Castaños y Chiapas, lecciones de violencia
soledad jarquín edgar Coahuila, Coah., 30 de abril (apro-cimac).- El municipio de Castaños se localiza en la zona centro de esa entidad fronteriza. Con poco más de 24 mil habitantes, la gente se conoce y se saluda en la calle. La mitad de los hombres son obreros de Altos Hornos y de las maquiladoras que se ubican en municipios aledaños, a las que también se han sumado las mujeres. La otra mitad trabaja en el campo.
La tranquilidad de este municipio se rompió hace casi un año, cuando un grupo de soldados del 14º regimiento de Caballería y Motorizado del Ejército Mexicano decidió tomar por asalto los dos centros nocturnos de la zona de tolerancia: “El Pérsico” y “Las Playas”, ubicados en el kilómetro 180 de la carretera 57, entre este municipio y Monclova.
El amanecer del martes 11 de julio de 2006 fue distinto. El alcalde Mauro Zúñiga Yáñez había sido alertado de los hechos. El alcohol y las drogas habían alterado el orden en aquella pacífica ciudad. Pensaron que eran “Los Zetas”, tenían miedo, por lo que no se activó el código rojo que obligaría a la actuación de las distintas corporaciones policiacas.
“Lo cierto es que ante tanta prepotencia de los militares, creímos que nos iban a disparar”.
Adentro de los salones, escondidas, algunas mujeres seguían pidiendo auxilio por sus celulares.
Después de la 4:30, otro grupo de soldados había acudido por la veintena de militares que desde antes de la medianoche abandonaron su puesto: la custodia de la paquetería electoral en el IFE de la ciudad de Monclova, para pasar una noche de juerga que derivó en el ataque sexual a 14 mujeres, agresiones físicas y verbales entre bailarinas y sexo-servidoras, así como golpes y otras humillaciones a parroquianos y guardias de seguridad.
Hasta entonces las mujeres pudieron salir huyendo entre los terrenos baldíos que rodean la zona, otras caminaban desoladas por la carretera, sin rumbo. Piernas arañadas por los matorrales, dolor físico y el terror reflejado en sus rostros fue lo primero que vieron los patrulleros, quienes las levantaron y las llevaron a un lugar seguro.
Regidora y obispo
Castaños cambió desde entonces. Guadalupe Oceguera, regidora de Salud del Partido del Trabajo (PT), regresó de una comisión en la ciudad de Saltillo, se había enterado de lo sucedido desde las nueve de la mañana. Su papel sería fundamental. Seis meses atrás, la regidora tenía contacto con las mujeres, porque no faltaba a la revisión ginecológica que cada viernes practican entre las trabajadoras de la zona de tolerancia.
Por eso "las muchachas confiaron en mí", sostiene al recordar que fue ella quién les insistió en que deberían poner una denuncia. Una de las víctimas había señalado que no emprendería ninguna acción legal, pues quince días antes –contó-- había pasado lo mismo en otro municipio (Frontera) y nadie había dicho nada.
"Al parecer fueron ‘Los Zetas", se dijo pero el rumor fue desmentido por las autoridades y no hubo denuncias.
La incertidumbre, el no saber qué hacer, y la indignación de las autoridades municipales llegó a los oídos del obispo católico Raúl Vera y de su jefa de prensa Jackie Campbell, quienes viajaron de Saltillo a Castaños. Ahí, Vera escuchó y conoció la versión de las víctimas y el dolor que mostraron era inaceptable.
"Aprendí lo que es la violencia generalizada, aprendí lo que es no parar un asunto a tiempo en Chiapas", dice en entrevista el único obispo de la orden dominica en México, quien sostiene que de no enfrentar a tiempo los problemas, "después se vuelven más difíciles y se deja crecer la impunidad".
Como ejemplo de su dicho, Vera explica que el narcotráfico es resultado de no hacer frente al problema. Creció. Se le dejó caminar impunemente, no por meses, por años, “y estamos viendo que hoy no tiene límites”.
Esa es la premisa por lo que el obispo de Saltillo decidió que no se debe dejar pasar el asalto y violación a 14 mujeres en el municipio de Castaños.
Por otro lado, se sumaba el temor de la ciudadanía de Castaños y de Monclova y, por otro, "había un clamor popular, era una especie de caja de resonancia para que se hiciera justicia", recuerda el obispo Vera.
En ese momento lo que avizoramos fue que si no se intervenía de parte de la sociedad civil y, nosotros como iglesia no hacíamos nada, si dejábamos ese hecho en la impunidad, lo que haríamos en realidad era dejar la puerta abierta para que volviera a pasar un hecho tan descarado, porque llegaron con uniformes, armas y vehículos oficiales, eso era hasta vergonzoso”, expone.
