AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE MICHOACAN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Las medidas tomadas en política, economía y las operaciones policíaco-militares en Michoacán ordenadas por el presidente ilegitimo y antipopular Felipe Calderón, obedecen enteramente a los intereses facciosos de la oligarquía y del capital transnacional quienes se regocijan por la aplicación de medidas fascistas.
Felipe Calderón actúa según lo que es, un títere de la cúpula castrense más retrógrada que forma parte orgánica del yunque, haciendo una burda imitación del gobierno fascista de Uribe recibe la asesoría de los halcones de ultraderecha del imperialismo norteamericano, en la implantación de medidas fascistas donde el uso del ejército y las fuerzas represivas es primordial para sostener un régimen que resulta cada vez más antipopular y represivo.
En Michoacán con la puesta en marcha del operativo policíaco militar “Operación Conjunta Michoacán” se vive un estado de sitio que anula de facto las garantías individuales, acciones propias de un estado fascista donde es cotidiano la violación de las garantías individuales, los derechos humanos, donde la tortura, la represión psicológica y física constituyen el método de investigación y la construcción de falsos delitos que incriminan a cuanto ciudadano parezca “sospechoso” ante los ojos de la “ley”.
El argumento de la lucha contra la delincuencia organizada que enarbola el gobierno federal para justificar el despliegue policiaco en Michoacán es totalmente falso, constituye un operativo contrainsurgente que busca afanosamente apagar la protesta social, sofocar toda crítica hacia el gobierno ilegítimo, operativo que busca desmovilizar políticamente a la sociedad ante el falso dilema de combatir la delincuencia organizada.
Cortina de humo que intenta burdamente desviar la atención de los principales problemas políticos que vive el país, maniobra para opacar y esconder la represión en Oaxaca, la imposición y el carácter ilegítimo de Calderón como presidente. Se trata sólo de un acto mediático más para tratar de legitimar una presidencia que es rechazada por millones de mexicanos.
Siguiendo fielmente el mandato del imperialismo norteamericano, en el que se aplica los principios fascistas del manual de contrainsurgencia en nuestro país, las fuerzas retrogradas que gobiernan ilegítimamente inician una nueva ofensiva en nuestro estado, con este operativo lo que verdaderamente se persigue es la búsqueda de fuerzas insurgentes, so pretexto de combatir la delincuencia organizada imponen un estado de sitio que anula la libertades y derechos políticos como la libertad de tránsito, el ser agredido, detenido y torturado sólo por ser sospechoso.
Como parte del plan general de contrainsurgencia implementado por el gobierno de ultraderecha han sido activados todos los grupos de inteligencia y paramilitares para extirpar lo que la oligarquía y el yunque consideran “un peligro para México”, un problema de “seguridad nacional” lo que se traduce en el encarcelamiento y asesinato de los luchadores sociales, en la persecución y el hostigamiento de las organizaciones populares que dignamente no han aceptado la cooptación gubernamental.
Dentro de estos parámetros fascistas de “seguridad nacional” todo movimiento popular que cuestione el régimen, el carácter ilegítimo de Felipe primero, es catalogado como parte de la delincuencia organizada, es decir, quien luche por los cambios sociales que reclama el país simplemente se les criminaliza, se fabrican delitos del fuero federal, se hostiga, se persigue, se encarcela, se desaparece y se asesina políticamente a los luchadores sociales, a los ciudadanos progresistas que se atreven a denunciar el carácter fascista de este gobierno de la oligarquía.
En nuestro estado vivimos la aplicación de nuevos y viejos métodos represivos para intentar sofocar el descontento social. Métodos utilizados en otros países por el ejército norteamericano, que sólo ha dejado como resultado muertos, desaparecidos, heridos, encarcelados injustamente y el desconocimiento de los derechos humanos, donde la barbarie de los gobernantes y de la oligarquía han quedado en la impunidad en esas dictaduras del capital denominadas eufemísticamente democracias.
