Ese recurso “es nuestro”, responde el presidente Rafael Correa a trasnacionales del ramo
Para Ecuador, 99% de los ingresos extraordinarios por venta de petróleo
Con la ganancia adicional de 840 mdd anuales se reducirá el año próximo la contratación de créditos
Rechaza el mandatario que la medida sea “confiscatoria”, como afirmó un ex ministro del sector
Quito, 5 de octubre. Un día después de haber anunciado que Ecuador se quedará con 99 por ciento de los ingresos extraordinarios derivados de la venta de petróleo, el presidente de este país, Rafael Correa, rechazó este viernes que la medida sea “confiscatoria” –como señaló un representante de empresas privadas trasnacionales– porque, sostuvo, el petróleo de este país sudamericano “es nuestro”.
La acción del gobierno de Correa representará un ingreso adicional para el Estado ecuatoriano de 70 millones de dólares mensuales (o alrededor de 840 millones anuales), de acuerdo con el ministro de Energía, Galo Chiriboga, quien junto con el ministro de Economía, Fausto Ortiz, explicaron el impacto de la resolución en la relación con las compañías y las finanzas públicas.
Con los ingresos petroleros nuevos, la administración pública ecuatoriana podrá reducir el año próximo la contratación de créditos con organismos internacionales o la colocación de bonos de deuda en los mercados de valores del mundo, calculados en mil 913 millones de dólares, dijo Ortiz.
Hasta antes de la medida gubernamental, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano repartían a la mitad los ingresos adicionales por la venta de petróleo.
Principal fuente de financiamiento
El crudo, que en 2006 generó 6 mil 934 millones de dólares, es el principal producto de exportación de Ecuador y una de las mayores fuentes de financiamiento público en este país, que se prepara para retornar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que abandonó en 1992.
Entre las 15 entidades extranjeras que trabajan en los campos petrolíferos del país andino se hallan Petrobras, de Brasil; Andes Petroleum, de China; Perenc, de Francia, y Repsol-YPF, un consorcio hispano-argentino.
“Durante años, ciertas empresas petroleras han tenido rentabilidad de 200 y 300 por ciento y algunas ni siquiera han pagado impuestos”, advirtió Correa el pasado viernes por la noche, al dar a conocer la medida de su gobierno, al que accedió en enero pasado después de derrotar en las urnas al empresario más rico del país, Álvaro Noboa, el principal exportador de plátanos.
El partido político del presidente, Alianza País, ganó la mayoría absoluta en las elecciones celebradas el domingo pasado para elegir a los 130 integrantes de una Asamblea Constituyente con plenos poderes, según proyecciones y los primeros conteos oficiales.
Con la determinación sobre los ingresos petroleros adicionales, Correa busca sacar ventaja de las ganancias que en los últimos años ha generado la elevación del precio del petróleo, que ha bordeado los 80 dólares el barril.
La primera reacción de las empresas trasnacionales al anuncio del presidente Rafael Correa provino del ex ministro de Petróleos del país, Fernando Santos, quien es ahora un allegado a las compañías privadas extranjeras.
“Ante el derecho internacional, un impuesto de más de 60 por ciento de la diferencia o utilidad es confiscatorio. Como son compañías extranjeras a las que se aplica esta ley, van con justo derecho a reclamar aquí y afuera”, dijo Santos a la prensa.
Repsol-YPF, por medio de un portavoz en Madrid, consideró que el efecto para la compañía “será relativamente menor”, debido que la producción de la empresa en Ecuador representa alrededor de uno por ciento del total del grupo, que a finales del semestre llegó a 1.08 millones de barriles al día.
El consorcio hispano-argentino extrae 15 mil barriles diarios de los pozos ecuatorianos.
Mutismo brasileño
Otras empresas evitaron hacer comentarios sobre el asunto. El presidente de la estatal Petrobras, Sergio Gabrielli, argumentó que no se pronunciará mientras no reciba “noticia alguna del gobierno de Ecuador. Lo vimos en la prensa y no voy a comentar nada que sea de la prensa”.
El canciller brasileño, Celso Amorim, quien realizó el jueves y el viernes pasados una visita a Ecuador, dijo que “Petrobras está interesada” en discutir con funcionarios del gobierno ecuatoriano los términos adecuados.
Petrobras explota unos 35 mil de los 506 mil barriles extraídos diariamente de la Amazonia.
El 10 de octubre pasado, el presidente Correa anunció que renegociará el contrato con Petrobras después de detectar un “error” en la concesión de un yacimiento que esa trasnacional explota conjuntamente con la empresa estatal petrolera de Ecuador.
La empresa brasileña está bajo investigación por haber transferido 40 por ciento de sus acciones a la japonesa Teikoku Oil, sin autorización oficial, y por la explotación irregular del campo Palo Azul, en la provincia amazónica de Orellana, en el sureste del país.
Un informe preliminar del gobierno sugirió la anulación del contrato con la compañía aduciendo las mismas irregularidades que condujeron a la cancelación del convenio con la estadunidense Occidental Petroleum (Oxy), en 2006, por violar la ley.
Hacia la renegociación
Ecuador es el quinto productor sudamericano de crudo con un promedio de 536 mil barriles diarios en 2006 (46.2 por ciento a cargo de la estatal Petroecuador y el resto de las compañías extranjeras), de los cuales exportó 374 mil 128 barriles diarios para obtener un ingreso por ventas de 6 mil 934 millones de dólares.
Chiriboga descartó que las medidas anunciadas el jueves pasado impliquen una nacionalización del sector y dijo que “si esto va a causar problemas a las empresas, vamos a modificar y busquemos otro tipo de contrato que podría ser la prestación de servicios, el cual, de acuerdo con las condiciones del mercado, es el más adecuado para la coyuntura”.
De su lado, el mandatario ecuatoriano dijo este viernes que la decisión no afecta a la rentabilidad de las empresas y ratificó la disposición de su gobierno de renegociar los contratos, pero fue enfático al señalar que la medida de su administración sólo prevé la reducción de las ganancias por ventas extraordinarias.
“¿De qué confiscación pueden hablar si el petróleo es nuestro?”, puntualizó el gobernante.
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