LA MONTAÑA SE LEVANTA

Da PRI impunidad total a Manuel Andrade

J. MARTIN PRETELIN

La bancada del PRI sometió ayer de manera “vergonzosa e indigna” al Congreso y renunció a su compromiso de velar por la correcta aplicación de los recursos públicos al imponer su mayoría en el pleno para aprobar, con su solo voto, el cuarto y último trimestre de la cuenta pública de uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido la historia política de Tabasco, como lo fue el de Manuel Andrade Díaz, denunciaron el PRD y el PAN.
Los priistas desoyeron todos los argumentos esgrimidos por el PRD y PAN, se negaron a debatir y desecharon la propuesta de regresar a comisiones el dictamen para discutirlo a profundidad.
Con la aprobación del dictamen, acusó el líder de la fracción parlamentaria del PRD, Adán Augusto López Hernández, el PRI cerró la posibilidad de que “las conductas deshonestas y delictivas de un personaje como Manuel Andrade queden en la impunidad”.
Acudimos a un acto reprobable que contradice la esencia misma del trabajo parlamentario y atenta contra la dignidad del Poder Legislativo, fustigó el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, José Antonio de la Vega Asmitia.
De parte del PRI, no hubo argumentos convincentes, sino explicaciones de carácter técnico con las cuales pretendieron justificar el “albazo legislativo” aplicado desde la primera Comisión Inspectora de Hacienda.
No quisieron entrar al debate. Los diputados Jesús Alí de la Torre y Fernando Calzada Falcón intentaron una tímida defensa del dictamen y se limitaron a escuchar los lapidarios señalamientos del PRD y del PAN.
En una amplia discusión, López Hernández dijo que el Organo Superior de Fiscalización “nuevamente deshonró” al Congreso al “formar parte de la deshonesta estrategia para evitar a toda costa que la actual legislatura hiciera rendir cuentas” a Andrade.
La corrupción e ineptitud del gobierno anterior, expuso, no sólo profundizaron la pobreza y marginación de Tabasco, sino que también provocaron que la entidad fuera víctima del crimen organizado.
Aclaró que con sus razonamientos no pretendía hacer cambiar de opinión a los diputados del PRI, porque sería “ingenuo” que alguno de ellos “sacara a relucir su justo resentimiento contra el ex gobernador”.
Sabemos, expresó, que la decisión estaba tomada, y que el peso de la promesa de conservar privilegios es mayor a las dudas o las certezas que algunos pudieran tener sobre el deshonesto actuar de quien inmoralmente promocionaba a Tabasco como el mejor lugar para vivir.
Al dejar de manifiesto su inconformidad por el contenido del dictamen, acusó a los priistas de utilizar el discurso de la legalidad para privilegiar la obtención de rentabilidad o beneficio político.
Dijo que ante la disyuntiva que se les presenta de elegir entre sus propios intereses o el de los demás, los legisladores del PRI optaron sin ninguna consideración por satisfacer sus intereses y ambiciones personales.
“Poco les importa aprovechar la oportunidad histórica de hacer que rinda cuentas el titular del poder público que durante años ha sido ineficaz, deshonesto y corrupto, en perjuicio de todos los habitantes del estado, pero sobre todo de la gente con menores posibilidades de desarrollo”.
En otra parte de su intervención, el líder de los diputados perredistas les preguntó a los legisladores del PRI qué intereses representan porque los del ex gobernador no son los mismos que los de la gente que les dieron su voto.
Les pidió también no echar a la basura los mecanismos de pesos y contrapesos que se han establecido en los estados democráticos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan su mandato con transparencia, honestidad y eficacia.
Hoy más que nunca, expresó López Hernández, se justifica la exigencia de investigar los millonarios recursos que ejerció la anterior administración, particularmente en lo que se refiere a la inversión que debía ser destinada en obras de infraestructura hidráulica para proteger a la población contra las inundaciones.
Indicó que la grave situación que vive la entidad por la pérdida total del patrimonio de miles de familias tabasqueñas, es causa suficiente para que el Congreso apruebe una moción suspensiva del presente dictamen.