La “Operación Conjunta Michoacán”, no es la acción con la que se resuelva los altos índices delictivos -que en otros estados es aún mayor-, mucho menos tendrá frutos tan anunciados, sobre todo porque obedece a un acto mediático, creado para que el presidente ilegitimo Calderón pueda reposicionarse políticamente, operativo que está condenado al fracaso como “México seguro” dado que el crimen organizado es parte de y para el Estado, desde allí es donde los grupos de poder y de delincuentes actúan con la protección del mismo gobierno, aunque se diga lo contrario.
El gobierno de Lázaro Cárdenas Batel también es responsable de la cancelación de las garantías individuales en el estado y todos los actos de violación a los derechos humanos de los michoacanos que ya se llevan desde el mismo momento que se ejecuta la “Operación Conjunta Michoacán”, y la implementación de medidas fascistas, esto que vivimos sólo son las consecuencias de hacerle eco a los planes y exigencias de la ultraderecha. Lo son también aquellos que por comisión u omisión justifican y aplauden este operativo que atropella derechos, pero lo ignominioso es que quienes deben protestar se congratulen como es el caso del presidente de la CEDH que en lugar de protestar aplaude que se violen garantías políticas y derechos constitucionales con el despliegue aparatoso de miles de militares y policías quienes alteran la paz social porque operan fuera del marco constitucional.
Es fascista la decisión de implantar un estado de sitio para “resolver” por esta vía los problemas de los michoacanos, pues nuestro principal problema como lo es en el resto del país no es la inseguridad, esa es una falsa percepción impulsada por la ultraderecha; es la miseria y la pobreza el principal y mayor problema a resolver en México, ésta sigue creciendo sin que se le detenga producto de las desigualdades sociales como consecuencia de la existencia de la división social de la sociedad, crecimiento que se debe a que los diferentes gobiernos siempre vienen congraciándose con la oligarquía al darle todas las facilidades para acumular exageradas cantidades de ganancias producto de la explotación de nuestro pueblo, esa es la esencia de las políticas neoliberales impulsadas desde Miguel de la Madrid.
El operativo policiaco militar en Michoacán en esencia es un acto circense con claro interés de proteger la corrupción y la impunidad del sexenio foxista, lo que significa proteger el derecho de pernada y legalizar las fortunas familiares amasadas en el pasado sexenio. Se trata de cuidarse desde este momento la espalda mutuamente entre los ladrones de cuello blanco y esencias finas para disimular la fetidez que les rodea.
En todo caso el fenómeno de la delincuencia organizada y la economía subterránea que ella genera en todo el país nos explica vivamente el grado de corrupción y podredumbre que existe en el Estado mexicano, en esas instituciones sacrosantas que tanto defienden los defensores del régimen neoliberal.
El efecto cucaracha tan esgrimido por los diferentes gobiernos estatales y sobre todo el federal es sólo un argumento pueril sin consistencia política, mucho menos táctica, con el que tratan de tener una justificación para implantar un estado de sitio en todo el país y profundizar la Guerra de Baja Intensidad contra el pueblo organizado fuera del control gubernamental.
La pretensión de la ultraderecha es de vincular la protesta social con el movimiento revolucionario, bajo la lógica de la ultraderecha la protesta social es sinónimo de delincuencia, por ello busca el “pretexto” para acabar con toda manifestación de descontento social y evitar así toda resistencia a llevar a cabo sus medidas contrainsurgentes y fascistas que les permita la libre entrega de nuestros recursos al imperialismo norteamericano y para seguir con el enriquecimiento ilícito de los hombres de la ultraderecha y la oligarquía.
Este fenómeno nos indica que el sistema capitalista y el Estado mexicano está en crisis no sólo política sino estructural, donde en lo económico cada vez se da un proceso de colombianización pues los recursos que genera la delincuencia organizada vía lavado de dinero vienen a oxigenar al capitalismo, en nuestro caso a una economía en permanente crisis; en lo político, se viene dando un proceso de la dominación de la ultraderecha vinculada a la delincuencia organizada desde el Estado donde el Yunque es parte importante en la toma de las decisiones para la anulación de los derechos de los mexicanos, ejemplo de ello es la grotesca imposición de Calderón; en lo militar, viene a implantarse medidas en contra de los mexicanos, como estados de excepción sin ser declarados, además de un creciente aumento presupuestal y de creación de cuerpos represivos y paramilitares; en lo social, el recorte presupuestal que afecta los sectores de la cultura y la educación entre otros constituye un golpe que desconoce los derechos consagrados en la constitución y trata de liberar de las responsabilidades sociales del Estado mexicano.
