 millones de dólares.
–Fue mucho más, pero Hacienda había hecho un acuerdo con él y pagó el crédito, y después ese pago fue utilizado por el fisco para argumentar que con eso se comprobaba el delito. Fue una trampa. Y entonces está prófugo sin deberle nada a Hacienda. Es una injusticia de Gil Díaz, porque hay funcionarios a quienes les ha otorgado el “perdón fiscal”, como al presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza, con quien su sobrino Alfonso Díaz hace negocios.
–¿Qué le pediste al secretario de Seguridad Pública?
–Le dije a Ramón (Martín Huerta) que estaba metido en un grave problema y que podía estallarle en las manos. Que se había cometido un ilícito y que estaba involucrada la Policía Federal Preventiva para beneficiar al sobrino de Gil Díaz con 12 millones de dólares.
–¿Y qué hizo el secretario?
–Está muy preocupado, no sabe qué hacer, porque este caso lo enfrentaría con Gil Díaz y no quiere molestarlo. Pero pidió tiempo para resolverlo.
–¿Y cuál es la participación de Gil Díaz en esto?
–Gil Díaz ordenó una partida extraordinaria, fuera del presupuesto, y esto es fácilmente comprobable, porque ahí están los documentos, para destinar 12 millones de dólares a la renta de las instalaciones de SACSA, para que fueran ocupadas por la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública aceptó sin protestar.
–¿Y cuál es el problema de la renta de esas instalaciones?
–Primero, que están en litigio, por tanto no pueden ser rentadas por el mismo gobierno; segundo, el dinero (los 12 millones de dólares) fue triangulado para beneficiar al pariente de Gil Díaz, pues es el representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, de tal manera que ese dinero fue triangulado hasta los bolsillos de Gil Díaz y de su sobrino, Alfonso Díaz. Fue un robo.
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