Por ello planteó que se promoviera ante las instancias locales y federales una profunda investigación del llamado Programa Integral Contra Inundaciones, “a no ser que la bancada del PRI comparta la teoría del calentamiento global como única causa de la catástrofe”.
Aseguró que la desgracia que afecta al estado es consecuencia de la negligencia, de la corrupción y de la ineptitud del gobierno de Andrade.
Ojalá que los tabasqueños sepan actuar ante la indiferencia y ligereza que este Congreso mostrará al aprobar la cuenta pública de un personaje que es señalado como responsable de la desgracia, dijo López Hernández.
En defensa del dictamen, subió el presidente de la primera Comisión Inspectora de Hacienda y diputado del PRI, Jesús Alí de la Torre.
Empezó por reiterar que se trató de un ejercicio correcto del gasto público y que se hizo un trabajo serio, profesional y responsable en cada una de las etapas en que se desarrollo el proceso de supervisión, análisis y calificación de la cuenta del Ejecutivo.
Aseguró que ese trabajo no se hizo a “capricho ni a conveniencia de nadie”, sino que se efectuó como lo marca la Constitución local.
Sobre el PICI, dijo que el 28 por ciento de los recursos estatales aportados a ese programa fueron auditados desde el 2003 al 2005 y no hubo ninguna observación al respecto.
Que la mayor parte de los recursos aplicados son de origen federal, que han sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación y actualmente lo hace la Secretaría de la Función Pública.
El dictamen de esta cuenta pública, expresó Alí de la Torre, se sustenta en el informe de resultados que el OSF entregó al Congreso, y aseguró que los diputados del PRD y del PAN tuvieron todo el tiempo para hacer sus observaciones y sus propuestas de revisión y no lo hicieron.
No siguieron el cauce legal para impugnar el dictamen, dijo y señaló que desde el inicio de la legislatura la oposición se encargó de descalificar y reprobando la cuenta aún cuando ésta ni siquiera era revisada.
Le replicó López Hernández. Dijo que lo dicho por Alí de la Torres es una más de las mentiras del legislador priista, porque sí hay recursos estatales que revisar en el PICI.
Le recordó que en el último informe de gobierno de Andrade se establece que en el PICI hubo una aportación estatal de 58 millones 222 mil pesos.
En el peor de los casos, cuando menos, esto se debió haber revisado. Es más, en el primer informe de gobierno de Andrés Granier, se asienta que éste reconoce que no sólo hubo dinero estatal en dicho programa sino que lo sigue habiendo.
Afirmó que en el anexo programático “hay dinero del estado justificando inversiones que no se hicieron en el PICI”.
No fueron esas las únicas irregularidades, sino también las podemos encontrar en el Hospital de la Mujer, Olimpia XXI y la autopista vía corta Reforma-Paraíso.
No nos engañemos, lo que hoy estamos viendo es el acto más grave de corrupción de la que tenga memoria el pueblo tabasqueños, sentenció.
Y luego interrogó a los diputados del PRI: ¿Quién es más corrupto, el que dispone los recursos del pueblo o el que de la manera más vil y servil viene a esta tribuna a justificar el abuso y mal uso en esos recursos”. Después, subió a la tribuna de la Vega Asmitia y expresó que el dictamen no fue elaborado por los integrantes de la comisión inspectora, sino en alguna oficina del gobierno estatal o por el OSF.
Aseguró que el Congreso no podía aprobar la cuenta pública de unos de los gobernadores más corruptos que ha tenido el estado.
Cuestionó que el dictamen que no considerara ninguna irregularidad, “ni siquiera cada uno de los aspectos observados por el OSF”, por lo que pidió dignificar el trabajo y el papel del Poder Legislativo regresando a comisiones el documento.
No avalemos ni solapemos, a los corruptos que se han llevado los dineros del pueblo, dijo y señaló que el Congreso no tiene por qué avalar a Andrade y sus ex colaboradores “el saqueo que hicieron del erario público”.
