miércoles, noviembre 21

Granier es el “pelele” del “pelele”: AMLO PDF Imprimir E-Mail
  • El Presidente Legítimo de México denunció que no se le ha dicho la verdad a los tabasqueños en torno a que fue el mal manejo de la Presa Peñitas lo que provocó la peor inundación en la historia
  • Recordó que “Granier insinuó la responsabilidad de Peñitas en la tragedia, y fue callado y regañado por Felipe Calderón”
  • Realizó un recorrido por zonas indígenas seriamente afectadas y presentó el formato para sumarse a la denuncia penal que interpuso contra los responsables de la inundación
Image
Acompañado de su hermano José Ramiro, el Presidente Legítimo de México, visitó comunidades de Nacajuca afectadas por las aguas de la presa “Peñitas”y escuchó las demandas urgentes de los habitantes de esa zona (Foto: Pericles)

JUAN MANUEL DIEGO

El gobernador es “cómplice” de la tragedia que aqueja a la entidad, debido a que no le ha dicho la verdad a los tabasqueños en torno a que fue el mal manejo de la Presa Peñitas lo que provocó las peores inundaciones en la historia del país. Andrés Granier Melo en lugar de defender la soberanía de Tabasco y a su pueblo, “está actuando como el pelele del pelele de Felipe Calderón”, aseguró ayer el Presidente Legitimo de México Andrés Manuel López Obrador, al convocar a los más de un millón 400 mil damnificados a que se sumen a la demanda que interpuso contra tres ex mandatarios de la nación y otros funcionarios federales, quienes a su decir son los responsables de esta catástrofe, en sus afanes por favorecer a las empresas privadas productoras de energía.

Llamó a los tabasqueños a no olvidar el tema y a exigir constantemente que se haga justicia, y recordó que en una de las primeras visitas del panista a Tabasco, Granier insinuó la responsabilidad de Peñitas en la tragedia, y fue callado y regañado por Felipe Calderón. El mandatario estatal desde ahí “no ha vuelto a decir absolutamente nada”. A nosotros, agregó el líder de la izquierda mexicana, “no nos va a callar nadie” por muy poderoso que se sienta, y deploró el autoritarismo del gobierno, así como la cerrazón y manipulación mediática que impera en la localidad, similar a los tiempos de Roberto Madrazo Pintado.

En este punto hizo referencia al percance que sufrió en su visita anterior, cuando lo esperaron en Plaza de Armas grupos de porros encabezados por los titulares de la Policía Judicial y de la PGJ, con el único objetivo de provocarlo. A ellos, les advirtió que no lo intimidarán.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal estuvo en la entidad por segunda ocasión desde que iniciaron las peores inundaciones de que se tenga memoria. Dedicó su estancia en tierras tabasqueñas a recorrer por la mañana las comunidades indígenas de El Sitio e Isla Guadalupe de Nacajuca, y a medio día encabezó una reunión con dirigencias, alcaldes, legisladores locales y federales del PRD y ciudadanos, a quienes les explicó el contenido de la denuncia de hechos que presentó contra funcionarios de esta y otras administraciones federales.

Y tras una amplia explicación técnica, apoyado en laminas y con datos y cifras sobre el irregular manejo de la Presa Peñitas que desembocó en que casi todo el territorio tabasqueño quedara bajo el agua, el perredista aclaró que si recurrió a la Procuraduría General de la República no es debido a que tenga confianza en ella, sino porque es un paso obligado para llevar la demanda a las instancias internacionales, en las que –confió- se hará justicia y ordenarán la reparación de daños.

“Si aquí no hay justicia podemos acudir a instancias internacionales, y hay tesis de esos organismos en donde se habla no sólo de castigar a responsables sino de reparar el daño”, explicó.

Reiteró que tras la querella el gobierno federal se ha dedicado a descalificarlo, más no ha podido rebatirle con argumentos sus señalamientos en relación a que las inundaciones se dieron por un manejo irresponsable de la hidrológica Peñitas en el afán de la CFE por favorecer a generadores privados.

Image
El Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su intervención ayer en la reunión que sostuvo con legisladores, alcaldes y dirigentes del PRD, PT y Convergencia en Tabasco (Fotos: Pericles)

López Obrador acusó al gobierno federal del “pelele” Felipe Calderón de estar “pichicateando” el apoyo a los tabasqueños. “Están hablando de que van a apoyar con 10 mil pesos (en vales canjeables por artículos) y lo demás van a ser créditos, que aunque sean blandos, los va a tener que pagar la gente, aún y cuando el pueblo de Tabasco ha sido afectado y se le deben reparar totalmente sus daños”, subrayó.

Criticó también que por “politiquería” la administración estatal haya puesto trabas a la ayuda que desde el inicio del problema ha venido enviando el Gobierno del Distrito Federal de Marcelo Ebrard Casaubon.

Aquí destacó toda la ayuda que ha mandado el gobierno capitalino, lo que incluye equipo especializado –único en el país- para ayudar a desalojar las aguas, y ofreció que el Gobierno Legitimo seguirá apoyando en la medida de sus posibilidades de diferentes formas.

Planteó a los legisladores federales por Tabasco que sigan insistiendo en impulsar la asignación de más recursos para que en el 2008 la entidad pueda comenzar a reconstruirse.

En su explicación técnica, López Obrador advirtió que la tendencia de generación privada de energía va en aumento, lo que representará un riesgo para la entidad ante el hecho de que las presas retendrán más agua de lo debido.

Image
Con gráficas y amplio soporte técnico el Presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador, sustenta los argumentos de la demanda penal presentada en pos de justicia para los miles de tabasqueños afectados por las aguas de la presa “Peñitas”.

La demanda que interpuso destaca que “la tragedia de Tabasco pudo evitarse y fue consecuencia de una política energética privatizadora”, además de que “el Ejecutivo federal tuvo la información y los instrumentos necesarios para evitar” la catástrofe, por lo que “deben fincarse responsabilidades y reparar el daño causado” a la gente.

Antes de concluir, encomendó a los representantes populares la divulgación de la realidad, ante el cerco informativo que ha impuesto el gobierno del estado a través de los medios de comunicación en los que tiene injerencia.

Previo al encuentro para difundir el contenido y fundamentos de su denuncia, el Presidente Legitimo, sin comitiva y sin escolta, solamente acompañado por su hermano José Ramiro y por el coordinador de los diputados locales perredistas, Adán Augusto López Hernández, constató el abandono en que se encuentran las zonas indígenas de Nacajuca, primero en El Sitio y luego en Isla Guadalupe. Igual que en su gira del pasado día cinco, recibió un sin numero de quejas de la población chontal, en torno a que gobiernos en todos los niveles van y vienen, pero ellos no son tomados en cuenta.

En este último sitio, que a simple vista puede ser considerado como una de las comunidades más pobres del estado y donde muchos de sus habitantes se la pasan a pie descalzo, casi la totalidad de las tierras –donde se cultiva principalmente plátano y yuca- están devastadas y los ríos contaminados.

Las quejas de la población chontal van desde la escasez de agua y la falta de empleo, hasta la carestía en los productos básicos que se ha desatado en la zona. La situación de pobreza contrasta con la riqueza que se ha llevado PEMEX de un lugar en el que existen 47 pozos petroleros.

En respuesta, el Gobierno Legitimo se comprometió a apoyar a la gente de la zona, con la entrega de agua purificada y brigadas de servicios médicos.

