LA MONTAÑA SE LEVANTA

Oceanografía: historia de tráfico de influencias

Desde 2004 las revistas Contralínea y Fortuna han documentado las irregularidades de directivos de Pemex para otorgar millonarios contratos a la empresa Oceanografía, para la cual, admitió Manuel Bribiesca, él, su hermano Jorge y su tío Guillermo gestionaban contratos

Ana Lilia Pérez

Durante tres años, Contralínea ha documentado el tráfico de influencias de familiares de Vicente Fox en Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes exigían fuera de toda normatividad que Pemex, Exploración y Producción (PEP) asignara millonarios contratos a Oceanografía.

Manuel y Jorge Bribiesca, y su tío Guillermo Sahagún, hermano de Marta, esposa del expresidente Vicente Fox, obtenían comisiones de esos contratos. En el sexenio foxista, la naviera recibió más de 9 mil millones de pesos en contratos de obras y servicios.

Contralínea reveló cómo funcionarios de Pemex, entre ellos los exdirectores Raúl Muños Leos y Luis Ramírez Corzo; el exabogado general, César Nava Vásquez (actual secretario particular del presidente Felipe Calderón), y el titular de PEP, Carlos Morales Gil, violaron la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al proteger a la naviera para favorecer a la familia presidencial.

Las publicaciones derivaron en la inclusión del caso Oceanografía en las indagatorias de la comisión especial de diputados que, entre 2004 y 2006, examinó el tráfico de influencias de los Bribiesca. Además, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrieron sendas auditorias especiales a la empresa, algunas todavía en curso.

Como secretario de Función Pública, Germán Martínez se comprometió a que fincaría responsabilidades a los funcionarios involucrados en este caso de corrupción, pero con su renuncia hereda esa responsabilidad a Salvador Vega Casillas.

Presiones en Pemex

El supuesto tráfico de influencias que hacían en la paraestatal los familiares del entonces presidente Vicente Fox fue revelado por los reporteros Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez en un artículo publicado el 24 de octubre de 2004, en el periódico Excélsior.

Se documentó que Raúl Muñoz Leos presionaba al director de PEP, Luis Ramírez Corzo, y al Órgano Interno de Control (OIC) para que otorgara a Oceanografía el contrato 18575108/068/04, por más de 150 millones de dólares, para el alquiler de un barco grúa para las plataformas de la Sonda de Campeche.

La conducta del funcionario, además de violentar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, implicaba un millonario quebranto a las arcas de la paraestatal, porque, de las siete navieras que se disputaban el contrato, el mejor precio era el de Servicios Marítimos de Campeche, que ofertó 154 millones de dólares, contra los 164 millones que pedía Oceanografía.

Aunque no era competitiva ni en calidad ni en precio, los hermanos Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún presionaron a Muñoz Leos y a su secretario particular Eduardo Rosas Monrroy para que se contratara a Oceanografía.

Fuentes de Pemex revelaron a los reporteros que, cuando Muñoz Leos se dio cuenta de que no avanzaban las gestiones de Rosas Monrroy, personalmente le ordenó a Ramírez Corzo que le diera el contrato a Oceanografía, porque, le confesó, era “una petición de Los Pinos”.

Cuando se publicó la injerencia de Los Pinos en este contrato, la paraestatal tuvo que asignar el fallo a la empresa que legalmente había ganado la licitación, confirmó a los reporteros el entonces titular del OIC, Jorge Ramos Negrete.

La pérdida del contrato y de la comisión que los hijastros del presidente obtendrían costó el puesto a Muñoz Leos. El sábado 30 de octubre de 2004, de gira por Veracruz, fue notificado por Vicente Fox de su despido. El 9 de noviembre, Fox nombró a Luis Ramírez Corzo director general.

Los intermediarios

En agosto de 2005, Contralínea reveló que, de acuerdo con el acta constitutiva, los dueños de Oceanografía son: Amado Yánez Correa, Amado Yánez Osuna, Carlos Daniel Yánez Osuna, Samuel Yánez Chaparro y Alberto Duarte Martínez; y que los Bribiesca no eran accionistas sino sus intermediarios con los directivos de Pemex para obtener contratos sin cumplir la ley.