El gobierno de origen panista y amalgamado con el priismo ya no es capaz de brindarle a los mexicanos ninguna posibilidad de vida con dignidad, de hecho nos enfrentamos ante una etapa de dominio relativo de la reacción, en donde las fuerzas conservadores del país empujan una embestida de ultraderecha que independientemente de los deseos de los luchadores sociales y los hombres progresistas toda transformación por la vía pacífica está siendo cancelada, esa es la realidad a la que nos enfrentamos y en ella no hay lugar para los buenos deseos o los actos voluntaristas.
Ante este panorama la movilización política de las masas es fundamental para desenmascarar el carácter represivo y fascista de este régimen, que nadie se quede desmovilizado, que nadie se paralice ante la amenaza fascista del PAN y de este gobierno ilegítimo; papel importante es también el de los organismos de derechos humanos que deben alzar su voz aún y a pesar de las peores amenazas, porque los derechos no se mendigan se exige su riguroso cumplimiento.
Para todos, es decir, para los luchadores sociales, las personalidades progresistas y los revolucionarios el imperativo que nos exige la realidad es a prepararse conscientemente contra la ofensiva de ultraderecha, la combinación de todas las formas de lucha es una necesidad en donde no se puede menospreciar ningún esfuerzo organizativo, ninguna iniciativa que enfrente a la ultraderecha y los intereses de la oligarquía y el capital transnacional. A instrumentar todos los mecanismos políticos para luchar por la libertad de todos los presos políticos es una tarea inmediata, inaplazable.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 42.
Michoacán de Ocampo, a 19 de diciembre de 2006.
AL PUEBLO DE MICHOACAN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Las medidas tomadas en política, economía y las operaciones policíaco-militares en Michoacán ordenadas por el presidente ilegitimo y antipopular Felipe Calderón, obedecen enteramente a los intereses facciosos de la oligarquía y del capital transnacional quienes se regocijan por la aplicación de medidas fascistas.
Felipe Calderón actúa según lo que es, un títere de la cúpula castrense más retrógrada que forma parte orgánica del yunque, haciendo una burda imitación del gobierno fascista de Uribe recibe la asesoría de los halcones de ultraderecha del imperialismo norteamericano, en la implantación de medidas fascistas donde el uso del ejército y las fuerzas represivas es primordial para sostener un régimen que resulta cada vez más antipopular y represivo.
En Michoacán con la puesta en marcha del operativo policíaco militar “Operación Conjunta Michoacán” se vive un estado de sitio que anula de facto las garantías individuales, acciones propias de un estado fascista donde es cotidiano la violación de las garantías individuales, los derechos humanos, donde la tortura, la represión psicológica y física constituyen el método de investigación y la construcción de falsos delitos que incriminan a cuanto ciudadano parezca “sospechoso” ante los ojos de la “ley”.
El argumento de la lucha contra la delincuencia organizada que enarbola el gobierno federal para justificar el despliegue policiaco en Michoacán es totalmente falso, constituye un operativo contrainsurgente que busca afanosamente apagar la protesta social, sofocar toda crítica hacia el gobierno ilegítimo, operativo que busca desmovilizar políticamente a la sociedad ante el falso dilema de combatir la delincuencia organizada.
Cortina de humo que intenta burdamente desviar la atención de los principales problemas políticos que vive el país, maniobra para opacar y esconder la represión en Oaxaca, la imposición y el carácter ilegítimo de Calderón como presidente. Se trata sólo de un acto mediático más para tratar de legitimar una presidencia que es rechazada por millones de mexicanos.
