PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR AL PUEBLO DE MEXICO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, PARA SU APROBACIÓN EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA
El día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el dos de julio y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y, en los hechos, se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un Golpe de Estado.
Los siete magistrados del supuesto Tribunal Electoral asumieron una actitud cómplice al desechar pruebas contundentes y pretender ignorar lo que es de dominio público. Durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada a la Presidencia de la República del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.
El fraude electoral no sólo le cerró el paso a un aspirante presidencial, sino que anuló de facto los derechos constitucionales del pueblo de México de escoger libre y democráticamente a quien gobierne los destinos de la Nación. Estamos ante un evidente retroceso en la vida democrática del país porque no hubo respeto al sufragio y se pretende cancelar el derecho de millones de mexicanos, en particular de los más pobres, de elegir un gobierno que verdaderamente los represente.
En una República democrática y representativa, el sufragio efectivo constituye la expresión de la soberanía popular. Pero una minoría rapaz que se ha apropiado ilícitamente del poder y de los recursos de la Nación, ha perpetrado este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano. Representa un atentado contra la soberanía nacional que, como establece el artículo 39 constitucional, reside esencial y originariamente en el pueblo.
La imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde finales de 2003, cuando el gobierno de Vicente Fox y los grupos de poder más conservadores del país iniciaron una campaña para destruirnos políticamente. Primero intentaron involucrarme en presuntos actos de corrupción con los llamados videoescándalos. Ahora se sabe que fue una conspiración en mi contra, urdida por Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, en la que utilizaron a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación. Quedó claro que se trató de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarnos.
Posteriormente, recurrieron al desafuero. Torciendo la ley y utilizando instituciones del Estado como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados, trataron de destituirme como Jefe de Gobierno del Distrito Federal para despojarme de mis derechos políticos e inhabilitarme jurídicamente como candidato. Pero la movilización de cientos de miles de mexicanos detuvo esta injusticia y me sacó adelante.
Como fallaron todos los intentos ilegales por impedir mi participación en la elección presidencial, el gobierno y la derecha planearon el fraude en los comicios de este año para detener nuestro triunfo.
El verdadero motivo para obstaculizar nuestro arribo a la Presidencia de la República, es porque defendemos un Proyecto de Nación que representa una crítica de fondo al modelo económico neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos privilegiados y ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos. Nuestra propuesta de gobierno constituye un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa.
El fraude electoral de 2006 ha sido a la vez el más burdo y el más sofisticado de la historia electoral de México. Se recurrió lo mismo a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales, y la falsificación de actas de escrutinio de las casillas, que a medios más sofisticados como la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.
Desde el inicio del proceso electoral, el aspirante del PAN se convirtió en el abanderado oficial al que Vicente Fox buscó imponer por todos los medios, violando las leyes y la Constitución. El Presidente de la República, en lugar de actuar como estadista, se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista. Se usaron recursos públicos para comprar votos y los beneficios de los programas sociales a cambio de sufragios para el partido de la derecha.
El Instituto Federal Electoral, lejos de actuar como juez y árbitro de la contienda, se subordinó a los intereses de una minoría y de su candidato, convirtiéndose en cómplice del fraude para legalizar la imposición. Las autoridades electorales actuaron de manera facciosa y permitieron que el gobierno y el PAN gastaran millones de pesos públicos y privados que rebasaron con mucho los límites legales establecidos; toleraron también que, contraviniendo la ley, el partido de la derecha lanzara una guerra sucia en nuestra contra a través de los medios masivos de comunicación, como nunca se había visto en nuestro país; y por si fuera poco, solaparon la campaña ilegal del Consejo Coordinador Empresarial y de algunos grupos económicos para calumniarnos y generar miedo en la población. Con todo ello, antes de la jornada electoral ya se había configurado y tipificado el fraude como un operativo de Estado.
En la elección presidencial, el IFE violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deberían haber normado su actuación. Este organismo, en vez de cumplir con sus obligaciones legales, actuó abiertamente a favor del partido en el poder. En particular, fue notoria la complicidad con el gobierno federal de los consejeros electorales, quienes fueron designados en realidad por el PAN y por Elba Esther Gordillo Morales, símbolo del corporativismo sindical caduco y del antiguo sistema político priísta.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme al artículo 99 constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, a pesar de las evidencias del fraude, se opuso a limpiar la elección y se negó a realizar el recuento “voto por voto” y “casilla por casilla”, no obstante le fue demandado por millones de mexicanos y que tiene facultades de ley para ello.