La próxima semana podría aprobarse Ley del Fondo para la Reconstrucción de Tabasco: Rosalinda PDF Imprimir E-Mail
  • La senadora perredista, agregó que dicha ley viene amarrada con muchos candados, porque no se puede permitir que suceda lo de años pasados con el manejo del Fonden u otros fideicomisos públicos
Image
Rosalinda López Hernández y Oscar Cantón charlan durante la reunión que sostuvieron con el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Pericles)

J. MARTIN PRETELIN

La senadora del PRD, Rosalinda López Hernández anunció que la semana entrante podría bajarse al pleno senatorial la Ley del Fondo para la Reconstrucción de Tabasco, la cual establece mecanismos de mayor control y transparencia en el manejo de los recursos públicos que se destinen a esa tarea.

Adelantó que en esta semana la iniciativa será discutida en la Cámara de Diputados y precisó que en ella se establece de manera clara quien manejará los recursos y cómo se fiscalizarán.

Esta ley, agregó, viene amarrada con muchos candados, porque no se puede permitir que suceda lo de años pasados con el manejo del Fonden u otros fideicomisos públicos que son distintos, pero a lo mejor hasta los trabajadores desconocen de ellos.

Incluso, aclaró López Hernández, esta iniciativa estará por encima del Consejo Ciudadano para la reconstrucción de Tabasco que el gobernador Andrés Granier instaló ayer.

Dijo que como es una ley federal y los recursos que se están manejando son federales, “tiene más peso lo que se apruebe en el Congreso de la Unión para el manejo de los recursos públicos para la reconstrucción”.

Como se recordará, la propuesta fue presentada en el Congreso federal por la diputada del PRD, Mónica Fernández Balboa y es objeto de análisis por parte de diputados del PRI y del PAN.

Sobre el Consejo Ciudadano que se instaló este martes, la senadora del PRD expresó sus dudas debido a que éste se integró con personajes ligados a la vida pública y política del estado, como son los casos del empresario radiofónico Alejandro Pazos Fernández y el presidente del Consejo Coordinador de Tabasco, Efraín García Mora, entre otros.

Se hizo una propuesta para que en este comité se considerara la participación de reconocidos profesionistas de la UNAM, del Colegio de México y del Centro de Investigación y Docencia Económica, destacó.

Por otro lado, López Hernández informó que en el 2008 el estado recibirá por excedentes petroleros recursos por casi 4 mil millones de pesos para las tareas de reconstrucción, una vez que se aprobó en el Presupuesto Federal de Egresos del año venidero una partida especial de 10 por ciento en apoyo a las afectaciones derivadas de la contingencia en Tabasco y Chiapas.

No obstante, advirtió que el monto total quedará sujeto a los ingresos que se capten por el precio en la venta del petróleo mexicano en el mercado internacional, recursos que serán independientemente de los 7 mil millones de pesos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden).

“Está estimado que el precio va para arriba, entonces si es de 39 dólares el que viene en el presupuesto y están vendiéndole en 70 dólares, de esos 30 dólares más, estará etiquetado un porcentaje más para Tabasco”.

Sobre la contingencia sufrida en el estado, adelantó que en el transcurso de esta semana se espera la comparecencia en el Congreso federal de los responsables de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que expliquen a esa soberanía lo que sucedió en Tabasco.

Referente a las críticas que el gobernador Andrés Granier Melo ha hecho a los legisladores federales del PRD, la ex diputada local respondió que es inútil discutir o debatir con el mandatario.

Es probable, expuso, que los ciudadanos no conozcan el trabajo que están haciendo los legisladores federales del PRD debido al “cerco informativo que impide se den a conocer cualquier declaración que haga la oposición.”

Garantiza Arturo Núñez elecciones internas imparciales y transparentes en el PRD PDF Imprimir E-Mail
  • “El PRD quiere hacer seria y democráticamente su proceso de renovación de dirigencias, y se ha empezado con buen paso”, expuso el líder moral de la agrupación política José María Pino Suárez
  • “El PRD ha sido muy generoso conmigo y yo debo corresponderle con el mejor desempeño posible en esta función que me están encomendando”, dijo, al señalar que está garantizada la imparcialidad en esta contienda
Image
El senador Arturo Núñez entrevistado a su arribo a la reunión de legisladores federales, locales y alcaldes del PRD en Tabasco sostuvieron con el Presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Tomás Rivas)

JUAN MANUEL DIEGO

El senador Arturo Núñez Jiménez, recientemente nombrado integrante de la Comisión Técnica Electoral del PRD –órgano encargado de organizar las elecciones internas de renovación de dirigencias-, ofreció que las contiendas se desarrollarán con imparcialidad y transparencia, al descartar que pueda surgir algún tipo de ruptura entre los aspirantes.

“El PRD ha sido muy generoso conmigo y yo debo corresponderle con el mejor desempeño posible en esta función que me están encomendando”, dijo, al señalar que está garantizada la imparcialidad en esta contienda.

Aparte de Núñez Jiménez, los otros integrantes de la Comisión Técnica Electoral serán Edmundo Cancino Gómez y Graciela Sánchez Mota. Para la contienda de la dirigencia nacional hasta el momento han manifestado sus aspiraciones Alejandro Encinas Rodríguez, Ricardo Monreal Ávila, Jesús Ortega Martínez, Alfonso Ramírez Cuellar y Camilo Valenzuela Fierro.

Núñez Jiménez expuso que la imparcialidad de la contienda es algo que ha venido cuidando mucho el Consejo Político Nacional (CPN).

—¿Hay riesgo de ruptura?, se le cuestionó.

—“No, yo creo que se está empezando con buen paso, primero con la integración de las normas pactadas, incluyendo la convocatoria, segundo la autoridad electoral interna también pactada y aprobada por unanimidad, y todo eso son signos muy positivos de que el PRD quiere hacer seria y democráticamente su proceso de renovación de dirigencias, y que se ha empezado con buen paso”, expuso el líder moral de la agrupación política José María Pino Suárez.

Agregó que es probable que en su oportunidad se busque una reunión con todos los aspirantes a la dirigencia nacional del PRD, cuya fecha de elección es el domingo 16 de marzo.

El senador participó ayer en el encuentro de Andrés Manuel López Obrador con legisladores federales y alcaldes perredistas, relativo a la demanda que interpuso el Presidente Legítimo contra los responsables de las inundaciones en Tabasco, entre ellos tres ex mandatarios del país.

A CIDH caso de Ernestina

Promueve CROIZ

Zaida Salas López /El Mundo de Córdoba
México 21 de noviembre, 2007

Julio Atenco Vidal, fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas en la Sierra de Zongolica (CROIZ)

Erubiel Torres

En breve, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas en la Sierra de Zongolica (CROIZ), presentará la queja por el caso de Ernestina Ascencio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y si bien han transcurrido varios meses desde la muerte de la indígena de 73 años de edad originaria de Soledad Atzompa, la CROIZ trabaja para darle continuidad a la lucha por la defensa de doña Ernestina.

"No estamos de acuerdo con la resolución; nos parece una burla una traición, una burla a la inteligencia de los veracruzanos, fue un asesinato, fue una violación, Ernestina no mintió", insistió Julio Atenco Vidal, fundador de la CROIZ, entrevistado en el marco del Foro de Izquierdas.

Actualmente se encuentran reintegrando un expediente para presentar la queja, Atenco Vidal indicó que el objetivo es conocer la verdad histórica, lo que los conducirá a la reapertura del caso.