La caja de resonancia había hecho eco fuera de la entidad y obligó de algún modo a que las autoridades estatales se pronunciaran por la justicia para las mujeres de Castaños y presionaran a las autoridades militares para que entregaran a los soldados involucrados.
Sin embargo, Raúl Vera sostiene que, a diferencia de este sexenio, en aquel momento el país estaba en otra situación política. Si lo ocurrido hace un año hubiera pasado ahora, "fácilmente habría tomado un rumbo como el que tomó Zongolica", expone, en referencia al veredicto que determinó que la muerte de Ernestina Ascencio no fue por la violación de cuatro soldados sino por “una gastritis mal atendida”, como anunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al ratificar lo previamente definido por el presidente Felipe Calderón.
Tortura sin fin
La brutalidad, cobardía y desmedida irracionalidad en el actuar de los militares llegó a grados alarmantes, se cometieron todo tipo de abusos y bajezas, algunas de las mujeres ameritaron ser hospitalizadas en el Hospital Regional de Zona en Monclova, con lesiones importantes en áreas genitales y en todo el cuerpo, incluso una de ellas abortó como consecuencia del ataque, dice la abogada Sandra de Luna González, coadyuvante del MP en el juicio.
En tanto, otra de las víctimas quedó embarazada y, en febrero, dio a luz a una niña prematura. Cierto, reconocen las víctimas, no recibieron atención de emergencia para evitar embarazos, y otras, como la madre de la niña, no quiso recibir atención médica posterior al ataque, sólo lo elemental.
Por su forma de actuar, los militares manifestaron su desprecio por esas mujeres, diciéndoles que para eso estaban y que ellos, por ser militares, tenían derecho a hacer lo que quisieran, en el momento y forma que lo desearan, sostiene la presidenta del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, organismo que asume la representación legal de las mujeres desde el 15 de julio.
Entre las 12:30 y las 4:30 del 11 de julio las mujeres fueron sometidas a tortura, como colocarlas a todas junto a la pared, simulando un fusilamiento para burlarse del miedo que todo esto les causaba, expone la abogada.
Fueron horas de golpes, humillaciones, amenazas, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y otras atrocidades cometidas en un ambiente en que los militares mexicanos actuaron con prepotencia y sin que nadie pudiera detenerlos.
Detenidos, prófugos y exculpado
En agosto, luego de presiones de la sociedad civil organizada, la Procuraduría Militar entregó a la Procuraduría local a ocho de los doce soldados señalados por las víctimas como responsables directos de los ataques sexuales. Cuatro fueron declarados prófugos.
Los detenidos en el penal de Monclova son los soldado de caballería Rosendo García Jiménez, de 22 años; Ángel Antonio Hernández Niño, de 27; Fernando Adrián Madrid Guardiola, de 18; Omar Alejandro Rangel Fuentes, de 18, y Casimiro Ortega Hernández, de 22; el subteniente de caballería Norberto Carlos Francisco Vargas, de 26; el cabo de caballería Norberto González Estrada, de 27, y el sargento segundo de caballería, Juan José Gaytán Santiago, de 28 años. Todos acusados de violación impropia, violación calificada por haber sido cometida con abuso de autoridad y por dos o más personas.
Hasta enero pasado y luego de la liberación de Héctor Méndez de la Cruz, quien el 18 de abril recibió un auto de libertad, continúan prófugos Ricardo Hernández Hernández, Bardomeano Hernández García y José Raúl Ramírez Martínez.
En los primeros días de marzo, dos de las víctimas se retractaron de las acusaciones contra los soldados a quienes en anteriores audiencias y careos habían reconocido, además de acusar a varias personas de haberles dado dinero para que denunciaran a los soldados, entre ellos la abogada de Coprovi, Sandra de Luna, y la responsable de comunicación social del obispado de Saltillo, Jackie Campbell.
El 26 de marzo se realizó en la zona de tolerancia una audiencia de inspección, en la que estuvieron presentes once de las víctimas, quienes se enfrentaron a tres de los ocho soldados detenidos: Juan José Gaytán, Omar Alejandro Rangel y Norberto Carlos Francisco Vargas.
La audiencia calificada como “tortuosa” por ONG de mujeres de distintas partes del país que llegaron hasta la zona de tolerancia, tuvo una duración de trece horas y empezó en “El Pérsico” y, ya muy entrada la madrugada, prosiguió en “Las Playas”.
El caso, de acuerdo con ONG podría ser denunciado ante organismos internacionales, pues se habrían violado las convenciones que protegen los derechos de las víctimas, al ser enfrentadas por el Estado, en el mismo lugar donde sucedieron los hechos hace casi nueve meses.
soledad jarquín edgar Coahuila, Coah., 30 de abril (apro-cimac).- El municipio de Castaños se localiza en la zona centro de esa entidad fronteriza. Con poco más de 24 mil habitantes, la gente se conoce y se saluda en la calle. La mitad de los hombres son obreros de Altos Hornos y de las maquiladoras que se ubican en municipios aledaños, a las que también se han sumado las mujeres. La otra mitad trabaja en el campo.
