CND y FAP, una interpretación
El reto que tenemos enfrente, como se ha sugerido en la primera parte de esta entrega, es dar la lucha tanto en las instituciones existentes como al margen de ellas. El presente, pese a ser en varios aspectos peor que el pasado, tiene ventajas que se deben aprovechar. Antes, debemos recordarlo, la oposición era absolutamente aplastada por la votación mecánica del PRI tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En estudios que hemos hecho sobre el tema se comprobó que por años las únicas iniciativas presentadas por la oposición y aprobadas por los priístas, incluso por la oposición ficticia que representaban partidos como el Popular Socialista, eran de protocolo o aspectos semejantes. Ahora las cosas pueden ser diferentes, sobre todo si los legisladores emanados de la coalición Por el Bien de Todos no repiten los errores de sus antecesores como fueron la aprobación de leyes en contra de los indios y en favor del duopolio televisivo, para sólo mencionar dos ejemplos. Más aún, el Congreso de la Unión, por lo que se refiere a los legisladores surgidos de la coalición Por el Bien de Todos, tendrá realmente sentido si tanto senadores como diputados toman en cuenta a sus electores.
Más efectiva será la oposición en los órganos del Estado si entiende que sus partidos, por ejemplo en el Frente Amplio Progresista, se apoyan también en la Convención Nacional Democrática (CND) y en los movimientos sociales, no para dirigirlos sino para acompañarlos, estar con ellos y lograr su simpatía y quizá también la unidad de acción. Los partidos han perdido popularidad no por ser partidos, no por ser organizaciones electorales, sino porque han hecho muy poco, y a veces nada, por ligarse a la población común y a sus movimientos. Lo mismo se puede decir de senadores y diputados. La sociedad organizada o sin organización no encuentra en los partidos ni en sus representantes eco a sus demandas, salvo en contadas excepciones. Pero la sociedad organizada sola y al margen de las instituciones tampoco podrá hacer mucho por transformar este país. Se requiere de los impulsos tanto de la sociedad como de los partidos, y no buscar, como ocurrió en la Convención Nacional Democrática de 1994-1995, y en la otra campaña ahora, la exclusión de éstos. Se trata de sumar, no de restar. Pronto se darán batallas importantes en el Congreso de la Unión, por ejemplo en materia de energéticos. Muchos legisladores del PRI y del PAN estarían por la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Los diputados del PRD, del PT y de Convergencia, eventualmente agrupados en el FAP y con apoyo de amplios sectores de la sociedad, darán la batalla en contra, pero por sí mismos no suman un tercio de la cámara correspondiente, por lo que necesitarán aliados para evitar que el PRI y el PAN alcancen los dos tercios necesarios para reformar la Constitución. El Frente Nacional en Defensa de la Soberanía Energética, constituido en el Zócalo el pasado 27 de septiembre, será un relevante apoyo de los diputados y senadores progresistas en esta posible batalla. Y como ésta, otras de gran importancia en la lucha contra las fuerzas de la derecha, entre las que destaca el movimiento social de Oaxaca.
Otra propuesta, no menos importante y también surgida de la CND, es la de un gobierno paralelo, legitimado el 16 de septiembre en el Zócalo de la ciudad de México y que tomará posesión del cargo el próximo 20 de noviembre. La idea de este gobierno, como yo la entiendo, es que no sólo defienda los derechos del pueblo mexicano, sino que elabore propuestas alternativas o complementarias, según sea el caso, a las que probablemente dictarán el gobierno de Felipe Calderón y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Para el efecto se formaron tres comisiones: una de política nacional, otra de resistencia civil (que hasta ahora ha sido la más activa) y una tercera para promover un proceso constituyente mediante plebiscito nacional que revise y reforme el orden constitucional.
Al presente es poco lo que se ha hecho. Hay 270 ponencias en la página electrónica de la CND, algunas interesantes y atendibles, pero me parecen insuficientes. Quizá las comisiones nombradas deberían producir documentos que puedan ser discutidos en todo el país.
Son muchas las tareas que tenemos enfrente, pero no será posible llevarlas a cabo en poco tiempo o de inmediato, salvo quizá las referidas a la resistencia civil que ya han empezado. El gran reto, como miembros de la sociedad, es el ejercicio de nuestro derecho a las iniciativas de transformación que el país necesita. Ya no estamos en los momentos del proceso electoral en el que los ciudadanos apoyaban a un líder para hacerlo presidente, ahora estamos en otro momento: en el de la sociedad genéricamente llamada progresista como protagonista y razón de ser de la construcción de un México distinto. Si López Obrador es nuestro presidente legítimo y en él reconocemos un líder, nuestro papel no es darle cheques en blanco, sino analizar sus propuestas y, además, convertirlo en vocero de nuestras iniciativas como hace cualquier sociedad responsable y participativa con un gobierno, y más si es el suyo y con el que se identifica. El futuro del país no depende de una sola persona, sino de la acumulación organizada de fuerzas políticas y sociales con un programa mínimo y no negociable.
