Por qué los negros debemos preocuparnos por la polémica en torno al despido de fiscales federales

Por qué los negros debemos preocuparnos por la polémica en torno al despido de fiscales federales
G Derek Musgrove
The Black Commentator
Traducido por Sarahimi Serra Rodríguez y revisado por Juan Carlos Saladré, del Equipo de Traductores de Rebelión y Cubadebate
Aquí vamos de nuevo. Otra historia repetida casi hasta el cansancio por los servicios de noticias que trabajan las 24 horas del día. Por supuesto, estoy hablando del despido de ocho fiscales federales por parte del Departamento de Justicia, uno en junio del 2006 y los otro siete en diciembre del mismo año. Desde principios de año han aparecido en las portadas de los periódicos y han fluido de los labios de los entendidos en política y los presentadores de noticias, rumores sobre posibles motivaciones políticas para los despidos, sobre si lo demócratas harán o no audiencias en relación con los despidos y con relación a la publicación de correos electrónicos internos que muestran que los despidos si tuvieron motivaciones políticas. Recientemente, la cobertura de noticias se ha dirigido hacia la posible “crisis constitucional” provocada por la confrontación debido a las citaciones que hizo el Congreso a los funcionarios de la Casa Blanca Kart Rove y Harriet Miers. El presidente Bush sugirió permitirle a Rove y a Miers testificar ante selectos miembros de los Comités Judiciales de la Cámara y el Senado en sesión privada, sin hacer juramento y de manera extraoficial. Ambos comités esencialmente rechazaron la oferta mediante el voto para otorgar a la citación hecha por su presidente el poder necesario para obligar a Rove y a Miers a que testifiquen en sesión a participación libre, bajo juramento y que se grabe su testimonio.
Bush exige “privilegio ejecutivo”. El Congreso insiste en que “los funcionarios públicos pueden ser sometidos a supervisión”.
La carrera de caballos de Washington. Cualquiera se siente tentado a desconectar de todo.
Sin embargo, ese sería un gran error. Los negros debemos estar bien enterados de esta historia. Algunos de los fiscales federales en cuestión fueron despedidos porque no utilizaron la ley para potenciar las prerrogativas del gobierno. Podemos utilizar la frase de Kyle Sampson, ex jefe de personal del Ministro de Justicia, estos fiscales no eran “verdaderamente leales a Bush”. Una de las prerrogativas del gobierno que muchos de estos fiscales no quisieron apoyar fue la eliminación del voto negro. En comentarios recientes a la prensa, representantes de la Casa Blanca declararon que varios de los fiscales federales en cuestión fueron despedidos porque no dar seguimiento a las acusaciones de fraude en las votaciones de las elecciones de 2004 hechas por los republicanos. Las acusaciones se hicieron contra distritos electorales esencialmente demócratas, especialmente de afro-americanos, siempre con pruebas poco convincentes o inexistentes. (En los últimos 40 años, las acusaciones de fraude en las votaciones hechas por los republicanos han sido utilizadas sistemáticamente como pantalla para las actividades republicanas para eliminar la posibilidad de que los votantes ejerzan su derecho. Vea Republican Ballot Security Programs: Vote Protection or Minority Vote Suppression - or Both? (Programas de Seguridad de las Urnas: Protección del Voto o Supresión del voto de la minoría- o ambos) por Chandler Davidson, Tanya Dunlap, Gale Kenny y Benjamin Wise, un debate excelente sobre este asunto). En una reciente reunión informativa, Dan Bartlett, consejero del presidente, dijo a periodistas que “durante varios años hemos recibido quejas sobre los fiscales federales, especialmente cuando se trata de los casos de fraudes electorales”. Barlett observó que el presidente analizó esas quejas con el Ministro de Justicia Gonzales en octubre de 2006.
