La única diferencia entre el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) que autorizó el acceso a las boletas de la elección del jefe de Gobierno capitalino y el Instituto Federal Electoral (IFE), que rechazó la solicitud que hicieron ciudadanos para hacer públicas las de la elección presidencial, "es la voluntad" de sus autoridades, aseveró John Mill Ackerman, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Al desmenuzar las respuestas que dieron los consejeros electorales federales y los del DF a una misma solicitud, el investigador remarcó que la resolución del IEDF es muy sencilla y no deja lugar a dudas al reconocer el derecho de los ciudadanos de tener acceso a las boletas electorales, que al igual que las presidenciales se destruyen.
En entrevista, Ackerman aseveró que al permitir el IEDF el acceso de una ciudadana a las boletas, la capital del país se coloca a la vanguardia en materia de transparencia, lo que no ocurre a escala federal, donde se mantiene la opacidad.
"La resolución del IFE es una señal de opacidad, porque no existe ninguna razón jurídica para negar el acceso a las boletas electorales, sus argumentos son totalmente políticos", reflexionó.
En su opinión la resolución del IFE fomenta más las sospechas; "no por nada más de 30 por ciento de la población sigue dudando si Felipe Calderón ganó la elección".
Puntualizó que el problema ahora no es electoral o de defensa de Andrés Manuel López Obrador, sino de transparencia. "Es extraño que Calderón y el IFE, que deberían ser los más interesados en transparentar la elección, sean quienes más se han resistido".
Ackerman explicó que a escala federal se da una reedición de la lógica autoritaria del manejo del poder público que existe desde hace un siglo. La máxima de Getulio Vargas, en Brasil, o de Porfirio Díaz, en México: "para los enemigos la ley, y para los amigos lo que quieran, se está aplicando ahora, en el momento supuestamente más democrático".
Rechazó los argumentos de los consejeros del IFE sobre la inviabilidad de acceder a las boletas, por considerar que éstas no son documentos públicos. "Jurídicamente hablando los argumentos que han dado son débiles, y demuestran una contradicción muy importante".
Advirtió sobre las repercusiones que la resolución del IFE puede traer en materia de transparencia y acceso a la información. "Si las boletas electorales no son documentos públicos, entonces las solicitudes de vivienda tampoco lo son, porque el ciudadano escribe en ellas algunos datos. Entonces, al pedir esta información para hacer una investigación nos pueden responder que es una expresión natural del deseo de tener una casa y que es confidencial, porque la tachó un ciudadano".
En riesgo la Ley de Transparencia
El investigador alertó: "si permitimos que esto pase y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la resolución del IFE, va a ser un ejemplo desastroso para la Ley de Transparencia; por eso es importante que el Instituto Electoral del DF haya puesto el ejemplo, al dar acceso a las boletas".
Consideró que lo más importante ahora no es hacer modificaciones a los códigos electorales para definir el carácter de las boletas, sino aclarar qué pasó el 2 de julio.
"Está lo de las boletas, se debería investigar al Consejo Coordinador Empresarial, la Fepade debería estar investigando sobre los delitos electorales que se pudieron cometer, y el IFE iniciar acciones en contra del órgano empresarial, contabilizar los gastos de los anuncios que transmitió e incluirlos en los gastos de campaña de Calderón; seguramente habría un rebase en el tope y eso implicaría una sanción muy fuerte para el PAN".
Al desmenuzar las respuestas que dieron los consejeros electorales federales y los del DF a una misma solicitud, el investigador remarcó que la resolución del IEDF es muy sencilla y no deja lugar a dudas al reconocer el derecho de los ciudadanos de tener acceso a las boletas electorales, que al igual que las presidenciales se destruyen.
En entrevista, Ackerman aseveró que al permitir el IEDF el acceso de una ciudadana a las boletas, la capital del país se coloca a la vanguardia en materia de transparencia, lo que no ocurre a escala federal, donde se mantiene la opacidad.
"La resolución del IFE es una señal de opacidad, porque no existe ninguna razón jurídica para negar el acceso a las boletas electorales, sus argumentos son totalmente políticos", reflexionó.
En su opinión la resolución del IFE fomenta más las sospechas; "no por nada más de 30 por ciento de la población sigue dudando si Felipe Calderón ganó la elección".
Puntualizó que el problema ahora no es electoral o de defensa de Andrés Manuel López Obrador, sino de transparencia. "Es extraño que Calderón y el IFE, que deberían ser los más interesados en transparentar la elección, sean quienes más se han resistido".
Ackerman explicó que a escala federal se da una reedición de la lógica autoritaria del manejo del poder público que existe desde hace un siglo. La máxima de Getulio Vargas, en Brasil, o de Porfirio Díaz, en México: "para los enemigos la ley, y para los amigos lo que quieran, se está aplicando ahora, en el momento supuestamente más democrático".
Rechazó los argumentos de los consejeros del IFE sobre la inviabilidad de acceder a las boletas, por considerar que éstas no son documentos públicos. "Jurídicamente hablando los argumentos que han dado son débiles, y demuestran una contradicción muy importante".
Advirtió sobre las repercusiones que la resolución del IFE puede traer en materia de transparencia y acceso a la información. "Si las boletas electorales no son documentos públicos, entonces las solicitudes de vivienda tampoco lo son, porque el ciudadano escribe en ellas algunos datos. Entonces, al pedir esta información para hacer una investigación nos pueden responder que es una expresión natural del deseo de tener una casa y que es confidencial, porque la tachó un ciudadano".
En riesgo la Ley de Transparencia
El investigador alertó: "si permitimos que esto pase y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la resolución del IFE, va a ser un ejemplo desastroso para la Ley de Transparencia; por eso es importante que el Instituto Electoral del DF haya puesto el ejemplo, al dar acceso a las boletas".
Consideró que lo más importante ahora no es hacer modificaciones a los códigos electorales para definir el carácter de las boletas, sino aclarar qué pasó el 2 de julio.
"Está lo de las boletas, se debería investigar al Consejo Coordinador Empresarial, la Fepade debería estar investigando sobre los delitos electorales que se pudieron cometer, y el IFE iniciar acciones en contra del órgano empresarial, contabilizar los gastos de los anuncios que transmitió e incluirlos en los gastos de campaña de Calderón; seguramente habría un rebase en el tope y eso implicaría una sanción muy fuerte para el PAN".
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