LA REGULACIÓN DE LAS PROTESTAS SOCIALES CONSTITUYE UNA MEDIDA CONTRARIA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
24 de junio de 2007.- La Regulación de las marchas y protestas callejeras que proponen algunos funcionarios federales y diputados locales del Distrito Federal, sería una medida contraria a la naturaleza misma y al objeto de las protestas sociales, además de constituir un acto amenazador y presuntivo de trasgresión a la democracia, al constitucionalismo social y a la libertad de expresión popular.
En actos reiterados en los años recientes y persistentes en los últimos días, funcionarios del PAN, encabezados por el actual Secretario del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, en coincidencia con algunos perredistas “despistados”, capitaneados por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) , Víctor Hugo Círigo Vázquez, han sostenido la necesidad y posibilidad de reglamentar las manifestaciones públicas, como plantones, marchas y mítines para supuestamente devolver la tranquilidad a la ciudadanía capitalina y el respeto de los derechos de terceros, aunque el “lúcido” Secretario de Trabajo va más allá, al “exhortar” en días pasados al Jefe de Gobierno capitalino que empleé la fuerza pública del Gobierno del Distrito Federal para meter en orden a los marchistas inconformes, posturas que definitivamente no compartimos los juristas y las personas democráticas de este país.
La libertad de expresión es una de las garantías sociales e individuales más importantes de la actualidad en materia de derechos humanos políticos y civiles, reconocida por nuestras leyes, en sus diversos artículos 1, 3, 6, 7, 9, 11, 35 fracción III y 39 de la Constitución Federal; y, en los tratados y convenios internacionales, que tienen su base en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, de tal manera que no existe disposición legal alguna que prohíba la libertad de expresión, asociación, reunión, opinión, información, prensa y libre tránsito de las personas, más aún cuando se ejercen con respeto y en forma pacifica, aunque sus dinámicas de proselitismo o protesta puedan desbordar la tranquilidad social, pues es ahí donde el Estado más que emplear el uso abusivo o excesivo de la fuerza, debe emplear todo su oficio político para establecer el dialogo, la reconciliación nacional y buscar la solución a los problemas que originan el descontento popular.
La libertad de expresión es un derecho político que se concreta al practicarlo los gobernados y el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de ese derecho, procurando la gobernabilidad democrática, pero si por el contrario la autoridad es omisa en sus deberes, protege la impunidad y el abuso, entonces más justificable es aún la protesta, la resistencia y desobediencia popular, como en los casos de las actuales protestas que realizan los pueblos de Oaxaca, agrupados en la APPO en contra del gobierno tirano de Ulises Ruiz Ortiz y la de los trabajadores al servicio del Estado en contra de la nueva Ley del ISSSTE, que conculca sus derechos laborales y de seguridad social adquiridos.
El Distrito Federal concentra el mayor número de operaciones políticas, económicas, financieras y culturales del país en comparación con las de los demás Estados, es sede de los poderes federales, concentra y centraliza la mayor parte de la administración pública federal y más del 80 por ciento de las protestas que se realizan en la ciudad se efectúan en contra de los actos y políticas del Gobierno Federal, por lo anterior, es totalmente consecuente y apreciable la política del Gobierno de la Ciudad, como gobierno orientado a la izquierda, que permite y tolere la libre manifestación. El PRD siempre ha defendido el derecho a la libre expresión y por el contrario ha sido siempre la derecha la que invariablemente se ha pronunciado y actuado en contra de las libertades ciudadanas.
Aunque a veces lleguemos tarde y enfadados a nuestros quehaceres seamos consecuentes con la libertad de expresión, es un derecho constitucional y el pueblo lo hace por absoluta necesidad de hacer escuchar su palabra y exigir la solución a sus demandas ¡ya basta!, el PRD no puede ni debe ser comparsa de los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI, porque la construcción de la equidad social no es un problema de sumas o restas, sino de proyección histórica sobre el régimen de gobierno que tenemos y el que queremos: totalitarismo fascista o democracia plena para todos, no hay medias tintas.
