12 puntos que deberían regir la política de EU hacia Cuba

Felipe Pérez Roque*

Las palabras del presidente de Estados Unidos anuncian una escalada sin precedente de más bloqueo, subversión, intento de aislamiento de Cuba, y nuevos y renovados esfuerzos para intentar rendir por hambre y enfermedades al pueblo cubano.

Lo que el presidente de Estados Unidos ha llamado “acelerar el periodo de transición”, en el que según él está Cuba, equivale a la reconquista de Cuba por la fuerza. Ése es el plan que ha quedado hoy mejor delineado y al desnudo ante la opinión pública.

Quiero subrayar una frase del discurso del presidente de Estados Unidos: “La palabra de orden en nuestros tratos futuros con Cuba no es estabilidad, la palabra de orden es libertad”.

Cuba entiende estas palabras como un acto irresponsable, que da una idea del nivel de frustración, desesperación y odio del presidente Bush contra Cuba.

En lenguaje amenazante y altanero, Bush delinea incluso la opción del uso de la fuerza, el escenario de la ruptura de la estabilidad en Cuba para dar paso a lo que llamó la “libertad”, que es el cambio de régimen, el derrocamiento de la revolución y la reconquista de Cuba por la fuerza; al hacerlo, el presidente de Estados Unidos dejó abierta las opciones de si eso sería el resultado de un hipotético y fantasioso levantamiento interno en Cuba, que Estados Unidos apoyaría, lo cual cualquier persona medianamente bien informada y con dos dedos de frente sabe que no es políticamente posible, pues la revolución tiene un apoyo abrumador y mayoritario del pueblo; pero dejó también abierta la idea de que esa estabilidad pueda ser vulnerada desde fuera, con una nueva guerra de conquista y anexión, como la que lanzó contra Irak, y como la que amenazó con lanzar contra 60 o más oscuros rincones del planeta, entre los cuales, por supuesto, estaba Cuba.

Debemos advertir que un escenario como ese no sólo significaría la ruptura de la estabilidad de Cuba, sino también de la estabilidad de Estados Unidos, y pondría en peligro también al pueblo norteamericano, cuyos hijos serían enviados a matar y a morir en una guerra en Cuba que duraría 100 años, y que no terminaría sino con la victoria de nuestro pueblo, a un costo tremendo, es lógico, en vidas de sus hijos, destrucción material; pero cuyo único resultado posible es la preservación de la independencia y la soberanía de Cuba.

La palabra de orden en Cuba no es ni la estabilidad, ni nada de eso, la palabra de orden en Cuba es: ¡Coraje! Y es nuestra respuesta; serenidad absoluta y confianza en nuestra fuerza y en la solidaridad que el mundo dispensa hoy a Cuba, y en la admiración que la resistencia de Cuba levanta en el mundo.

Estamos claros de qué significa la libertad que el presidente Bush promete a los cubanos, y nos tomamos en serio la evocación de nuevos y renovados esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para cumplir su política de cambio de régimen en Cuba, que es, por demás, ilegal; es una política violatoria del derecho internacional. El presidente de Estados Unidos no tiene autoridad moral, ni potestad legal para proponerse cambiar el ordenamiento jurídico, político, que los demás pueblos de la tierra, soberanamente, han decidido darse.

Sabemos qué vendría detrás de la “libertad” traída en los bombarderos y las armas del ejército de Estados Unidos: los grupos terroristas, sedientos de sangre, que todavía hoy se entrenan en Florida con total impunidad, permitidos y tolerados por el gobierno de Estados Unidos, con los cuales, hace unos días, se reunió el presidente Bush en Miami, para prometerles y conversar con ellos sobre esta presentación, y para recordar que él les prometió que resolvería el tema de Cuba. Uno de los voceros de esos grupos dijo que lo único que reclamarían al presidente en ese momento serían tres días de licencia para matar en Cuba. Pero hay que saber que no van a encontrar aquí a un pueblo poniendo otra mejilla; encontrarán a millones de combatientes, armados y entrenados, y a un pueblo preparado y fogueado, después de casi medio siglo de Revolución victoriosa, en defender sus conquistas y su derecho a la libertad e independencia.

En adición a este preludio de una escalada de más bloqueo, a estas amenazas, el presidente hizo una descripción mentirosa y ridícula de la situación en Cuba. Nunca vi a un político destilar más odio y más frustración. Hizo una descripción de Cuba que únicamente la ceguera, debido al odio y la impotencia, puede llevar a caer en esos extremos.

Dijo que en Cuba era ilegal reunirse más de tres personas sin autorización. Hemos visto a más de un millón reunirse en la Plaza, por su propia voluntad, para reclamar el enjuiciamiento o la extradición a Venezuela del terrorista Luis Posada Carriles, o la liberación de nuestros cinco héroes, o el cese del bloqueo contra Cuba.

Ha hecho un llamado desesperado a otros países para sumarse al bloqueo y a la subversión contra Cuba, para sumarse a esta política fallida que nadie en el mundo comparte.

El gobierno de Estados Unidos se encuentra solo en su política hacia Cuba. Ha habido una apelación reiterada y desesperada para que otros gobiernos se sumen. Se puede ser el más poderoso, pero no el más respetado; se puede tener la capacidad de destruir a un país con un ataque nuclear, pero no de levantar simpatía; se puede ser temido, incluso, pero eso no quiere decir que se sea querido o apoyado. La comunidad internacional no sigue su política: hay un rechazo casi universal al bloqueo genocida que impone contra el pueblo de Cuba.

Mientras el presidente de Estados Unidos leía la diatriba anticubana que le prepararon, Cuba resultaba elegida en París miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, por 157 votos, de los 175 posibles; el país con más votación de todo el Tercer Mundo para integrar el Consejo Ejecutivo de la UNESCO; el país que más votos obtuvo en el hemisferio occidental, incluso, más votos que Estados Unidos.

Está solo el presidente de Estados Unidos. Está furioso, desesperado. Es comprensible: prometió resolver la situación de un plumazo a aquellas mafias cubanas en Miami, que lo llevaron a la presidencia de modo fraudulento, que aplicaron las mismas tácticas que aplicaban aquí antes del triunfo de la revolución, y que permitieron que, después de una controversial y polémica elección, que tuvo durante un mes al mundo viendo aquel espectáculo deprimente, finalmente fuera proclamado por la diferencia de un voto en la Corte Suprema.

¿Con qué autoridad usted se erige en juez de los derechos humanos y la democracia en los otros países? Usted no tiene autoridad moral, señor presidente; no tiene credibilidad. Dos tercios de los estadunidenses sienten vergüenza de usted. Tiene menos de 25 por ciento de apoyo de la opinión pública de su país. Nuestro pueblo ha lidiado, además, antes de usted, con otros nueve presidentes de Estados Unidos, y está aquí y va a seguir aquí.

La economía cubana se fortalece, los esfuerzos de nuestro pueblo van fructificando. La revolución es ahora más fuerte, ha resistido nuestro pueblo con ejemplar madurez política y unidad los duros años de periodo especial que ha tenido que vivir.

En su discurso hay un intento vano y ridículo de reclutar, para seguir su política contra Cuba, a los militares cubanos, a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ministerio del Interior. Les promete perdonarles la vida después que tome el control de Cuba, si ahora, a tiempo, se arrepienten de servir a su pueblo, de defender la Revolución.

Está delirando. Le está hablando a un ejército libertador. Olvida que en Cuba el ejército es el pueblo uniformado. Olvida que más de 350 mil cubanos vistieron voluntariamente ese uniforme para ir a enfrentar al régimen del Apartheid que Estados Unidos y otros países occidentales apoyaban, y que hicieron posible con su victoria la liberación de Namibia, la preservación de la integridad territorial de Angola, la liberación de Mandela, la legalización del ANC, el surgimiento de una Sudáfrica sin Apartheid.

Olvida que esos hombres y mujeres llevan medio siglo derrotando los más de 600 planes que ustedes organizaron para tratar de asesinar a Fidel, que derrotaron la guerra sucia y las bandas armadas que ustedes organizaron y suministraron en las montañas de Cuba. Olvida que los hombres y mujeres que llevan ese uniforme son el pueblo en el poder, porque aquí hay una revolución victoriosa que ustedes no han podido derrotar.

Usted no es un libertador, señor Bush; usted es un brutal represor. Su régimen ha invadido, masacrado, torturado en nombre de la libertad. Usted avergüenza a sus compatriotas.