Aseguró que los cinco años que gobernó Andrade se perdieron en la historia del desarrollo de Tabasco, en cuyo periodo el presupuesto público se utilizó precisamente “para enriquecer a unos cuantos”.
Hoy es del dominio público, que los hermanos del ex Ejecutivo, son de los más grandes inversionistas de Canadá, e insistió en que a pesar de que el OSF encontró observaciones “imposibles de solventar a través de un oficio” como finalmente se hizo.
Por ello, pidió que el dictamen fuera regresados a comisión para que fuera revisado a profundidad y “apartar del dictamen los aspectos donde se comprometieron recursos públicos que fueron saqueados del erario de los tabasqueños”.
La moción suspensiva fue sometida a votación, pero el PRI la desechó sin una sola argumentación más que el peso de sus 20 votos.
“Hoy estamos comprometiendo con nuestro voto, si somos auténticos defensores del pueblo de Tabasco o somos los cómplices que iremos a avalar en el cajón del olvido la cuenta pública del más corrupto de los gobernantes” del estado.
Por su parte, el diputado del PRD, Oscar Cantón Zetina, afirmó que aprobar esta cuenta pública sería convertirse en cómplice del mayor saqueo que se ha hecho al erario público en toda nuestra historia.
Expresó que no se sabe si los diez mil millones de pesos que ejerció Andrade de octubre a diciembre del 2006 se gastaron o no en beneficio de la gente.
Dijo que el Congreso de la Unión ha decido investigar el manejo de los recursos públicos aportados por la Federación que fueron etiquetados para obras de infraestructura hidráulica.

En sentido, expresó que PEMEX entregó casi dos mil millones de pesos al gobierno estatal a través de la Cimades y que no se ha dado cuenta a la ASF de qué manera se ha ejercido ese dinero.
Agregó que el OSF tampoco ha entrado a analizar dónde están esos recursos, dónde se invirtieron, “qué pasó, pues, con eso”.
Dijo que el dictamen de la cuenta pública de Andrade fue hecho “de manera perversa intentar solapar la conducta depredadora” del ex mandatario.
Luego, anunció que a lo mejor en breve se anuncia la muerte de una anciana en la capital del país que puede heredar una “fortuna” a Andrade.
En su oportunidad, el diputado Julio César Vidal Pérez, expresó que no es posible aprobar la cuenta pública de un hombre que ha pasado a la historia como el más nefasto y corrupto de Tabasco.
Mientras el pueblo se debate en la miseria por la tragedia que le afectó, Andrade está disfrutando del patrimonio del pueblo.
Sabemos, expuso, que el pueblo sufrió no solamente la inmoralidad de un gobierno que por antonomasia mintió, sino que la ha hundido en la desgracia en que se encuentra.
No se vale, indicó Vidal Pérez, aprobar el latrocinio de un ex gobernador que se ha robado el patrimonio de los tabasqueños, y pidió a los diputados que traicionaron al PRD que tengan un poco de dignidad y vergüenza para que no aprueben la cuenta pública.
De su lado, el diputado Armando Correa Peña, consideró que el dictamen es violatorio de la Constitución local, porque se basó en una revisión y fiscalización parcial, de muestras aleatorias no permitidas constitucionalmente.
No se efectuó, señaló, en la totalidad de las cantidades percibidas ni de las cantidades gastadas. Tampoco se verificó sobre todas las partidas que integran el presupuesto de egresos del 2006.
Por último, el diputado Rafael Acosta León, aseguró que no existe justificación alguna para que el OSF haya revisado parcialmente la cuenta pública de Andrade.
Por esa razón, pidió que se rechazara el dictamen o por lo menos que se dejara en suspenso, en tanto “efectuamos una investigación al respecto o bien se realice la fiscalización completa de la cuenta pública”.
Luego de una prolongada discusión que duró más de dos horas y en el que intervinieron una docena de oradores, principalmente del PRD y del PAN, el dictamen fue sometido a votación y pasó con los 20 votos del PRI contra 15 de la oposición.
Así, se consumó el albazo legislativo cocinado desde la primera Comisión Inspectora de Hacienda.