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BOLETIN
¡¡Por la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, la lucha continúa!!
Viernes 22 de junio de 2007
La Unión de Juristas de México informa que hasta el viernes 22 de junio de 2007, el Juzgado de Distrito Auxiliar que conoce de los amparos contra la Nueva Ley del ISSSTE solamente ha admitido a trámite 72 mil demandas, de un total de alrededor de 167 mil que reconoce la Judicatura Federal se interpusieron en contra de la citada Ley y que concentran las reclamaciones de más de 800 mil trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado, al haberse interpuesto numerosas demandas grupales y colectivas, según la página Web del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx, en la que se reconoce que agrupaciones como las de los Sindicatos de los Colegios de Bachilleres, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la PGR, Sindicato Nacional del Instituto de Trabajadores del ISSSTE, entre otros, se ampararon por si y a nombre de todos y cada uno de sus trabajadores afiliados.
Los datos revelan que hasta la fecha solamente se ha dado trámite aproximadamente al 43% de las demandas presentadas, de tal forma que, al Expediente Número 71901/2007 y 99 acumulados más, se le fijó fecha de audiencia constitucional hasta el día 21 de enero de 2008, lo que representa una notoria incapacidad y dilación en la impartición de justicia por el “virtual” Juzgado de Distrito Auxiliar, creado ex – profeso para atender dichas reclamaciones, evidenciándose diversas irregularidades cometidas en el trámite y acuerdo de los expedientes, como las de que no existen registros de demandas que se presentaron en tiempo y registros equivocados, quedando totalmente inútiles los folios que se les asignaron en la Oficialía de Partes Común, por lo que llamamos a todos los amparistas a que revisen la lista de acuerdos en la pagina Web antes citada, para que detecten el número de sus expedientes y nos informen oportunamente para darles el debido y oportuno seguimiento.
La actuación del Juzgado de Distrito Auxiliar exige de nuestra parte elevar la más enérgica protesta por dicho desempeño al contrariar éste el espíritu de nuestras leyes, que garantizan que la impartición de justicia debe ser pronta, expedida, completa, gratuita e imparcial.
Por otro lado, en la estrategia jurídica y social que la Unión de Juristas de México ha establecido en estrecha relación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, además de apuntalar el interés jurídico de los demandantes, sobresale la presentación de pruebas periciales que se ofrecerán en la secuela del procedimiento y que rendirán un destacado equipo de peritos en materia de seguridad social y cálculos actuariales, encabezados por Don Ricardo García Saenz, los Doctores Alejandro Hazas Sánchez, Javier Fernández, Miguel Ángel Saenz Garza y Eduardo Pérez Saucedo, entre otros, quienes dictaminarán para demostrar ante la Corte que la nueva Ley del ISSSTE, desaparece, disminuye o modifica prestaciones ganadas y reconocidas en la anterior Ley del ISSSTE, en perjuicio de los trabajadores y de los derechos de seguridad social constitucionales.
Asimismo, la Unión de Juristas de México en coordinación con el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social (CAESS), iniciará una gran campaña de difusión y educación para concientizar a los trabajadores de los graves riesgos que acarrea la nueva Ley del ISSSTE e impulsará su organización y movilización a través de frentes y comités ciudadanos, además de organizar el rechazo masivo de todos los trabajadores al servicio del Estado al llamado Bono ISSSTE, a través de escritos dirigidos por cada trabajador al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que éste a su vez, lo notifique formalmente a la Dirección General del ISSSTE y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (cuyo formato ya está circulando), con ello provisionalmente se estará empleando un mecanismo de defensa previsto en la nueva Ley, para que quienes no se ampararon en la primera oportunidad, que corrió del 2 de abril al 17 de mayo de 2007, hagan valer sus derechos ya que con ello además, se abonará el camino para presentar una nueva ola de amparos, que empezaremos a promover durante la primera quincena del mes de enero de 2008, toda vez que el bono eleva los requisitos para el retiro y solamente se gozará de él si los trabajadores tienen los suficientes ahorros para contratar los servicios de una institución de seguros privada, nulificando retroactivamente el derecho constitucional a la jubilación integral y solidaria que se construyó en un siglo de lucha de los trabajadores mexicanos por el mejoramiento de sus condiciones de clase.