Usted autorizó la existencia de cárceles secretas, de vuelos clandestinos. Usted legalizó el uso de la tortura, del vejamen a los prisioneros. Usted mantiene el centro de torturas en la base naval de Guantánamo, que ha sido mundialmente repudiado. Usted autorizó la invasión y la ocupación de Irak, que ha costado más de medio millón de vidas de civiles inocentes.

Quisiera, finalmente, explicar lo que nosotros creemos, realmente, que el presidente Bush debería proponerse como agenda para Cuba. Son estos 12 puntos que voy a decir ahora:

1. El gobierno de Estados Unidos debe respetar el derecho de los cubanos a su independencia y a su soberanía, a la libre determinación.

2. El gobierno de Estados Unidos debe cesar de inmediato su política de agresiones y amenazas contra Cuba, por demás, inútiles.

3. Debe dejar de intervenir groseramente en los asuntos internos de Cuba. Debe renunciar a la idea fallida de fabricar una oposición interna en Cuba con dinero de Estados Unidos.

4. El régimen de Bush debe poner fin a la guerra radial y televisiva contra nuestro país. Debe desmontar las mal llamadas Radio y Televisión Martí, que son una ofensa al pueblo cubano, que ensucian el nombre del héroe nacional de Cuba en trasmisiones que alientan la violencia, el asesinato político, el sabotaje económico.

5. El presidente de Estados Unidos debe levantar de inmediato y sin condiciones el bloqueo genocida contra Cuba. Debe derogar la Ley Helms-Burton, la Ley Torricelli y todas las demás leyes de ese engendro que es el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

6. Debe eliminar la prohibición de los viajes a Cuba de los estadunidenses y debe eliminar la prohibición de las visitas familiares a los cubanos que viven allí.

7. El gobierno de Estados Unidos debe dejar de estimular la emigración ilegal desde Cuba. Debe eliminar la criminal Ley de Ajuste Cubano y la política de pies secos-pies mojados, que estimulan el tráfico de personas y la comisión de actos violentos.

8. El gobierno de Estados Unidos debe cesar las agresivas campañas de propaganda sucia, de mentiras contra Cuba, que emplean cuantiosos recursos, como no hubo nunca antes dedicados a esta actividad.

9. Deben liberar a los cinco luchadores antiterroristas cubanos, presos políticos en las cárceles estadunidenses: Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, René González Sehwerert, Gerardo Hernández Nordelo y Antonio Guerrero Rodríguez.

10. El presidente Bush debe extraditar a Venezuela o enjuiciar en Estados Unidos al terrorista Luis Posada Carriles, que se pasea libre en las calles de Miami, llevando sobre su conciencia la muerte de decenas de civiles inocentes cubanos y de otros países.

11. Debe cerrar de inmediato el centro de torturas que creó en la base naval de Guantánamo y cuya existencia defiende todavía hoy pese a la repulsa mundial. Debe devolverle a Cuba el territorio que ocupan ilegalmente, en contra de nuestra voluntad.

12. Debe cesar las presiones contra la comunidad internacional para que apoyen la política de su régimen contra Cuba. No tendrá el apoyo de la comunidad internacional. Como dijo Fidel: Ustedes a Cuba no la tendrán; ustedes tendrían que exterminar a un pueblo entero.

Reaccionamos con indignación; pero con serenidad. No amenazamos, nos preparamos. No alardeamos, no nos jactamos, mantenemos nuestro rumbo. Somos una revolución victoriosa, nos hemos ganado el respeto del mundo.

*Resumen del discurso del ministro de Asuntos Exteriores cubano, pronunciado el 24 de octubre de 2007

Organismos financieros presionan la educación pública

La única institución que garantiza un proyecto educativo nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, sortea la creciente injerencia de organismos financieros para acotar la educación pública, la falta de espacios de participación y el control de las elites corporativas

Nydia Egremy

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elige su primera rectoría del siglo XXI en un complejo escenario político y económico. Aunque su aporte académico la lanzó al sitio 74 del ranking mundial y el primero en Iberoamérica, debe regatear su subsidio anual al Congreso. Tampoco logra integrar a la mayoría de sus egresados en el mercado de trabajo y el porrismo se enseñorea en sus instalaciones. Sin embargo, los mayores desafíos para la universidad son la falta de espacios internos de concertación y la presión de los organismos financieros internacionales para privatizar la educación pública en el país, señalan especialistas.

Este relevo del rectorado ocurre también en el segundo gobierno federal del Partido Acción Nacional. Desde la universidad se reprocha a ese instituto político su vocación empresarial y su rechazo a la pluralidad ideológica que contrastan con la misión de social de su educación y pensamiento plural que promueve la máxima casa de estudios. Su espíritu popular se confirma al conocer que “siete de cada diez alumnos provienen de familias que por primera vez tienen hijos en ese nivel educativo”. Así lo señala el análisis titulado Hacia una nueva rectoría (13 de agosto de 2007), realizado por académicos de distintas disciplinas.

Fisuras y amenazas

En el marco de la renovación de la rectoría, el contexto político del país y el de la propia Universidad son examinados por catedráticos de esta institución. John Saxe Fernández, Premio UNAM en el área de Docencia en Ciencias Sociales, pasa revista a la tendencia de comercialización en la educación pública. Considera que México vive una situación difícil por la gran injerencia de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que debilitan la educación pública superior y media laica.

Para Saxe, ese esquema de comercialización –que probó ser desastroso en otras latitudes–, se intenta imponer en México por la vía de los mecanismos de financiamiento a través de la secretaría de Hacienda. Por esa razón, explica, el país ha padecido esquemas económicos orientados a satisfacer las necesidades de las grandes empresas extranjeras o de grupúsculos internos.

La creciente mercantilización de las funciones de docencia, investigación y extensión universitarias, explica el también coordinador del seminario México en el siglo XXI, impone a la UNAM el reto de fortalecer su programa científico tecnológico bajo un proyecto histórico. Considera que la única forma de impedir la tendencia a disminuir los recursos al sistema universitario público “es con la defensa de la autonomía” y, para ello, se requiere una rectoría que articule los intereses públicos nacionales.

Además de ese desafío, el también autor del libro Globalización, poder y educación pública aprecia que la UNAM carece de mecanismos de auscultación para que la comunidad académica y científica emita su voto. Subraya que el estudiantado ni disfruta de residencias universitarias como las que existen en Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo. “Noto también la ausencia de un gobierno estudiantil y la falta un periódico estudiantil”, expresa.

Alejandro Álvarez Béjar, coordinador del seminario de Economía Internacional, coincide al señalar que la tendencia de mercantilizar la salud y la educación en México es añeja, y, aunque con matices, esa política se refleja en la UNAM con la restricción al presupuesto. Es decir, “se castigan espacios de manera presupuestal y se renueva periódicamente el intento de imponer las cuotas o de modificar los apoyos estatales”.

Por esa política, ahora son comunes los pagarés o vouchers, así como la iniciativa de becas crédito de la banca. Esa práctica “apunta más a mercantilizar la educación que a solucionar problemas de fondo; sigue ciegamente el modelo estadunidense, en donde se beca a los estudiantes que las pagan al finalizar sus estudios porque tienen trabajo. Sin embargo, en México no existe una oferta suficiente de trabajo y ese es un problema del mundo profesional, no de la universidad pública”, asegura el especialista en Economía.

Para Álvarez Béjar, otra grieta muy grave que existe en la estructura de la UNAM radica en lo que caracteriza como la “mala costumbre de las elites universitarias, de dialogar consigo mismas, de realizar acuerdos corporativos e ignorar todo lo que ocurre fuera de los espacios controlados”. Aquí, afirma, “toda la participación está bajo control y por tanto la UNAM da la impresión de que está en calma hasta que un elemento estalla y entonces todos se sorprenden. ¡Qué ingenuos!”

Esa situación, señala el académico de la facultad de Economía, se manifiesta en los cuerpos colegiados, el consejo universitario y los cuerpos técnicos, que tienen votaciones que escasamente llegan al 30 por ciento de los estudiantes y profesores. “Eso, que en cualquier otro lugar sería indicio de que el sistema está en crisis, se permite en la Universidad”, por lo que es urgente transformar a la UNAM en un espacio de política democrática.