La tranquilidad de este municipio se rompió hace casi un año, cuando un grupo de soldados del 14º regimiento de Caballería y Motorizado del Ejército Mexicano decidió tomar por asalto los dos centros nocturnos de la zona de tolerancia: “El Pérsico” y “Las Playas”, ubicados en el kilómetro 180 de la carretera 57, entre este municipio y Monclova.
El amanecer del martes 11 de julio de 2006 fue distinto. El alcalde Mauro Zúñiga Yáñez había sido alertado de los hechos. El alcohol y las drogas habían alterado el orden en aquella pacífica ciudad. Pensaron que eran “Los Zetas”, tenían miedo, por lo que no se activó el código rojo que obligaría a la actuación de las distintas corporaciones policiacas.
“Lo cierto es que ante tanta prepotencia de los militares, creímos que nos iban a disparar”.
Adentro de los salones, escondidas, algunas mujeres seguían pidiendo auxilio por sus celulares.
Después de la 4:30, otro grupo de soldados había acudido por la veintena de militares que desde antes de la medianoche abandonaron su puesto: la custodia de la paquetería electoral en el IFE de la ciudad de Monclova, para pasar una noche de juerga que derivó en el ataque sexual a 14 mujeres, agresiones físicas y verbales entre bailarinas y sexo-servidoras, así como golpes y otras humillaciones a parroquianos y guardias de seguridad.
Hasta entonces las mujeres pudieron salir huyendo entre los terrenos baldíos que rodean la zona, otras caminaban desoladas por la carretera, sin rumbo. Piernas arañadas por los matorrales, dolor físico y el terror reflejado en sus rostros fue lo primero que vieron los patrulleros, quienes las levantaron y las llevaron a un lugar seguro.
Regidora y obispo
Castaños cambió desde entonces. Guadalupe Oceguera, regidora de Salud del Partido del Trabajo (PT), regresó de una comisión en la ciudad de Saltillo, se había enterado de lo sucedido desde las nueve de la mañana. Su papel sería fundamental. Seis meses atrás, la regidora tenía contacto con las mujeres, porque no faltaba a la revisión ginecológica que cada viernes practican entre las trabajadoras de la zona de tolerancia.
Por eso "las muchachas confiaron en mí", sostiene al recordar que fue ella quién les insistió en que deberían poner una denuncia. Una de las víctimas había señalado que no emprendería ninguna acción legal, pues quince días antes –contó-- había pasado lo mismo en otro municipio (Frontera) y nadie había dicho nada.
"Al parecer fueron ‘Los Zetas", se dijo pero el rumor fue desmentido por las autoridades y no hubo denuncias.
La incertidumbre, el no saber qué hacer, y la indignación de las autoridades municipales llegó a los oídos del obispo católico Raúl Vera y de su jefa de prensa Jackie Campbell, quienes viajaron de Saltillo a Castaños. Ahí, Vera escuchó y conoció la versión de las víctimas y el dolor que mostraron era inaceptable.
"Aprendí lo que es la violencia generalizada, aprendí lo que es no parar un asunto a tiempo en Chiapas", dice en entrevista el único obispo de la orden dominica en México, quien sostiene que de no enfrentar a tiempo los problemas, "después se vuelven más difíciles y se deja crecer la impunidad".
Como ejemplo de su dicho, Vera explica que el narcotráfico es resultado de no hacer frente al problema. Creció. Se le dejó caminar impunemente, no por meses, por años, “y estamos viendo que hoy no tiene límites”.
Esa es la premisa por lo que el obispo de Saltillo decidió que no se debe dejar pasar el asalto y violación a 14 mujeres en el municipio de Castaños.
Por otro lado, se sumaba el temor de la ciudadanía de Castaños y de Monclova y, por otro, "había un clamor popular, era una especie de caja de resonancia para que se hiciera justicia", recuerda el obispo Vera.
En ese momento lo que avizoramos fue que si no se intervenía de parte de la sociedad civil y, nosotros como iglesia no hacíamos nada, si dejábamos ese hecho en la impunidad, lo que haríamos en realidad era dejar la puerta abierta para que volviera a pasar un hecho tan descarado, porque llegaron con uniformes, armas y vehículos oficiales, eso era hasta vergonzoso”, expone.
La caja de resonancia había hecho eco fuera de la entidad y obligó de algún modo a que las autoridades estatales se pronunciaran por la justicia para las mujeres de Castaños y presionaran a las autoridades militares para que entregaran a los soldados involucrados.