La empresa fue creada en 1968 y hasta la fecha la dirigen Amado Yánez Correa y su hijo Amado Yánez Osuna. Ofrece a Pemex servicios de ingeniería marítima, geofísica, geotécnica, buceo, posicionamiento, alquiler de barcos y obra pública. Su primer contrato fue en 1984, pero entonces era una empresa pequeña que no tenía capacidad para cumplir con los requerimientos de los contratos de arrendamiento de embarcaciones en la Sonda de Campeche.

Sus incumplimientos le valieron penalizaciones y rescisión de contratos, que la colocaron como una contratista fichada en la entonces Secodam, ante la que los Yánez presentaron inconformidades e impugnaciones, integradas en los expedientes 1223/1997, 032/98, 058/98, 326/99, 082/00, 241/01, todas declaradas como improcedentes.

En medio de su declive, los Yánez buscaron alianza con las navieras estadunidenses Otto Candy y Diamond Services Corp, para hacer frente a los escasos contratos de arrendamiento de embarcaciones que logró arrancarle a la paraestatal. Ambas empresas son propietarias de los barcos que Oceanografía renta a Pemex.

Su domicilio fiscal está en Insurgentes Sur 300, despacho 1406, colonia Roma, un departamento que desde hace años está prácticamente abandonado. Un empleado de Oceanografía explicó que los Yánez decidieron conservar su domicilio fiscal en el Distrito Federal donde, según su apreciación, difícilmente serían objeto de auditorías de la Secretaría de Hacienda. Actualmente tiene oficinas en Veracruz, Campeche, Tamaulipas y Tabasco, principales puntos de operación de PEP.

A raíz de la publicación del supuesto tráfico de influencias de los familiares de Fox en Pemex, Manuel Bribiesca confirmó al periodista Miguel Badillo la intervención de su hermano Jorge y de su tío Guillermo para presionar a funcionarios de la paraestatal en la asignación de contratos petroleros.

“Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge Bribiesca) y mi tío (Guillermo Sahagún) llamaron a la dirección general de Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa es una empresa dedicada a trabajos petroleros. Mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato”, reconoció el primogénito.

Por el contrato –dijo– ellos (Jorge y Manuel Bribiesca y su tío Guillermo Sahún) obtendrían 100 millones de dólares. El “favor” que se pidió a la dirección general de Pemex surgió “por la relación que Jorge Bribiesca y Guillermo Sahagún tienen con los dueños de Oceanografía”.

Tras la publicación del artículo “Hijos de Marta operan como gestores” (Contralínea, agosto 2005), la Comisión de Investigación Encargada de Revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas S.A de C.V. y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma, atrajo el caso de Oceanografía como una línea de investigación para comprobar el tráfico de influencias de la familia del presidente.

Ante los integrantes de la comisión –diputados federales de todos los partidos–, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez relataron, el 23 de agosto de 2005, que antes del sexenio la empresa recomendada por la familia del presidente prácticamente estaba vetada, pero que, en los primeros cinco años de gobierno de Fox obtuvo 101 contratos de obras y servicios que sumaban 6 mil 500 millones de pesos; muchos de ellos entregados de manera directa por altos directivos de la paraestatal. Los legisladores determinaron que la ASF verificara los contratos.

Muñoz Leos y Oceanografía

En tiempos en que Muñoz Leos dirigía la paraestatal y Luis Ramírez Corzo PEP, que controla casi el 80 por ciento del presupuesto petrolero, a Oceanografía se le asignaron múltiples adjudicaciones directas, como la 3-G-DD-A-046-Y-0-3, por 367 mil 246 dólares, que contemplaba la supervisión del dragado en el canal de acceso en Puerto Madero, Chiapas, pagada con recursos del Fideicomiso de Infraestructura.

Contralínea documentó que en el mismo periodo en el que los familiares de Marta Sahagún admitieron ser gestores de Oceanografía la bonanza de la naviera iba en aumento, pese a sus incumplimientos y violaciones a la Ley de Obra Pública, que le valieron las fallidas inhabilitaciones, denuncias mercantiles y sanciones de otras dependencias del gobierno federal.