En ese contexto, el discurso de universalidad que sostienen las autoridades contrasta con la realidad. En los hechos, explica Álvarez, “no hay posibilidad de que coexistan espacios para la reflexión o espacios de planteamientos e iniciativas” y cita como ejemplo el conflicto universitario de 1999, cuando se suspendieron las actividades académicas por casi un año. “Ahí, no hubo nunca el menor intento de negociar, de acercarse y ver qué pasaba. Se trató de agotar a la comunidad sobre la base de no atenderla; por eso es necesario un rector que no hable retóricamente de pluralidad”, asegura.

Es en ese esquema, la rectoría sí se usa como peldaño hacia otros cargos políticos, señala el académico, quien enfatiza: “por supuesto que la UNAM es un trampolín para desarrollar una gama importante de actividades, sobre todo en el gobierno federal; por esa razón, lo que más se aplaude de los rectores es su capacidad de mantener el control”. Así, los rectores se proyectan hacia cargos públicos y en otros casos, desde la administración pública se regresa a la universidad para ocupar la rectoría. Ese intercambio, señala, “convierte a la universidad en un espacio de reciclaje para políticos desplazados”.

Con relación al desempleo entre los egresados de la UNAM, Álvarez Béjar apunta: “se dice que los economistas están desempleados porque son marxistas, pero en la facultad de Odontología no se imparte esa materia, tampoco en Arquitectura; el problema es que los espacios de trabajo intelectual están restringidos por la falta de inversión pública para desarrollar iniciativas o crear instituciones para desarrollar los mercados”.

Tampoco la Universidad genera trabajo para los jóvenes y por lo tanto, tiene una planta envejecida de profesores de tiempo completo. “No hay posibilidad de hacer carrera completa para los jóvenes; basta preguntar cuántas plazas se han creado para ellos y encontrará una realidad miserable. Este asunto no ha estallado pero es un asunto pendiente y se lo debemos a los gobiernos priistas que iniciaron este giro en la política económica, así como a los panistas, sus continuadores”, concluye.

Negro historial de Perforadora Central

Desde hace dos años, trabajadores de la compañía Perforadora Central alertaron al gobierno federal de las condiciones de inseguridad y agravios laborales en las plataformas que la compañía, en sociedad con la Japan Drilling Company, renta a Pemex, pero nadie les hizo caso.

Ana Lilia Pérez

Propietaria de la plataforma Usumacinta, cuyo accidente es uno de los más graves ocurridos en Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos años, la empresa Perforadora Central tiene un negro historial en la paraestatal. Fue beneficiada con millonarios contratos, algunos otorgados vía adjudicación directa para la renta de plataformas marinas; trabajos de perforación de pozos petroleros, marinos, terrestres y lacustres; y el arrendamiento de equipos de perforación.

En marzo de 2005, Contralínea documentó las irregularidades en materia de seguridad y de violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la plataforma Usumacinta, contratada a Perforadora Central, mediante un contrato otorgado vía adjudicación directa desde 2001, que originalmente concluyó en 2006, pero fue ampliado por el director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil.

Se documentó que, a partir del despido injustificado y maltrato del trabajador Cliserio Domínguez, cuyo caso fue llevado por algunas organizaciones de defensa de los trabajadores petroleros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Perforadora Central desató una cacería de brujas contra los trabajadores que ventilaron sus abusos.

El 4 de marzo de 2004, Cliserio, asignado a trabajos de perforación en la Plataforma Hakuryu V (propiedad de Perforadora Central y la japonesa Japan Drilling Company), fue gravemente golpeado por su jefe, el japonés Tomio Nakao, encargado del área de mantenimiento. Nakao lo golpeó porque Cliserio no entendía las órdenes que éste le daba en japonés.

Cuando Cliserio se quejara con el superintendente de la empresa, Juan Domínguez González, otros trabajadores denunciaron situaciones similares, pero el representante de Perforadora Central, Juan José González, les advirtió que no se metan en problemas con los japoneses “porque podrían despedirnos”, comentó Cliserio, quien fue despedido el 17 de diciembre de 2004.

Ese mismo mes, los trabajadores Efrén Cámara Ruiz, Hernán Aguilar Méndez y Mauricio Castillo Jiménez, que se desempeñaban como ingeniero electrónico, ayudante mecánico y perforador de la plataforma Usumacinta, presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la que detallan las irregularidades de perforadora Central y su socia, Japan Drilling Company, la falta de programas de seguridad y el encubrimiento de los funcionarios de Pemex para proteger a la empresa.

Tres días después de que SFP dio entrada a su demanda, los trabajadores fueron despedidos. Así inició el acoso contra el resto de trabajadores de Perforadora Central, propiedad del empresario Patricio Álvarez Morphy Camou.

El caso trascendió a instancias internacionales y fue expuesto en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, como ejemplo de la explotación de trabajadores mexicanos en la paraestatal más importante del país, llevado también a la CIDH y la Organización Internacional del Trabajo.

Trabajadores de la empresa en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche explicaron a Contralínea que, a partir de que sus compañeros denunciaron el maltrato del que eran objeto, inició una campaña de acoso e intimidación a tal grado, que cuando los trabajadores salían de la Sonda, y durante los días en que permanecían en sus domicilios, los superintendentes de las plataformas, convertidos en capataces, los llamaban telefónicamente para advertirles que si denunciaban algo de “lo que pasa en plataformas”, se olvidaran de que tenían trabajo.

Incluso, hace unos años, los trabajadores Antonio González Bocanegra, Leopoldo Bernabé Pinto, Francisco Castillo Rivera, Mauricio Pardo Jiménez y Andrés López López, quienes acudieron al Senado de la República en representación de sus compañeros para denunciar las irregularidades de la compañía, fueron despedidos,

Entre sus múltiples irregularidades, la compañía Perforadora Central, cuyo edificio corporativo se ubica en Montes Urales 520, Lomas de Chapultepec, utiliza al Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana, como sindicato blanco o de protección.

Desde 2005, organizaciones como el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organizaron una campaña para que, en solidaridad con los trabajadores de esta empresa, reclamaran su intervención al entonces presidente Vicente Fox Quezada; al secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza; y al director de Pemex, Luis Ramírez Corzo. Sin embargo, ninguna autoridad federal se comprometió a revisar las condiciones denunciadas por estos trabajadores.

El Cereal explica que, pese a que las condiciones de trabajo en Cantarell son de alto riesgo, durante años, Pemex ha permitido a la empresa trabajar sin invertir en equipos de seguridad para sus empleados.

Oceanografía. Impunidad laboral sin límites

Bajo el manto protector de Pemex y del sindicato petrolero, y la negligencia de las secretarías del Trabajo y de Comunicaciones y Transportes, la naviera Oceanografía viola la Ley Federal del Trabajo y los derechos humanos de miles de empleados que laboran en la Sonda de Campeche, según confirma un grupo de legisladores federales que se trasladaron a la zona marina para investigar a esa empresa privada vinculada con los hermanos Bribiesca Sahagún

Ana Lilia Pérez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

Ciudad del Carmen, Campeche. Un grupo de legisladores federales, de las comisiones de Marina y del Trabajo y Previsión Social, denuncia que los empresarios Amado Yáñez Correa y sus hijos Amado y Daniel Yáñez Osuna, propietarios de Oceanografía, S.A. de C.V., explotan a sus trabajadores (2 mil 300) al grado de la esclavitud, para cumplir con millonarios contratos de arrendamiento de embarcaciones y mantenimiento a plataformas de Pemex.

Con estrechos vínculos con el número dos en la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño, que le han valido impunidad en su historia de corrupción y fraudes en perjuicio del patrimonio de Pemex, Oceanografía controla casi el 10 por ciento de la mano de obra en la Sonda de Campeche.

A la protección y beneficios irregulares que funcionarios de la administración de Vicente Fox dieron a Oceanografía, se suman la omisión de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), que permiten a la naviera operar sin las normas de seguridad, violar las leyes Federal del Trabajo y de Navegación y Comercio Marítimo, así como acuerdos internacionales, denuncian legisladores y organizaciones del sector marítimo.

La Federación Internacional del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), con sede en Londres, identifica a Oceanografía como la contratista de la Sonda de Campeche con mayor incidencia en violaciones a las leyes nacionales e internacionales en materia laboral, seguida de las mexicanas Protexa y Diavaz, y la noruega Tide Water. Oceanografía es socia en México de las estadunidenses Otto Candie, Vulcan Marine Technology y Diamond Services Corp.

