Y el pueblo tomó el control
Pedro Matías y Rosalía Vergara/PROCESO
OAXACA, OAX., 01 OCTUBRE /Los cuatro meses de conflicto entre el gobierno estatal y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) están marcando el final del sexenio del presidente Vicente Fox y evidencian la incapacidad del gobierno federal para contener estallidos sociales.
Sin gobernabilidad y con la exigencia de que sean desaparecidos los poderes en el estado y se destituya al gobernador Ulises Ruiz, el conflicto social que comenzó con el magisterio y terminó aglutinando a organizaciones sociales y ciudadanos.
Igual que en el caso de San Salvador Atenco, en el Estado de México, el movimiento oaxaqueño mostró el descontento de una sociedad olvidada por sus gobernantes y que tampoco ha sido escuchada por los representantes del "sexenio del cambio": los campesinos, los indígenas, los estudiantes, grupos radicales...
Estos sectores repudiaron la defensa a ultranza que los priistas y el gobierno federal han hecho del gobernador Ulises Ruiz, a quien culpan de la actual crisis. Y los unió una misma demanda: la destitución o renuncia del gobernador.
Ciento treinta días después de que el SNTE, y después la APPO, se plantaron en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, el presidente Vicente Fox; su secretario de Gobernación, Carlos Abascal; el gobernador Ulises Ruiz, el presidente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, y los empresarios de la entidad, consideraron la opción del despliegue policiaco "pacífico" para desalojar a los inconfor-mes.
Estos personajes se reunieron en la residencia presidencial de Los Pinos el martes 26 de septiembre. Ahí Ulises Ruiz pidió la intervención de fuerzas policiacas. Tres días después el dirigente priista Mariano Palacios Alcocer se pronunció en el mismo sentido para "reestablecer el orden" en la entidad. Lo mismo hizo la iniciativa privada nacional y local.
La pesadilla
El sueño de Ulises Ruiz por ser gobernador se convirtió en una pesadilla para el pueblo de Oaxaca y para más de 70 mil maestros que, en su lucha por mejorar sus condiciones de vida, fueron reprimidos por la policía estatal el pasado 14 de junio, por órdenes del gobernador.
Desde entonces la entidad es territorio sin ley. Ni un policía custodia los bancos ni los negocios. La economía formal merma día con día y el ambulantaje crece.
Los maestros de la sección 22 del SNTE y de la APPO se asumieron como autoridad y castigan a los ladrones amarrándolos desnudos en el kiosko de la plaza principal del centro.
La gente se organiza para pedir auxilio a gritos o con silbatos cuando se cometen asaltos. A golpes, llevan a los ladrones ante el Ministerio Público o los entregan a la APPO. Así hicieron con tres juniors que, borrachos, atracaron un cajero del banco HSBC, sólo para divertirse.
Las cosas se agravaron en los últimos días ante la denuncia sobre la presencia de "grupos paramilitares" del gobierno que tirotean a integrantes de la APPO y del magisterio, y existe temor ante los rumores de que el gobierno federal se alista para enviar fuerzas federales a "poner orden" en el estado.
La gente está desesperada. Las mujeres que expenden comida en los mercados 20 de Noviembre o Benito Juárez casi no tienen ventas. Viven al día y no tienen ganancias. Pocos compran o consumen algo en los mercados. No hay turismo.
Resistencia oaxaqueña
Por todas las calles del centro se lee la leyenda "Te estamos observando, URO" –letras a las que quedó reducido el nombre del gobernador —, junto al dibujo de una rata. La histórica ciudad está plagada de pintas políticas en su contra. Lo califican como "un peligro para México".
Todas las mañanas, desde que inició el conflicto, las bocacalles cercanas al zócalo y a la Catedral amanecen cercadas por barricadas que se refuerzan a partir de las diez de la noche. Decenas de mujeres, hombres y ancianos del H. Cuerpo de los Topiles montan guardias. Ellas bordan, sentadas en las aceras o en sillas o sillones que sacaron de sus casas para usarlos en el plantón.
Durante todo el día los de la APPO reciben guelaguetza (don de dar) por parte de los oaxaqueños: arroz, bolillos, huevos, frijoles, frutas en pacas. Una señora de la tercera edad les dio sus ahorros de toda la vida: 10 mil pesos metidos en una bolsa de plástico. Así han sobrevivido por cuatro meses.