"Ya todo está en proceso en unos días más; anunciaremos la presentación de dicho documento, todo un equipo interdisciplinario está trabajando en él", agregó.

Informó que trabajan conjuntamente con un grupo de abogadas de la ciudad de México, quienes son expertas en derecho internacional, por lo que están sólo afinando los detalles de la técnica jurídica.

DEMANDAS:

El que se reconozca a los municipios indígenas como "pueblos" es una de las demandas de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas en la Sierra de Zongolica, que desde agosto del 2005, presentaron como Ayuntamiento y pueblo de Soledad Atzompa, pero hasta el momento no ha sido tomada en cuenta.

"Hoy se habla de pueblos indígenas pero es una demagogia, se habla pero nadie hoy legalmente puede atribuirse que es un pueblo indígena aunque lo sea", Julio Atenco Vidal, fundador de la CROIZ.

Hay en PRD intereses particulares

Concluyen en Foro Estatal de Izquierda

Angélica Salmerón /El Mundo de Córdoba
México 21 de noviembre, 2007

Más de nueve horas duró el Foro Estatal de Izquierda, donde se analizó al PRD

Erubiel Torres

Como un "conglomerado de grupos con intereses particulares ajenos a la necesidad de la militancia" fue calificado el comité ejecutivo estatal del PRD en el Foro Estatal de Izquierda y la Convención Nacional Democrática en Veracruz.

Este evento organizado por militantes y representantes del denominado 'gobierno legítimo' de Andrés Manuel López Obrador, inició a las nueve horas con el fin de organizar las bases y crear redes para que exista una vida democrática real.

Terminó después de las 18 horas con la participación de 16 personas, desplegadas en los 70 asientos disponibles, con el anuncio de Manuel García Estrada de la realización de otros tres foros similares, uno en el norte, sur y en la sierra de la zona centro.

Asistieron también petistas y ciudadanos de izquierda en general, así también activistas.

De los resolutivos de seis mesas, en la tercera sobre Debacle Restructuración, se considera que el nuevo comité estatal, a elegirse en marzo de 2008 junto con el nacional, debe ser un "comité congruentre entre la exigencia de la democracia al exterior y su práctica en el interior".

"Es un requerimiento fundamental la reconstrucción o refundación del partido", se agregó en los acuerdos que se resumirán para distribuirla como misiva entre la población.

Ahí mismo se aplaudió que dentro de la Reforma Electoral se considere el "voto por voto", pero ahora se busca la consolidación dela segunda vuelta, además del plebiscito, referendum, revocación de mandato y la iniciativa popular.

Los asistentes ratificación con su mano en alto a Andrés Manual López Obrador, como presidente legítimo de México. "AMLO es quien representa los anhelos delpueblo por un cambio genuino y verdadero", puntualizaron.

"Con esto tratamos de hacerle ver a las personas que nos tenemos que organizar desde las bases, entre nosotros, y hacer redes para que el cambio venga desde abajo", informó el organizador Manuel García Estrada, organizador.

Justificó la falta de auditorio por ser un foro de caracter ideológico, donde no se trataba de acarrear, sino de llevar propuestas.

EL DESTAPE

Manuel García Estrada anunció su interés en buscar la presidencia del comité municipal del PRD, que se renovará en marzo junto con el nacional y estatal, además con el nombramiento de delegados y consejeros.

martes, noviembre 20

Oceanografía, negocios al alza

El gobierno de Felipe Calderón otorga cinco contratos por más de 6 mil 500 millones de pesos a Oceanografía, la empresa investigada por supuesto tráfico de influencias en Pemex; este monto supera las contrataciones hechas en los últimos tres años de la administración foxista. Con un nuevo amigo en la Presidencia –Juan Camilo Mouriño–, la compañía también logra que se congele un expediente por fraude fiscal en su contra

Nancy Flores

En los primeros 10 meses del gobierno de Felipe Calderón, Oceanografía registra una cifra récord en sus negocios con Petróleos Mexicanos. De enero a septiembre, la empresa de Amado Yáñez Osuna obtiene cinco contratos que suman 6 mil 556 millones 529 mil pesos, revela información oficial de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Dicho monto es 289 por ciento mayor al alcanzado en el último año de la administración de Vicente Fox, cuando la compañía facturó 2 mil 268 millones 258 mil pesos. Es también 229 por ciento superior al de 2005, ejercicio en el que obtuvo contratos por 2 mil 852 millones 884 mil pesos. Más aún, en 2004 sólo signó un convenio con la subsidiaria por 118 millones 880 mil pesos, que representa el 1.7 por ciento de la cifra total registrada en este sexenio.

Las 15 contrataciones a favor de Oceanografía, hechas en los últimos tres años de la pasada administración, ascienden en total a 5 mil 240 millones 22 mil pesos, es decir, mil 316 millones 506 mil pesos menos que los contratos de 2007.

Auspiciados por Carlos Morales Gil, quien asumió la dirección de PEP en diciembre de 2004, los recientes negocios se dan a pesar de las indagatorias que siguen la Auditoría Superior de la Federación , la Secretaría de la Función Pública y una comisión especial en la Cámara de Diputados.

Las líneas de investigación pretenden demostrar tráfico de influencias y corrupción, y se enfocan en la relación de Yáñez Osuna con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún. No obstante, omiten averiguar los nuevos vínculos del empresario con el gabinete calderonista.

Y es que Oceanografía tiene un nuevo amigo. El 29 de enero pasado Miguel Badillo documentó el lazo del propietario de Oceanografía con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República : “Amado Yáñez asegura que su gran amistad con Juan Camilo Mouriño le permitirá avanzar más en los negocios con la empresa petrolera del Estado”.

Según la columna Oficio de Papel, la relación entre el joven empresario y el hombre más cercano al presidente Calderón inició por intermediación de Leonardo Oleavarrieta, secretario particular de Yáñez Osuna y amigo de Mouriño desde la infancia.

La cercanía con el actual gabinete gubernamental va más allá: en su calidad de secretario de Energía en el sexenio pasado, Felipe Calderón inauguró las nuevas oficinas de Oceanografía ubicadas en Ciudad del Carmen, Campeche.

Nuevos contratos

Desde que Carlos Morales Gil llegó a la dirección de PEP, dicha subsidiaria ha otorgado 19 contratos –que suman 11 mil 677 millones 671 mil pesos– a la empresa de Amado Yáñez Osuna. De éstos, 14 se signaron durante la administración de Luis Ramírez Corzo, exdirector general de Pemex, y el resto en la actual, aún encabezada por Jesús Reyes Heroles.

En el actual gobierno, su primer contrato se identifica con el folio 428216969. Mismo que se signa el 18 de enero, por 277 millones 693 mil pesos, y tiene como fin dar “servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación con apoyo de un barco procesador, paquete I”.

Diecinueve días después, el 6 de febrero, Oceanografía firma el convenio 428217803, por mil 20 millones 873 mil pesos. Éste tiene por objeto la “construcción de obras complementarias en plataformas marinas y adecuación de las instalaciones existentes, con apoyo de una embarcación de posicionamiento dinámico con equipo y personal especializado”.

El tercer contrato, para el “fletamento a tiempo de lancha estable (una) para el transporte de personal, materiales y equipo ligero en el Golfo de México”, se pacta el 2 de mayo, por 69 millones 204 mil pesos.