Todas son empresas de alquiler de barcos y trabajos de mantenimiento a las plataformas petroleras; es decir, realizan los llamados trabajos offshore o costa afuera. Estas empresas, evalúa la ITF, crean figuras mercantiles para evadir impuestos, reducen al mínimo su inversión laboral, utilizan sindicatos de protección y, en general, ejercen “dumping social”.

El Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMMAC) documenta las irregularidades de Oceanografía: no hay contrato colectivo de trabajo ni los trabajadores tienen alguna copia individual de su contratación; los obligan a firmar renuncias anticipadas y afiliarse a sindicatos blancos; no hay prestaciones de ley; incumple con las normas de seguridad contempladas en convenios internacionales.

El capitán Víctor Martínez, presidente del FUMMAC, denuncia además que las jornadas laborales son excesivas, las condiciones insalubres, los alimentos exiguos; “les dan cama caliente, es decir, en una cama uno duerme 12 horas y otro 12 horas; el servicio es de 28 días de trabajo por 14 de descanso, no obstante que la Ley Federal de Trabajo especifica que son 14 días de trabajo por 14 de descanso”.

El FUMMAC documenta otras violaciones a la Ley del Seguro Social: el grueso de la tripulación de los 34 barcos que Oceanografía renta a Pemex no está registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y los que sí lo están, la empresa los registra con salario mínimo, mucho menor al que en realidad reciben, lo que impacta en las finanzas del instituto y de los trabajadores. En caso de incapacidad temporal, definitiva o muerte, el IMSS no paga más de 46.50 pesos diarios.

En el caso de los trabajadores que nunca son registrados en el IMSS, si sufren invalidez o muerte por accidente, la naviera no paga las indemnizaciones correspondientes.

La empresa viola la Ley del Infonavit; no hace las aportaciones patronales y, por tanto, los trabajadores tampoco tienen el fondo de ahorro para el retiro al cual tienen derecho.

Por el alquiler de sus barcos, como el Caballo de Trabajo (Contralínea, 88), la naviera cobra a Pemex un millón de pesos diarios, pero retrasa el pago a su tripulación por periodos de hasta cuatro meses y, hacia el último trimestre del año, incurre en despidos masivos injustificados para no pagar aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones.

Las complicidades

Por primera vez, el pasado 15 de octubre legisladores del Congreso de la Unión arribaron a la Sonda de Campeche para supervisar las condiciones laborales de los trabajadores offshore.

La sorpresa de los legisladores por abusos y violaciones a los trabajadores fue mayúscula, al descubrir que no sólo son víctimas de explotación de las contratistas de Pemex sino que cuentan con la complicidad de funcionarios de la paraestatal, al permitir que navieras como Oceanografía operen al margen de la ley.

“Quisiéramos visitar un barco de Oceanografía”, expresa el diputado federal Marco Antonio Peyrot, secretario de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados.

“Andan a la baja”, dice sarcástico el director general adjunto de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), de la SCT, Francisco Rivero, en alusión al incendio y extraño hundimiento de la lancha Seba’an, que dejó un muerto, trabajador de la empresa Cotemar, identificada como una de las pocas contratistas que cumplen con la normatividad.

La comitiva estuvo integrada por el senador Sebastián Calderón Centeno y los diputados Marco Antonio Peyrot y Cuauhtémoc Velasco Oliva; los representantes del Frente Unido de Marinos Mercantes; los inspectores en México de la ITF; los sindicatos Unión Nacional de Marineros de Veracruz, Sindicato Nacional de Alijadores y Marinos, y la Unión de Marineros de Manzanillo, Colima. Por las indagatorias periodísticas que se han hecho sobre el desempeño irregular de esta empresa, Contralínea es el único medio de comunicación que acompaña al grupo de legisladores.

El Capitán de Corbeta y ahora legislador federal, Marco Antonio Peyrot Solís, se muestra decidido a pugnar para que, finalmente, se aplique la ley a la naviera. Durante el traslado a la zona de muelles, comenta:

“Independientemente de quiénes consigan contratos y quiénes no, lo más importante es que se aplique la ley. Yo he escuchado muchos reclamos, pero lo importante es que la empresa cumpla con su trabajo y con la ley, que se apegue al marco jurídico. Este tipo de empresas reúnen mucho dinero, son un negocio, por eso deben pagar a sus trabajadores lo justo y respetarles sus derechos; para eso venimos, para ver si es así o, de lo contrario, que se aplique la normatividad.”

Los legisladores llegan al Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul (PIP). En el sexenio foxista, un reducido grupo de compañías se apoderaron de esta zona federal, colocaron rejas y guardas de seguridad que custodian la entrada de las compañías a cuenta del erario. Aunque el área es jurisdicción de la Capitanía de Puerto, la cual depende de la SCT, su titular Víctor Manuel García Enríquez dice que, para entrar, él tiene que pedir permiso a las empresas.

La mitad de la zona industrial la ocupa Oceanografía y su filial Transportes Navieros y Terrestres (TNT), el resto Blue Marine (socia de Oceanografía), Protexa, Tide Water, Perforadora Mexicana, Diavaz y Suministros Industriales Carrizales, la empresa del exsenador panista y hoy diputado Jorge Nordhausen. “Puras fichitas”, susurra en tono despectivo Francisco Rivero.

Empeñados en visitar los barcos de Oceanografía, minutos antes, los legisladores habrían advertido a los funcionarios de la SCT que se trataba de una visita sorpresa, para inspeccionar las condiciones laborales y de seguridad. En el PIP, el acceso a los muelles donde atracan los barcos de la naviera es frenado por un funcionario de Pemex, que en ningún momento se identifica. La indicación la dio el Capitán de Puerto, Víctor Manuel García: que había que seguir “al de la camioneta”, que era “la autoridad de Pemex”.

Durante más de media hora, el funcionario, a quien posteriormente se le identificó como Javier Vizcarra, coordinador de Control Marino y Posicionamiento de Embarcaciones de Pemex Exploración y Producción, nos obliga a seguir su vehículo, una camioneta de exclusivo modelo, en la que se traslada de un extremo a otro del PIP sin aparente razón.

“¿Qué pretende este funcionario?”, dice visiblemente molesto el diputado Peyrot. “Parece que no quiere que entremos”, agrega a manera de autorespuesta.

Vizcarra sube y baja de la lujosa camioneta, da portazos, contrariado, y realiza incontables llamadas por su celular. A unos metros, el diputado Peyrot intuye: “Este señor está haciendo tiempo, está avisando a alguien, parece que no quiere dejarnos entrar. Este señor está avisándole a la empresa, ¡mejor vamos a pasar!”.

Minutos después, increpa al funcionario:

–¿Qué?, ¿no lo dejan pasar?

–Allí vienen ya, dicen que fueron por la llave, dicen que así no se puede.

–De que se puede se puede (responde el diputado).

–A lo mejor usted pasa, pero yo no.

–Bueno ¿y cómo es posible que la autoridad no pueda entrar, si esto es propiedad federal?

–Son concesiones.

–Sí, serán concesiones, pero es propiedad federal. La entidad marítima tiene la facultad para poder entrar, aunque sea una concesión. Y si no están de acuerdo, se les quita la concesión. ¿Qué, no nos van a dejar entrar?

–Sí, lo que pasa es que el amigo que iba a atendernos no había llegado todavía, que en tres minutos llegaba (Vizcarra responde a una llamada por el celular: “de acuerdo, de acuerdo”, asiente en un susurro).

–Oiga, quiero ver el barco de Oceanografía.

–Éste es el acceso, son dos accesos, el otro es por donde estábamos y éste.

–Pues parece que no quisiera dejarnos entrar.

Una parte de la comitiva entra por un costado de la reja, encuentra al vigilante de Oceanografía: “Yo estoy aquí desde hace horas y nadie me pidió abrir la reja”, dice.

Minutos después, el propio Vizcarra abre la reja. Cuando los legisladores llegan hasta el barco remolcador Caballo Lipizano, sale al paso un grupo de directivos de Oceanografía y algunos guardaespaldas vestidos de civil. Hermilo Escobedo Obrador, director comercial y representante legal de la naviera encabeza el grupo. También ingeniero de profesión, es la mano derecha de la familia Yáñez.

