Abandona gobierno a emigrantes
El gobierno de Felipe Calderón redujo considerablemente los recursos destinados al apoyo de migrantes mexicanos y suprimió la atención a los detenidos portadores de VIH/SIDA y tuberculosis en la frontera con Estados Unidos
Nydia Egremy
La asistencia jurídica urgente a los mexicanos en el extranjero, así como la atención a repatriados y visitas a centros de detención migratoria, son los programas de ayuda a emigrantes que el gobierno redujo para este año, mientras que el apoyo a mexicanos con VIH/SIDA, simplemente desapareció del Presupuesto de Egresos de
La asesoría y apoyos materiales que no llegarán a los mexicanos en Estados Unidos por esa decisión gubernamental son el Programa de Atención a Migrantes Detenidos por Vigilantes de
Los programas cuyos montos económicos se redujeron sustantivamente son el de Asesoría Jurídica Urgente para Mexicanos en el Extranjero, que en 2006 ejerció 45 millones de pesos y en 2007 sólo recibió 7 mdp. El de Defensa de Condenados a Muerte, que en 2006 recibió 15 mdp y este año sólo recibió 6 mdp; igual ocurrió con el de Repatriación a Personas Vulnerables, 15 mdp en 2006 y sólo 5.4 mdp en 2007. Este recorte también alcanzó al Programa de Consulado Móvil y Consulado sobre Ruedas, que en 2006 ejerció 25 mdp y bajó a 17.4 mdp para 2007.
De esa manera, el primer presupuesto de la administración de Felipe Calderón, cuyo monto estimado es de 2.26 billones de pesos, es decir casi 208 mil millones de dólares para 2007, sólo destinó mil 672 millones de pesos para financiar programas de atención a los emigrantes. El contraste entre esa suma y los casi 24 mil millones de dólares que los mexicanos en
Esa suma representa unos 152 millones de dólares, que equivalen al 0.6 por ciento de lo que ingresa al país por concepto de remesas, dice Jacques Medina, quien desde que se aprobó la medida, en diciembre pasado, rechazó esa reducción presupuestaria. Esa cantidad “está por debajo de lo que requerimos en 62 por ciento”, expresó al tiempo en que reiteró que la tendencia a la baja en esos programas se mantiene desde el PEF de 2006.
En contraste, Andrés Bermúdez, diputado emigrante por el partido Acción Nacional (PAN), respondió de esta manera a la medida: “Sí, se necesitan más recursos para algunos programas y se van a obtener, pero hay que entender que se trata de una cuestión política”. Bermúdez y Jacques Medina integran
El escenario antes descrito le sugiere a Javier Urbano, especialista de
Agrega que no sólo se trata de asignar más recursos a la protección consular: “Ese es un discurso bastante atrasado. Se debe considerar la forma de aumentar las capacidades de la protección migratoria y cambiar los principios de ese concepto, que es muy limitado y reduce la responsabilidad de los burócratas de la diplomacia”. El investigador propone ampliar la visión de la asistencia consular sin limitarse sólo a la protección.
En su opinión, visión del gobierno mexicano es: “proteger es suficiente”; sin embargo, mientras que las zonas de asentamiento de emigrantes han cambiado, la ubicación de los consulados mexicanos permanece igual: “Eso me sugiere dos cosas: una, que muchos cónsules están nada más de turismo, y dos, que quienes realmente trabajan, de verdad hacen verdaderos apostolados”.
Para ser más eficaces, Urbano Reyes propone ampliar la cobertura de los consulados mexicanos. “Que tengan alcance en ciudades intermedias, como un consulado móvil permanente, donde no se mueva la oficina pero sí los funcionarios y que permanentemente estén presentes en rangos de tiempo”. Aunque parece claro que los recursos económicos sí interesan, “antes hay que ver para qué fines se destinan. Se debe trabajar para definir un aumento en los gastos de protección consular, pero también para aumentar su eficacia”.
El catedrático lamenta que la administración pública –“ésta y las anteriores”– se acerca poco a quienes trabajan en temas de migración. Esa lejanía da por resultado medidas que se adoptan “por sentires o por contentillo, y eso provoca irritación en quienes trabajamos los temas de migración, pues observamos políticas sumamente limitadas”, que van a contracorriente de las medidas que se deben adoptar por la importancia de los temas.
Sin diálogo
“Seguimos anquilosados en el esquema de los consulados tradicionales y no somos capaces de percibir que se está desviando y modificando el flujo migratorio hacia regiones en donde antes no veíamos a un solo mexicano. Tenemos que modificar la cartografía de la ubicación de los consulados”, destaca Ventura. Esa transformación contribuirá a elevar la eficacia de una gran parte de los funcionarios de consulados móviles.
Otra limitante en la protección consular es la falta de una política de vinculación con las comunidades de emigrantes. “Es preocupante porque no hemos logrado hacernos de un buen mecanismo de comunicación con ellas, y algunas han adquirido poder político”, señala el investigador, quien sugiere que esas agrupaciones serían gestoras e intermediarias de la asistencia de los consulados. Un ejemplo sería con las agrupaciones de indocumentados, que son los más vulnerables, y cuyas necesidades conocen bien las comunidades organizadas.
Subraya que tampoco se tiene una percepción real del valor de la comunidad ya organizada. Es decir, cómo pueden contribuir los clubes de zacatecanos, de oaxaqueños, o de poblanos a ampliar el trabajo consular hacia otros mexicanos en Estados Unidos. De qué manera ellos pueden ayudar a transformar la actividad de protección en una herramienta de asistencia.
Para Alejandro Anaya, coordinador del área de Estudios Internacionales de
Si el Estado carece de recursos, “no se le puede exigir mucho –plantea–; sin embargo, si no hay progresividad en la ayuda y, en cambio, hay regresión en los recursos para ese rubro habría que señalarlo y criticarlo muy fuertemente”.
Según Anaya, hay que tener cuidado al identificar los 24 mil millones de dólares que envían los emigrantes a México como recursos del país. “Ese dinero no pasa por sus manos, sino que se va a las familias, aunque cabe preguntarse: ¿cuánto ingresa al gobierno en términos de impuestos de esos 24 mil millones? Y de eso, ¿cuánto dedica éste a los emigrantes?
Se podría argumentar –indica– que la mayoría de ese ingreso va al consumo, que en muchos casos implica un Impuesto al Valor Agregado (IVA). Si gran parte del consumo se dedica a bienes, ampliación de viviendas, equipos electrodomésticos, éste generaría impuestos, aunque es difícil medirlo, porque también se va para alimentos y medicinas que no tienen IVA.
Desde el 9 de octubre, Contralínea buscó conocer la versión de la cancillería sobre este recorte presupuestal, sin embargo, no obtuvo respuesta.
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