Finalmente, hacemos un llamado al movimiento social contra la nueva Ley del ISSTE, a que desenmascare y eche de sus filas a “asesores” y “líderes” sindicales oportunistas que pretenden descalificar con calumnias el trabajo de la Unión de Juristas de México UJM y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE, con el señuelo de que es imposible la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, descalificando sin fundamento las grandes movilizaciones y plantones que en todo el país se vienen dando bajo la coordinación de la combativa CNTE y otras agrupaciones sindicales y civiles.
Los juristas y abogados democráticos seguiremos siempre en la lucha del lado de nuestro pueblo.
POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DE LA UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO
Fraternalmente
Eduardo miranda Esquivel (Presidente), Jesús Cervantes Esparza (Secretario General), Pablo Franco Hernández (Secretario de Asuntos Laborales y Relaciones Internacionales), José Luis Vega Núñez (Secretario de Asuntos Sindicales y de Seguridad Social), Eduardo José Torres Maldonado (Secretario de Asuntos Educativos y Culturales), Manuel de la Rosa Rivas (Secretario de Asuntos Cooperativos y Economía Social), Guillermo Casillas Rodríguez (Comisión de Amparos vs. la Ley del ISSSTE), Gerardo Hernández Estrada (Comisión de Amparos vs. la Ley del ISSSTE), Humberto Luna Marín (Comisión de Amparos vs. la Ley del ISSSTE); y, Omar Garibay Guerra (Comisión de Amparos vs. la Ley del ISSSTE). Informes: unionjuristas@hotmail.com, pfranco@prodigy.net.mx
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Viernes 22 de junio de 2007
La Unión de Juristas de México informa que hasta el viernes 22 de junio de 2007, el Juzgado de Distrito Auxiliar que conoce de los amparos contra la Nueva Ley del ISSSTE solamente ha admitido a trámite 72 mil demandas, de un total de alrededor de 167 mil que reconoce la Judicatura Federal se interpusieron en contra de la citada Ley y que concentran las reclamaciones de más de 800 mil trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado, al haberse interpuesto numerosas demandas grupales y colectivas, según la página Web del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx, en la que se reconoce que agrupaciones como las de los Sindicatos de los Colegios de Bachilleres, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la PGR, Sindicato Nacional del Instituto de Trabajadores del ISSSTE, entre otros, se ampararon por si y a nombre de todos y cada uno de sus trabajadores afiliados.
Los datos revelan que hasta la fecha solamente se ha dado trámite aproximadamente al 43% de las demandas presentadas, de tal forma que, al Expediente Número 71901/2007 y 99 acumulados más, se le fijó fecha de audiencia constitucional hasta el día 21 de enero de 2008, lo que representa una notoria incapacidad y dilación en la impartición de justicia por el “virtual” Juzgado de Distrito Auxiliar, creado ex – profeso para atender dichas reclamaciones, evidenciándose diversas irregularidades cometidas en el trámite y acuerdo de los expedientes, como las de que no existen registros de demandas que se presentaron en tiempo y registros equivocados, quedando totalmente inútiles los folios que se les asignaron en la Oficialía de Partes Común, por lo que llamamos a todos los amparistas a que revisen la lista de acuerdos en la pagina Web antes citada, para que detecten el número de sus expedientes y nos informen oportunamente para darles el debido y oportuno seguimiento.