Caballo Lipizano

El registro de la clasificadora mundial Lloyds indica que, hasta 2004 se llamó Seabulk Katie y tenía bandera de la República de las Islas Marshall. Su base era el puerto Majuro, en el Pacífico, en Oceanía. Armado en Singapur en 1998, este barco remolcador fue, hasta 2005, propiedad de la empresa Seabulck Offshore, con sede en Emiratos Árabes Unidos. El 18 de marzo de 2005 fue traído a México vía el puerto de Dos Bocas, luego llevado a Ciudad del Carmen, donde los Yáñez lo abanderaron con pabellón mexicano, le cambiaron el nombre a Caballo Lipizano y lo arrendaron a Pemex.

Pese a su antigüedad, este barco remolcador, registrado por la Organización Marítima Internacional con el número OMI 9169079, es una de las embarcaciones más nuevas que Oceanografía renta a Pemex, aunque el deterioro de la embarcación es evidente: no tiene mallas de seguridad, no hay chalecos salvavidas ni equipo de protección y, según algunos trabajadores, frecuentemente presenta averías. Los registros de Pemex indican que este remolcador ya ha provocado accidentes, uno de ellos fue el impacto en la estructura de la plataforma de medición de Cayo Arcas.

Bajo el sol inclemente de la Isla del Carmen, puerta a la Sonda de Campeche, la palomilla del Lipizano, una veintena de hombres enfundados en overoles de gabardina color naranja, miran desconcertados a los visitantes. Ninguno usa casco, guantes, botas, gogles; en fin, todos los instrumentos que obligan las normas de seguridad establecidas por Pemex, y que en las áreas de operación que controlan las contratistas son letra muerta.

Detrás de la pujante imagen de la naviera se esconde un lamentable escenario de explotación, abuso y corrupción. Enrique Lozano, inspector de la ITF, explica que muchos de los trabajadores han denunciado las ilegalidades de la empresa, pero, frente a sus directivos, tienen que reprimir sus reclamos.

“Aquí todo está en orden, señores diputados”, dice Hermilo Escobedo Obrador, el directivo de Oceanografía.

“Venimos del Congreso de la Unión, queremos observar cuáles son las condiciones en las que labora el personal. Recurrentemente hemos escuchado que no se aplica la Ley Federal del Trabajo y queremos determinar cuáles son las anomalías”, dice el diputado Peyrot, experto en normas y seguridad marítima.

El capitán del barco, que no proporciona su nombre, confirma que la tripulación trabaja 28 días por 14 de descanso; es decir, el doble de la jornada que marca la ley.

–Nos puede enseñar su contrato individual de contratación y su alta del IMSS (pregunta el diputado Peyrot al capitán).

–No. No lo tengo ahorita.

–El contrato colectivo.

–No. No lo tengo.

– ¿Usted, qué grado tiene? (se dirige a otro trabajador).

–Primer oficial.

– ¿Usted es primer oficial de cubierta?

–Así es.

– ¿Tiene su hoja del alta del IMSS?

–Lo tengo, pero no sé si la traiga.

– ¿Su contrato?

–No lo tengo.

El diputado pregunta y los trabajadores dudan, los guardaespaldas de la empresa flanquean las esquinas de la embarcación. Peyrot se dirige a un jovencito, originario de Comalcalco, dice que tiene dos años como marinero de Oceanografía. No está dado de alta en el IMSS. “¿Tienes contrato?”, le pregunta. El jovencito asiente, se dirige a los camarotes en busca del documento que minutos más tarde presentará. No es más que una hoja en blanco, sin sello alguno, con la razón social Transportes Navieros y Terrestres impresa en computadora.

Fausto Arellano, inspector de la CGPMM pide al capitán del barco que exhiba el contrato colectivo de trabajo de la embarcación, como obliga la ley y las normas marítimas internacionales. No existe. El oficial marino se justifica, dice que él si lo firma, pero que la empresa no le da copia. Ningún tripulante tiene tampoco contrato individual. No existe rol de tripulación.

–Capitán, usted debería tener abordo ese contrato, es la norma (dice Peyrot).

–¿Y cómo está toda la palomilla? (pregunta Fausto Arellano).

–Todos estamos igual (susurra una voz anónima).

–Capitán, muéstrenos sus altas del seguro social (pide Peyrot).

El capitán duda, con la mirada busca alguna respuesta del directivo de Oceanografía.

– ¿Usted tiene o no su contrato o su acta del seguro social? (increpa el diputado Cuauhtémoc Velasco).

–No. No tengo.

–¿Y usted? ¿Su recibo de pago, me lo puede mostrar?

El marino entrega al diputado un pase de abordar: “me dijeron que este es mi contrato”, dice ingenuo.

– ¿Sabes cuáles son tus obligaciones?

–Sí.

– ¿Las tienes por escrito?

–No.

–Pero, firmaste tu contrato.

–Sí. Es éste.

“Lo firmé allá en la oficina”, dice otro marinero y exhibe otra hoja donde únicamente aparece la razón social de TNT y el sueldo mensual.

“¿Pero cómo sabes cuáles son tus obligaciones?”, pregunta Peyrot y le dice: “Tú estas cobrando un salario por las responsabilidades que tú firmaste que vas a hacer, pero no sabes cuáles son, no las tienes por escrito”.

–No, no.

–¿Capitán, tiene algún reglamento?

–No. No tenemos.

El inspector Fausto Arellano explica que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a bordo de la embarcación “debe haber un contrato donde la gente tenga posibilidad de ver bajo qué términos están contratados y en qué momento están violando sus garantías individuales”.

“Aquí todo es ilegal”, increpa Honorio Galván, inspector en México de la ITF, y el diputado Peyrot hace extensivo el comentario al directivo de Oceanografía: “Precisamente, ingeniero, hemos escuchado muchas inconformidades, muchas quejas por parte de los trabajadores, que cuando ocurre un accidente ellos están desprotegidos, no saben a quién van a reclamar. La mayoría de su tripulación está manifestando que no tiene sus contratos”.

“Todo nuestro personal está afiliado en el seguro social, pero en los accidentes que se han llegado a registrar nosotros automáticamente los ponemos en clínicas particulares, en las clínicas de la ciudad”, responde Hermilo Escobedo.

El inspector de la ITF lo enfrenta: “En todos estos años Oceanografía ha trabajado al margen de la ley. Desde hace cuatro años, las organizaciones representantes de los trabajadores marítimos hemos pedido que la empresa cumpla la ley, que respete a los trabajadores, y siempre hemos encontrado un no absoluto al establecimiento de un mecanismo que pueda brindar un contrato colectivo a la gente abordo. ¿Cuál es el miedo que tiene la compañía de acercarse para establecer un contrato colectivo que proteja las garantías individuales de los trabajadores?

– ¡Si hubiera miedo no estaría yo aquí dando la cara! (se exaspera Escobedo) ¡Todos nuestros trabajadores tienen contrato!

–Pues yo le hice la pregunta y nadie tiene, ni el capitán tiene, dice que firma uno, pero no le dan copia, la Ley dice que debe tener una copia abordo (interviene el diputado Peyrot).

–Eso lo regularizamos en cualquier momento (acepta el directivo de la empresa en tono de resignación).

–Yo le agradecería que, a partir de esta visita, usted dé las instrucciones para que tanto los trabajadores que estén abordo como en tierra tengan copia de su contrato y de su alta en el IMSS. El contrato debe ser llevado ante la Junta, sellado, subido abordo, como marca la ley.

Venciendo el miedo a perder el empleo, o que los incluyan en las listas negras que estila la naviera, poco a poco las voces de la tripulación comienzan a escucharse. Un marinero se acerca al diputado Cuauhtémoc Velasco y le muestra un documento correspondiente a su último salario pagado. “¿Cuándo te pagaron esto?”, pregunta el legislador. El marinero responde que hace dos días que cobró el salario.

“Le dije que nosotros sí pagamos”, defiende Escobedo. Pero el recibo expedido también por TNT corresponde al día 14 del mes de julio. “Esto confirma lo que nos han reportado los trabajadores, que pagan de forma muy atrasada: mire, es de hace cuatro meses”, reprende el legislador.

La revisión continúa: nadie usa equipo mínimo de seguridad, incluso el capitán no usa casco, guantes ni botas de seguridad (lleva puesto unos viejos zapatos de vestir). “¡Usted debería poner el ejemplo capitán!, ¿dónde están sus botas?”, pregunta Marco Antonio Peyrot. Tímido, el capitán justifica que con las botas se resbala. Desesperado argumento porque, precisamente, las botas que por norma de seguridad se deben usar en los barcos o instalaciones petroleras son de suela antiderrapante.