Siguiendo fielmente el mandato del imperialismo norteamericano, en el que se aplica los principios fascistas del manual de contrainsurgencia en nuestro país, las fuerzas retrogradas que gobiernan ilegítimamente inician una nueva ofensiva en nuestro estado, con este operativo lo que verdaderamente se persigue es la búsqueda de fuerzas insurgentes, so pretexto de combatir la delincuencia organizada imponen un estado de sitio que anula la libertades y derechos políticos como la libertad de tránsito, el ser agredido, detenido y torturado sólo por ser sospechoso.
Como parte del plan general de contrainsurgencia implementado por el gobierno de ultraderecha han sido activados todos los grupos de inteligencia y paramilitares para extirpar lo que la oligarquía y el yunque consideran “un peligro para México”, un problema de “seguridad nacional” lo que se traduce en el encarcelamiento y asesinato de los luchadores sociales, en la persecución y el hostigamiento de las organizaciones populares que dignamente no han aceptado la cooptación gubernamental.
Dentro de estos parámetros fascistas de “seguridad nacional” todo movimiento popular que cuestione el régimen, el carácter ilegítimo de Felipe primero, es catalogado como parte de la delincuencia organizada, es decir, quien luche por los cambios sociales que reclama el país simplemente se les criminaliza, se fabrican delitos del fuero federal, se hostiga, se persigue, se encarcela, se desaparece y se asesina políticamente a los luchadores sociales, a los ciudadanos progresistas que se atreven a denunciar el carácter fascista de este gobierno de la oligarquía.
En nuestro estado vivimos la aplicación de nuevos y viejos métodos represivos para intentar sofocar el descontento social. Métodos utilizados en otros países por el ejército norteamericano, que sólo ha dejado como resultado muertos, desaparecidos, heridos, encarcelados injustamente y el desconocimiento de los derechos humanos, donde la barbarie de los gobernantes y de la oligarquía han quedado en la impunidad en esas dictaduras del capital denominadas eufemísticamente democracias.
La “Operación Conjunta Michoacán”, no es la acción con la que se resuelva los altos índices delictivos -que en otros estados es aún mayor-, mucho menos tendrá frutos tan anunciados, sobre todo porque obedece a un acto mediático, creado para que el presidente ilegitimo Calderón pueda reposicionarse políticamente, operativo que está condenado al fracaso como “México seguro” dado que el crimen organizado es parte de y para el Estado, desde allí es donde los grupos de poder y de delincuentes actúan con la protección del mismo gobierno, aunque se diga lo contrario.
El gobierno de Lázaro Cárdenas Batel también es responsable de la cancelación de las garantías individuales en el estado y todos los actos de violación a los derechos humanos de los michoacanos que ya se llevan desde el mismo momento que se ejecuta la “Operación Conjunta Michoacán”, y la implementación de medidas fascistas, esto que vivimos sólo son las consecuencias de hacerle eco a los planes y exigencias de la ultraderecha. Lo son también aquellos que por comisión u omisión justifican y aplauden este operativo que atropella derechos, pero lo ignominioso es que quienes deben protestar se congratulen como es el caso del presidente de la CEDH que en lugar de protestar aplaude que se violen garantías políticas y derechos constitucionales con el despliegue aparatoso de miles de militares y policías quienes alteran la paz social porque operan fuera del marco constitucional.
Es fascista la decisión de implantar un estado de sitio para “resolver” por esta vía los problemas de los michoacanos, pues nuestro principal problema como lo es en el resto del país no es la inseguridad, esa es una falsa percepción impulsada por la ultraderecha; es la miseria y la pobreza el principal y mayor problema a resolver en México, ésta sigue creciendo sin que se le detenga producto de las desigualdades sociales como consecuencia de la existencia de la división social de la sociedad, crecimiento que se debe a que los diferentes gobiernos siempre vienen congraciándose con la oligarquía al darle todas las facilidades para acumular exageradas cantidades de ganancias producto de la explotación de nuestro pueblo, esa es la esencia de las políticas neoliberales impulsadas desde Miguel de la Madrid.