Por el monto involucrado, el convenio más importante es el 428237849, rubricado el 20 de septiembre por 4 mil 902 millones 777 mil 273 pesos. Su objetivo es el “montaje de equipos y estructuras diversas”, así como “adecuaciones estructurales y servicios de apoyo a la operación en las instalaciones de PEP en la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos en el Golfo de México”, descubre el portal de transparencia de PEP.

Un día después, la sociedad anónima firma el contrato 420877804, por 285 millones 980 mil pesos, destinado a la “construcción de un oleogasoducto” que va de la plataforma Atún-D a la plataforma Bagre-A, indican los informes de la subsidiaria.

Investigaciones pendientes

Además de los contratos, otro beneficio de las nuevas relaciones de Yáñez Osuna con altos funcionarios de la administración calderonista es la suspensión de una investigación por defraudación fiscal.

Aunque la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, demostró que Oceanografía evadió el pago de impuestos por 200 millones de pesos, el expediente en poder de la Procuraduría General de la República permanece en la congeladora, indican fuentes confidenciales.

Agregan que hasta la fecha las autoridades federales omiten indagar operaciones que podrían constituir otros ilícitos: la compra de diésel, energético con el que operan las embarcaciones de Yáñez Osuna; el origen del dinero con el que se adquieren los barcos que Pemex renta con posterioridad.

Otro capítulo que destacan es la recurrencia en los incumplimientos de contratos y la ausencia de sanciones o multas muy por debajo de las pérdidas, por lo que presumen complicidades con funcionarios de la paraestatal. Tal es el caso, denuncian, de la dilación y las irregularidades que presentan las obras relacionadas con el convenio 412425828.

De acuerdo con el portal de transparencia de la subsidiaria, éste involucra mil 470 millones 982 mil pesos, data del 20 de mayo de 2005 y tiene por objeto la “procura y construcción de un gasoducto de 36 por 56 kilómetros de plataforma de enlace litoral al complejo Pol-A”.

Aunque el plazo para entregar los trabajos se venció el 26 de enero de 2006, a la fecha –indican las fuentes– éstos no han sido concluidos. Tras 21 meses de retrasos, PEP apenas ha fijado multas por 12 millones de dólares en contra de Oceanografía.

Según los informantes, con el fin de comprobar la capacidad de la línea que transportará petróleo, al concluir el tendido del gasoducto se efectuó una prueba hidrostática con la que se detectó una fuga que impide su buen funcionamiento.

Pese a las demoras, Pemex Exploración y Producción no sólo no ha rescindido este trabajo a Oceanografía sino que le asigna nuevos. De 2003 a la fecha, la empresa de Yáñez Osuna ha obtenido 33 convenios en PEP, que suman 13 mil 394 millones 887 mil 602 pesos, de los cuales el 48 por ciento corresponde a los cinco que obtuvo en los primeros meses de la administración de Felipe Calderón.

Para este trabajo periodístico se solicitó entrevista con el director de PEP, Morales Gil, a quien se le pidió explicar las millonarias contrataciones que ha asignado a Oceanografía. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Oceanografía, negocios al alza

El gobierno de Felipe Calderón otorga cinco contratos por más de 6 mil 500 millones de pesos a Oceanografía, la empresa investigada por supuesto tráfico de influencias en Pemex; este monto supera las contrataciones hechas en los últimos tres años de la administración foxista. Con un nuevo amigo en la Presidencia –Juan Camilo Mouriño–, la compañía también logra que se congele un expediente por fraude fiscal en su contra

Nancy Flores

En los primeros 10 meses del gobierno de Felipe Calderón, Oceanografía registra una cifra récord en sus negocios con Petróleos Mexicanos. De enero a septiembre, la empresa de Amado Yáñez Osuna obtiene cinco contratos que suman 6 mil 556 millones 529 mil pesos, revela información oficial de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Dicho monto es 289 por ciento mayor al alcanzado en el último año de la administración de Vicente Fox, cuando la compañía facturó 2 mil 268 millones 258 mil pesos. Es también 229 por ciento superior al de 2005, ejercicio en el que obtuvo contratos por 2 mil 852 millones 884 mil pesos. Más aún, en 2004 sólo signó un convenio con la subsidiaria por 118 millones 880 mil pesos, que representa el 1.7 por ciento de la cifra total registrada en este sexenio.

Las 15 contrataciones a favor de Oceanografía, hechas en los últimos tres años de la pasada administración, ascienden en total a 5 mil 240 millones 22 mil pesos, es decir, mil 316 millones 506 mil pesos menos que los contratos de 2007.

Auspiciados por Carlos Morales Gil, quien asumió la dirección de PEP en diciembre de 2004, los recientes negocios se dan a pesar de las indagatorias que siguen la Auditoría Superior de la Federación , la Secretaría de la Función Pública y una comisión especial en la Cámara de Diputados.

Las líneas de investigación pretenden demostrar tráfico de influencias y corrupción, y se enfocan en la relación de Yáñez Osuna con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún. No obstante, omiten averiguar los nuevos vínculos del empresario con el gabinete calderonista.

Y es que Oceanografía tiene un nuevo amigo. El 29 de enero pasado Miguel Badillo documentó el lazo del propietario de Oceanografía con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República : “Amado Yáñez asegura que su gran amistad con Juan Camilo Mouriño le permitirá avanzar más en los negocios con la empresa petrolera del Estado”.

Según la columna Oficio de Papel, la relación entre el joven empresario y el hombre más cercano al presidente Calderón inició por intermediación de Leonardo Oleavarrieta, secretario particular de Yáñez Osuna y amigo de Mouriño desde la infancia.

La cercanía con el actual gabinete gubernamental va más allá: en su calidad de secretario de Energía en el sexenio pasado, Felipe Calderón inauguró las nuevas oficinas de Oceanografía ubicadas en Ciudad del Carmen, Campeche.

Nuevos contratos

Desde que Carlos Morales Gil llegó a la dirección de PEP, dicha subsidiaria ha otorgado 19 contratos –que suman 11 mil 677 millones 671 mil pesos– a la empresa de Amado Yáñez Osuna. De éstos, 14 se signaron durante la administración de Luis Ramírez Corzo, exdirector general de Pemex, y el resto en la actual, aún encabezada por Jesús Reyes Heroles.

En el actual gobierno, su primer contrato se identifica con el folio 428216969. Mismo que se signa el 18 de enero, por 277 millones 693 mil pesos, y tiene como fin dar “servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación con apoyo de un barco procesador, paquete I”.

Diecinueve días después, el 6 de febrero, Oceanografía firma el convenio 428217803, por mil 20 millones 873 mil pesos. Éste tiene por objeto la “construcción de obras complementarias en plataformas marinas y adecuación de las instalaciones existentes, con apoyo de una embarcación de posicionamiento dinámico con equipo y personal especializado”.

El tercer contrato, para el “fletamento a tiempo de lancha estable (una) para el transporte de personal, materiales y equipo ligero en el Golfo de México”, se pacta el 2 de mayo, por 69 millones 204 mil pesos.

Por el monto involucrado, el convenio más importante es el 428237849, rubricado el 20 de septiembre por 4 mil 902 millones 777 mil 273 pesos. Su objetivo es el “montaje de equipos y estructuras diversas”, así como “adecuaciones estructurales y servicios de apoyo a la operación en las instalaciones de PEP en la zona económica exclusiva de los Estados Unidos Mexicanos en el Golfo de México”, descubre el portal de transparencia de PEP.