Las arrugas profundas que surcan lo largo y ancho de su rostro evidencian que Jorge es el anciano de la palomilla: emigrante que ha dedicado más de la mitad de sus 60 años al sueño del oro negro, que nunca le ha dado más que un salario mínimo, los alimentos del día, una cama compartida y la insalubre barraca en la zona de La Manigua (una de las más precarias de la Isla del Carmen) para los días que desembarca.

El viejo enfunda su grueso cuerpo en un overol raído, con el cierre descompuesto y las mangas deshilachadas, por las que asoman los cenizos brazos y las gruesas y callosas manos, tatuadas de profundas cicatrices labradas por trabajar en las plataformas con la piel desnuda.

– ¿Éste es su uniforme? (pregunta el diputado Peyrot al marinero)

–El más nuevo (contesta con una risa tímida, abruptamente cortada cuando, iracundo, el capitán lo reprime).

–Dile, Jorge, dile que sí tienes uniforme, que la empresa nos lo da, pero que te da flojera ir por él.

El viejo lo mira sorprendido.

– ¿Tiene casco? (insiste el diputado).

El viejo agacha la cabeza, asiente.

– ¿Y por qué no lo trae? Imagínese que se le cae una válvula en la cabeza, ¿ya estaría de Dios?

El directivo de Oceanografía asegura que la naviera proporciona a sus trabajadores overoles, botas, casco, “pero esta gente luego hasta vende las botas”, dice con desprecio.

“No me diga, ingeniero, que los trabajadores prefieren traer esta ropa deshecha”, comenta el diputado Cuauhtémoc Velasco. La Ley Federal del Trabajo señala que si el trabajador no cumple con las normas de seguridad, no puede trabajar, de lo contrario la falta es imputable al patrón.

–Ya ve como son (dice el funcionario de la naviera).

–Creo que su tripulación requiere de un equipo de seguridad. El overol, es por ley, y las normas de seguridad de Pemex son estrictas (dice el diputado Peyrot).

– ¡Ven acá, Jorge! (insiste el capitán al viejo) ¿No con tu pase de abordar puedes ir a la compañía por un overol nuevo?

El viejo continúa con su cabeza agachada. El capitán le aprieta el hombro:

–¿Y no es cierto que no vas porque te da flojera? ¡Verdad que allí te dan tus uniformes!

–Dile al diputado que no les damos botas porque luego las venden (interviene el patrón Escobedo).

El viejo sigue con la cabeza gacha y la mirada oculta debajo de la visera de su gorra de béisbol. Cuando los legisladores descienden de la embarcación ninguno de los trabajadores habla ya. Sus rostros están impávidos. Tienen la sospecha de que sus nombres circularán indelebles en las listas negras que clandestinamente las navieras comparten, para que ninguna contrate a los que se atreven a reclamar sus derechos.

Al atravesar la franja de la zona federal, donde terminan los dominios de Oceanografía, el inspector de la ITF, Enrique Lozano, comenta:

“Mañana muchos de ellos ya no tienen trabajo. Es una vergüenza la actitud del funcionario de Pemex, trató siempre de impedir o retrasar la llegada de nosotros a la embarcación y alertar a los empresarios. Ellos debían ser neutrales, Pemex no debía dar contratos a gente que ande en malas situaciones laborales.”

–¿Qué evaluación hace la ITF del desempeño de Oceanografía?

–Se comprobó que hay protección de la paraestatal a la empresa. En el ámbito marítimo, se puede entender que algunas empresas tengan un barco con problemas, pero Oceanografía tiene problemas con todos sus barcos.

El diputado Cuauhtémoc Velasco concluye que, ante la ausencia en la supervisión de labores de esta empresa, Pemex es cómplice de un sinnúmero de violaciones a la ley y a los derechos humanos de sus trabajadores, al no intervenir para que la naviera cumpla la ley. Los legisladores comentan la urgencia de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos indague al respecto.

Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex, dice que la paraestatal está revisando cada uno de los contratos firmados con la empresa de los Yáñez y que ya "prepara un informe pormenorizado de las operaciones de la naviera Oceanografía con Petróleos Mexicanos".

Entrevistado al término de la comparecencia en el Senado de la República, el pasado 25 de octubre, el funcionario asegura que "se sancionará a las empresas que hayan incurrido en incumplimientos. Se sancionará a ésta, como a cualquier otra de las empresas".

Fuente: http://contralinea.com.mx/archivo/2007/noviembre/htm/Oceanografia_impunidad_ALP.htm

CARICATURAS POLITICAS

En 58 por ciento de los casos se evitó la amputación del miembro afectado, revelan pruebas

Desarrollan en Cuba fármaco que combate la úlcera de pie diabético

El medicamento fue creado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología

El año próximo comenzarán pruebas de vacuna contra el VIH para usarse en seropositivos

Gerardo Arreola (Corresponsal)

La Habana, 1º de noviembre. Cuba concluyó exitosamente en “cientos” de pacientes el estudio clínico de tercera fase de un medicamento que acelera la curación de úlceras de pie en los diabéticos y reduce el riesgo de amputación, informó hoy un directivo del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

“En un elevado porcentaje de pacientes se logró evitar la amputación con este tratamiento, único en el mundo, contra la úlcera de pie diabético de grado tres y cuatro (de una escala de cinco niveles)”, dijo Eduardo Martínez, director de Desarrollo Tecnológico del CIGB.

El resultado del estudio será presentado oficialmente a la comunidad científica la semana próxima, durante el congreso internacional Biotecnología Habana 2007, que estará dedicado a la relación entre el desarrollo científico y la producción industrial.

El producto, llamado Heberprot, “está listo para comercializarse”, señaló Martínez. Tiene el registro sanitario en Cuba y se le gestiona en el extranjero.

El especialista también informó que el CIGB tiene previsto iniciar el año próximo el ensayo clínico de una vacuna terapéutica contra el sida, que está en “fase avanzada de investigación” y ya se probó en animales con resultados “muy alentadores”.

La vacuna, destinada a las personas que ya contrajeron el virus de inmunodeficiencia humana (VIH, causante del sida), puede ayudar a mejorar el tratamiento ya conocido, con su aplicación individual o combinada con antirretrovirales, dijo Martínez.

Menos amputaciones con el fármaco

Según informes del CIGB, el producto para combatir la insuficiente cicatrización del diabético se desarrolló a partir del factor de crecimiento epidérmico humano recombinante (FCE Hu-r).

En un estudio clínico piloto realizado entre 2001 y 2002, el Heberprot se aplicó a 29 pacientes condenados a sufrir una amputación, con úlceras mayores de 20 centímetros cuadrados (grados tres y cuatro de la escala de cinco). El 58 por ciento de los tratados salvó la extremidad.

En 2005 concluyó un estudio clínico de fase II en 41 pacientes de estado similar. En 53 por ciento de los casos se cerró totalmente la herida y 66 por ciento se salvó de la amputación. Los detalles de la fase III serán facilitados durante el congreso.

El producto se infiltra en la lesión y en su periferia y contribuye al restablecimiento del tejido de granulación, el material de “soldadura” ante los traumas abiertos, con lo cual reduce la necesidad de intervenciones y de amputación, según las conclusiones del CIGB.

Complicaciones comunes

En el mundo cada 30 segundos se realiza una amputación provocada por la diabetes. Una lesión ulcerosa, que puede surgir de una pequeña rozadura en el pie, es una de las complicaciones más comunes de esa enfermedad, que padecen entre 170 y 194 millones de personas.

Aunque hay tratamientos para esos casos, algunos pacientes no reaccionan, en particular si surgen infecciones o falta de irrigación sanguínea en el área, lo que arrastra al enfermo al umbral de la amputación, según las estimaciones del CIGB.

Entre 10 y 15 por ciento de los diabéticos desarrolla la úlcera de pie y entre 10 y 15 por ciento de esos casos termina con amputaciones, indicó la institución. La mitad de los afectados puede perder parte de la otra extremidad en un lapso de entre dos a cinco años.

Menos de la mitad de los diabéticos con una amputación mayor sobrevivirá en los cinco años siguientes a la crisis.