Las irregularidades fueron muchas y en las cifras del IFE la diferencia entre los candidatos punteros fue mínima, pues el aspirante del PAN habría obtenidos 15’ 000, 284 votos y el abanderado de la Coalición Por el Bien de Todos, 14’ 756, 350 votos; es decir, una diferencia entre ambos de apenas 0.58 por ciento (243, 934 sufragios), pero los magistrados del Tribunal Electoral, en un acto de simulación, sólo ordenaron la apertura de 11,839 casillas –al final resultaron 11,720–, correspondientes al 9.07 por ciento de las 130,477 instaladas en todo el territorio nacional.
A pesar de ello, esta diligencia judicial practicada por el Tribunal demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de “errores aritméticos” de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder. En este recuento parcial quedó de manifiesto que se violó de manera sistemática la ley para defraudar a los votantes, llegándose incluso a manipular el conteo de los votos:
1) En el operativo fraudulento se introdujeron y eliminaron de manera ilegal votos en las urnas, pues en 43 por ciento de las casillas revisadas por los jueces se encontraron votos de más; es decir, votos que no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente un promedio de seis sufragios por casilla y en 30 por ciento de las urnas se robaron un promedio de 10 votos emitidos a favor del candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos;
2) La falsificación dolosa de actas de escrutinio se hizo evidente al recontar los votos, en miles de ellas aparecen registrados sufragios que no corresponden a los depositados por los ciudadanos. En 81 por ciento de las actas de escrutinio revisadas existen variaciones respecto a los votos emitidos, lo que confirma la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al que se le agregaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla;
3) Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados después del cómputo distrital; en todos los distritos electorales revisados, se encontraron cientos de paquetes sin los sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y de los funcionarios de casilla, evidenciándose de tal manera un manejo ilegal de paquetes, sobres y boletas electorales, antes, durante y después del cómputo distrital;
4) El recuento parcial ordenado por los magistrados comprobó así, que el Consejo General del IFE y muchos de los Consejos Distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal, para beneficiar al PAN y robarnos la elección presidencial.
Si nos atenemos a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral para analizar las casillas que se recontaron, podemos asegurar que nosotros ganamos la elección. La sentencia del Tribunal Electoral para ordenar la apertura de los paquetes electorales establece que “el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y a la votación emitida”. Y precisa: “En especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en este caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo, se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario”.
La Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral establece, en su artículo 75, como causales de nulidad de casillas, entre otras: “Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de las mismas”.
Si los magistrados hubiesen respetado los términos de la sentencia para el recuento parcial de casillas que ellos mismos aprobaron, y acatado la legislación electoral, tendrían que reconocer que en las casillas recontadas hay 71 mil, 142 votos espurios, introducidos ilegalmente en las urnas, y 122 mil, 266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente. Si hubieran aplicado la ley y respetado sus propios criterios, deberían haber anulado las casillas donde se mantienen estas irregularidades aún después del recuento. Y si hubieran procedido de esa manera, habrían reconocido que la Coalición Por el Bien de Todos triunfó en la elección presidencial por 526 mil votos.
Es más, si se aplican los mismos criterios legales y se proyectan a la votación nacional, eliminando los votos espurios agregados de forma arbitraria y los que fueron sustraídos con dolo, los magistrados debieron reconocer que ganamos la Presidencia de la República por más de dos millones de votos. De esa dimensión ha sido el fraude electoral realizado en contra nuestra.
El gobierno federal a fin de imponer el fraude, después del dos de julio siguió violentando el orden legal del país y con un nuevo derroche de recursos públicos y privados, ha buscado, con una campaña en los medios de comunicación, convencer a los mexicanos de que ganó el candidato de la derecha, aunque en realidad perdió la elección presidencial. El presidente Fox llegó al colmo de presionar públicamente a los magistrados para que fallaran a favor de sus deseos y proclamó el triunfo del candidato oficial, lo que dejó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin la posibilidad de emitir libremente su resolución.
Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas, que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha, que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero Golpe de Estado.
Esta situación de violencia institucional y de trastocamiento de las instituciones es, para millones de mexicanos, ofensiva e inaceptable.
Por eso, desde el 15 de agosto, ya previendo esta confabulación contra la voluntad popular, convocamos a la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos que, con representantes de los pueblos, comunidades, barrios, municipios, organizaciones sociales, civiles, sindicales y políticas de todo el país, se reunirá el 16 de septiembre de 2006 para decidir en definitiva el papel que asumiremos en la vida pública de México.