Un día después, la sociedad anónima firma el contrato 420877804, por 285 millones 980 mil pesos, destinado a la “construcción de un oleogasoducto” que va de la plataforma Atún-D a la plataforma Bagre-A, indican los informes de la subsidiaria.

Investigaciones pendientes

Además de los contratos, otro beneficio de las nuevas relaciones de Yáñez Osuna con altos funcionarios de la administración calderonista es la suspensión de una investigación por defraudación fiscal.

Aunque la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, demostró que Oceanografía evadió el pago de impuestos por 200 millones de pesos, el expediente en poder de la Procuraduría General de la República permanece en la congeladora, indican fuentes confidenciales.

Agregan que hasta la fecha las autoridades federales omiten indagar operaciones que podrían constituir otros ilícitos: la compra de diésel, energético con el que operan las embarcaciones de Yáñez Osuna; el origen del dinero con el que se adquieren los barcos que Pemex renta con posterioridad.

Otro capítulo que destacan es la recurrencia en los incumplimientos de contratos y la ausencia de sanciones o multas muy por debajo de las pérdidas, por lo que presumen complicidades con funcionarios de la paraestatal. Tal es el caso, denuncian, de la dilación y las irregularidades que presentan las obras relacionadas con el convenio 412425828.

De acuerdo con el portal de transparencia de la subsidiaria, éste involucra mil 470 millones 982 mil pesos, data del 20 de mayo de 2005 y tiene por objeto la “procura y construcción de un gasoducto de 36 por 56 kilómetros de plataforma de enlace litoral al complejo Pol-A”.

Aunque el plazo para entregar los trabajos se venció el 26 de enero de 2006, a la fecha –indican las fuentes– éstos no han sido concluidos. Tras 21 meses de retrasos, PEP apenas ha fijado multas por 12 millones de dólares en contra de Oceanografía.

Según los informantes, con el fin de comprobar la capacidad de la línea que transportará petróleo, al concluir el tendido del gasoducto se efectuó una prueba hidrostática con la que se detectó una fuga que impide su buen funcionamiento.

Pese a las demoras, Pemex Exploración y Producción no sólo no ha rescindido este trabajo a Oceanografía sino que le asigna nuevos. De 2003 a la fecha, la empresa de Yáñez Osuna ha obtenido 33 convenios en PEP, que suman 13 mil 394 millones 887 mil 602 pesos, de los cuales el 48 por ciento corresponde a los cinco que obtuvo en los primeros meses de la administración de Felipe Calderón.

Para este trabajo periodístico se solicitó entrevista con el director de PEP, Morales Gil, a quien se le pidió explicar las millonarias contrataciones que ha asignado a Oceanografía. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Tráfico de influencias en Pemex Refinación

Pemex Refinación adjudica un contrato directo por 53 millones de pesos a Arrendadora Ocean Mexicana (AOM), empresa investigada por supuesta corrupción: según indagatorias, en complicidad con el exdirector de Finanzas de la paraestatal, Suárez Coppel, su propietario Antonio Juan Marcos Issa –exasesor de Montemayor Seguy y Muñoz Leos– creó una red de tráfico de influencias. De 2005 a la fecha, AOM ha firmado convenios con la paraestatal por más de 2 mil 300 millones de pesos

Nancy Flores

Aun con investigaciones abiertas en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por supuestos hechos de corrupción, Petróleos Mexicanos favorece a Arrendadora Ocean Mexicana con dos contratos: uno por adjudicación directa por más de 53 millones de pesos y otro por licitación que supera los 265 millones de pesos.

Función Pública y la Auditoría indagan una supuesta red de corrupción y tráfico de influencias establecida entre altos funcionarios y exfuncionarios de Pemex –como el exdirector corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Coppel– y Antonio Juan Marcos Issa, presidente de Blue Marine Technology Group, del cual depende Arrendadora Ocean Mexicana y la empresa Subtec.

El vínculo entre el ahora empresario y los servidores públicos data del sexenio de Ernesto Zedillo y continúa en la gestión de Vicente Fox: Juan Marcos Issa se desempeñó como coordinador de asesores de los exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos. De acuerdo con información de la paraestatal, la percepción mensual del exfuncionario ascendía a 172 mil 226 pesos al mes.

A inicios de la administración de Felipe Calderón, trabajadores de la paraestatal más importante de México alertaron que Juan Marcos Issa cabildeaba con el actual director, Jesús Reyes Heroles, este estratégico cargo (Fortuna 49). Aunque no lo consiguió, sus negocios en la petrolera siguen prósperos.

En el sexenio calderonista AOM ya firmó dos contratos, uno de ellos por adjudicación directa, con Pemex Refinación, por un total de 318 millones 941 mil 131 pesos. Aunque estos convenios no se encuentran bajo investigación, sobresale la relación entre el presidente de Arrendadora Ocean Mexicana y el actual director de la subsidiaria, Antonio Ceballos Soberanis. Como coordinador de asesores de Muñoz Leos, Juan Marcos Issa trabajó muy cercano al ahora titular de Refinación y entonces director corporativo de Operaciones de la paraestatal.

En dos años, las filiales del grupo Blue Marine se han adjudicado 2 mil 394 millones 971 mil pesos provenientes de las arcas de Petróleos Mexicanos: mientras que AOM ha signado 12 convenios con Refinación, que suman mil 874 millones 52 mil pesos; Subtec ha obtenido tres contratos en Pemex Exploración y Producción por 520 millones 919 mil pesos.

Nuevos convenios

El 28 de junio pasado, sin mediar licitación, la administración de José Antonio Ceballos Soberanis, en Pemex Refinación, adjudicó a AOM el contrato 4600011955, que tiene por objetivo el fletamento de un buque tanque. Por éste, la filial pagará 53 millones 482 mil 729 pesos, indica el portal de transparencia de la petrolera.

Dicho monto difiere del reportado en Compranet, sistema electrónico de contrataciones gubernamentales que depende de la SFP , donde la misma adjudicación directa se registra por sólo 4 millones 955 mil 500 pesos.

Además, en septiembre Pemex Refinación declaró a Arrendadora Ocean Mexicana como la ganadora de la licitación nacional 18575107-045-07, que según Compranet asciende a 265 millones 458 mil 402 pesos. Destinado al transporte marítimo, el nuevo convenio aún no se registra en el portal de obligaciones de transparencia de la subsidiaria.

La red de corrupción y algunos incumplimientos de contratos no son las únicas líneas que siguen la ASF y la SFP. Las instancias también investigan a las compañías AOM, Subtec, Ocean Mexicana y Blue Marine –propiedad de Juan Marcos Issa y su yerno Juan Reynoso Durand– por la supuesta relación de éstas con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, quienes también habrían gestionado contratos a favor de Oceanografía.

Esta última empresa, propiedad de Amado Yáñez Osuna, y el consorcio encabezado por Juan Marcos Issa incluso se han asociado en los negocios que mantienen con la petrolera mexicana. Así lo revela el juicio mercantil 709/2004, interpuesto el 26 de agosto de 2004 por Oceanografía en contra de Subtec, a la que le exigía el pago de 7 millones 653 mil 563 dólares.

A decir de Oceanografía, dicho monto se derivaba de la contraprestación generada por su participación en el contrato 418813817, signado en sociedad con Fondex Explorations y Subtec. Esta última empresa, encargada de la administración de ese convenio, es señalada como responsable de quedarse con el dinero (Fortuna 50).