La APPO y los maestros formaron su sitio de taxis. Los ambulantes que habían sido retirados del centro, regresaron a vender ropa, discos compactos, películas, huipiles, faldas bordadas por las indígenas, collares, libros, montoncitos de verduras o frutas, artesanías, barro. Ahora son comercios de la APPO, aunque algunos en el pasado eran priistas.
El miércoles 27 llegaron al zócalo alrededor de 200 pobladores de las siete regiones. Venían de las colonias Zaachila, La Cascada, Los Volcanes, Frente de Colonias de la Zona Norte de la Ciudad de Oaxaca, la Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, la Colonia Olímpica, entre otras. Se declararon "en pie de lucha" y se unieron al frente. Trajeron despensas; los maestros y de la APPO los recibieron con aplausos.
La Asamblea Regional, Campesina y Popular, el SNTSS y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) también tienen un campamento en el zócalo. "Hay puro revolucionario afuera", dijo un fuereño a la cajera de una tienda de abarrotes, y comenzaron a reír.
En Santa María, las colonias Lindavista, López Mateos, Lomas de Antequera, Faldas del Fortín y Mar-quesado ya formaron su asamblea popular. Las comunidades de la sierra bajaron al zócalo a apoyar el movimiento.
Esto se ha vuelto cotidiano, pero lo que no fue normal fue la balacera de la noche del jueves 28, cuando un grupo de sujetos, que conducían un Jetta color negro, dispararon tiros a la entrada de una barricada, cerca del plantón. No hubo muertos ni heridos, pero la APPO se declaró en alerta máxima: estaba en suspenso la eventual incursión de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la ciudad para dispersar el plantón.
Desde las estaciones radiofónicas tomadas por la APPO el 10 de agosto, renombradas como La Ley del Pueblo y Oro-Universidad, se pidió a la población llevar a los campamentos cohetones, leche, gasolina, colirio, extractos de manzanilla, refrescos de cola, aserrín, leña, vinagre, cables, soquets y medicamentos.
Sin solución
El miércoles 27 de septiembre los empresarios estatales anunciaron un paro de 48 horas en demanda de una solución "pacífica" al conflicto. Los ataques de grupos de choque eran constantes. La sección 22 del SNTE se negó al regreso a clases; la APPO aceptó dialogar con el gobierno federal y denunció los planes encaminados a reprimir el movimiento.
El paro empresarial fue considerado un fracaso. El presidente de los comerciantes establecidos en la calle de las Casas, José Bertario Santiago Hernández, dijo que más del 90 por ciento de sus 300 agremiados no quisieron sumarse al paro porque consideraron que se hizo para apoyar a Ulises Ruiz y pedir la fuerza pública.
De igual forma, fracasó el llamado a limpiar las calles y pintar fachadas, colocar banderas blancas en demanda de paz, suspender el consumo de energía eléctrica y no utilizar el servicio telefónico.
Los empresarios exigieron la condonación de impuestos y confirmaron la suspensión de las cuotas obrero patronales y del seguro social de mil trabajadores para atenuar sus pérdidas. Posteriormente se sumaron a la petición de las cámaras empresariales nacionales de que se usaran tanquetas lanza chorros de agua para dispersar a los insurrectos de Oaxaca.
El arzobispo de Antequera-Oa-xaca, José Luis Chávez Botello, pidió la "urgente" intervención del gobierno federal y del Congreso de la Unión para que coadyuven en la solución del conflicto porque, dijo, no pueden desentenderse de su responsabilidad irrenunciable.
"Oaxaca está siendo rehén de priistas y panistas. El magisterio no es culpable y la actitud del Consejo Coordinador Empresarial es una provocación, son quienes operan un eventual desalojo. Están buscando la forma de justificar la represión", afirmó Daniel Rosas, vocero del magisterio.
El movimiento rebasó al magisterio. Se convirtió en un movimiento social que deja al descubierto los problemas y rezagos del pueblo oaxaqueño, afirmaron Maximino Contreras, profesor de base, y Julián García, delegado de la APPO.
Hasta el momento, el saldo de esta crisis es un alto número de encarcelados, algunos desaparecidos y dos integrantes de la APPO asesinados.