El artículo 39 constitucional a la letra dice:
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
En consecuencia, en el marco de la resistencia civil pacífica que estamos llevando a cabo y con fundamento en este artículo constitucional, propongo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convención Nacional Democrática, el siguiente:
PLAN
1º. Se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende legalizar el fraude cometido el dos de julio de 2006.
2º. Se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe dimanar de la libre voluntad del pueblo.
3º. Propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un Gobierno de la República o una Coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. Esto implica también decidir, democráticamente, si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos, o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en Resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.
4°. El órgano que aprobemos y quien lo represente deberá aplicar un programa básico con cinco objetivos fundamentales:
1) Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que imperan en nuestro país.
2) Defender el patrimonio de la Nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social; y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica, los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la Nación.
3) Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones.
4) Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción.
5) Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas, que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica sólo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco.
5°. Propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006.
6°. Los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías.
7°. El nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo e incondicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.
Mexicanas y mexicanos:
Hoy vivimos momentos de definición histórica. Ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales, y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los mexicanos.
Con la imposición del gobierno de la usurpación se violó la soberanía popular y se transgredió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este agravio, que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, hay que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones públicas que han dejado de representar el interés general del pueblo.
No solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental: se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres; representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo eso, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer.
A fin de mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se anuló la voluntad popular y, en consecuencia, se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia y la renovación radical de las instituciones de la República.
¡Nunca más una República simulada¡ ¡Nunca más la violación a los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo! ¡Nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero! ¡Nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno! ¡Nunca más aceptaremos un gobierno ilegal e ilegítimo en nuestro país!
Convoco hoy al pueblo de México a iniciar juntos una etapa nueva de la vida pública del país. Con los principios por delante, con la dignidad moral y con el apoyo de la gente, haremos los cambios y las transformaciones que necesita la República.
Esta propuesta está inspirada en lo más profundo de la historia de nuestro país y en pensamientos como los del presidente Benito Juárez, que en su tiempo escribió: “El pueblo que quiere ser libre lo será. Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos”.
Andrés Manuel López Obrador
En la Plaza de la Constitución,
Zócalo de la ciudad de México,
a 28 de agosto de 2006.
El día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el dos de julio y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y, en los hechos, se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un Golpe de Estado.
Los siete magistrados del supuesto Tribunal Electoral asumieron una actitud cómplice al desechar pruebas contundentes y pretender ignorar lo que es de dominio público. Durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada a la Presidencia de la República del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.
El fraude electoral no sólo le cerró el paso a un aspirante presidencial, sino que anuló de facto los derechos constitucionales del pueblo de México de escoger libre y democráticamente a quien gobierne los destinos de la Nación. Estamos ante un evidente retroceso en la vida democrática del país porque no hubo respeto al sufragio y se pretende cancelar el derecho de millones de mexicanos, en particular de los más pobres, de elegir un gobierno que verdaderamente los represente.
En una República democrática y representativa, el sufragio efectivo constituye la expresión de la soberanía popular. Pero una minoría rapaz que se ha apropiado ilícitamente del poder y de los recursos de la Nación, ha perpetrado este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano. Representa un atentado contra la soberanía nacional que, como establece el artículo 39 constitucional, reside esencial y originariamente en el pueblo.
La imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde finales de 2003, cuando el gobierno de Vicente Fox y los grupos de poder más conservadores del país iniciaron una campaña para destruirnos políticamente. Primero intentaron involucrarme en presuntos actos de corrupción con los llamados videoescándalos. Ahora se sabe que fue una conspiración en mi contra, urdida por Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, en la que utilizaron a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación. Quedó claro que se trató de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarnos.
Posteriormente, recurrieron al desafuero. Torciendo la ley y utilizando instituciones del Estado como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados, trataron de destituirme como Jefe de Gobierno del Distrito Federal para despojarme de mis derechos políticos e inhabilitarme jurídicamente como candidato. Pero la movilización de cientos de miles de mexicanos detuvo esta injusticia y me sacó adelante.
Como fallaron todos los intentos ilegales por impedir mi participación en la elección presidencial, el gobierno y la derecha planearon el fraude en los comicios de este año para detener nuestro triunfo.
El verdadero motivo para obstaculizar nuestro arribo a la Presidencia de la República, es porque defendemos un Proyecto de Nación que representa una crítica de fondo al modelo económico neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos privilegiados y ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos. Nuestra propuesta de gobierno constituye un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa.
