| Traducido del gallego original para Rebelión |
Matar es cada día más fácil: se puede hacer a mayor distancia, con mayor indiferencia y menor esfuerzo. El suministro de armas a países en conflicto o donde se violan los derechos humanos es constante y carece de control. Bancos y Estados, entre ellos el Estado español, se hacen ricos con el negocio de la guerra.
La Fundación ‘Justícia i Pau’ –que alberga el ‘Centre Delàs d’Estudis per a la Pau’, dedicado a la investigación por la paz y el desarme– y el ‘Observatorio de la Deuda de la Globalización’ –conocido por la campaña ‘Quien Debe la Quien’ sobre la deuda externa de los países en desarrollo– acaban de lanzar una campaña a la que llaman “BBVA Sin Armas” [1]. Con ella pretenden comenzar a crear una opinión pública contraria a las inversiones de las entidades financieras en las empresas relacionadas con la fabricación de armamento. El objetivo es principalmente el BBVA, posiblemente porque la intención primera es que la gente identifique culpables directos. Los responsables de la campaña acusan al megabanco no solo de participar en industrias militares –tiene, entre otras, un 40% de participación en la fabricante de mísiles Inmize y un 14,30% en CESCE, que financia exportaciones de armas–, sino también de actuar contra la naturaleza financiando industrias muy contaminantes –como la polémica factoría de ENCE en el Uruguay y un oleoducto de crudos pesados en el Ecuador–, y especialmente en los países del Sur y “mediante el supuesto uso de la compra de voluntades políticas a sus gobernantes o blanqueando dinero de origen dudoso”.
Aún así, el BBVA no tiene la exclusiva en eso de negociar con la muerte, porque al fin y a la postre las armas son para matar. Cajamadrid, por escoger alguna al azar, participa con un 14,98% en Indra, que fabrica componentes electrónicos para la industria militar; la Bilbao Bizkaia Kutxa tiene un 10,80% de CAF, que se dedica a la modernización de carros de combate; y el BSCH tiene un 42,50% de la Unión Española de Explosivos, que anda en el negocio de las bombas de racimo. Las conexiones bancos-armas son pues infinitas.
Pero también entre los Estados y las armas. La industria del militar no ha hecho más que crecer desde lo 11-S, y hoy es un negocio pujante, con mucho futuro. Tan sólo el Estado español, vendió en 2006 unos 845 millones de euros –el doble que el año anterior y seis veces más que en el año 2000– en “material de defensa”. Y lo que es peor, muchas de estas ventas llegaron a países en conflicto o dónde las ONG –concretamente, Intermon Oxfam, Greenpeace y Anmistía Internacional– denuncian graves violaciones de los derechos humanos, como Israel, China, Colombia, Emirátos Árabes, Marruecos e Indonesia. España vendió por ejemplo vehículos de combate para Marruecos –más de tres millones de venta de material militar entre 2002 y 2005, incluyendo substancias químicas, bombas y mísiles– y materiales y equipos nucleares de doble uso a China –entre otros productos incluidos en los 25 millones de euros de armas vendidos al país asiático en el mismo período. Según Ricardo Magán, de Oxfam, “La falta de control también se nota en África subsahariana, dónde España ocupa el primer lugar como exportador de munición, con un volumen dos veces superior al de Francia y tres veces mayor que lo de Estados Unidos en 2005. Ghana, donde el año pasado se exportaron un total de 3,2 millones de euros, es el principal destinatario de municiones de fábricas españolas. Este comercio no está sujeto a control ni aparece en las estadísticas oficiales. Para el Gobierno se trata en exclusiva de material de ‘caza y tiro’”[2].
El presidente de Cáritas Camboia, Enrique Figaredo, dice al respeto: “España no es ninguna hermanita de la caridad. Está comercializando armas que llevan al deterioro de la paz en países dónde la sociedad es débil y la democracia no existe o es muy inestable, de manera que dice que colabora con la paz mientras las armas ligeras se venden sin control. Es muy triste. Este país no podrá decir que está colaborando con la paz, porque está haciendo dinero con las armas.”[3]
Esas mismas ONG acusan al gobierno de tener una ley que es un colador y de aportar datos nada transparentes, que es como no aportar nada. En diciembre de 2006 se aprobó en el Consejo de Ministros un Proyecto de Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, que después de tantos meses aún está en trámites parlamentarios, y que supondrá algunos –pero por lo visto mínimos– avances.
Sin embargo, el mundo es muy grande. Y ahí es dónde entra Naciones Unidas, que no hace mucho aprobó una resolución a favor de iniciar el proceso para lograr un Tratado Internacional de Armas. ¿Es que no lo hay? Pues sí, algunos controles hay, pero muchas empresas, sobre todo de EUA, de la UE y de Canadá, eluden las normas, como por ejemplo vendiendo armas por piezas y subcontratando su fabricación por el mundo adelante. Como dicen los de Oxfam: “Europa y Norteamérica están convirtiéndose en el IKEA del sector de armamento”.
Visto lo visto, mientras las cosas no se hagan más en serio, las iniciativas concretas como la de la campaña contra lo BBVA, orientadas a la concienciación de las personas, parecen ser el único camino.
Armas bajo control
“La situación se encuentra en un punto muy crítico. Hay millones de armas en circulación y pueden encontrarse prácticamente en cualquier rincón del mundo. A menudo se utilizan para cometer flagrantes violaciones de los derechos humanos y millones de personas están sufriendo las consecuencias. Los gobiernos tienen el deber de proteger a sus ciudadanos dentro de sus fronteras, pero también de hacer todo el posible para prevenir la vulneración de los derechos humanos y los crímenes de guerra en otros países.”
Con este párrafo se presentó hace un tiempo la campaña ARMAS BAJO CONTROL [4], que llevan a cabo las ONG Anmistía Internacional, Iansa y Oxfam, y que pretende influir en los gobiernos y en los organismos internacionales para controlar la proliferación de armas y el abuso de ellas de manera efectiva. Entre sus demandas está el anteriormente citado Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que obligará a los gobiernos firmantes –80 fueron ya consultados por la ONU– a controlar sus transferencias de armas de acuerdo con los principios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La campaña está también organizando, en más de 60 países, consultas populares en las que los afectados por el comercio de armas pueden expresar sus opiniones sobre lo que el tratado debería incluir. En octubre se presentarán los resultados de estas consultas al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, para que actúe al respeto.
[1] http://www.bbvasinarmas.org
[2] Comercio de armas en España: http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=429&idioma=1
[3] Entrevista a Enrique Figaredo, presidente de Cáritas Camboya y obispo de Battambang: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=54878
[4] http://www.controlarms.org
* Manoel Santos. Director de altermundo.org y del suplemento en prensa ‘Altermundo’, de Galicia Hoxe.
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