LA MONTAÑA SE LEVANTA

Regina Martínez

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Jalapa, Ver., 6 de agosto (apro).- La proyección del documental El perro que ladra a la luna, que recoge testimonios sobre los efectos causados por la explosión de la empresa Agricultura Nacional de Veracruz SA (Anaversa) –ocurrida hace 16 años–, fue prohibida por la alcaldesa de Córdoba, la priista Yolanda Monlui Fernández.

Las autoras del documental fueron amenazadas por la edil con ser expulsadas del país y deportadas a España. Sin embargo, las estudiantes Sandra Soler y Charo Ruiz ya contaban con el permiso para difundir su trabajo en Córdoba, lugar donde ocurrió la tragedia un 3 de mayo de 1991.

La explosión de la planta de Anaversa –en que se procesaban agroquímicos y plaguicidas– ha sido considerada como el tercer desastre ambiental de su tipo en el mundo, y los daños causados a la salud y a la ecología de la zona permanecen sin castigo después de 16 años de la tragedia.

Finalmente el documental se trasmitió en el auditorio de Radio Universidad, en Jalapa, en que las autoras expusieron los motivos que las llevaron a realizar este estudio.

Las estudiantes de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid dijeron que tiempo atrás laboraron en un periódico local de Córdoba, en el que realizaron trabajos sobre el caso de Anaversa, y ahí les surgió la idea de hacer un documental con testimonios de los afectados y entrevistas con especialistas.

A pesar de las fallas técnicas para trasmitir el video, en el documental se observan los testimonios de afectados sobrevivientes a las secuelas de cáncer y diversas enfermedades que mataron a decenas de personas y ocasionaron malformaciones genéticas en niños que nacieron después de 1991.

En la explosión de la planta se esparcieron al medio ambiente alrededor de 50 sustancias tóxicas diferentes, cuando la empresa sólo tenía permiso para producir cinco de los 20 productos que Anaversa comercializaba, cuya propiedad se adjudicó a Carlos Hank González, padre del derrotado candidato del PRI al gobierno de Baja California, Jorge Hank Rhon.

Así mismo se recogen entrevistas con especialistas como Lilia Albert y Fernando Bejarano, lo mismo que de habitantes de Córdoba que recuerdan el horror de la nube tóxica y sus efectos, las cadenas de muertes que se fueron dando, especialmente en 1994, así como la complicidad de las autoridades, que encubrieron todo.

En las imágenes se observa la impotencia de un joven que le hace decir que los mataron como al perro que ladra a la luna. Sin respuesta al crimen al que la población quedó expuesta tras la liberación de dioxinas, resultado de la combustión de organoclorados (OC) y otras sustancias.

Cabe recordar que en el mundo se han registrado tres accidentes de esta naturaleza, uno en Italia y otro en la India, en los que se produjeron cientos de víctimas, sin embargo, en México, oficialmente no hubo una sola persona afectada, se denuncia en el documental.

Uno de los entrevistados refiere que los bomberos carecían de equipos adecuados para este tipo de emergencias y luego del accidente no se realizó la limpieza adecuada, ni siquiera del agua que este cuerpo de auxilio arrojó para apagar la conflagración, recurso que finalmente fue a parar a los arroyos.

Después del accidente, ni la Secretaría de Salud ni la de Ecología y Desarrollo Urbano –a cargo en ese entonces del exgobernador Patricio Chirinos Calero—ofrecieron información sobre los riesgos derivados por la exposición a los tóxicos.

Lilia Albert detalla que las dioxinas se acumulan en tejido grasos, por lo cual entran en la cadena alimenticia, en carne y pescados. Las toxinas tienen probados efectos mutagénicos y alguno de los entrevistados habla de niños que nacieron sin manos o también con anancefalia.

Por su lado, Joaquín Madrid, especialista del Consejo Estatal de Hortalizas en Veracruz AC, comenta que Anaversa sigue siendo la primera empresa en venta de agroquímicos, incluido el DDT, y un total de 24 productos prohibidos que siguen causando daños severos a los campesinos de la región.

Pese a que Anaversa salió de Córdoba, se destaca en el documental, el terreno sobre el que se asentaba la empresa nunca fue limpiado y que ésta sigue operando en distintos puntos del país, entre otros, Estado de México y San Luis Potosí.

“A pesar que había gente que ‘vomitaba verde’ y tenía tumores o afecciones de la piel, llagas que cerraban y luego se volvían a abrir, no hubo ninguna sanción contra la empresa”, señaló la presidenta de la asociación de víctimas de Anaversa, Rosalinda Huerta.

En su momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que adjudicó responsabilidades a los titulares en Salud y al del Ecología, pero no pasó nada, e incluso desapareció el dinero que el gobierno federal destinó a un fideicomiso para atender a las víctimas.