En riesgo de desaparecer IFAI-Comunidades
El Instituto Federal de Acceso a la Información se apresta a concluir el único programa que lo vincula con las clases populares, IFAI-Comunidades. El proyecto, que inició en 2005 y con el que los grupos marginados pudieron acceder al derecho a la información, se cancela por falta de recursos
Yenise Tinoco
En agosto de 2005, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) inició el programa IFAI-Comunidades, financiado con un donativo de la Fundación William and Flora Hewlett, por 1 millón de dólares. Éste se creó para difundir el derecho a la información pública gubernamental en sectores de la población que no lo ejercen, especialmente los de bajos recursos. Ahora, el proyecto corre el riesgo de desaparecer, por “falta de presupuesto”.
Fuentes cercanas al programa, que solicitan mantenerse en el anonimato por temor a represalias, aseguran que cuatro de los cinco comisionados del IFAI –María Marván, Jacqueline Peschard, Alonso Gómez Robledo y Alonso Lujambio– rechazan destinar recursos a Comunidades. El comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, coordinador de éste, señala que tal aseveración es falsa: “El proyecto se ha desarrollado con la aprobación de todo el pleno”.
Respecto de este supuesto desdén, el presidente del instituto Alonso Lujambio “no tiene nada que decir”, según dice a Contralínea su vocero, Jaime Alcudia.
Juan Pablo Guerrero Amparán reconoce que IFAI-Comunidades sólo continuará si hay un nuevo donativo de Hewlett, no por financiamiento del propio instituto, como lo proponen los evaluadores externos Fabiola Zermeño y Moisés Domínguez, investigadores del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El también coordinador del proyecto explica que Comunidades fue diseñado para los grupos marginados y tiene por objetivo mejorar sus condiciones de vida. Agrega que aunque se pudo haber financiado con recursos propios del IFAI, el instituto recibe muy poco dinero del erario.
Para el ejercicio fiscal 2007, el instituto recibió 246 millones 500 mil pesos. Más de la mitad, 137 millones 400 mil pesos, se destina al rubro de “servicios personales” de los consejeros y empleados.
De acuerdo con información oficial, de 2005 a 2007, el IFAI destinó sólo 1 millón 231 mil 96 pesos al proyecto Comunidades. El resto provino de la fundación. Es decir, en dos años la dependencia gubernamental proporcionó al programa apenas 500 mil pesos más de lo que destina al sueldo de los cinco comisionados durante un mes: 714 mil 672 pesos.
Atención a grupos marginados
Mayli Sepúlveda, directora del proyecto, explica que en 2005 el instituto –a través del comisionado Guerrero Amparán– presentó una propuesta de trabajo a la Fundación Hewlett en México para llevar el conocimiento del derecho a la información a los grupos marginados.
Y es que el perfil de los ciudadanos que usan la Ley de Trasparencia está bien ubicado: “Gente de medios de comunicación, empresarios, académicos; quienes ya tienen interlocución con el gobierno y que incluso sin la norma pueden acceder a cierta información pública”, dice Sepúlveda.
En cambio, la mayoría de la población no tiene conocimiento de la ley ni sabe para qué le puede servir. “Algunos se enteran del derecho a través de las notas de prensa, pero para la gente de a pie eso no hace la diferencia en su vida cotidiana”.
IFAI-Comunidades se desarrolló en seis entidades federativas. Inició en Puebla en 2006. La primera etapa duró seis meses; después se extendió a Veracruz, Nuevo León, Jalisco, estado de México y Distrito Federal, lugares seleccionados porque ahí se concentra el mayor número de solicitudes. Además, porque existe un porcentaje importante de grupos marginados, con niveles bajos de ingreso y educación.
Maily Sepulveda explica que, para llevar a cabo el proyecto, se acercó a organizaciones que tuvieran experiencia en el trabajo comunitario, sin filiación partidaria y estuvieran en contacto con la población a la que se dirigía el programa.