Sin embargo, Raúl Vera sostiene que, a diferencia de este sexenio, en aquel momento el país estaba en otra situación política. Si lo ocurrido hace un año hubiera pasado ahora, "fácilmente habría tomado un rumbo como el que tomó Zongolica", expone, en referencia al veredicto que determinó que la muerte de Ernestina Ascencio no fue por la violación de cuatro soldados sino por “una gastritis mal atendida”, como anunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al ratificar lo previamente definido por el presidente Felipe Calderón.
Tortura sin fin
La brutalidad, cobardía y desmedida irracionalidad en el actuar de los militares llegó a grados alarmantes, se cometieron todo tipo de abusos y bajezas, algunas de las mujeres ameritaron ser hospitalizadas en el Hospital Regional de Zona en Monclova, con lesiones importantes en áreas genitales y en todo el cuerpo, incluso una de ellas abortó como consecuencia del ataque, dice la abogada Sandra de Luna González, coadyuvante del MP en el juicio.
En tanto, otra de las víctimas quedó embarazada y, en febrero, dio a luz a una niña prematura. Cierto, reconocen las víctimas, no recibieron atención de emergencia para evitar embarazos, y otras, como la madre de la niña, no quiso recibir atención médica posterior al ataque, sólo lo elemental.
Por su forma de actuar, los militares manifestaron su desprecio por esas mujeres, diciéndoles que para eso estaban y que ellos, por ser militares, tenían derecho a hacer lo que quisieran, en el momento y forma que lo desearan, sostiene la presidenta del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, organismo que asume la representación legal de las mujeres desde el 15 de julio.
Entre las 12:30 y las 4:30 del 11 de julio las mujeres fueron sometidas a tortura, como colocarlas a todas junto a la pared, simulando un fusilamiento para burlarse del miedo que todo esto les causaba, expone la abogada.
Fueron horas de golpes, humillaciones, amenazas, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y otras atrocidades cometidas en un ambiente en que los militares mexicanos actuaron con prepotencia y sin que nadie pudiera detenerlos.
Detenidos, prófugos y exculpado
En agosto, luego de presiones de la sociedad civil organizada, la Procuraduría Militar entregó a la Procuraduría local a ocho de los doce soldados señalados por las víctimas como responsables directos de los ataques sexuales. Cuatro fueron declarados prófugos.
Los detenidos en el penal de Monclova son los soldado de caballería Rosendo García Jiménez, de 22 años; Ángel Antonio Hernández Niño, de 27; Fernando Adrián Madrid Guardiola, de 18; Omar Alejandro Rangel Fuentes, de 18, y Casimiro Ortega Hernández, de 22; el subteniente de caballería Norberto Carlos Francisco Vargas, de 26; el cabo de caballería Norberto González Estrada, de 27, y el sargento segundo de caballería, Juan José Gaytán Santiago, de 28 años. Todos acusados de violación impropia, violación calificada por haber sido cometida con abuso de autoridad y por dos o más personas.
Hasta enero pasado y luego de la liberación de Héctor Méndez de la Cruz, quien el 18 de abril recibió un auto de libertad, continúan prófugos Ricardo Hernández Hernández, Bardomeano Hernández García y José Raúl Ramírez Martínez.
En los primeros días de marzo, dos de las víctimas se retractaron de las acusaciones contra los soldados a quienes en anteriores audiencias y careos habían reconocido, además de acusar a varias personas de haberles dado dinero para que denunciaran a los soldados, entre ellos la abogada de Coprovi, Sandra de Luna, y la responsable de comunicación social del obispado de Saltillo, Jackie Campbell.
El 26 de marzo se realizó en la zona de tolerancia una audiencia de inspección, en la que estuvieron presentes once de las víctimas, quienes se enfrentaron a tres de los ocho soldados detenidos: Juan José Gaytán, Omar Alejandro Rangel y Norberto Carlos Francisco Vargas.
La audiencia calificada como “tortuosa” por ONG de mujeres de distintas partes del país que llegaron hasta la zona de tolerancia, tuvo una duración de trece horas y empezó en “El Pérsico” y, ya muy entrada la madrugada, prosiguió en “Las Playas”.
El caso, de acuerdo con ONG podría ser denunciado ante organismos internacionales, pues se habrían violado las convenciones que protegen los derechos de las víctimas, al ser enfrentadas por el Estado, en el mismo lugar donde sucedieron los hechos hace casi nueve meses.
Ernestina Ascención 
Así las cosas, yo, un mero empleado de la Universidad Veracruzana, con más de doce años de trabajo, cambiando a cada rato de contrato laboral —de confianza, personal de apoyo, y ahora cubriendo como eventual una plaza sindical de 5 mil pesos mensuales— y con un salario de 8 mil pesos, con una hija en una escuela privada pues las públicas stán para llorar, y con un hijo de un año, no veo la hora de poder irme de este país hacia otro con mejores oportunidades de vida.