El operativo policiaco militar en Michoacán en esencia es un acto circense con claro interés de proteger la corrupción y la impunidad del sexenio foxista, lo que significa proteger el derecho de pernada y legalizar las fortunas familiares amasadas en el pasado sexenio. Se trata de cuidarse desde este momento la espalda mutuamente entre los ladrones de cuello blanco y esencias finas para disimular la fetidez que les rodea.
En todo caso el fenómeno de la delincuencia organizada y la economía subterránea que ella genera en todo el país nos explica vivamente el grado de corrupción y podredumbre que existe en el Estado mexicano, en esas instituciones sacrosantas que tanto defienden los defensores del régimen neoliberal.
El efecto cucaracha tan esgrimido por los diferentes gobiernos estatales y sobre todo el federal es sólo un argumento pueril sin consistencia política, mucho menos táctica, con el que tratan de tener una justificación para implantar un estado de sitio en todo el país y profundizar la Guerra de Baja Intensidad contra el pueblo organizado fuera del control gubernamental.
La pretensión de la ultraderecha es de vincular la protesta social con el movimiento revolucionario, bajo la lógica de la ultraderecha la protesta social es sinónimo de delincuencia, por ello busca el “pretexto” para acabar con toda manifestación de descontento social y evitar así toda resistencia a llevar a cabo sus medidas contrainsurgentes y fascistas que les permita la libre entrega de nuestros recursos al imperialismo norteamericano y para seguir con el enriquecimiento ilícito de los hombres de la ultraderecha y la oligarquía.
Este fenómeno nos indica que el sistema capitalista y el Estado mexicano está en crisis no sólo política sino estructural, donde en lo económico cada vez se da un proceso de colombianización pues los recursos que genera la delincuencia organizada vía lavado de dinero vienen a oxigenar al capitalismo, en nuestro caso a una economía en permanente crisis; en lo político, se viene dando un proceso de la dominación de la ultraderecha vinculada a la delincuencia organizada desde el Estado donde el Yunque es parte importante en la toma de las decisiones para la anulación de los derechos de los mexicanos, ejemplo de ello es la grotesca imposición de Calderón; en lo militar, viene a implantarse medidas en contra de los mexicanos, como estados de excepción sin ser declarados, además de un creciente aumento presupuestal y de creación de cuerpos represivos y paramilitares; en lo social, el recorte presupuestal que afecta los sectores de la cultura y la educación entre otros constituye un golpe que desconoce los derechos consagrados en la constitución y trata de liberar de las responsabilidades sociales del Estado mexicano.
El gobierno de origen panista y amalgamado con el priismo ya no es capaz de brindarle a los mexicanos ninguna posibilidad de vida con dignidad, de hecho nos enfrentamos ante una etapa de dominio relativo de la reacción, en donde las fuerzas conservadores del país empujan una embestida de ultraderecha que independientemente de los deseos de los luchadores sociales y los hombres progresistas toda transformación por la vía pacífica está siendo cancelada, esa es la realidad a la que nos enfrentamos y en ella no hay lugar para los buenos deseos o los actos voluntaristas.
Ante este panorama la movilización política de las masas es fundamental para desenmascarar el carácter represivo y fascista de este régimen, que nadie se quede desmovilizado, que nadie se paralice ante la amenaza fascista del PAN y de este gobierno ilegítimo; papel importante es también el de los organismos de derechos humanos que deben alzar su voz aún y a pesar de las peores amenazas, porque los derechos no se mendigan se exige su riguroso cumplimiento.
Para todos, es decir, para los luchadores sociales, las personalidades progresistas y los revolucionarios el imperativo que nos exige la realidad es a prepararse conscientemente contra la ofensiva de ultraderecha, la combinación de todas las formas de lucha es una necesidad en donde no se puede menospreciar ningún esfuerzo organizativo, ninguna iniciativa que enfrente a la ultraderecha y los intereses de la oligarquía y el capital transnacional. A instrumentar todos los mecanismos políticos para luchar por la libertad de todos los presos políticos es una tarea inmediata, inaplazable.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 42.
Michoacán de Ocampo, a 19 de diciembre de 2006.
