Abogados y legisladores acusan de "terrorismo laboral" al titular del ISSSTE
"Aberrante", la advertencia de Yunes de suspender derechos a inconformes
Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), constitucionalistas, abogados laborales y legisladores calificaron de acto de "intimidación" y "aberración" las declaraciones del director general de ese organismo, Miguel Angel Yunes Linares, quien advirtió que quienes se amparen contra la nueva ley que rige al instituto y obtengan una suspensión de un juez federal podrían perder temporalmente sus derechos a los servicios y prestaciones que ofrece esa dependencia a los empleados gubernamentales.
Expertos en derecho constitucional aseguraron que se trata de una estrategia de "terrorismo laboral" que sólo busca "inhibir" la participación ciudadana en la defensa de sus garantías, pues aseguraron que no está "sujeta a la voluntad de ningún funcionario" la vigencia de obligaciones constitucionales como el derecho a la salud, y "en caso de ser amparados, a los trabajadores se les aplicará la ley que estaba vigente, con todos sus beneficios".
Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que de incurrir en la suspensión del servicio o en el disfrute de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, se podría imputar a Yunes responsabilidad penal, porque ni la salud ni los beneficios que otorga la ley son una "concesión otorgada por algún funcionario".
Miguel Angel Eraña, experto en derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana, señaló que "cualquier abogado, por menor que sea, tiene conocimiento de que un juicio de amparo no anula derechos. Por el contrario, se trata de una figura garantista que pretende proteger a los ciudadanos contra abusos del Estado", por lo que consideró que lo expresado por el director del ISSSTE es una "declaración de mala fe".
Por su parte, el PRD en la Cámara de Diputados consideró que la postura de Yunes Linares "constituye una agresión injustificable y desesperada" ante los miles de trabajadores que ya han recurrido al amparo contra la nueva ley de la institución.
En conferencia de prensa, diputados de ese grupo parlamentario resaltaron que es falso que el ISSSTE pueda dejar de prestar servicios a quienes se amparen, porque constitucionalmente la presentación de una demanda de este tipo no implica la pérdida o coacción del derecho a la salud.
En tanto, la Coordinadora de Trabajadores y Organizaciones en Defensa del ISSSTE recomendó a Yunes que deje que las autoridasdes judiciales dictaminen en torno a los amparos interpuestos en contra de la nueva Ley del ISSSTE "y que no se atreva a negar los servicios a los trabajadores, porque eso sería inconstitucional e ilegal".
La Unión de Juristas de México, que encabeza la representación jurídica de más de cien mil trabajadores que se han amparado contra la nueva ley del instituto, rechazó que los burócratas inconformes corran el riesgo de perder sus derechos y prestaciones médicas en caso de que obtengan una suspensión provisional.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de ese organismo, aseguró que "Yunes está tratando de sorprender e intimidar a los empleados; su actitud, grave e irresponsable, puede configurar los delitos de abuso de autoridad e intimidación, sancionados con prisión de uno a nueve años".
En tanto, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación calificaron de acto de "provocación" el arribo, al filo del mediodía, de Yunes a las oficinas centrales del ISSSTE, donde los inconformes mantienen un plantón permanente para exigir la derogación de la legislación.
Tras un forcejeo con elementos de la Policía Federal Preventiva cuando intentaban evitar el ingreso del vehículo en el que se trasladaba el director general del organismo, maestros disidentes afirmaron que no caerán en nuevas provocaciones con la fuerza pública, porque "Yunes no es más que un instrumento al servicio de los intereses de Elba Esther Gordillo, y sabemos que sólo llegó para sacarse la foto y provocar un zafarrancho".
Por su lado, integrantes del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador rechazaron ayer que los burócratas que interpongan amparos se puedan ver afectados en sus derechos, pues ese procedimiento impugna artículos específicos y no la legislación en su totalidad.
Mario di Costanzo, secretario de Hacienda; Bertha Luján, titular del Trabajo, y Asa Cristina Laurell, de Salud, explicaron que de lograrse la suspensión de las reformas aprobadas lo que quedaría sin efecto serían las nuevas disposiciones, sin lesionar de ninguna manera los derechos adquiridos y la antigua normatividad.
Respecto de las declaraciones de Yunes, sostuvieron que sus advertencias sólo muestran que los operadores de Elba Esther Gordillo están desesperados ante el rotundo fracaso jurídico y social que representa la reforma a esta legislación.
La aseveración de Yunes es mentirosa, en virtud de que el derecho a la salud y a la jubilación emana de principios consagrados en la Constitución, por lo que el Estado está obligado a otorgar atención médica, seguridad social y servicios sociales a sus trabajadores en todo momento, subrayaron.
Por esta razón, resaltaron que ningún juez puede ordenar que a un trabajador se le retiren sus derechos por estar ejerciendo otra garantía consagrada en la Carta Magna.
Aseguraron que los artículos 103 y 107 constitucionales y su ley reglamentaria no condicionan la presentación de la demanda de amparo ni su resolución a la pérdida o coacción en el ejercicio de los derechos de los asalariados.
En consecuencia, resulta absolutamente falso y tendencioso afirmar, con el objeto de amedrentar a los trabajadores, que el ISSSTE podría dejar de ejercer sus obligaciones, agregaron.
Puntualizaron que si Yunes no respeta los derechos de los burócratas incurriría en una flagrante violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que se haría acreedor a un juicio político.
Laura Poy, Enrique Méndez, Matilde Pérez y Alfredo Méndez
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