“El proyecto descubrió que el derecho de acceso a la información, aislado de otros derechos, pierde su capacidad de operar con la gente más pobre.”
Política Pública
Pese a los resultados, en diciembre pasado concluyó el programa Comunidades. Sepúlveda señala que el IFAI debe hacer una valoración de sus prioridades, de lo que el proyecto le aportó, y evaluar si los grupos marginados son ciudadanos que deben ser atendidos de manera institucional.
Para continuar con el proyecto, el IFAI tendría que destinar una cantidad similar al donativo de la Fundación Hewlett, es decir, alrededor de 5 millones de pesos al año, lo que representaría 1.7 por ciento del total de su presupuesto.
Lo ideal, indica Sepúlveda, es que el proyecto no dependa de otro donativo sino que el instituto lo adopte como una línea estratégica. “Los empresarios no necesitan del IFAI para que los capaciten; ellos tienen equipos enormes que los pueden asesorar. Quienes no saben y necesitan el apoyo son los grupos marginados”.
Aunque el instituto cuenta con un área de asesoría y capacitación a la sociedad, ésta atiende a grupos con nivel de educación superior, a medios de comunicación y a empresarios, quienes por lo menos tienen la noción de qué es la Ley de Transparencia.
Juan Pablo Guerrero admite que el IFAI tiene dos tareas legales que cumplir: “La promoción de la cultura de la transparencia, para todo el mundo y no sólo para sectores específicos, y la atención a todos los solicitantes”.
Fabiola Zermeño y Moisés Domínguez, investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aseguran que el IFAI tiene que generar estrategias para promover la Ley de Transparencia a distintos perfiles de la población.
“Muchas de las comunidades incrementaron el poder para incidir en políticas públicas, en la distribución de recursos o para mejorar ciertas condiciones comunitarias de su población. La información es poder, y con este programa a los grupos marginados se les dio el poder de ser partícipes de sus derechos ante el gobierno”, dice Zermeño.
La decisión es del IFAI: Hewlett
C.R. Hibbs, directora de la Fundación Hewlett en México, explica que el donativo proviene del Programa de Impacto Global, que apoya a la gente que sobrevive con menos de dos dólares al día.
A través de IFAI-Comunidades, esta fundación pretende elaborar una estrategia para conocer el destino del dinero público que corresponde a la atención y servicios sociales. Ello incide en que los recursos lleguen efectivamente a la población que más lo necesita. La Ley de Transparencia es un vehículo para que los grupos marginados conozcan sus derechos y participen en su desarrollo, detalla.
Hibbs menciona que, tras los resultados positivos que arrojó IFAI-Comunidades, propondrá a su consejo en Los Ángeles, California, volver a patrocinar el proyecto, siempre que se encamine a llevar el derecho a más comunidades del país.
No obstante, indica que seguir o no con el programa y extender el uso del derecho a la información a los más desprotegidos es decisión del IFAI, no de la fundación.
Cambios de fondo
Los resultados del IFAI-Comunidades son “muy positivos”, dicen Fabiola Zermeño y Moisés Domínguez, encargados de evaluar externamente el proyecto. Los investigadores aseguran que aunque en las observaciones se plantean cambios de forma, lo sustancial es hacer reformas de fondo a la propia ley.
Para los académicos, con el proyecto Comunidades, sectores de la población empezaron a hacer uso del derecho a la información, a pesar de que la mayoría de personas marginadas no saben usar una computadora ni tienen acceso a internet; otros no saben leer ni escribir.
El proyecto demostró que es posible extender este derecho a las comunidades pobres, sostienen los especialistas; sin embargo, advierten que los mecanismos tienen que ser accesibles al conjunto de la ciudadanía.
Indican que el acceso a la información es selectivo y elitista: es fácil para cierto perfil de la sociedad, con poder adquisitivo para pagar las copias o con alto nivel de estudios, que conoce la burocracia y puede plantear las preguntas precisas que les lleven a obtener una buena respuesta.