Aumentarán inundaciones en Tabasco por el desfogue de presas en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1º de noviembre. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que para evitar que colapse la hidroeléctrica Peñitas y provoque daños mayores, desde las primeras horas de este jueves se aumentó el desfogue del embalse a 2 mil metros cúbicos de agua por segundo. La paraestatal prevé que esta situación continúe al menos 15 días más.

Con ello se espera un incremento considerable en el nivel de inundación en el vecino estado de Tabasco y municipios chiapanecos colindantes, que además reciben agua de lluvias proveniente del río Usumacinta y de la cuenca de la sierra, a un ritmo total de 10 mil metros cúbicos por segundo.

El superintendente de Peñitas, Luis Toribio Martínez, explicó que el dique regula el nivel del sistema hidroeléctrico del Grijalva, constituido por las instalaciones de las presas La Angostura, Chicoasén y Malpaso.

Detalló que las cuatro presas se dispusieron en forma escalonada para permitir que la mayor de ellas, La Angostura, funcione como receptora durante la temporada de lluvias, pero ese embalse se halla actualmente a 94 por ciento de su capacidad.

Los otros tres vasos sirven para regular el nivel de almacenamiento de la primera, y en el caso de Peñitas, colocada en el escalón más bajo, a sólo 100 metros sobre el nivel del mar, desde el 28 octubre “está regulando tres veces más que su capacidad, por lo que, para evitar que colapse, se tuvo que desfogar a un ritmo primero de mil metros cuadrados por segundo”, comentó.

Sin embargo, ante las lluvias recientes, la cantidad de líquido que actualmente se vierte es de 2 mil metros cuadrados por segundo, porque tiene almacenados 70 millones de metros cúbicos más de su capacidad instalada.

Toribio Martínez dijo que si bien éste es uno de los factores que inciden en que se incremente el nivel de inundaciones en Tabasco y municipios fronterizos de Chiapas, “la cantidad de agua que está vertiendo (la presa Peñitas) es menor a la que les está llegando (a la zona inundada) a través de la cuenca de la sierra y el Usumacinta, estas dos últimas a consecuencia de las precipitaciones pluviales”.

Casa segundo llegan a Tabasco 3 mil metros cúbicos por la sierra, 5 mil del lado del Usumacinta y 2 mil de Peñitas. Es decir, desembocan 10 mil metros a la planicie tabasqueña.

“De seguir así las lluvias, no hay fecha exacta para cerrar los vertederos que retienen millones de metros cúbicos que por segunda ocasión casi rebasan la capacidad de almacenamiento; la primera fue en 1999”, lamentó el superintendente de Peñitas.

Pemex dio a Madrazo y Andrade $1 mil 970 millones para evitar inundaciones

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a la Cámara de Diputados que durante los gobiernos estatales de Roberto Madrazo y Manuel Andrade transfirió a Tabasco mil 970 millones de pesos como donativos, en efectivo y en especie, para realizar obras de infraestructura y de protección contra inundaciones, así como construcción de vivienda para población que habita en zonas de alto riesgo y es susceptible de ser afectada por las lluvias.

Sin embargo, la paraestatal, mediante el oficio DG/CE0071/2007, dirigido a la comisión especial que investiga los daños ecológicos causados por la petrolera, precisó que no hay evidencia de que los recursos se hayan aplicado en la entidad, que enfrenta las peores inundaciones de los pasados 50 años.

La información refiere que sólo en 2001 –el primer año de gobierno de Andrade– se entregaron 15 millones de pesos que tenían como objetivo construir obras para prevenir inundaciones, mientras que para vivienda donó otros 620 millones de pesos entre 2004 y 2006.

Entre 1999 y 2000, los dos últimos años de gobierno de Madrazo, la paraestatal transfirió 684 millones de pesos, y de acuerdo con la información enviada a la Cámara, la Secretaría de la Contraloría tabasqueña nunca le entregó los resultados de las auditorías iniciadas por las irregularidades cometidas en el manejo de estos recursos.

De acuerdo con la información hecha llegar a la comisión especial, sólo en el gobierno de Manuel Andrade, Pemex turnó mil 286 millones 953 mil 119 pesos, y se detalla que todavía el 20 de septiembre de 2006, tres meses antes de dejar el cargo, y un mes antes de las elecciones para gobernador que ganó Andrés Granier, se le entregó un cheque por 50 millones de pesos, de los cuales no hay evidencia de su aplicación.

Se trata del cheque 0083098, de Scotiabank Inverlat, que fue amparado únicamente con un acta de entrega-recepción de donativo.

En la relación de asignaciones se detalla que en 2007, ya en el gobierno de Andrés Granier, Pemex entregó 274 millones 329 mil 615 pesos por concepto de donativos a Tabasco, de los cuales 150 millones de pesos fueron en efectivo y el resto en especie, también con el propósito de que se destinaran a infraestructura.

Además, una investigación realizada por la Asociación Ecológica Santo Tomás, con sede en Villahermosa, revela una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría del estado en el ejercicio de esos recursos por parte de los gobiernos locales, entre éstas la más grave es que los pagos por obras no realizadas se sustentaron con copias simples de las facturas, y en muchos casos los montos fueron alterados con corrector líquido para incrementar sus costos.

Los trabajos de infraestructura en el estado para prevenir inundaciones tenían que ser realizados por la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social (Cimades) de Tabasco, que ejerció un uso discrecional de los recursos, como documentó la asociación ecológica.

Por ejemplo, refiere que en 2003, 98 por ciento del donativo que entregó Pemex, por 163 millones 607 mil 182 pesos, se utilizó para el pago de sueldos y remuneraciones a trabajadores.

Además, la forma discrecional en que utilizó las transferencias hechas por Pemex se comprobó con las altas cuentas de teléfono celular de los funcionarios, inclusive de carácter personal, y el pago por supuesto consumo de combustibles, gasolina y diesel, inclusive de automóviles que se encontraban en el taller.

Por ejemplo, Cimades dijo haber gastado 4 millones 279 mil 622 pesos en consumo de gasolina en 2004 –año en que la paraestatal transfirió a Tabasco 172 millones 771 mil pesos–, pero no se encontró ni un comprobante que lo respaldara.

Más aún, en ese mismo ejercicio los funcionarios facturaron a nombre de la comisión compras por cigarros, bebidas, pasteles, dulces y despensa en tiendas de autoservicio.

En 2003 también se detectó un fraude en la facturación por consumo de gasolina, pues se justificó un gasto de 358 mil 931.70 por compra de combustible para 11 automóviles que habían sido dados de baja por sus malas condiciones y tenían más de un año en “reparación” en talleres externos.

A pesar de las irregularidades, expresa la Asociación Ecológica Santo Tomás, Pemex continuó entregando recursos al gobierno, aunque la empresa no recibió información detallada sobre la aplicación de los donativos.

Concluye: “es evidente la malversación de fondos o desvío de recursos. Esta situación no fue revelada en su momento por los auditores externos, los cuales en su opinión manifestaron salvedades y abstenciones de opinión, es decir, errores u omisiones graves de información, y se entiende que bien o mal Cimades se encuentra dictaminada y revisada”.

Villahermosa se va a pique; las denuncias y las aguas no cesan

Villahermosa, Tab. 1º de noviembre. “Dicen que esta noche Villahermosa se va a pique”, suelta con un dejo de tremendismo y otro tanto de verdad Juan Diego Castro. Estilista de oficio, hoy ha pasado todo el día desafiando al Grijalva con un cayuco para evacuar, de la laguna en que se han convertido Las Gaviotas y colonias aledañas, a los últimos que han enfrentado la crecida del río.

Con la certeza que da la vox populi repite la especie de que Peñitas “va a tronar”. Juan Diego maldice la presa que está a punto de “quebrarse” y la corriente que no cesa de subir; lamenta la falta de apoyos y alerta sobre las decenas de personas que permanecen “refugiadas” en las azoteas de la zona cuando falta un par de horas para el anochecer.

Al llegar la oscuridad, el primer cuadro de la ciudad –en la orilla contraria de Las Gaviotas– reciente los estragos. Los miles de costales de arena con que apresuradamente el Ejército y la Marina intentaron contener el agua ceden ante la fuerza del torrente. Apresuradamente el Ejército da la orden de evacuación ante el desbordamiento en varias zonas del río.