Declaraciones recientes de un antiguo fiscal federal corroboran este parecer. El exfiscal John McKay de Seattle, Washington, ha declarado ante el Comité Judicial del Senado que cree que su negativa a continuar con las acusaciones republicanas de fraude en los votos trajo como consecuencia su despido. Después de las elecciones para gobernador de 2004 en Washington, donde el demócrata Chris Gregoire ganó por menos de 150 votos, Mc Kay recibió una llamada del jefe de personal del representante Doc Hastings (republicano por Washington). La oficina de Hastings quería saber si se iba a hacer una investigación para saber si se cometió fraude en las elecciones para gobernador. McKay, quien no había encontrado ninguna prueba confiable de fraude electoral, declaró que no se haría ninguna investigación. No escucho nada más sobre el asunto hasta septiembre de 2006 cuando se reunió con Harriet Miers, quien en aquel momento era consejera de la Casa Blanca, para considerar una posible nominación para una judicatura federal. McKay alega que Miers le preguntó por qué él había “llevado mal” el asunto de las elecciones para gobernador. McKay cree que la decisión posterior del Gobierno de no nominarlo para una judicatura fue la consecuencia de sus actos después de las elecciones de 2004. Aunque las pruebas de una relación directa entre el despido de los fiscales federales y su negativa de presentar casos de fraude electoral están incompletas, todo indica que podría emerger mucha más información si le da carta blanca a los investigadores del Congreso. Desde el año 2000, el gobierno de Bush ha utilizado a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia para distorsionar los mecanismos para la imposición del cumplimiento de la ley con el objetivo de aumentar las ventajas políticas de los republicanos en los estados donde el voto es muy reñido mediante el ataque a los votantes negros. En todas las elecciones efectuadas en el transcurso del actual gobierno, el partido Republicano ha financiado los programas de eliminación de votantes dirigidos a los afro-americanos y otros segmentos de la población que generalmente votan a favor de los demócratas. No causa asombro que el Departamento de Justicia se haya hecho de la vista gorda con respecto a estos programas legalmente cuestionables. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de Bush ha aprobado decisiones apoyadas por los republicanos para volver a dividir los distritos en Mississippi y Texas que han perjudicado a los negros y latinos y beneficiado a los republicanos blancos; planes que fueron revisados por algunos fiscales del Departamento de Justicia que no pertenecen a ningún partido, y que según ellos, violaban la Ley de Derecho al Voto. También dio su consentimiento para un proyecto de ley republicano de identificación de votantes fuera de Georgia que un juez federal comparó con un impuesto comunitario de capitación. Las personas designadas por Bush en el Departamento de Justicia también han reducido el cumplimiento de la imposición de la ley con respecto a los derechos de voto e iniciaron el primer caso de “discriminación invertida” bajo la ley de Derechos de Votación. En esta demanda sin precedentes, los abogados del Departamento de Justicia acusaron al liderazgo negro demócrata del Condado de Noxubee, en Missisippi, de violar los derechos de la minoría blanca. Este modelo de abuso en la División de Derechos Civiles sugiere que el gobierno de Bush no mostraron escrúpulos al utilizar al Departamento de Justicia para sus fines políticos. Entonces, es solo cuestión de sentido común sospechar que el gobierno de Bush trataría de utilizar al resto del Departamento de Justicia de una manera similar.
En vistas de este patrón de comportamiento ilegal y engañoso, los negros no deben solo exigir que la Casa Blanca coopere con el Congreso en la investigación de los ya mencionados despidos, sino que el Congreso amplíe sus investigaciones. Después de todo, el uso con propósitos partidistas, que da el gobierno de Bush, a las funciones que posee la rama ejecutiva para hacer que se cumpla la ley, no se ha limitado solamente al Departamento de Justicia. Meses antes de las elecciones de 2004, la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) inició una auditoria a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés), una de las mayores organizaciones de registros de votantes en la comunidad negra. La explicación oficial de esta acción fue que el presidente de la organización; Julian Bond, criticó al presidente y sus políticas en un discurso, de ese modo violó la prohibición que tienen las organizaciones sin fines de lucro con relación a apoyar o financiar a candidatos para el cargo. La investigación se retiró por falta de pruebas, precedentes y, para ser sinceros, por falta de legalidad.
De modo que, mientras los Comités Judiciales de la Cámara y el Senado continúan con sus investigaciones sobre el despido de aquellos ocho fiscales federales, asegúrese de desconectar la propaganda del Gobierno sobre el privilegio ejecutivo –que ha sido utilizado frecuentemente por los actuales y antiguos presidentes, demócratas y republicanos, para encubrir actos ilícitos. Apoye a aquellos individuos como el representante John Conyers (Demócrata por Michigan), el senador Patrick Leahy (Demócrata por Vermont), y el senador Charles Schumer (Demócrata por Nueva York) quienes buscan que los hechos se ventilen de manera pública y completa y exigen que aquellos funcionarios de la Casa Blanca involucrados en los despidos declaren bajo juramento en una audiencia pública del comité. Asegúrese de escribir a sus representantes ante el Congreso y decirles que está interesado en ampliar las audiencias para explorar todas las vías que el gobierno de Bush ha buscado para que las agencias que se encargan de garantizar el cumplimiento de la ley sean instrumentos del partido republicano. Su acceso a las urnas en las próximas elecciones pudiera muy bien estar pendiendo de un hilo.
El Doctor en Ciencias G. Dereck Musgrove es profesor asistente de Historia en la Universidad del Distrito de Columbia. Actualmente trabaja en un libro provisionalmente titulado The Second Redemption: Race, Party Realignment, and State Power in the Post Civil Rights United States (La segunda redención: raza, realineamiento del partido y el poder del estado en los Estados Unidos de después de los derechos civiles). Puede contactarlo en la direccióngmusgrove@udc.edu.