Otro nexo entre la compañía de Yáñez Osuna y el grupo Blue Marine es el director corporativo del último, Manuel Mayoral Piana, detalla la revista Proceso. La publicación indica que éste no sólo es apoderado legal de Blue Marine Technology Group sino también de la empresa Oceanografía.

La relación Grupo

De acuerdo con una indagatoria identificada con el folio JGD56X781 –atribuida por distintos medios de comunicación a la SFP , y de la que se tiene copia–, Arrendadora Ocean Mexicana se constituyó el 21 de agosto de 2001, con un capital de 50 mil pesos, cuando Juan Marcos Issa aún era titular de la Coordinación de Asesores de la Dirección General de Petróleos Mexicanos.

La estructura accionaria de AOM, según el documento, se compone de la siguiente manera: Blue Marine Technology, S.A. de C.V., 49 mil 996 acciones; Antonio Juan Marcos Issa, dos; Juan Reynoso Durand, una; Alfredo Reynoso Durand, una.

Los operadores

Además de la relación con el actual director de Pemex Refinación, Ceballos Soberanis, los vínculos de Juan Marcos Issa también alcanzan a exfuncionarios de esa filial, como el exdirector y actual senador Juan Bueno Torio y el exsubdirector de Almacenamiento y Distribución Pedro Carlos Gómez Flores.

No obstante, según la investigación JGD56X781, el vínculo fundamental para los negocios de Blue Marine Technology con Pemex es el exdirector de Finanzas de Pemex Corporativo, Juan José Suárez Coppel, a quien identifica como cabeza de “la organización criminal”.

La indagatoria presume lo anterior, luego de dar seguimiento a los registros de las llamadas telefónicas del director general del grupo Blue Marine, Juan Reynoso Durand (0445554380988), con Jaime Suárez Coppel (0445554528376), hermano del entonces director de Finanzas de Pemex, y Pedro Carlos Gómez Flores (55687603).

El expediente también incluye la intervención ilegal de las comunicaciones electrónicas entre Juan Marcos Issa (marcoss@hotmail.com), Juan Reynoso Durand (jrd1_marine@yahoo.com), Juan José Suárez Coppel (jsuarezcoppel@yahoo.com) y su hermano Jaime (coppeline@gmail.com o coppelin@gmail.com), y Pedro Carlos Gómez Flores (pecagof@yahoo.com).

Los correos electrónicos

De acuerdo con la indagatoria, supuestamente realizada por la SFP , el intercambio de correos electrónicos “entre los líderes de la organización” –Juan Marcos Issa, Juan Reynoso Durand y Juan José Suárez Coppel– tuvo por objetivo “determinar montos y establecer líneas de operación entre los operadores”.

Por ejemplo, el 13 de noviembre de 2005 Juan Reynoso Durand le escribe a Jaime Suárez Coppel, hermano del exfuncionario respecto de una transferencia monetaria. “En esta cuenta puedes hacer el depósito: 45979-569, del Valley Regional Bank Houston, Tx”.

Según el expediente, el 26 de diciembre le da un segundo número de cuenta bancaria, pero sin identificar la institución financiera. “Éste es mi número de cuenta, 4015874896. Es del banco que tú ya sabes. No está a mi nombre, está a nombre de la persona que te mandé”. Dos meses después, el 23 de febrero, Jaime Suárez Coppel confirma una transferencia financiera a favor de Reynoso Durand. “Ya está el depósito. Mándame a tu hermano”.

Las negociaciones entre los empresarios y los funcionarios públicos se daban en distintas vías, según descubre la indagatoria. El 19 de diciembre de 2005, Juan Marcos Issa remite a Suárez Coppel el siguiente mensaje: “Eso espero, que mandes un pavo bueno”. Dos días más tarde el empresario le detalla que “regresando de vacaciones te lo mando por el conducto que ya sabes”.

Del mismo remitente a destinatario, el 20 de febrero del año pasado se registró el siguiente mensaje: “Cuándo me mandas los papeles, que ya te estás tardando”. Ocho días después, el empresario extiende una invitación al entonces director de Finanzas de la paraestatal, “vamos a comer para cuadrar todo”. No obstante, el 15 de marzo le pregunta si “se hace o no el negocio”.

En esos días, el 8 de abril, Jaime Suárez Coppel también se comunica con Reynoso Durand. “Hay que tomar medidas precautorias. Mándame el expediente, lo checo y se lo doy a mi hermano”. El 9 de mayo Durand es informado por la misma vía que “el disco que me enviaste estaba mal grabado y, de lo otro, hasta después de las elecciones”.

Para el 31 de mayo, Juan José Suárez Coppel dice a Juan Marcos Issa: “Ya me debes 50, pero está bien, te hago una transferencia”. Según la información del portal de transparencia de Pemex Refinación, el 13 de julio del año pasado AOM signó el contrato 4600010633, por 44 millones 127 mil pesos. Se trató de una adjudicación directa para el fletamento de un buque tanque.

El monto de este convenio, al igual que la mayoría, difiere del reportado a Compranet, de apenas 4 millones 57 mil pesos. Según los datos del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, de 2005 a la fecha Arrendadora Ocean Mexicana ha participado en cinco licitaciones públicas y ha obtenido cuatro adjudicaciones directas, que suman mil 784 millones 533 mil pesos.

No obstante, el portal de transparencia de Pemex Refinación revela que son 11 contrataciones por mil 608 millones 594 mil pesos, de las cuales cinco son por adjudicación directa y el resto por licitaciones públicas; sin que se haya registrado aún la última licitación que involucra al menos 265 millones 458 mil pesos, según Compranet. La diferencia entre lo reportado en el portal de transparencia y Compranet supera los 100 millones de pesos.

Para la realización de este trabajo se solicitó una entrevista con el titular de Pemex Refinación, Ceballos Soberanis, y con el director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Contratos de Arrendadora Ocean Mexicana en Pemex Refinación

(cifras en pesos)

Contrato

Procedimiento

Objetivo

Fecha

Monto (portal transparencia)

Monto (Compranet)

No reportado

Licitación púb.
Nacional

Transporte marítimo

18/09/07

No reportado

265,458,402.10

4600011955

Adjudicación directa

Fletamento buque tanque

28/06/07

53,482,729.3

4,955,500.00

4600010633

Adjudicación directa

Fletamento buque tanque

13/07/06

44,127,341.25

4,057,500.00

4600009467

Licitación púb. internacional

Fletamento buque tanque

18/01/06

120,658,017.24

127,586,520.00

4600009453

Licitación púb. internacional

Transportación de refinados vía marítima

29/12/05

116,568,866.88

125,156,800.00

4500185985

Adjudicación directa

Transportación de refinados vía marítima

02/12/05

4,948,435.80

No reportado

4500176478 y modificatorio

Adjudicación directa

Transportación de refinados vía marítima

11/10/05

24,742,179.00
4,948,435.80

2,310,000.00

4500161526

Licitación púb. Nacional

Distribución productos petrolíferos

21/06/05

78,875,067.60

No reportado

4500161528

Licitación púb. Nacional

Distribución productos petrolíferos

21/06/05

78,875,067.60

No reportado

4500161525

Licitación púb. Nacional

Distribución productos petrolíferos

25/05/05

502,828,555.95

624,559,250.00

4500161527

Licitación púb. Nacional

Distribución productos petrolíferos

24/05/05

502,828,555.95

624,559,250.00

4500155808 y modificatorio

Adjudicación directa

Distribución productos petrolíferos

01/04/05

63,092,556.45
12,618,511.29

5,890,500.00




TOTAL

1,608,594,320.1

1,784,533,722.1

Contratos de Subtec en Pemex Exploración y Producción

(cifras en pesos)