El Grijalva cruza la ciudad amenazante con su corriente acelerada. Villahermosa está casi paralizada por tierra, pero las lanchas, cayucos y otras embarcaciones improvisadas surcan los brazos del río en que se han convertido las calles de decenas de colonias.

Por aire, un interminable ir y venir de helicópteros militares, de las corporaciones policiacas y de protección civil han establecido un puente aéreo evacuando a quienes desafiaron vanamente la tempestad en aras de que el agua no esfumara todo su patrimonio.

En lo más profundo de Gaviotas Sur, el techo de la Escuela Secundaria Técnica 39 es puerto y helipuerto a la vez. Hasta ahí confluyen lanchas que recogen damnificados de las calles aledañas. Es también usado para que arriben los helicópteros para acelerar la evacuación.

Por la zona de las Gaviotas, el malecón es un mero referente que divide el río de esta nueva laguna urbana. La parte alta del tajamar, el puente Solidaridad, se ha convertido en otro improvisado puerto, en el que atracan todas las lanchas que llevan continuamente a quienes resistieron hasta el final la embestida de las aguas. El puente conecta a quienes salen de Las Gaviotas con la parte aún sin inundarse al otro lado del Grijalva.

Algunos de quienes salen “rescatan” documentos, ropa y restos de la última comida que prepararon en la “isla” en que se convirtió la azotea de sus casas. Hay quienes no olvidan sus perros, guajolotes y hasta ardillas. Las barcazas, a la distancia, se observan endebles por el peso que cargan. El sol comienza a ponerse y la angustia de quienes aún esperan va en aumento.

Hay quienes cargan lo indispensable para sobrevivir, resignados por no haber podido rescatar más. Isidro Silva, casi recién desembarcado, proveniente de Las Gaviotas, apenas ha superado un ataque asmático, que a sus 78 años y entre tanta incertidumbre, pudo ser mortal si no hubiera traído consigo el espray al que le confiere dotes milagrosos y que alcanzó a rescatar de la inundación.

Se asume como un viejo lobo de mar, aunque casi toda su vida ha sido campesino. Con sus casi ocho décadas a cuestas ha visto pasar no menos de 10 crisis como esta. Eso sí, “antes era más fácil. No había papá gobierno, pero teníamos el cayuco para salir de las tierras”, nave que desde que vive en la ciudad, ya no lo tiene”.

Su hija, María de Jesús, es un torbellino de denuncias. Menciona que las últimas horas en la colonia las pasaron casi todas en el altar de la Iglesia de San Pablo hasta que la corriente irrumpió irreverente en el templo. “Ni Dios Padre –dice– nos iba a resguardar ahí”.

Nadie los quería traer, nadie les avisó que deberían salir. Con el “naufragio” de la iglesia, no hubo más remedio que salir, con sus septuagenarios padres y su trío de hijos que no superan los diez años.

Ellos, dentro de todo, tuvieron suerte. A unos metros de ahí, Celia de la Cruz no para de sollozar y su angustia crece conforme pasa el tiempo y su esposo no aparece entre las decenas de evacuados que traen las lanchas. Está desesperada.

Ha dado todas las señas y nadie sabe de su marido. Entre tanta agua, las coordenadas de un cruce vial son absolutamente insuficientes por más que se traten de dos vías principales: Periférico casi con Avenida Universidad.

Muy cerca de ella, un jefe policiaco estalla en gritos ante el incesante clamor para que rescate a infinidad de personas trepadas a las azoteas: “no puedo hacer más, no hay tantas lanchas”, dice, y se aferra a sus palabras como si fueran una tabla de salvación en medio del desastre.

La crisis en Tabasco ya afecta a un millón de personas: Granier

Villahermosa, Tab. 1º de noviembre. Al cumplirse el sexto día de la crisis que enfrenta el estado, el gobernador Andrés Granier dio a conocer que la cifra de personas afectadas por las inundaciones alcanza ya un millón, casi la mitad de la población tabasqueña. Detalló que en la capital, de 700 mil habitantes, 500 mil están “en el agua”.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, destacó que la magnitud alcanzada por las inundaciones en Tabasco “nos han rebasado a todos”, aunque subrayó que los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal están al máximo para reducir el impacto de la emergencia. Por ahora, destacó, hay saldo blanco en la entidad.

En un balance de la situación en Tabasco y los apoyos del gobierno federal, el funcionario manifestó que las tareas de vigilancia del Ejército en las colonias, para evitar saqueos, tuvieron que reconsiderarse para dar prioridad al apuntalamiento con costales de los puntos críticos de posibles desbordamientos del Grijalva.

Ramírez Acuña aseveró que el desfogue de la presa Peñitas pasó de 2 mil a mil 500 metros cúbicos por segundo para tratar de reducir la inundación en Tabasco.

–¿Cuántos recursos se han destinado a esta emergencia del Fondo de Desastres Naturales?

–Los que sean necesarios. Esa ha sido la instrucción.

Ramírez Acuña recordó que existe un señalamiento del gobernador Granier para indagar el destino de los millonarios recursos que se habían destinado al Programa Integral Contra Inundaciones (PICI), por lo que se habrá de investigar qué sucedió con esa partida que debería destinarse a crear la infraestructura que dotara de mayor seguridad a la entidad.

–¿Existe corrupción o negligencia?

–Eso vamos a investigar –respondió Ramírez Acuña.

De su lado, Rúrico Domínguez Mayo, director estatal de Protección Civil, afirmó que se han dispuesto alrededor de 300 albergues; de ellos, más de 100 se ubican en la capital del estado. Comentó que tienen preparado 994 refugios en todo el territorio tabasqueño. Informó que cerca de mil familias han sido evacuadas de la zona de Las Gaviotas, Monal, San José, Torno Largo y La Manga.

Ante la escases de albergues por la multiplicación de damnificados que de diversas colonias y comunidades piden auxilio mediante los medios de comunicación, Andrés Granier reiteró a quienes todavía no tienen problemas de inundación que “den posada a quien necesite, y se solidaricen con la gente, porque en estos días un domicilio seco es un albergue”.

Hoy las estaciones de gasolina y las empresas expendedoras de agua embotellada se vieron colmadas por lugareños que arreciaron las compras de pánico ante la versión de que habría desabasto por la contingencia. El gobernador tuvo que afirmar desde la televisión local, que no hay necesidad de estar comprando víveres, pues dijo que los alimentos están garantizados en el estado.

Advirtió que se actuará en contra de quienes vendan los garrafones de agua a 80 pesos, cuando su precio normal es de 17 pesos. “Voy a girar instrucciones para meterlos presos, porque no se vale lucrar con el dolor de la gente”, indicó.

Granier aseveró que sería egoísta de su parte decir que está solo, pues dijo que su mayor fuerza en esta lucha contra la contingencia ha sido el pueblo tabasqueño.

Hoy, tras el desbordamiento del río Carrizal sobre la carretera Villahermosa-Frontera, esta capital quedó prácticamente incomunicada, pues sólo hay paso por la carretera Cárdenas-Villahermosa para los tráiler que llevan alimentos para los damnificados.

Cientos de personas que pretendían salir del estado, no pudieron hacerlo por ninguna de las carreteras, porque se encuentran anegadas por las fuertes corrientes de los diferentes ríos que se han desbordado, principalmente el Carrizal y el Grijalva.

Por la tarde fue desalojado el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde las corrientes del río Carrizal alcanzaron más de medio metro y cruzaron sobre la carretera Villahermosa-Frontera. Los enfermos fueron trasladados a otros nosocomios de Villahermosa y de la capital del país. También se pusieron a salvo medicamentos, equipo e instrumentos médicos.

El desbordamiento de este río anegó las oficinas de la Central Camionera e inundó las instalaciones de ADO, cuyas unidades fueron trasladadas al área de la Ciudad Deportiva, considerada una de la más altas de la ciudad. Además, el torrente causó estragos en el mercado Pino Suárez, el principal centro de abasto de Villahermosa.

Las aguas del Carrizal traen consigo otros peligros para las familias de esa área, ya que se observó la presencia de lagartos y culebras en la zona inundada.

Revientan diques

Por la noche, el gobernador del estado convocó a quienes viven en el centro de la ciudad a evacuar totalmente la zona porque “reventaron” varios de los diques de arena que contenían las aguas del río Grijalva. En el otro extremo de la ciudad, el río Carrizal incrementó también sustancialmente su caudal, por lo que se llamó a la población a concentrarse en las partes altas de Villahermosa.