Agregan que la estructura de gobierno no está preparada para afrontar todo lo que implica el derecho a la información. Los documentos no están ordenados ni disponibles. Las respuestas que proporcionan las unidades de enlace no son satisfactorias para los solicitantes en un 30 por ciento; además, existe una alta evasión en las respuestas.
Los investigadores consideran que las campañas del instituto para promover el derecho son limitadas e insuficientes, y están diseñadas para posicionar a una institución. Uno de cada dos mexicanos ha escuchado del IFAI, pero si este dato se compara con los que conocen la Ley de Trasparencia y en qué consiste, “salen reprobados”.
Hallazgos de grupos marginados
Habitantes de zonas marginadas, beneficiados por el programa IFAI-Comunidades, obtuvieron respuestas del gobierno sobre problemas inmediatos; otros, fueron acosados por sus solicitudes.
En Veracruz, la asociación Pobladores y los vecinos de dos colonias populares de Minatitlán solicitaron datos relacionados con los programas Hábitat y Oportunidades. En el primer caso encontraron listados incompletos de beneficiarios.
En el segundo, descubrieron que, en el listado de mujeres atendidas por la Secretaría de Salud a través del programa Oportunidades, se incluían 10 personas que nunca fueron atendidas y dos hombres, a pesar de que los estudios son especializados en mujeres.
Los vecinos también pidieron información acerca de un proyecto registrado como “concluido”, la Unidad de Enlace reportó que fue cancelado por el propio municipio.
En el estado de México, la organización Guardianes de los Volcanes trabajó con comunidades ubicadas en las faldas del volcán Popocatépetl. La información, obtenida a través de la Ley de Transparencia, les permitió detectar irregularidades en la construcción de unidades habitacionales: éstas no contaban con estudios de impacto ambiental, como lo marca la norma; mientras que otra más se construyó en un área natural protegida.
Guardianes de los Volcanes y los ciudadanos se percataron, además, de la existencia de tiraderos a cielo abierto; la construcción de una autopista que aislará a 30 poblados, cuya obra se realiza sin autorización ni manifestación de impacto ambiental; el proyecto de un bulevar para conectar un conjunto habitacional de 16 mil viviendas, que carece de los permisos correspondientes y por el que se ha estado presionando a los campesinos para que vendan sus terrenos.
Jóvenes del norte de la ciudad de México, coordinados por la organización Cauce Ciudadano, realizaron una investigación sobre el programa Escuela Segura. Descubrieron que dicho proyecto gubernamental no cuenta con reglas de operación: el documento de diagnóstico no reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Además, que no es posible acceder a información sobre la intervención de otras secretarías locales en dicho programa.
Un ejemplo fallido es el de Nuevo León. La asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos realizó talleres con personas recluidas en centros penitenciarios de la entidad. Los internos solicitaron conocer sus expedientes y los criterios sobre el otorgamiento del beneficio de libertad.
Las solicitudes fueron rechazadas por la autoridad federal, al aducir que éstas no se apegaron al marco de la Ley de Transparencia y que hay otros medios para acceder a dichos datos: un número telefónico gratuito, fuera de servicio, y un vínculo de internet deshabilitado por varios días.
En Jalisco, la radiodifusora comunitaria Ecos de Manantlán, auspiciada por la asociación civil del mismo nombre, pidió la nómina, copia de reuniones de cabildo, gastos de gasolina y cuenta pública en general de la presidencia municipal de Zapotitlán de Vadillo.
Operada por un grupo de jóvenes de la región que se dedica desde hace más de cuatro años a promover un mejor nivel de educación entre los ciudadanos, la organización obtuvo en lugar de respuestas, intimidaciones del alcalde Alfonso Arias Velasco y amenazas de cierre del medio de comunicación, según Juan Contreras, representante de la radiodifusora.
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