El reto que tenemos enfrente, como se ha sugerido en la primera parte de esta entrega, es dar la lucha tanto en las instituciones existentes como al margen de ellas. El presente, pese a ser en varios aspectos peor que el pasado, tiene ventajas que se deben aprovechar. Antes, debemos recordarlo, la oposición era absolutamente aplastada por la votación mecánica del PRI tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En estudios que hemos hecho sobre el tema se comprobó que por años las únicas iniciativas presentadas por la oposición y aprobadas por los priístas, incluso por la oposición ficticia que representaban partidos como el Popular Socialista, eran de protocolo o aspectos semejantes. Ahora las cosas pueden ser diferentes, sobre todo si los legisladores emanados de la coalición Por el Bien de Todos no repiten los errores de sus antecesores como fueron la aprobación de leyes en contra de los indios y en favor del duopolio televisivo, para sólo mencionar dos ejemplos. Más aún, el Congreso de la Unión, por lo que se refiere a los legisladores surgidos de la coalición Por el Bien de Todos, tendrá realmente sentido si tanto senadores como diputados toman en cuenta a sus electores.
Más efectiva será la oposición en los órganos del Estado si entiende que sus partidos, por ejemplo en el Frente Amplio Progresista, se apoyan también en la Convención Nacional Democrática (CND) y en los movimientos sociales, no para dirigirlos sino para acompañarlos, estar con ellos y lograr su simpatía y quizá también la unidad de acción. Los partidos han perdido popularidad no por ser partidos, no por ser organizaciones electorales, sino porque han hecho muy poco, y a veces nada, por ligarse a la población común y a sus movimientos. Lo mismo se puede decir de senadores y diputados. La sociedad organizada o sin organización no encuentra en los partidos ni en sus representantes eco a sus demandas, salvo en contadas excepciones. Pero la sociedad organizada sola y al margen de las instituciones tampoco podrá hacer mucho por transformar este país. Se requiere de los impulsos tanto de la sociedad como de los partidos, y no buscar, como ocurrió en la Convención Nacional Democrática de 1994-1995, y en la otra campaña ahora, la exclusión de éstos. Se trata de sumar, no de restar. Pronto se darán batallas importantes en el Congreso de la Unión, por ejemplo en materia de energéticos. Muchos legisladores del PRI y del PAN estarían por la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Los diputados del PRD, del PT y de Convergencia, eventualmente agrupados en el FAP y con apoyo de amplios sectores de la sociedad, darán la batalla en contra, pero por sí mismos no suman un tercio de la cámara correspondiente, por lo que necesitarán aliados para evitar que el PRI y el PAN alcancen los dos tercios necesarios para reformar la Constitución. El Frente Nacional en Defensa de la Soberanía Energética, constituido en el Zócalo el pasado 27 de septiembre, será un relevante apoyo de los diputados y senadores progresistas en esta posible batalla. Y como ésta, otras de gran importancia en la lucha contra las fuerzas de la derecha, entre las que destaca el movimiento social de Oaxaca.
Otra propuesta, no menos importante y también surgida de la CND, es la de un gobierno paralelo, legitimado el 16 de septiembre en el Zócalo de la ciudad de México y que tomará posesión del cargo el próximo 20 de noviembre. La idea de este gobierno, como yo la entiendo, es que no sólo defienda los derechos del pueblo mexicano, sino que elabore propuestas alternativas o complementarias, según sea el caso, a las que probablemente dictarán el gobierno de Felipe Calderón y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Para el efecto se formaron tres comisiones: una de política nacional, otra de resistencia civil (que hasta ahora ha sido la más activa) y una tercera para promover un proceso constituyente mediante plebiscito nacional que revise y reforme el orden constitucional.
Al presente es poco lo que se ha hecho. Hay 270 ponencias en la página electrónica de la CND, algunas interesantes y atendibles, pero me parecen insuficientes. Quizá las comisiones nombradas deberían producir documentos que puedan ser discutidos en todo el país.
Son muchas las tareas que tenemos enfrente, pero no será posible llevarlas a cabo en poco tiempo o de inmediato, salvo quizá las referidas a la resistencia civil que ya han empezado. El gran reto, como miembros de la sociedad, es el ejercicio de nuestro derecho a las iniciativas de transformación que el país necesita. Ya no estamos en los momentos del proceso electoral en el que los ciudadanos apoyaban a un líder para hacerlo presidente, ahora estamos en otro momento: en el de la sociedad genéricamente llamada progresista como protagonista y razón de ser de la construcción de un México distinto. Si López Obrador es nuestro presidente legítimo y en él reconocemos un líder, nuestro papel no es darle cheques en blanco, sino analizar sus propuestas y, además, convertirlo en vocero de nuestras iniciativas como hace cualquier sociedad responsable y participativa con un gobierno, y más si es el suyo y con el que se identifica. El futuro del país no depende de una sola persona, sino de la acumulación organizada de fuerzas políticas y sociales con un programa mínimo y no negociable.
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