Pedro Matías y Rosalía Vergara/PROCESO
OAXACA, OAX., 01 OCTUBRE /Los cuatro meses de conflicto entre el gobierno estatal y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) están marcando el final del sexenio del presidente Vicente Fox y evidencian la incapacidad del gobierno federal para contener estallidos sociales.
Sin gobernabilidad y con la exigencia de que sean desaparecidos los poderes en el estado y se destituya al gobernador Ulises Ruiz, el conflicto social que comenzó con el magisterio y terminó aglutinando a organizaciones sociales y ciudadanos.
Igual que en el caso de San Salvador Atenco, en el Estado de México, el movimiento oaxaqueño mostró el descontento de una sociedad olvidada por sus gobernantes y que tampoco ha sido escuchada por los representantes del "sexenio del cambio": los campesinos, los indígenas, los estudiantes, grupos radicales...
Estos sectores repudiaron la defensa a ultranza que los priistas y el gobierno federal han hecho del gobernador Ulises Ruiz, a quien culpan de la actual crisis. Y los unió una misma demanda: la destitución o renuncia del gobernador.
Ciento treinta días después de que el SNTE, y después la APPO, se plantaron en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, el presidente Vicente Fox; su secretario de Gobernación, Carlos Abascal; el gobernador Ulises Ruiz, el presidente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, y los empresarios de la entidad, consideraron la opción del despliegue policiaco "pacífico" para desalojar a los inconfor-mes.
Estos personajes se reunieron en la residencia presidencial de Los Pinos el martes 26 de septiembre. Ahí Ulises Ruiz pidió la intervención de fuerzas policiacas. Tres días después el dirigente priista Mariano Palacios Alcocer se pronunció en el mismo sentido para "reestablecer el orden" en la entidad. Lo mismo hizo la iniciativa privada nacional y local.
La pesadilla
El sueño de Ulises Ruiz por ser gobernador se convirtió en una pesadilla para el pueblo de Oaxaca y para más de 70 mil maestros que, en su lucha por mejorar sus condiciones de vida, fueron reprimidos por la policía estatal el pasado 14 de junio, por órdenes del gobernador.
Desde entonces la entidad es territorio sin ley. Ni un policía custodia los bancos ni los negocios. La economía formal merma día con día y el ambulantaje crece.
Los maestros de la sección 22 del SNTE y de la APPO se asumieron como autoridad y castigan a los ladrones amarrándolos desnudos en el kiosko de la plaza principal del centro.
La gente se organiza para pedir auxilio a gritos o con silbatos cuando se cometen asaltos. A golpes, llevan a los ladrones ante el Ministerio Público o los entregan a la APPO. Así hicieron con tres juniors que, borrachos, atracaron un cajero del banco HSBC, sólo para divertirse.
Las cosas se agravaron en los últimos días ante la denuncia sobre la presencia de "grupos paramilitares" del gobierno que tirotean a integrantes de la APPO y del magisterio, y existe temor ante los rumores de que el gobierno federal se alista para enviar fuerzas federales a "poner orden" en el estado.
La gente está desesperada. Las mujeres que expenden comida en los mercados 20 de Noviembre o Benito Juárez casi no tienen ventas. Viven al día y no tienen ganancias. Pocos compran o consumen algo en los mercados. No hay turismo.
Resistencia oaxaqueña
Por todas las calles del centro se lee la leyenda "Te estamos observando, URO" –letras a las que quedó reducido el nombre del gobernador —, junto al dibujo de una rata. La histórica ciudad está plagada de pintas políticas en su contra. Lo califican como "un peligro para México".
Todas las mañanas, desde que inició el conflicto, las bocacalles cercanas al zócalo y a la Catedral amanecen cercadas por barricadas que se refuerzan a partir de las diez de la noche. Decenas de mujeres, hombres y ancianos del H. Cuerpo de los Topiles montan guardias. Ellas bordan, sentadas en las aceras o en sillas o sillones que sacaron de sus casas para usarlos en el plantón.
Durante todo el día los de la APPO reciben guelaguetza (don de dar) por parte de los oaxaqueños: arroz, bolillos, huevos, frijoles, frutas en pacas. Una señora de la tercera edad les dio sus ahorros de toda la vida: 10 mil pesos metidos en una bolsa de plástico. Así han sobrevivido por cuatro meses.