El fraude electoral de 2006 ha sido a la vez el más burdo y el más sofisticado de la historia electoral de México. Se recurrió lo mismo a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales, y la falsificación de actas de escrutinio de las casillas, que a medios más sofisticados como la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.
Desde el inicio del proceso electoral, el aspirante del PAN se convirtió en el abanderado oficial al que Vicente Fox buscó imponer por todos los medios, violando las leyes y la Constitución. El Presidente de la República, en lugar de actuar como estadista, se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista. Se usaron recursos públicos para comprar votos y los beneficios de los programas sociales a cambio de sufragios para el partido de la derecha.
El Instituto Federal Electoral, lejos de actuar como juez y árbitro de la contienda, se subordinó a los intereses de una minoría y de su candidato, convirtiéndose en cómplice del fraude para legalizar la imposición. Las autoridades electorales actuaron de manera facciosa y permitieron que el gobierno y el PAN gastaran millones de pesos públicos y privados que rebasaron con mucho los límites legales establecidos; toleraron también que, contraviniendo la ley, el partido de la derecha lanzara una guerra sucia en nuestra contra a través de los medios masivos de comunicación, como nunca se había visto en nuestro país; y por si fuera poco, solaparon la campaña ilegal del Consejo Coordinador Empresarial y de algunos grupos económicos para calumniarnos y generar miedo en la población. Con todo ello, antes de la jornada electoral ya se había configurado y tipificado el fraude como un operativo de Estado.
En la elección presidencial, el IFE violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deberían haber normado su actuación. Este organismo, en vez de cumplir con sus obligaciones legales, actuó abiertamente a favor del partido en el poder. En particular, fue notoria la complicidad con el gobierno federal de los consejeros electorales, quienes fueron designados en realidad por el PAN y por Elba Esther Gordillo Morales, símbolo del corporativismo sindical caduco y del antiguo sistema político priísta.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme al artículo 99 constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, a pesar de las evidencias del fraude, se opuso a limpiar la elección y se negó a realizar el recuento “voto por voto” y “casilla por casilla”, no obstante le fue demandado por millones de mexicanos y que tiene facultades de ley para ello.
Las irregularidades fueron muchas y en las cifras del IFE la diferencia entre los candidatos punteros fue mínima, pues el aspirante del PAN habría obtenidos 15’ 000, 284 votos y el abanderado de la Coalición Por el Bien de Todos, 14’ 756, 350 votos; es decir, una diferencia entre ambos de apenas 0.58 por ciento (243, 934 sufragios), pero los magistrados del Tribunal Electoral, en un acto de simulación, sólo ordenaron la apertura de 11,839 casillas –al final resultaron 11,720–, correspondientes al 9.07 por ciento de las 130,477 instaladas en todo el territorio nacional.
A pesar de ello, esta diligencia judicial practicada por el Tribunal demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de “errores aritméticos” de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder. En este recuento parcial quedó de manifiesto que se violó de manera sistemática la ley para defraudar a los votantes, llegándose incluso a manipular el conteo de los votos:
1) En el operativo fraudulento se introdujeron y eliminaron de manera ilegal votos en las urnas, pues en 43 por ciento de las casillas revisadas por los jueces se encontraron votos de más; es decir, votos que no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente un promedio de seis sufragios por casilla y en 30 por ciento de las urnas se robaron un promedio de 10 votos emitidos a favor del candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos;
2) La falsificación dolosa de actas de escrutinio se hizo evidente al recontar los votos, en miles de ellas aparecen registrados sufragios que no corresponden a los depositados por los ciudadanos. En 81 por ciento de las actas de escrutinio revisadas existen variaciones respecto a los votos emitidos, lo que confirma la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al que se le agregaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla;
3) Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados después del cómputo distrital; en todos los distritos electorales revisados, se encontraron cientos de paquetes sin los sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y de los funcionarios de casilla, evidenciándose de tal manera un manejo ilegal de paquetes, sobres y boletas electorales, antes, durante y después del cómputo distrital;
4) El recuento parcial ordenado por los magistrados comprobó así, que el Consejo General del IFE y muchos de los Consejos Distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal, para beneficiar al PAN y robarnos la elección presidencial.
Si nos atenemos a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral para analizar las casillas que se recontaron, podemos asegurar que nosotros ganamos la elección. La sentencia del Tribunal Electoral para ordenar la apertura de los paquetes electorales establece que “el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y a la votación emitida”. Y precisa: “En especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en este caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo, se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario”.
La Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral establece, en su artículo 75, como causales de nulidad de casillas, entre otras: “Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de las mismas”.
Si los magistrados hubiesen respetado los términos de la sentencia para el recuento parcial de casillas que ellos mismos aprobaron, y acatado la legislación electoral, tendrían que reconocer que en las casillas recontadas hay 71 mil, 142 votos espurios, introducidos ilegalmente en las urnas, y 122 mil, 266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente. Si hubieran aplicado la ley y respetado sus propios criterios, deberían haber anulado las casillas donde se mantienen estas irregularidades aún después del recuento. Y si hubieran procedido de esa manera, habrían reconocido que la Coalición Por el Bien de Todos triunfó en la elección presidencial por 526 mil votos.
Es más, si se aplican los mismos criterios legales y se proyectan a la votación nacional, eliminando los votos espurios agregados de forma arbitraria y los que fueron sustraídos con dolo, los magistrados debieron reconocer que ganamos la Presidencia de la República por más de dos millones de votos. De esa dimensión ha sido el fraude electoral realizado en contra nuestra.
El gobierno federal a fin de imponer el fraude, después del dos de julio siguió violentando el orden legal del país y con un nuevo derroche de recursos públicos y privados, ha buscado, con una campaña en los medios de comunicación, convencer a los mexicanos de que ganó el candidato de la derecha, aunque en realidad perdió la elección presidencial. El presidente Fox llegó al colmo de presionar públicamente a los magistrados para que fallaran a favor de sus deseos y proclamó el triunfo del candidato oficial, lo que dejó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin la posibilidad de emitir libremente su resolución.
Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas, que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha, que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero Golpe de Estado.
Esta situación de violencia institucional y de trastocamiento de las instituciones es, para millones de mexicanos, ofensiva e inaceptable.
Por eso, desde el 15 de agosto, ya previendo esta confabulación contra la voluntad popular, convocamos a la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos que, con representantes de los pueblos, comunidades, barrios, municipios, organizaciones sociales, civiles, sindicales y políticas de todo el país, se reunirá el 16 de septiembre de 2006 para decidir en definitiva el papel que asumiremos en la vida pública de México.
El artículo 39 constitucional a la letra dice:
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
En consecuencia, en el marco de la resistencia civil pacífica que estamos llevando a cabo y con fundamento en este artículo constitucional, propongo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convención Nacional Democrática, el siguiente:
PLAN
1º. Se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende legalizar el fraude cometido el dos de julio de 2006.
2º. Se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe dimanar de la libre voluntad del pueblo.
3º. Propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un Gobierno de la República o una Coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. Esto implica también decidir, democráticamente, si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos, o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en Resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.
4°. El órgano que aprobemos y quien lo represente deberá aplicar un programa básico con cinco objetivos fundamentales:
1) Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que imperan en nuestro país.
2) Defender el patrimonio de la Nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social; y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica, los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la Nación.
3) Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones.
4) Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción.
5) Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas, que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica sólo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco.
5°. Propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006.
6°. Los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías.
7°. El nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo e incondicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.
Mexicanas y mexicanos:
Hoy vivimos momentos de definición histórica. Ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales, y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los mexicanos.
Con la imposición del gobierno de la usurpación se violó la soberanía popular y se transgredió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este agravio, que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, hay que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones públicas que han dejado de representar el interés general del pueblo.
No solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental: se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres; representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo eso, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer.
A fin de mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se anuló la voluntad popular y, en consecuencia, se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia y la renovación radical de las instituciones de la República.
¡Nunca más una República simulada¡ ¡Nunca más la violación a los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo! ¡Nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero! ¡Nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno! ¡Nunca más aceptaremos un gobierno ilegal e ilegítimo en nuestro país!
Convoco hoy al pueblo de México a iniciar juntos una etapa nueva de la vida pública del país. Con los principios por delante, con la dignidad moral y con el apoyo de la gente, haremos los cambios y las transformaciones que necesita la República.
Esta propuesta está inspirada en lo más profundo de la historia de nuestro país y en pensamientos como los del presidente Benito Juárez, que en su tiempo escribió: “El pueblo que quiere ser libre lo será. Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos”.
Andrés Manuel López Obrador
En la Plaza de la Constitución,
Zócalo de la ciudad de México,
a 28 de agosto de 2006.
