Jueves 2 de noviembre de 2006
Adolfo Sánchez Rebolledo
Oaxaca o el vacío democrático
¿Cuál es la lección principal que hasta ahora nos deja Oaxaca? A mi modo de ver una muy sencilla y compleja a la vez: estamos muy lejos de estar construyendo la democracia que México requiere para atender sus gravísimos problemas. Durante casi seis largos meses tanto las autoridades estatales como las federales eludieron solucionar un problema social cuyas torpezas convirtieron en un tema político de envergadura nacional. Sin embargo, luego de intensas negociaciones con el magisterio y cuando el conflicto parecía entrar en una vía de acuerdos para restaurar la normalidad, la decisión de emplear las fuerzas del orden sin sacar al gobernador del poder, representa un franco retroceso, cuyas secuelas apenas comenzamos a vislumbrar. Ayer mismo, el pintor Francisco Toledo, una de las mayores voces críticas oaxaqueñas, denunció la desaparición de 32 personas, algunas presas y otras asesinadas tras la ocupación de la Policía Federal Preventiva. Lo dice en una carta dirigida al dirigente del PRI para que éste suscriba el exhorto "casi unánime" pidiendo que Ulises Ruiz renuncie voluntariamente al cargo en un gesto final de realismo y responsabilidad, lo cual parece improbable.
Sujeto al cálculo estrecho de los grupos parlamentarios del PAN y el PRI, el asunto magisterial oaxaqueño se convirtió en moneda de cambio para asegurarle a Felipe Calderón la transmisión de la banda presidencial el 1º de diciembre, como si la vida nacional estuviera en suspenso mientras la sucesión se consuma prendida de alfileres. Así se desnaturalizó el problema original, se impuso el chantaje en defensa del gobernador mediante una interpretación purista de la ley, aceptada culposamente por los senadores panistas aun cuando luego, de labios hacia fuera, condenaron "la ingobernabilidad" y la conducta de Ulises Ruiz.
En rigor, nada de esto es estrictamente accidental. Hemos impulsado una democracia en la que no cuenta en lo absoluto el contenido de la política, es decir, los principios racionales, que en todo caso debían guiar la lucha por el poder en una sociedad plural que desea mejorar la vida pública. Preocupa el "principio de mayoría", pero no hay un interés semejante para dilucidar para qué se quieren ganar los comicios y de qué mecanismos se valen los partidos para forjan esas mayorías. Por desgracia, las elecciones de 2006 nos dicen que en esta materia todo se vale, aunque al final algunas conductas reprobables merezcan un regaño puntual del árbitro o el juez. La simple noción de "interés general" se ha desvanecido bajo el peso muerto de los intereses particulares. Y bajo el velo de la "información" se confecciona la agenda nacional junto con un lenguaje encubridor: ¡que se aplique el estado de derecho! es la frase favorita de quienes esconden la cabeza para eludir la responsabilidad de gobernar. ¡Qué se aplique la ley caiga quien caiga! es el argumento del que tira la piedra y esconde la mano.
Una parte de las elites, precisamente las que llevan las riendas del poder y la economía, se consideran satisfechas con el logro básico de esta etapa: la instauración de un sistema de competencia electoral al que tienen acceso distintas corrientes políticas, lo cual sería razonable si con ello no pretendieran prohibir otras formas de participación ciudadana en los asuntos públicos que más les afectan directamente. Se ha llegado al extremo pueril de oponer la acción parlamentaria al ejercicio de las libertades públicas en la calle, como si en efecto la movilización fuera un riesgo y no un derecho constitucional irrenunciable.
No gusta que se diga, pero persiste bajo el ropaje del lenguaje democrático, una cultura política intolerante hacia la diferencia, sobre todo cuando ésta salta y contradice las ideas establecidas o a las formas políticas tradicionales de negociación institucional que, justamente, han asegurado la exclusión de la vida pública de amplios sectores pauperizados. La disidencia popular se representa casi siempre mediante un cliché como un desafío al orden y a la paz, es decir, como una "anomalía" suprimible, no como el nacimiento de una forma de acceso a la ciudadanía que (a pesar de los cambios políticos ocurridos) a muchos mexicanos les está vedada o, si se quiere, condicionada al juego de los intereses más activos y autoritarios que están lejos de extinguirse en el mundo local, en las corporaciones sindicales, en las relaciones cotidianas de la gente con los aparatos de poder, en la discriminación étnica o clasista que multiplica los efectos de la desigualdad entre las mujeres y los niños, en fin, en el modo como millones de mexicanos viven en la realidad las mitologías del poder sobre su propio país. Si, como suele pasar, el conformismo invade los partidos o la manipulación desde arriba a la autoridad, la acción de disentir en el terreno social expande el pluralismo y oxigena la nube tóxica de la política cotidiana, pero también crea temores y aun reacciones paranoicas de claro corte clasista. La única obsesión presente en numerosos "análisis" sobre Oaxaca es la presencia de grupos ultras que siguen su juego propio aprovechando las debilidades del movimiento, el democratismo de sus asambleas o la simple provocación, sin decir que ellos no son la base magisterial ni tampoco la Asamblea Popular, cuya trayectoria no puede ser juzgada por los actos vandálicos de unos desesperados, aunque éstos dañen la imagen del conjunto y no deberían ser tolerados por la mayoría.
En verdad, se condena la movilización como tal y no sólo los excesos que se cometen en su nombre, pues es ésta la que lleva al increíble, pero reiterado debate "democrático" sobre el uso de la fuerza por parte del Estado, el cual se produce sin plantearse, al menos con intensidad semejante porque falla la política, es decir, sin hacer un examen mínimamente riguroso de la situación que lleva a numerosos grupos sociales a tomar medidas extremas, como si en el orden general ya tuviéramos un gobierno diligente y verdaderamente profesional, en vez de contar con una nueva agencia electoral al servicio del candidato oficial y un Poder Judicial poco dispuesto a desatar los nudos del autoritarismo. En estos casos, los tiempos no cuentan. Pueden pasar décadas antes de que un reclamo sea admitido a revisión, como ocurrió con la llamada "rezonificación" que ya tenía diez años sobre la mesa. Y pasa ahora con el llamado a que Ruiz deje el gobierno, primer paso indispensable para la recomposición de las relaciones sociales y políticas en el estado.
El secretario de Gobernación dice que la "ocupación" de Oaxaca no es una forma de represión, pero el silencio ante los crímenes denunciados por Toledo no avalan esa angélica visión. Mientras siga Ulises Ruiz en la casa de gobierno todo es una mascarada sangrienta.