Contrato

Procedimiento

Objetivo

Fecha

Monto (portal de transparencia)

Monto (Compranet)

428236867

Invitación a tres personas

Estudio geotécnico en Maloob-DL3

22/09/06

10,434,608.44

10,519,875.63

418236900
y modificatorio

Licitación púb. internacional

Levantamientos geofísicos y geotécnicos campaña 2006

06/01/06

135,157,915.24

9,222,475.00

133,376,980.57

418813817
y modificatorio

Licitación púb. internacional

Levantamientos geofísicos y geotécnicos campaña 2003

25/04/03

364,723,020.84

1,381,071.00

No reportado




TOTAL

520,919,090.52

143,896,856.2

Fuerzas castrenses, en busca de “terroristas”

Desde la llegada de Calderón a la Presidencia –entre acusaciones de fraude electoral–, el jefe del Ejecutivo ha mantenido a decenas de miles de efectivos castrenses en la búsqueda de “terroristas” y “saboteadores”. Los programas contra el “terrorismo”, efectuados sigilosamente a diferencia de los realizados contra el narcotráfico, incluyen también al Cisen y al INM y estarían dirigidos contra las guerrillas

Zósimo Camacho

Una cuarta parte de los efectivos del Ejército Mexicano y una tercera de los de la Marina Nacional están en las calles “con el propósito de prevenir y disuadir actos de terrorismo y sabotaje”. De acuerdo con datos del apartado Seguridad Nacional del Primer Informe de Gobierno, durante los primeros seis meses de este año 45 mil 85 militares y 19 mil 718 marinos participaban permanentemente en la “protección y vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales” contra los actos de “terroristas”.

En total, 64 mil 803 efectivos castrenses patrullan el territorio mexicano adscritos a programas independientes a los que se realizan contra el narcotráfico (llamados Operativos Conjuntos) y tienen como objetivo la persecución de “terroristas” y “saboteadores”.

Aunque los programas de “vigilancia y protección del territorio” se han desarrollado desde los años posteriores a la revolución mexicana, en 2000 –al inicio del sexenio de Vicente Fox– apenas 19 mil 781 elementos del Ejército participaban en ellos. Al final del sexenio, 37 mil 253 militares y 14 mil 14 marinos ya eran parte de estos operativos.

Calderón ordenó que durante los primeros seis meses de este año se incrementaran en 20.5 y en 40.7 por ciento los números de militares y marinos, respectivamente, adscritos a los operativos y programas de “vigilancia” y que explícitamente se incluyera como “propósito” la “prevención y disuasión” de actos “terroristas”.

Del Primer Informe de Gobierno se desprende que la administración de Calderón ha colocado como prioridad, en materia de seguridad nacional, el combate al “terrorismo”, término que endilgaría a las guerrillas y movimientos sociales que actúan en el país.

Así, en materia de “adiestramiento”, las fuerzas armadas también fueron capacitadas para librar guerras “irregulares”, pues la Secretaría de Marina (Semar) “llevó a cabo la ‘Operación Foca’ en Isla Socorro, Colima, y en San Luis Carpizo, Campeche, con el propósito de incrementar el nivel de entrenamiento de las Fuerzas Especiales en acciones contra el terrorismo”. Además, se informa que se desarrolló la “Operación Pelotón Comando”, en Puerto Chiapas, Chiapas, “para elevar el nivel de adiestramiento sobre técnicas y tácticas de unidades tipo comando”.

En el mismo apartado de Seguridad Nacional se destaca el decreto de creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal o “grupo especial del Ejército y Fuerza Aérea”, publicado el 4 de mayo pasado. En el documento se abunda en que dicho cuerpo castrense “tiene como misión apoyar a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad de la nación”.

A tono con el discurso “antiterrorista” estadunidense, adoptado por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, señala que el Instituto Nacional de Migración, la Sedena , la Semar y la Secretaría de Seguridad Pública refuerzan la vigilancia de las fronteras para combatir el tráfico de armas y personas y el “terrorismo”.

Agrega que se “perfecciona lo que será el Programa para la Frontera Sur ”, el cual tendrá como uno de los objetivos principales garantizar la seguridad para los habitantes y “el turismo extranjero”.

Además, se han firmado con el gobierno de Belice los protocolos para la Coordinación Bilateral de Alerta y Respuesta Temprana (Cobart) “para hacer frente a las amenazas terroristas”.

Por su parte, la Semar “ha participado activamente en el Grupo de Trabajo de Protección Marítima Trilateral EU-Canadá-México, para la adopción de medidas de seguridad, cuyo objetivo principal es estandarizar procedimientos y enfoques para la protección marítima y la respuesta a desastres”.

Además, durante los primeros seis meses de este año el Cisen coordinó “dependencias y organismos” (sin que en el Informe se especifique de qué entidades se trata) para combatir las acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional. Tampoco señala con precisión en qué consistieron las “acciones disuasivas y correctivas al tráfico de armas, municiones y explosivos” emprendidas ni la “atención” a las “actividades de grupos subversivos en México”.

Para José Luis Piñeyro, maestro en sociología por la Universidad de Roma e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, el enfoque de la política de seguridad nacional del gobierno de Calderón sigue siendo “restrictivo y está orientado al control interno”.

El especialista lamenta que se dejen fuera de la seguridad nacional las amenazas a la soberanía, la lucha contra la pobreza y la crisis de agua potable que estallará en los próximos años.

“Tampoco sabemos qué se está haciendo para frenar la deforestación, que supera las 600 mil hectáreas por año. Agua, alimentación y aire no aparecen en la agenda de riesgos del país.”

Piñeyro atribuye la incorporación de la lucha contra el “terrorismo” a la política de seguridad nacional –y el desdén para los temas de soberanía y prevención de desastres naturales– a que “en los últimos años ha habido una creciente conflictividad social y política”.

Agrega que el gobierno de Calderón está más al pendiente de la oposición política, “y de la población en general”, que de la pobreza, la desnutrición, el cambio climático y la falta de empleos.

Por su parte, Adriana González Carrillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República , considera que la incorporación del “terrorismo” a la agenda de seguridad nacional “es consecuencia de la atención que el gobierno de la República está poniendo a una nueva situación nacional e internacional”.

La legisladora, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional, rechaza que el gobierno de Felipe Calderón se subordine al de Estados Unidos. “No. Con absoluto respeto a la soberanía de México se están encontrando caminos para enfrentar un problema que perjudica a las sociedades mexicana y estadunidense”.

Abandona gobierno a emigrantes

El gobierno de Felipe Calderón redujo considerablemente los recursos destinados al apoyo de migrantes mexicanos y suprimió la atención a los detenidos portadores de VIH/SIDA y tuberculosis en la frontera con Estados Unidos

Nydia Egremy

La asistencia jurídica urgente a los mexicanos en el extranjero, así como la atención a repatriados y visitas a centros de detención migratoria, son los programas de ayuda a emigrantes que el gobierno redujo para este año, mientras que el apoyo a mexicanos con VIH/SIDA, simplemente desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio de 2007. Esa limitación de recursos orilla a los mexicanos en Estados Unidos a sufrir detenciones, maltrato o condenas a muerte por el sistema judicial de aquel país, estiman especialistas.

