Acteal, Aguilar Camín... ¿También hubo cheques zedillistas?
Álvaro Cepeda Neri
Hace 10 años: 22 de diciembre de 1997, tuvo lugar en el municipio de Chenalhó, Chiapas, un doble crimen: un genocidio y una masacre por paramilitares contratados por los caciques, el encubrimiento gubernamental de la entidad (desgobernada por Julio César Ruiz Ferro, en la total impunidad) y la protección presidencial de Ernesto Zedillo. En el contexto de la rebelión indígena zapatista que, desde entonces ha sido pacífica, “para tomar parte en los asuntos políticos del país... para hacer una petición (y) presentar una protesta” (artículo 9 de la Constitución), contra actos de las autoridades municipales, del estado chiapaneco y del gobierno federal, ante cuyas manifestaciones las autoridades, limitadamente, resolvieron con una reforma constitucional (artículo 2 constitucional) que permanece en el “obedézcase, pero no se cumpla”.
El caciquismo chiapaneco, con la complacencia y apoyo de esas autoridades y la gritería del ascenso victorioso de la derechización política del país, alentada por el viraje al neoliberalismo económico, el desventajoso Tratado de Libre Comercio y el alejamiento hasta en el discurso de las conquistas de la Revolución contenidas en la Constitución de los grupos triunfadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo (y los abusos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo), organizaron mafias de sicarios paramilitares cuando el auge del narcotráfico y la delincuencia anunciaban la inseguridad total en el territorio. Y fueron usados para acorralar la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), temerosos los gobernantes y su clase adinerada de que el “mal ejemplo” indígena convocara a la esperada rebelión de esos más de 10 millones de mexicanos dispersos por el país.
Mientras Zedillo (corredor de montaña, encerrado con su computadora portátil, echando pestes contra las libertades de prensa y dejando el despacho burocrático presidencial en manos de Liébano Sáenz) coleccionaba figuras de Benito Juárez, saludaba con dizque afecto a Cuauhtémoc Cárdenas abanderando la oposición que en 1988 ganó las elecciones contra Carlos Salinas; preparaba la “apertura democrática” y hacía favorecer la “alternancia”, imprimiendo el apoyo del presidencialismo al Partido Acción Nacional (PAN), para romper la inercia sexenal al PRI, con lo que Zedillo gana el premio de mister amigo de la democracia estadunidense y lo contratan empresas que privatizó y en Yale lo nombran asesor contra los movimientos sociales a los que llamó globalifóbicos. La alternancia fue un fiasco y Vicente Fox y su familia con sus hijastros y amigos encabezó una de las más devastadoras corrupciones.
Mientras tanto, del zedillismo al foxismo, los indígenas chiapanecos esperaron inútilmente el deslinde de responsabilidades por la matanza de Acteal. Los autores intelectuales, sus cabecillas y los complacientes Zedillo y el exgobernador Ruiz Ferro, los paramilitares, altos jefes militares y demás pandilleros han vivido en la impunidad, mientras penalmente inculparon a participantes menores. Y ahora un intelectual orgánico: Héctor Aguilar Camín, a quien exhibieron documentalmente (en el periódico El Universal, Miguel Badillo publicó las copias de cheques a su nombre, girados por Carlos Salinas desde Los Pinos; el recurso se erogó de la entonces “partida secreta”) por su proclividad al poder presidencial, con sus “nexos” amarillistas para levantar la venta de su revista Nexos, anda buscando cómo justificar la masacre, supuestamente causada por diferencias internas religiosas.
A la mejor hay nuevos cheques, ahora de Zedillo para Aguilar Camín, antes al servicio del salinismo, con la orden de hallar entre los propios indígenas a los autores intelectuales del crimen por motivos, pues, de sus rencillas internas, cuando el caciquismo millonario de Chiapas contó con el apoyo y visto bueno gubernamental, para sentar un precedente de represión con la mira de parar el movimiento indígena. Un baño de sangre permitido, tolerado e instigado por, cuando menos, las omisiones, y que raya en la intencionalidad gubernamental de la entidad y federal. No hay, como busca Aguilar Camín, indicio alguno de que la masacre sea producto de una venganza entre facciones de indígenas por cuestiones y diferencias religiosas u otros problemas intercomunitarios.
El intelectual exsalinista, asesor de Carlos Slim, locutor de televisión, novelista del montón y quien ocultó los pagos del expresidente Salinas (a quien finalmente traicionó, como lo evidencia la filtración de las copias de algunos millonarios cheques que, hasta ahora, ni siquiera ha intentado desmentir). Quizá nuevos cheques, pero de Zedillo, son el pago por la investigación que a 10 años de distancia hace el “escritor” acerca del genocidio de Acteal, perpetrado para exterminar por la espalda a 45 indígenas (niños, mujeres y hombres) por odios políticos y con el fin de aterrorizar a todos los pueblos indígenas, para evitar que siguieran el ejemplo del EZLN: de lo contrario, no habría suficientes soldados para extender el sitio que más de 70 mil efectivos tenían en Chiapas.
Aguilar Camín quiere buscar una verdad arreglada a los intereses de Zedillo y su camarilla que tras lo de Acteal, si no hubiera sido un escándalo mundial y no hubiera habido una reacción en su contra dentro del país, habría dado las órdenes de jefe supremo de las fuerzas armadas para tomar a sangre y fuego las zonas ocupadas por la rebelión pacífica de los indígenas chiapanecos. La información publicada por Hermann Bellinghausen (La Jornada, 3 de noviembre de 2007), respecto del informe judicial elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, es una relación veraz y contrastada sobre los hechos: 15 funcionarios menores en calidad de chivos expiatorios, que participaron con sus omisiones, apenas si integran una mínima parte de la pandilla que participó en la masacre. Y sobre todo ni Zedillo, ni Ruiz Ferro, ni los directa e indirectamente involucrados fueron llamados a responder de sus actos y omisiones. Nunca, hasta hoy, han sido citados para dar cuenta y razón de sus conductas.
El escritorzuelo salinista y zedillista pretende hacerse el vivo con su indagatoria y de inmediato le han salido al paso con argumentaciones sobre los hechos y éstos jamás fueron investigados judicialmente hasta sus últimas consecuencias y haciendo declarar a los que intervinieron hasta llegar a Zedillo y al desgobernador Ruiz Ferro. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para completar la complicidad, resolvió que su recomendación de 1998 fue cumplida en su totalidad en 2003. Ahora viene Aguilar Camín con su sesuda reflexión para encontrar entre las víctimas a los ¡responsables! Ellos mismos por sus creencias religiosas y sus líos fueron los que buscaron ser asesinados por la espalda por los sicarios paramilitares, en lo que es un genocidio permitido, alentado, por el zedillismo al amparo de la tradicional impunidad presidencial. A esta “verdad” sirve Aguilar Camín, el ahora millonario escritor que, en cuanto traicione a Zedillo, a ver si éste no filtra los cheques que al parecer le entregó para hacer el trabajo sucio de pisotear las tumbas de los crímenes de Acteal.
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