Ordena juez que los dirigentes de la APPO sean trasladados a un penal de Oaxaca
Las autoridades no pudieron comprobar la alta peligrosidad de los hermanos Sosa
Los gobiernos federal y de Oaxaca no acreditaron que los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fueran presos de "alta peligrosidad", por lo que la juez federal María de Lourdes Lozano Mendoza les concedió ayer un amparo y ordenó a diversas autoridades administrativas que después de recibir la notificación judicial trasladen a los dos procesados a un centro de reclusión de mediana seguridad ubicado en Oaxaca.
Fuentes judiciales consultadas explicaron a La Jornada que si la Procuraduría General de la República (PGR) no impugna el fallo de la juez en los próximos 10 días hábiles, entonces sí las autoridades penitenciarias federales estarían obligadas a dar cumplimiento inmediato a lo ordenado en el amparo.
Sin embargo, el abogado Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y defensor de los hermanos Sosa Villavicencio, aseguró en entrevista que por tratarse de un amparo "de plano", lo que jurídicamente corresponde es "que se les restituya en el goce de sus derechos humanos y procesales 24 horas después de que las autoridades responsables sean notificadas.
"Esto significa que en el transcurso de esta semana deberán ser trasladados del penal de máxima seguridad del Altiplano (ubicado en el estado de México) a un centro carcelario de Oaxaca", indicó.
Elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva detuvieron a Flavio y Horacio Sosa en la ciudad de México el pasado 5 de diciembre, un día antes de la reunión que tenían planeada con funcionarios federales en la Secretaría de Gobernación, lo que habría significado el primer contacto entre la APPO y el gobierno de Felipe Calderón.
Ese mismo día, por la noche, los dos fueron traslados al penal del Altiplano, antes La Palma, mediante un fuerte dispositivo de seguridad que aplican las autoridades policiacas cuando se lleva a prisión a importantes capos del narcotráfico.
El argumento de la juez
Según consta en el expediente de amparo 108/2007-V, la juez Lozano Mendoza concedió el amparo a los hermanos Sosa Villavicencio porque autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de Gobernación, de la PGR y de la dirección del penal del Altiplano, así como funcionarios del gobierno de Oaxaca, "no acreditaron constitucionalmente el traslado y reclusión de los quejosos en ese Centro Federal de Readaptación Social".
El resolutivo indica que Flavio y Horacio Sosa tienen calidad jurídica de procesados en delitos del orden común, no federales; además, agrega la juez en su fallo, no existen constancias ni estudios previos de autoridades jurisdiccionales y/o administrativas que justifiquen que los quejosos tengan un perfil criminológico de "alta peligrosidad".
El día en que fueron detenidos en el Distrito Federal, la SSP federal y la PGR emitieron un comunicado conjunto para explicar que los hermanos Sosa Villavicencio fueron trasladados al penal del Altiplano y no a uno de mediana seguridad en Oaxaca porque así lo solicitó el gobierno de esa entidad -que encabeza Ulises Ruiz Ortiz-, el cual los considera presos de "alta peligrosidad".
Después de conocer que sus defendidos obtuvieron este reciente amparo, el abogado Miranda Esquivel indicó que la resolución de la juez Lozano "demuestra que el encarcelamiento (de los miembros de la APPO) en un penal de máxima seguridad, y la campaña mediática que se realizó el día de su detención, fue un castigo político y no una medida gubernamental apegada a derecho, pues se les dio trato de secuestradores o narcotraficantes".
Dijo confiar en que el gobierno calderonista opte por permitir el traslado de Flavio y Horacio Sosa a un penal oaxaqueño, para que se reabran las puertas del diálogo entre la APPO y las autoridades.
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