La asesoría y apoyos materiales que no llegarán a los mexicanos en Estados Unidos por esa decisión gubernamental son el Programa de Atención a Migrantes Detenidos por Vigilantes de la Frontera , que no recibió fondos para este año, en contraste con los 14.1 millones de pesos (mdp) que ejerció el año pasado; los programas de Atención a Repatriados y Visitas a Centros de Detención Migratoria (15 mdp en 2006) y el de Apoyo a Migrantes Mexicanos con VIH/SIDA y tuberculosis (30 mdp el año anterior). Ninguno se consideró en el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 2007.

Los programas cuyos montos económicos se redujeron sustantivamente son el de Asesoría Jurídica Urgente para Mexicanos en el Extranjero, que en 2006 ejerció 45 millones de pesos y en 2007 sólo recibió 7 mdp. El de Defensa de Condenados a Muerte, que en 2006 recibió 15 mdp y este año sólo recibió 6 mdp; igual ocurrió con el de Repatriación a Personas Vulnerables, 15 mdp en 2006 y sólo 5.4 mdp en 2007. Este recorte también alcanzó al Programa de Consulado Móvil y Consulado sobre Ruedas, que en 2006 ejerció 25 mdp y bajó a 17.4 mdp para 2007.

De esa manera, el primer presupuesto de la administración de Felipe Calderón, cuyo monto estimado es de 2.26 billones de pesos, es decir casi 208 mil millones de dólares para 2007, sólo destinó mil 672 millones de pesos para financiar programas de atención a los emigrantes. El contraste entre esa suma y los casi 24 mil millones de dólares que los mexicanos en la Unión Americana enviaron a sus familias en México como remesas es enorme, señala el diputado emigrante por el Partido de la Revolución Democrática , José Jacques Medina.

Esa suma representa unos 152 millones de dólares, que equivalen al 0.6 por ciento de lo que ingresa al país por concepto de remesas, dice Jacques Medina, quien desde que se aprobó la medida, en diciembre pasado, rechazó esa reducción presupuestaria. Esa cantidad “está por debajo de lo que requerimos en 62 por ciento”, expresó al tiempo en que reiteró que la tendencia a la baja en esos programas se mantiene desde el PEF de 2006.

En contraste, Andrés Bermúdez, diputado emigrante por el partido Acción Nacional (PAN), respondió de esta manera a la medida: “Sí, se necesitan más recursos para algunos programas y se van a obtener, pero hay que entender que se trata de una cuestión política”. Bermúdez y Jacques Medina integran la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, cuya presidencia detenta el PAN.

El escenario antes descrito le sugiere a Javier Urbano, especialista de la Universidad Iberoamericana (UIA) en temas migratorios, que se trata de una “ineptitud absoluta; porque los encargados de los temas de la protección migratoria no tienen ni la más remota idea de lo que significa”. El académico subraya que, hasta ahora, el tema de la protección consular se ha abordado como un fin, no como una herramienta que debiera complementarse con la capacitación y asistencia de las comunidades de emigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Agrega que no sólo se trata de asignar más recursos a la protección consular: “Ese es un discurso bastante atrasado. Se debe considerar la forma de aumentar las capacidades de la protección migratoria y cambiar los principios de ese concepto, que es muy limitado y reduce la responsabilidad de los burócratas de la diplomacia”. El investigador propone ampliar la visión de la asistencia consular sin limitarse sólo a la protección.

En su opinión, visión del gobierno mexicano es: “proteger es suficiente”; sin embargo, mientras que las zonas de asentamiento de emigrantes han cambiado, la ubicación de los consulados mexicanos permanece igual: “Eso me sugiere dos cosas: una, que muchos cónsules están nada más de turismo, y dos, que quienes realmente trabajan, de verdad hacen verdaderos apostolados”.

Para ser más eficaces, Urbano Reyes propone ampliar la cobertura de los consulados mexicanos. “Que tengan alcance en ciudades intermedias, como un consulado móvil permanente, donde no se mueva la oficina pero sí los funcionarios y que permanentemente estén presentes en rangos de tiempo”. Aunque parece claro que los recursos económicos sí interesan, “antes hay que ver para qué fines se destinan. Se debe trabajar para definir un aumento en los gastos de protección consular, pero también para aumentar su eficacia”.

El catedrático lamenta que la administración pública –“ésta y las anteriores”– se acerca poco a quienes trabajan en temas de migración. Esa lejanía da por resultado medidas que se adoptan “por sentires o por contentillo, y eso provoca irritación en quienes trabajamos los temas de migración, pues observamos políticas sumamente limitadas”, que van a contracorriente de las medidas que se deben adoptar por la importancia de los temas.

Sin diálogo

“Seguimos anquilosados en el esquema de los consulados tradicionales y no somos capaces de percibir que se está desviando y modificando el flujo migratorio hacia regiones en donde antes no veíamos a un solo mexicano. Tenemos que modificar la cartografía de la ubicación de los consulados”, destaca Ventura. Esa transformación contribuirá a elevar la eficacia de una gran parte de los funcionarios de consulados móviles.

Otra limitante en la protección consular es la falta de una política de vinculación con las comunidades de emigrantes. “Es preocupante porque no hemos logrado hacernos de un buen mecanismo de comunicación con ellas, y algunas han adquirido poder político”, señala el investigador, quien sugiere que esas agrupaciones serían gestoras e intermediarias de la asistencia de los consulados. Un ejemplo sería con las agrupaciones de indocumentados, que son los más vulnerables, y cuyas necesidades conocen bien las comunidades organizadas.

Subraya que tampoco se tiene una percepción real del valor de la comunidad ya organizada. Es decir, cómo pueden contribuir los clubes de zacatecanos, de oaxaqueños, o de poblanos a ampliar el trabajo consular hacia otros mexicanos en Estados Unidos. De qué manera ellos pueden ayudar a transformar la actividad de protección en una herramienta de asistencia.

Para Alejandro Anaya, coordinador del área de Estudios Internacionales de la UIA , se debe conocer la justificación del gobierno para la disminución en esa ayuda. “Es preciso conocer los recursos del Estado y, para medir su nivel de compromiso, sí se puede exigir la progresividad de los recursos disponibles, como plantean los lineamientos internacionales en materia de derechos económicos y sociales”.

Si el Estado carece de recursos, “no se le puede exigir mucho –plantea–; sin embargo, si no hay progresividad en la ayuda y, en cambio, hay regresión en los recursos para ese rubro habría que señalarlo y criticarlo muy fuertemente”.

Según Anaya, hay que tener cuidado al identificar los 24 mil millones de dólares que envían los emigrantes a México como recursos del país. “Ese dinero no pasa por sus manos, sino que se va a las familias, aunque cabe preguntarse: ¿cuánto ingresa al gobierno en términos de impuestos de esos 24 mil millones? Y de eso, ¿cuánto dedica éste a los emigrantes?

Se podría argumentar –indica– que la mayoría de ese ingreso va al consumo, que en muchos casos implica un Impuesto al Valor Agregado (IVA). Si gran parte del consumo se dedica a bienes, ampliación de viviendas, equipos electrodomésticos, éste generaría impuestos, aunque es difícil medirlo, porque también se va para alimentos y medicinas que no tienen IVA.

Desde el 9 de octubre, Contralínea buscó conocer la versión de la cancillería sobre este recorte presupuestal, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Canal de Videos