Un ejemplo fue la multa que le impuso la Profepa, en abril de 2005, por los daños que su lancha Paula Kay provocó a los arrecifes de Tuxpan, Veracruz. Esta embarcación fue rentada a PEP por 59 millones de pesos, pero su servicio era tan deficiente, que ni los funcionarios que protegían a la naviera pudieron evitar que se rescindiera el contrato. La medida derivó en un juicio mercantil que la empresa presentó en contra de la paraestatal, por el que Pemex tuvo que pagar costosos peritajes.

Contratos transexenales

En enero de 2006, Contralínea reveló que en el último tramo de gobierno de Vicente Fox, Ramírez Corzo, director de Pemex, otorgó una docena de contratos transexenales a Oceanografía por más de 3 mil 600 millones de pesos.

Dichos contratos se entregaron vía PEP y fueron avalados por su director, Carlos Morales Gil, ratificado en el cargo por Jesús Reyes Heroles e incluyen millonarias adjudicaciones directas, en un periodo en el la empresa debía estar inhabilitada por fraude e incumplimientos.

En total, el monto de los contratos que Oceanografía obtuvo en el gobierno de Vicente Fox fue por más de 9 mil millones de pesos.

Ante los legisladores de la Comisión investigadora, el actual abogado general de Pemex, José Néstor García Reza, admitió que, en el último tramo del sexenio de Vicente Fox, Oceanografía estaba vetada, y que, sin embargo, en un mismo día recibió los contratos 4182338602, 4182338612, 4182338662, 4182338672, 4182338682, 4182338692 y 4182338702, por 651 millones 388 mil 300 pesos, por concepto de “servicios” en la Región Marina Suroeste (RMSO).

Luego recibió el contrato 418235840, para “inspección, mantenimiento y protección anticorrosivo en las terminales marítimas de Dos Bocas, Tabasco, Cayo Arcas Campeche y/o Golfo de México”, por 377.5 millones de pesos.

Después, el contrato 412425828 por mil 412 millones 872 mil pesos, por servicios de “construcción de gasoducto y plataforma de enlace litoral al complejo Pol-A”. Luego, el contrato 418815856, por 23 millones 700 mil pesos, por “reacondicionamiento de cruces y rehabilitación del sistema de protección catódica de líneas submarinas de la RMSO”.

El último contrato transexenal adjudicado vía directa por Ramírez Corzo fue el 418235843, por 965 millones de pesos, para “rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas”. En su edición del 1 de octubre, Contralínea documentó que este último contrato está bajo revisión de la ASF, ya que ha presentado incumplimientos e irregularidades.

A unos meses de concluir su gestión, Ramírez Corzo ordenó clasificar como confidenciales todos los documentos relacionados con la naviera y reservarlos por un periodo de diez años. Lo anterior, de acuerdo con una solicitud de información realizada por Contralínea en 2006, en apego a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El expediente bajo reserva incluye una resolución de Silvia Cerón Fernández, jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa, quien resolvió que, a partir del 30 de diciembre de 2003, Pemex estaba obligada a “no celebrar más contratos con Oceanografía” por un plazo mínimo de dos años, lo que prácticamente invalidaría los contratos transexenales que Ramírez Corzo y Carlos Morales Gil le adjudicaron y comprobaría la responsabilidad administrativa y penal de ambos funcionarios.

El expediente blindado por Ramírez Corzo revela que durante el 2004, cuando era director de PEP, benefició a Oceanografía con incrementos adicionales en los montos originales.

Por ejemplo, el 4 de febrero de 2004 autorizó un incremento de 140 mil dólares al contrato número 412601801; en marzo, 127 mil dólares al contrato 412601801; en junio, un millón de dólares al contrato 418812800. En junio, 8 millones de pesos al contrato 412003808. Y en julio, 2 millones 300 mil pesos al contrato 412002869.

La participación de Marta Sahagún

En enero de 2006, Contralínea publicó el artículo “Oceanografía, más negocios de la familia presidencial”, el cual documentó que no sólo sus hijos y su hermano Guillermo, sino la misma Marta Sahagún presionaba en Pemex para que la naviera obtuviera los contratos.