La actuación del Juzgado de Distrito Auxiliar exige de nuestra parte elevar la más enérgica protesta por dicho desempeño al contrariar éste el espíritu de nuestras leyes, que garantizan que la impartición de justicia debe ser pronta, expedida, completa, gratuita e imparcial.
Por otro lado, en la estrategia jurídica y social que la Unión de Juristas de México ha establecido en estrecha relación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, además de apuntalar el interés jurídico de los demandantes, sobresale la presentación de pruebas periciales que se ofrecerán en la secuela del procedimiento y que rendirán un destacado equipo de peritos en materia de seguridad social y cálculos actuariales, encabezados por Don Ricardo García Saenz, los Doctores Alejandro Hazas Sánchez, Javier Fernández, Miguel Ángel Saenz Garza y Eduardo Pérez Saucedo, entre otros, quienes dictaminarán para demostrar ante la Corte que la nueva Ley del ISSSTE, desaparece, disminuye o modifica prestaciones ganadas y reconocidas en la anterior Ley del ISSSTE, en perjuicio de los trabajadores y de los derechos de seguridad social constitucionales.
Asimismo, la Unión de Juristas de México en coordinación con el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social (CAESS), iniciará una gran campaña de difusión y educación para concientizar a los trabajadores de los graves riesgos que acarrea la nueva Ley del ISSSTE e impulsará su organización y movilización a través de frentes y comités ciudadanos, además de organizar el rechazo masivo de todos los trabajadores al servicio del Estado al llamado Bono ISSSTE, a través de escritos dirigidos por cada trabajador al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que éste a su vez, lo notifique formalmente a la Dirección General del ISSSTE y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (cuyo formato ya está circulando), con ello provisionalmente se estará empleando un mecanismo de defensa previsto en la nueva Ley, para que quienes no se ampararon en la primera oportunidad, que corrió del 2 de abril al 17 de mayo de 2007, hagan valer sus derechos ya que con ello además, se abonará el camino para presentar una nueva ola de amparos, que empezaremos a promover durante la primera quincena del mes de enero de 2008, toda vez que el bono eleva los requisitos para el retiro y solamente se gozará de él si los trabajadores tienen los suficientes ahorros para contratar los servicios de una institución de seguros privada, nulificando retroactivamente el derecho constitucional a la jubilación integral y solidaria que se construyó en un siglo de lucha de los trabajadores mexicanos por el mejoramiento de sus condiciones de clase.
Finalmente, hacemos un llamado al movimiento social contra la nueva Ley del ISSTE, a que desenmascare y eche de sus filas a “asesores” y “líderes” sindicales oportunistas que pretenden descalificar con calumnias el trabajo de la Unión de Juristas de México UJM y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE, con el señuelo de que es imposible la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE, descalificando sin fundamento las grandes movilizaciones y plantones que en todo el país se vienen dando bajo la coordinación de la combativa CNTE y otras agrupaciones sindicales y civiles.
Los juristas y abogados democráticos seguiremos siempre en la lucha del lado de nuestro pueblo.
POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DE LA UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO
Fraternalmente
Eduardo miranda Esquivel (Presidente), Jesús Cervantes Esparza (Secretario General), Pablo Franco Hernández (Secretario de Asuntos Laborales y Relaciones Internacionales), José Luis Vega Núñez (Secretario de Asuntos Sindicales y de Seguridad Social), Eduardo José Torres Maldonado (Secretario de Asuntos Educativos y Culturales), Manuel de la Rosa Rivas (Secretario de Asuntos Cooperativos y Economía Social), Guillermo Casillas Rodríguez (Comisión de Amparos vs. la Ley del ISSSTE), Gerardo Hernández Estrada (Comisión de Amparos vs. la Ley del ISSSTE), Humberto Luna Marín (Comisión de Amparos vs. la Ley del ISSSTE); y, Omar Garibay Guerra (Comisión de Amparos vs. la Ley del ISSSTE). Informes: unionjuristas@hotmail.com, pfranco@prodigy.net.mx
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