Unos justifican a Torreblanca, otros piden que rinda cuentas
Divide al PRD desalojo de normalistas en Guerrero
Irreflexiva actuación del gobierno ante movimientos sociales; en riesgo el rumbo del partido ante elecciones de 2008: CDE
Chilpancingo, Gro. 16 de noviembre. El desalojo violento de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa –el miércoles pasado– por cuerpos policiacos del estado, ha dividido al PRD entre defensores del gobernador Zeferino Torreblanca –quien justifican la golpiza a los alumnos– y los que exigen llamarlo a cuentas pues “actúa en forma irreflexiva ante los movimientos sociales”.
La situación está tan polarizada, explica el dirigente estatal perredista Sebastián de la Rosa Peláez, “que no hay una posición oficial del Comité Directivo Estatal (CDE) sobre el desalojo”, y las posturas serán de quien las exprese. Así que empieza por respaldar –a titulo personal– la decisión tomada por el líder del Congreso, el también perredista Carlos Reyes Torres, de pedir la intervención de la fuerza pública el miércoles pasado, cuando los normalistas entraron a las instalaciones del Poder Legislativo para solicitar apoyo en la demanda de 75 plazas para un grupo de egresados y la permanencia de la licenciatura en educación primaria, que el gobierno ha decidido desaparecer.
No hay consenso, apunta, y “debemos evitar una fractura” pues el próximo año es de elecciones (se renueva el Congreso y las alcaldías). Pero también dice que el partido en pleno ya pidió al gobernador la destitución del titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, porque no ha sabido manejar los problemas del sector, pero que el mandatario se resiste pues esa posición es “la factura” que Torreblanca pagó a Elba Esther Gordillo por el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la campaña a la gubernatura.
“El secretario (González de la Vega) se siente con mucha seguridad, y yo no sé, pero lo que se comenta en palacio (de gobierno) es que es el único miembro del gabinete que se atreve a tomar decisiones propias, y eso sólo sería el resultado de otros apoyos, aunque a mí no me consta” dice sin esconder un tono mordaz.
Platica, entonces, algunas complejidades del problema educativo estatal, que no atiende el titular: Hay –se supone que maestros– que tienen dos o tres plazas de educación básica: una en la Costa Grande y otra en La Montaña, es obvio que no atienden ninguna de las dos porque ¿cómo van de un extremo a otro del estado en un mismo día?
Otro asunto son los miles de comisionados (cobran como maestros pero no están en ninguna escuela): “dicen que son 600 pero la verdad es que compañeros maestros están seguros que son como 4 mil 500, que o bien están en las oficinas administrativas de la Secretaría de Educación estatal o trabajando con viejos políticos. Vaya a la SEG y verá que en oficinas de cuatro por cuatro metros hay hasta 12 personas supuestamente trabajando y en el estado cunde al analfabetismo”.
Habla de la corrupción como origen de muchos de los problemas, pero repite los argumentos del gobierno; que las plazas no las otorga el estado, sino la Federación, que el gobernador no se puede comprometer con los normalistas de Ayotzinapa a dar claves sin “techo presupuestal”, es decir, sin que lo avale la Federación, que será quien entregue los recursos para su pago; que hay déficit anual de alrededor de mil 400 millones de pesos porque el ex gobernador René Juárez Cisneros otorgó 10 mil plazas “sin techo presupuestal”.
Cuestiona a los normalistas porque “cometieron excesos” y hace una invitación “muy fraternal” a las partes en conflicto a mostrar mayor sensibilidad, “particularmente al secretario que se convierta en gestor de los jóvenes” y a ellos “que entiendan que no depende de la voluntad estricta del estado darles una plaza. El año pasado se consiguieron, este año no se está viendo cómo hacemos mancuerna. Los jóvenes no deben colocarse en “la postura del todo o nada”.
Se deslinda cuando se le recuerda que esa frase la usan con frecuencia detractores del PRD para descalificarlo. Apunta que él pertenece a Nueva Izquierda, una corriente del PRD que no comparte esas posturas. Él fue, explica, de los que, por ejemplo, se opusieron al plantón en Paseo de la Reforma en la ciudad de México durante el conflicto poselectoral de 2006.
Pero el desalojo de los jóvenes –quienes fueron perseguidos por los pasillos y gaseados y golpeados en pleno salón de sesiones del Congreso–, ha dejado algo más que moretones políticos a la estructura local del PRD. Un sector de la dirigencia estatal, encabezado por la corriente Izquierda Social, ofreció hoy una conferencia de prensa para cuestionar el uso de la fuerza y la permanencia del secretario de Seguridad Pública, general Heriberto Salinas Altés, quien, según dijo la secretaria de Derechos Humanos del CDE del PRD, Aurora Muñoz Martínez, en el pasado encarceló perredistas y conoció de “cárceles clandestinas” para presos políticos.
Asume que varios nombramientos que hizo Torreblanca al tomar posesión como gobernador tienen su origen en las facturas políticas –para empezar un perredista es el secretario de Gobierno, Armando Chavaría– “pero yo no te podría decir que hizo acuerdos con Figueroa o con otros para ganar la gubernatura, porque nunca he sido parte de esos enjuagues”, lo que sí puedo decir es que ya le hemos dicho quiénes son algunos de los miembros de su gabinete.
Aurora Muñoz, quien todavía tiene los brazos amoratados por los toletazos que recibió el miércoles en el Congreso –donde había una reunión del CDE del PRD y alguien les habló para pedirles que intervinieran para que no golpearan a los muchachos, pero al llegar al recinto también a ellos y a los diputados que trataron de intervenir los aporrearon–, dice que “Zeferino no sólo no parece, sino que no es un gobernador del PRD y la gente del partido que está en el gobierno actúa en forma irreflexiva ante los movimientos sociales” y de manera institucional deberían pedirles cuentas porque está en juego “el rumbo del partido”; el PRD no puede avalar la represión, concluye.
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