De acuerdo con fuentes de alto nivel de Pemex, más allá de su amistad con Hilda Ledesma Mayoral, esposa de Raúl Muñoz Leos, Marta Sahagún mantenía bajo vigilancia a Muños Leos por medio de Eduardo Rosas Monrroy, personaje sin trayectoria alguna en la función pública, extrabajador de editorial Santillana y militante de los Legionarios de Cristo. Según las mismas fuentes, Rosas era el enlace entre Muñoz Leos y Marta Sahagún.

En los pasillos de Pemex se convirtió en un secreto a voces que Oceanografía era una empresa “recomendada” por “la señora” (Marta Sahagún). Algunos integrantes del Consejo General de Pemex, encabezado por los secretarios de Energía, Hacienda y Economía, se inconformaron.

La operación de César Nava

El mismo artículo reveló que funcionarios de extracción panista, entre los que se incluye a César Nava, operaron en Pemex para encubrir las irregularidades de la naviera protegida de Los Pinos.

Durante el periodo en que César Nava dirigió la Oficina del Abogado General (OAG) –área jurídica de Pemex– (octubre de 2001 a diciembre de 2003), varios de los contratos adjudicados a Oceanografía acumularon tantos incumplimientos que fueron rescindidos.

En respuesta, los abogados de la naviera, pertenecientes al despacho del senador Diego Fernández de Cevallos y del exprocurador de la República, Antonio Lozano Gracia, tramitaron amparos y denuncias contra la paraestatal, en tribunales de Ciudad del Carmen y el Distrito Federal.

Excolaboradores de César Nava, quienes participaron en el litigio de Oceanografía, revelaron que recibieron la “instrucción” de presentar de forma tardía tanto los procesos de rescisión de contratos como la respuesta a las demandas de Oceanografía contra Pemex, contrario a los intereses de la paraestatal, para que los abogados de la naviera obtuvieran los amparos que finalmente le permitieron seguir obteniendo contratos.

Uno de los últimos movimientos de César Nava en Pemex, antes de irse como titular del área jurídica de la Secretaría de Energía con Felipe Calderón, fue clasificar como reservadas las pruebas documentales y oficios internos entre abogados y funcionarios de Pemex y Oceanografía.

Nava dejó el cargo a Néstor García –su mano derecha en la OAG– quien ordenó a los abogados de la Coordinación de Servicios Marinos concentrar en su oficina el expediente relacionado con la rescisión de los contratos de la naviera para que procediera el “cierre administrativo” del asunto. Meses después, a siete abogados de la OAG que participaron en la defensa contra Oceanografía se les pidió su “retiro voluntario”.

Oscuros operadores

Semanas antes de que iniciara el sexenio de Vicente Fox, Amado Yánez Osuna y Amado Yánez Correa nombraron como apoderados legales a Roberto Keoseyan Arakelian, Emilio García de Luna y Carlos Demetrio Olivas Cruz.

La participación de Keoseyan enturbia más las relaciones de conflicto de intereses y tráfico de influencias de la naviera en Pemex, porque, hasta 1994, él se desempeñó como jefe de la Unidad de Suministros y Fletamiento de Pemex Refinación.

Pero luego, a unas semanas de la liberación del empresario Alfredo Harp Helú, fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México con 55 mil dólares del rescate del banquero, que la Procuraduría General de la República había marcado para ubicar su destino.

Keoseyan no regresó a Pemex como funcionario, pero siguió operando como intermediario entre los directores de las subsidiarias Pemex Refinación y Pemex Exploración y Producción y empresarios navieros, a través de su empresa RK Consultores, en donde asesora a contratistas para ganar licitaciones.

Otros involucrados

Carlos Rasso Zamora es un funcionario que, pese a las múltiples denuncias en su contra abiertas en la SFP (en las que se le vincula en actos de corrupción), se mantuvo protegido por Luis Ramírez Corzo hasta diciembre de 2004, cuando éste asumió la dirección de Pemex y le ayudó a jubilarse sin que la SFP le fincara responsabilidades.