La APPO y los maestros formaron su sitio de taxis. Los ambulantes que habían sido retirados del centro, regresaron a vender ropa, discos compactos, películas, huipiles, faldas bordadas por las indígenas, collares, libros, montoncitos de verduras o frutas, artesanías, barro. Ahora son comercios de la APPO, aunque algunos en el pasado eran priistas.
El miércoles 27 llegaron al zócalo alrededor de 200 pobladores de las siete regiones. Venían de las colonias Zaachila, La Cascada, Los Volcanes, Frente de Colonias de la Zona Norte de la Ciudad de Oaxaca, la Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, la Colonia Olímpica, entre otras. Se declararon "en pie de lucha" y se unieron al frente. Trajeron despensas; los maestros y de la APPO los recibieron con aplausos.
La Asamblea Regional, Campesina y Popular, el SNTSS y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) también tienen un campamento en el zócalo. "Hay puro revolucionario afuera", dijo un fuereño a la cajera de una tienda de abarrotes, y comenzaron a reír.
En Santa María, las colonias Lindavista, López Mateos, Lomas de Antequera, Faldas del Fortín y Mar-quesado ya formaron su asamblea popular. Las comunidades de la sierra bajaron al zócalo a apoyar el movimiento.
Esto se ha vuelto cotidiano, pero lo que no fue normal fue la balacera de la noche del jueves 28, cuando un grupo de sujetos, que conducían un Jetta color negro, dispararon tiros a la entrada de una barricada, cerca del plantón. No hubo muertos ni heridos, pero la APPO se declaró en alerta máxima: estaba en suspenso la eventual incursión de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la ciudad para dispersar el plantón.
Desde las estaciones radiofónicas tomadas por la APPO el 10 de agosto, renombradas como La Ley del Pueblo y Oro-Universidad, se pidió a la población llevar a los campamentos cohetones, leche, gasolina, colirio, extractos de manzanilla, refrescos de cola, aserrín, leña, vinagre, cables, soquets y medicamentos.
Sin solución
El miércoles 27 de septiembre los empresarios estatales anunciaron un paro de 48 horas en demanda de una solución "pacífica" al conflicto. Los ataques de grupos de choque eran constantes. La sección 22 del SNTE se negó al regreso a clases; la APPO aceptó dialogar con el gobierno federal y denunció los planes encaminados a reprimir el movimiento.
El paro empresarial fue considerado un fracaso. El presidente de los comerciantes establecidos en la calle de las Casas, José Bertario Santiago Hernández, dijo que más del 90 por ciento de sus 300 agremiados no quisieron sumarse al paro porque consideraron que se hizo para apoyar a Ulises Ruiz y pedir la fuerza pública.
De igual forma, fracasó el llamado a limpiar las calles y pintar fachadas, colocar banderas blancas en demanda de paz, suspender el consumo de energía eléctrica y no utilizar el servicio telefónico.
Los empresarios exigieron la condonación de impuestos y confirmaron la suspensión de las cuotas obrero patronales y del seguro social de mil trabajadores para atenuar sus pérdidas. Posteriormente se sumaron a la petición de las cámaras empresariales nacionales de que se usaran tanquetas lanza chorros de agua para dispersar a los insurrectos de Oaxaca.
El arzobispo de Antequera-Oa-xaca, José Luis Chávez Botello, pidió la "urgente" intervención del gobierno federal y del Congreso de la Unión para que coadyuven en la solución del conflicto porque, dijo, no pueden desentenderse de su responsabilidad irrenunciable.
"Oaxaca está siendo rehén de priistas y panistas. El magisterio no es culpable y la actitud del Consejo Coordinador Empresarial es una provocación, son quienes operan un eventual desalojo. Están buscando la forma de justificar la represión", afirmó Daniel Rosas, vocero del magisterio.
El movimiento rebasó al magisterio. Se convirtió en un movimiento social que deja al descubierto los problemas y rezagos del pueblo oaxaqueño, afirmaron Maximino Contreras, profesor de base, y Julián García, delegado de la APPO.
Hasta el momento, el saldo de esta crisis es un alto número de encarcelados, algunos desaparecidos y dos integrantes de la APPO asesinados.
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