La liga entre Rasso Zamora y Ramírez Corzo data desde los años en que el primero le otorgó diversos contratos para las empresas Solar Turbines, (subsidiaria de Caterpillar Inc., que vende a Pemex generadores y maquinaria pesada), y la arrendadora Modulcar; la primera dirigida por Ramírez Corzo y la segunda, de la cual es el principal accionista.

Desde su oficina en el octavo piso del Edificio Pirámide, en Villahermosa, Tabasco, a partir de 2002, Rasso Zamora entró en el negocio de gestoría de los Bribiesca a favor de Oceanografía, cuando en marzo de ese año diseñó las bases de una convocatoria para el alquiler de dos barcos que se adjudicarían a la naviera por dos años.

En marzo, PEP hizo pública la licitación 18575088-005-02 para el alquiler de cuatro embarcaciones “para apoyo en las diversas actividades de perforación, mantenimiento y terminación de pozos en la División Marina”. El presupuesto para cubrir este contrato, por más de 100 millones de pesos, saldría de Pidiregas Cantarell y de recursos propios de PEP.

El 12 de abril de 2002 se dio a conocer el fallo a favor de Oceanografía para el alquiler de los barcos Paula Kay, por 59 millones de pesos, y del Kristin Grace, por 63 millones de pesos, ambos propiedad de la Diamond Services.

Documentos internos de PEP evidencian que un mes antes de que se diera a conocer el fallo, había correspondencia interna entre funcionarios de PEP y representantes de Oceanografía, en la que se hablaba de la carta compromiso que la empresa entregaría cuando se firmaran los contratos que avalaran sus “fuentes de financiamiento”.

El alquiler de las naves costó a PEP 190 mil pesos diarios durante 945 días. La contratación de las embarcaciones provocaron atrasos en los trabajos en Cantarell por las deficientes condiciones del Paula Kay y el Kristin Grace. Ambos barcos entraron en operaciones con varios días de atraso, y luego, frecuentemente eran sacados de servicio por graves fallas en la maquinaria o, incluso, por la simple falta de combustible.

Las bitácoras firmadas por el supervisor de PEP, Jorge Peláez Ramos y el representante de Oceanografía, Hermilo Escobedo Obrador, certifican incumplimientos y violaciones al contrato, porque las embarcaciones no servían.

Además, los Yánez presentaron documentos apócrifos para amparar supuestos pagos portuarios, falsificando nombres y firmas de funcionarios de puertos. Los supervisores notificaron las irregularidades a los directivos de PEP y solicitaron rescindir los contratos, pero éstos los dejaron correr durante 16 meses.

Cuando los contratos se rescindieron, los Yánez se ampararon. El principal argumento de Carlos Demetrio Olivas Cruz, abogado de Oceanografía, fue que los abogados de Pemex iniciaron el procedimiento de rescisión del contrato cuando ya se había agotado el tiempo legal para que tuviera efecto.

Omisión de Reyes Heroles

En febrero pasado, Contralínea reveló que, en septiembre de 2006, trabajadores de PEP presentaron una denuncia (integrada en el expediente DE-167/2006) en la SFP, en la que se acusa a funcionarios de mediano nivel, respaldados por el director de la subsidiaria, Carlos Morales Gil, de proteger los incumplimientos que Oceanografía ha tenido en los contratos transexenales que le otorgó Luis Ramírez Corzo.

Se acusa de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y violaciones a las leyes de Obra Pública y de Responsabilidades de la Función Pública, a José Guadalupe de la Garza Saldívar, gerente de Mantenimiento Integral de la Coordinación de Servicios Marinos; a la superintendente de Evaluación de esta misma área, Martha Alicia Castañeda Arrieta; y la subgerente del Sector Cantarell Norte y Sur, Mireya Juanita Miranda Moyar, quienes habrían maquillado las supervisiones a los contratos 428236807, 418235843 y 418235840.

Dichos contratos corresponden a los servicios de mantenimiento de plataformas y al alquiler de los barcos Caballo de Trabajo, Caballo de Troya y Palma River, que Oceanografía renta a Pemex.

La denuncia fue enviada en diversas ocasiones a Jesús Reyes Heroles, y fue expuesta por Contralínea al funcionario, a través de Comunicación Social, sin que hiciera comentario alguno. No obstante, la ASF abrió una nueva revisión.